Franco, José Antonio Primo de Rivera y las negociaciones económicas y políticas desarrolladas en Alicante en noviembre de 1936 para intentar conseguir su liberación.
La muerte de José Antonio Primo de Rivera, ejecutado en Alicante el 20 de noviembre de 1936, constituye uno de los episodios más conocidos y debatidos de los primeros meses de la Guerra Civil española. Sin embargo, detrás de su detención, procesamiento y ejecución existieron una serie de gestiones, negociaciones, propuestas económicas y operaciones diplomáticas que todavía merecen una atención especial. Entre ellas destaca un último intento impulsado personalmente por Francisco Franco, que contemplaba una oferta económica de enorme importancia para las circunstancias de la época y una propuesta de canje que incluía a un destacado dirigente socialista asturiano: Graciano Antuña.
En noviembre de 1936, mientras las tropas sublevadas combatían en las proximidades de Madrid, Franco seguía pendiente de las posibilidades de conseguir la liberación del fundador de Falange. Las gestiones, en las que intervenían representantes alemanes y distintos intermediarios, habían pasado por varias fases: desde el planteamiento de una operación de comandos hasta los intentos de sobornar a las autoridades republicanas de Alicante. Los cuatro millones de pesetas enviados para facilitar las negociaciones constituían una cantidad extraordinaria, cuyo poder adquisitivo actual se ha estimado en más de once millones de euros, tomando como referencia los cálculos expuestos en este trabajo.
Pero la cuestión económica no fue el único elemento de aquella operación. Franco decidió reforzar la propuesta mediante una fórmula de intercambio que podía tener una especial repercusión política: ofrecer también la liberación del diputado socialista Graciano Antuña, detenido tras la recuperación de Oviedo por las fuerzas sublevadas. Su inclusión no era casual. Antuña había sido una figura destacada del socialismo asturiano y de la UGT, y su nombre podía constituir un argumento de peso ante Largo Caballero e Indalecio Prieto.
Este artículo reconstruye las gestiones desarrolladas durante aquellas semanas, el papel de los representantes alemanes, las cantidades económicas comprometidas y las decisiones que se fueron adoptando mientras el proceso judicial contra José Antonio avanzaba hacia un desenlace fatal. Una historia en la que se cruzan la diplomacia, el dinero, los intereses políticos y las circunstancias militares de una guerra que acababa de comenzar.
Cuando el general Mola trazó las líneas de lo que iba a ser un rebelión militar rápida contra el gobierno del Frente Popular nunca pensó en una guerra civil, ni en las vías de financiación de la misma. El 21 de julio de 1936 los rebeldes, militares y civiles, en franca inferioridad, se encontraron con que se enfrentaban a una guerra sin recursos económicos. Las sucursales del Banco de España tenían, fuera de Madrid, escasos fondos y prácticamente carecían de depósitos en oro y plata. Por su parte el gobierno controlaba unas reservas de oro y plata consideradas las cuartas del mundo, lo que les daba una superioridad de recursos inalcanzables para los sublevados.
El 21 de julio los rebeldes solo disponían de una cuantos millones de pesetas como reservas, más todo lo que poseyeran en efectivo sus partidarios o se acumulara en los bancos de su zona. Ellos dependían básicamente del crédito y lo que articularan como garantía todos los que estaban contra el Frente Popular, como, por ejemplo el lobby catalán que después se crearía. A buen seguro correrían en su auxilio las grandes fortunas y capitales en el extranjero. La fuga de capitales fue constante tras el triunfo del Frente Popular, pero ello tardaría en articularse.
Hace 90 años, tras ser cancelada a finales de octubre la operación de comandos planificada para intentar rescatar a José Antonio, confiando en las gestiones que había asumido la representación alemana en Alicante, y que parecían avanzar, el 4 de noviembre Franco decidió intervenir con una propuesta directa remitida al mando de los buques alemanes en la ciudad levantina. Todo ello en unos días en que se estaba combatiendo, lo que debía ocupar todo su tiempo como mando militar, en el intento de tomar Madrid. Walter Warlimont, el enlace alemán ante el Generalísimo, remitía ese día nuevas instrucciones para la negociación al objeto de liberar al líder falangista.
