1.
Tras un largo período de preparación el 17 de mayo de 1958, el Generalísimo compareció ante las Cortes y declaró «Yo, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo de España, consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la Historia, en presencia de las Cortes del Reino, promulgo como Principios del Movimiento Nacional, entendido como comunión de todos los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada, los siguientes». Y enumeró a continuación los doce que incluimos literalmente:
I. España es una unidad de destino en lo universal. El servicio a la unidad, grandeza y libertad de la Patria es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles.
II. La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.
III. España, raíz de una gran familia de pueblos con los que se siente indisolublemente hermanada, aspira a la instauración de la justicia y de la paz entre las naciones.
IV. La unidad entre los hombres y las tierras de España es intangible. La integridad de la Patria y su independencia son exigencia suprema de la comunidad nacional. Los Ejércitos de España, garantía de su seguridad y expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, deberán poseer la fortaleza necesaria para el mejor servicio de la Patria.
V. La comunidad nacional se funda en el hombre, como portador de valores eternos, y en la familia como base de la vida social; pero los intereses individuales y colectivos han de estar subordinados siempre al bien común de la nación, constituida por las generaciones pasadas, presentes y futuras. La ley ampara por igual el derecho de todos los españoles.
VI. Las entidades naturales de la vida social: familia, municipio y sindicato, son estructuras básicas de la comunidad nacional. Las instituciones y corporaciones de otro carácter que satisfagan exigencias sociales de interés general, deberán ser amparadas para que puedan participar eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comunidad nacional.
VII. El pueblo español, unido en un orden de Derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del Movimiento nacional y de cuantos determinan la ley de Sucesión y las demás leyes Fundamentales, la Monarquía tradicional, católica, social y representativa.
VIII. El carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general, se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Toda organización política de cualquier índole, al margen de este sistema representativo, será considerado ilegal. Todos los españoles tendrán acceso a los cargos y funciones públicas, según su mérito y capacidad.
IX. Todos los españoles tienen derecho: a una justicia independiente, que será gratuita para aquellos que carezcan de medios económicos; a una educación general y profesional, que nunca podrá dejar de recibirse por falta de medios materiales; a los beneficios de la asistencia y seguridad social, y a una equitativa distribución de la renta nacional y de las cargas fiscales. El ideal cristiano de la justicia social, reflejada en el Fuero del Trabajo, inspirará la política y las leyes.
X. Se reconoce el Trabajo como origen de jerarquía, deber y honor de los españoles, y a la propiedad privada en todas sus formas como derecho condicionado a su función social. La iniciativa privada, fundamento de la actividad económica, deberá ser estimulada, encauzada, y en su caso, suplida por la acción del Estado.
XI. La empresa, asociación de hombres y medios ordenados a la producción, constituye una comunidad de intereses y una unidad de propósitos. Las relaciones entre los elementos de aquella, deben basarse en la justicia y en la recíproca lealtad, y los valores económicos serán subordinados a los del orden humano y social.
XII. El Estado procurará, por todos los medios a su alcance, perfeccionar la salud física y moral de los españoles y asegurarles las más dignas condiciones de trabajo; impulsar el progreso económico de la nación, con la mejora de la agricultura, la multiplicación de las obras de regadío y la reforma social del campo; orientar el más justo empleo y distribución del crédito público; salvaguardar y fomentar la prospección y explotación de las riquezas mineras; intensificar el proceso de industrialización, patrocinar la investigación científica y favorecer las actividades marítimas, respondiendo a la extensión de nuestra población marinera y a nuestra ejecutoria naval.
2.
La Ley de Principios del Movimiento ha sido muy diversamente juzgada por los autores de nuestros días, pero pocas veces obedeciendo a criterios objetivos y dejándose guiar por credos políticos o circunstancias meramente coyunturales. Rodrigo Fernández de Carvajal, en 1969, y Antonio Garrigues, en 1972, coinciden en señalar que los Principios no se diferencian de aquellos preceptos axiomáticos que las Constituciones más famosas y, en primer término, la de los Estados Unidos, señalan como fundamento de la sociedad y del Estado. Constitución, pues, en el sentido más restrictivo de esta palabra: lo que es la nación y no lo que se pretende que llegue a ser. Se recurrió, deliberadamente, al procedimiento de la promulgación sin discusiones —aunque no sin un minucioso trabajo previo— porque se debía establecer con claridad que los principios no son resultado de un consenso entre hombres, como no es la moral la respuesta a una determinada situación. Son elementos constitutivos de la nación española sin los cuales ésta dejaría de existir o, por lo menos, sería algo muy diferente. No cabe duda de que Franco fue plenamente consciente de lo que hacía.
Como una consecuencia lógica de su propio origen, los Principios deben al pensamiento tradicionalista más que a ninguna otra corriente, pero no pueden identificarse con los cinco aceptados por don Juan en Estoril porque los desbordan ampliamente. Acatar la ley de Dios y acomodarse a la doctrina católica, es la forma de huir de un confesionalismo demasiado radical, dificultoso para los no católicos. Supo en cambio aceptar la doctrina social de la Iglesia con todos los compromisos que de ella se derivan. De hecho Franco, que nunca regateó elogios a las encíclicas sociales de los Papas, se ofreció en varias ocasiones para llevarlas a la práctica.
Sin modificar el pensamiento que expresara ya en 1937 con el decreto de Unificación, Franco presentaba ahora el conjunto de convicciones que, durante veinte años, guiaran su trabajo político. Repasando sus discursos de este tiempo comprobamos que las expresiones que se utilizan para redactar los XII Principios, habían sido ya empleadas por él en algún momento y en alguna parte. Unas podían legítimamente ser invocadas por Falange Española como de su patrimonio. Otras proceden del liberalismo económico y del regeneracionismo. Pero la mayor parte proceden de la Tradición.