El intento de rescate se centraba ahora en el soborno de las autoridades alicantinas. Los alemanes habían sondeado al gobernador civil Francisco Valdés Casas. Dinero y seguridad para él y su familia; era un hombre de Manuel Azaña, presidente de la II República —entonces prácticamente reducido a ser una figura decorativa ante el presidente del gobierno, el socialista Largo Caballero— probablemente el único dirigente frentepopulista realmente contrario a la segura ejecución de José Antonio. Este les aseguró que de momento no había peligro, que estaba abierta la posibilidad de canje y que el juicio tardaría mucho en iniciarse.
Los emisarios de Franco que debían intervenir en aquella negociación de la segunda mitad del mes de octubre, Francisco Ravello y Pedro Gamero del Castillo, enviados a tal efecto, fueron apartados por el mando alemán. Con ellos estaba el dinero que los alemanes habían recibido. Primero un millón de pesetas. Tras pedir más dinero para el soborno, en un navío alemán, desde la zona nacional, con aprobación de Franco, el 19 de octubre la suma recibida era de 4 millones de pesetas.
Se ha especulado con el tipo de moneda remitido, si eran billetes o monedas, dado que la documentación es imprecisa en este punto. Si sabemos, por testimonio de 1936 del juez instructor de la causa contra José Antonio, que el último rumor en la víspera de la ejecución para sobornar a la Guardia de Asalto era de un millón de pesetas-oro.
Franco, en un ofrecimiento directo y personal —antes había brindado su autorización y colaboración a todas las propuestas presentadas— que nadie conoció hasta después de su muerte, decidió reforzar la propuesta para conseguir que los socialistas, que dominaban el Gobierno, allanaran el terreno para un posible el canje. Iba a ser el último intento en Alicante, aunque, en base a la discrecionalidad operativa, se intentara una acción a la desesperada el 19 de noviembre con el dinero del que disponían los alemanes.
Usualmente, los que han construido una falsedad y contra la documentación mantienen la tesis de que Franco no hizo todo lo posible por intentar el rescate de José Antonio, obviando que ello dependía de la voluntad del gobierno del Frente Popular o del soborno en Alicante, han borrado este último intento —en realidad penúltimo, pero eso lo dejaremos para otro día—; básicamente porque derrumba el castillo de naipes de la mentira.
Con ese dinero iban a continuar los alemanes la vía que les parecía con mayores probabilidades de éxito, tras oponerse a una acción de comandos. Además, en Alicante se asumía —tal y como demuestra la comunicación hecha a los partidos el 19 de noviembre sobre su posición a favor o en contra de aplicar la sentencia— que si José Antonio era asesinado la represalia sería un bombardeo ante el que la ciudad —cuyo puerto era un objetivo militar— carecía de las defensas necesarias.
Quien controlaba realmente la ciudad eran los anarquistas, aunque en el puerto y otros centros no era despreciable la fuerza y la influencia de la UGT, con un dirigente próximo a Indalecio Prieto. Desde finales de julio o principios de agosto los anarquistas habían hecho «negocio» en Alicante. A cambio de dinero facilitaban la salida de derechistas destacados. No les importaba quienes fueran, el precio habitual era 50.000 pesetas, más de 137.000 Euros a valor de 2025. El precio que se habían filtrado por José Antonio era de un millón de pesetas, algo así como 2.5/2.7 millones de Euros a valor actualizado de 2025.
Probablemente Franco pensó que el soborno necesitaba algo más, un empujón definitivo que convenciera al gobierno dirigido por el socialismo. Tenía presente que el ofrecimiento del canje por el hijo de Largo Caballero no había tenido efecto; que la propuesta indirecta de canje por 30 personas que las autoridades frentepopulistas designaran y 6 millones de pesetas (unos 17 millones de Euros), que debía gestionar Indalecio Prieto, que él había autorizado, carecía de base. Es lo que le llevó a tomar una decisión personal.
En Alicante estaban los 4 millones de pesetas. Cantidad importante, con ella se podían pagar, por ejemplo, durante mes y medio a los soldados de una División del Ejército. En anteriores trabajos míos estimé que ello equivaldría a unos 9 millones de Euros. Hoy se incrementaría hasta más de 11 millones de Euros, si se hace una conversión a valor actual de 2025 en poder adquisitivo, en precios reales de mercancía (sería mucho más alto en valor de trabajo). Una conversión de andar por casa lo reduciría a una cifra que estaría en torno al millón de Euros. Si nos trasladamos a 1936 anotemos que el jornal usual para los trabajadores podía situarse sobre las 200 y las 250 pesetas mensuales (los soldados y milicianos de las fuerzas republicanas llegarían a cobrar unas 300 pesetas mensuales). Así pues la cifra autorizada por Franco, el dinero enviado a Alicante, era tan alta como importante, pero algunos sostienen que no tenía interés alguno en que José Antonio no fuera ejecutado. Anotemos, para ser precisos, que el valor actualizado a 2026, dado el incremento de la inflación, sería aún mayor cuando pueda ajustarse.
Ahora bien, Franco decidió reforzar la propuesta. Los intermediarios alemanes debían comunicar a las autoridades que ofrecía también el canje por el diputado socialista Graciano Antuña; con un mensaje implícito claro: la vida de este guardaba la de José Antonio. Franco debió tener noticia en esas fechas que el joven socialista, al que conocía perfectamente por su vinculación personal con Asturias, estaba detenido tras la liberación de Oviedo el 17 de octubre; probablemente Largo Caballero e Indalecio Prieto le daban por muerto.
Hoy, el asturiano Graciano Antuña es un desconocido, pero entonces era uno de los líderes sindicalistas más importantes de la UGT; figura destacada, para la izquierda héroe de la revolución de Asturias; perfectamente conocido por Largo Caballero e Indalecio Prieto, pero también por el líder sindical socialista alicantino Antonio Cañizares (miembro de la Comisión de Justicia y Orden Público del Comité del Frente Popular, órgano clave para una «liberación»). Graciano Antuña no fue detenido por su protagonismo en la revolución de octubre de 1934 —el golpe socialista contra el gobierno democrático— porque se exilió en Francia y en la URSS, volviendo tras ser elegido diputado en febrero de 1936. Franco sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¿Podían dejar Indalecio Prieto y Largo Caballero pasar la oportunidad de salvar a un camarada tan destacado que de lo contrario sería ejecutado?
En medio de la batalla por Madrid, el 11 de noviembre, el mando alemán en Alicante, comunicará a Franco que las gestiones progresaban positivamente, que se requería más dinero y que el juicio aún se demoraría —el juez instructor aún andaba tomando declaraciones—. Sus confidentes ignoraban que la maquinaria estaba en marcha para sentar a Primo de Rivera en el banquillo, pues el proceso estaba pilotado por el propio ministro de Justicia, el anarquista Juan García Oliver. El 14 de noviembre el juez instructor comunicaba a José Antonio el auto de procesamiento.
Todo lo que iba a suceder, la suerte de José Antonio, con condena previa establecida, se concretó en la reunión celebrada en Valencia, sede del Gobierno huido de Madrid, el la noche del 11 o el día 12 entre: el Ministro de Justicia, el anarquista Juan García Oliver, el fiscal que iba a llevar la acusación (el juez Vidal Gil Tirado) y los representantes del Comité Provincial del Frente Popular alicantino Rafael Millá Santos (también presidente del Consejo municipal, sindicalista de la UGT y miembro del PCE) y Ramón Llopis (presidente de la Comisión de Justicia y Orden Público, militante de la CNT). Todos ellos querían la condena y ejecución de José Antonio, algo que el fiscal aseguró al Ministro que conseguiría al acusarlo de ser dirigente en grado de organizador necesario de la rebelión.