3.
Para comprender la verdadera naturaleza e importancia de la Ley hemos de recurrir a una comparación de resultados. La lucha política entre el Régimen y la oposición, que no tardaría en captar de nuevo a su favor a la Familia Real, no quedó planteada únicamente en el relevo de personas o de estructuras coyunturales sino en el terreno de algunos aspectos fundamentales. La victoria ha sido finalmente de la oposición que no sólo ha cambiado el Régimen imperante en España durante cuarenta años sino que ha modificado las bases aceptadas por la vida española. De acuerdo con la Constitución de 1978 ya no se reconoce la existencia de principios éticos objetivos: la moralidad de la conducta depende de lo que determinen las leyes acordadas por los partidos. España no es católica. España no es unidad entre los hombres y las tierras, ni tampoco una nación, porque esta cualidad, junto con los principios inherentes a la soberanía, ha sido transferida a las partes. La comunidad nacional no se funda en el hombre como portavoz de valores eternos porque éstos ya no pueden aspirar más que a una pálida tolerancia. No es la familia base de la comunidad social porque el matrimonio ha sido declarado provisional y el derecho a la vida convertido en una dependencia de la «ciudadanía».
Entre 1959 y 1975 vamos a asistir a una lucha política, a veces confusa. Lo fue incluso para muchos de sus protagonistas que a veces no sabían muy bien qué combatían y qué defendían. Porque en el fondo esa lucha se concentraba en conceptos abstractos, ideas-fuerza, cimientos para la sociedad: su religión, su moral, su unidad, su concepción de que el hombre es persona y no mero individuo. Estos principios fueron derrotados en 1976.
4.
Tras los múltiples ensayos de institucionalización, cerrados con el fracaso de José Luis de Arrese, que Franco no deseó, el Generalísimo se decidía a asumir más protagonismo en esta nueva etapa cuya meta era el restablecimiento del trono pero sometiéndolo al orden constitucional de los Principios, síntesis final para un pensamiento político que, nacido en tres campos distintos —el de Acción Española, el de Falange, el de la Comunión Tradicionalista— el Régimen declaraba ser su base. Este pensamiento se inscribe en un orden de valores cristianos que define al hombre como una criatura de Dios que se trasciende: hacia Dios mismo y hacia los demás hombres. Se trata, sin duda, de un lenguaje difícil de entender en un mundo como el nuestro en que las filosofías de la esencia han sido sustituidas por filosofías de la existencia, cuando no por el puro dogmatismo esterilizante de los marxistas. Franco se aprestaba a librar la mayor y más importante de sus batallas —aunque exteriormente no se advertía— confiando en que la Iglesia le entendería y apoyaría porque era su propia doctrina acerca de la trascendencia del hombre la que intentaba expresar cuando definía al hombre como «portador de valores eternos». Tenía fe ciega en que la solución por él propuesta era la única que podía oponerse, con justicia y respeto al hombre, al empuje del comunismo.
En el discurso que acompañó a la promulgación de la Ley —desconocido previamente por muchos de sus Ministros— explicó Franco muchas cosas. En el principio de su obra apenas contaba con algo más que «la paz que nosotros construimos sobre nuestra Victoria»: de ella hubo que arrancar todo el resurgimiento nacional. «Ante los derrotistas y pesimistas, yo proclamo mi fe en la capacidad política de España», porque «muchas veces hemos repetido que el mal de los españoles no está en la falta de virtudes de su pueblo, sino en los defectos de los sistemas políticos que soportó y en la falta de fe de sus clases directoras». En aquellos momentos iniciales la confianza en que los objetivos del Movimiento —«abolir privilegios y asegurar a los españoles la justicia, la paz social, el acceso a la cultura, a la seguridad y al bienestar económico»— iban a ser alcanzados, residía tan sólo en que «conocía las reservas espirituales y temperamentales del hombre español». El Generalísimo aseguraba que no había intentado otra cosa que construir un régimen político español y para españoles; el resultado de sus esfuerzos no fue otro que «este sistema institucional de principios doctrinales y de valores morales, religiosos y culturales, que ha de ser respetado y servido con absoluta lealtad».
En él aparecen, como un eje, las Cortes, «órgano legislativo formado por los representantes legítimos de los distintos sectores y entidades que constituyen naturalmente la comunidad» y que se diferencia de modo esencial de aquellas otras Cortes que «representaban facciones o partidos políticos completamente artificiales». Uno de los rasgos fundamentales que el Caudillo destacaba, en relación con este tema, era el de «la vitalidad permanente de nuestro derecho público tradicional» porque evita las soluciones de continuidad. Franco estuvo siempre preocupado por hallar soluciones en cierto modo permanentes. Contemplaba su obra como un crecimiento lento —«día a día», que es una de las expresiones que mejor refleja su conducta— de tal manera que, al doblarse la cuesta de los veinte años, el Movimiento Nacional le parecía «la empresa política más honda y trascendente de nuestra Historia contemporánea».
5.
En un momento de su discurso, Franco utilizó un párrafo que Gonzalo Fernández de la Mora y Laureano López Rodó reconocieron como suyo: «La forma política del Estado nacional, proclamada por la ley de Sucesión y refrendada unánimemente por todos los españoles, es la Monarquía tradicional, católica, social y representativa». Se habían borrado las confusiones entre régimen y forma de Estado. Antes y después de la definición se incluyeron explicaciones y precisiones muy importantes. Entre otras que la Monarquía no podía ser otra cosa que coronación y remate de un sistema institucional que se había propuesto seis objetivos fundamentales, dentro de los que alcanzaba ya notables progresos: a) la elevación religiosa, moral y económica —así, por este orden, que no es casual— de la nación; b) la conservación del pensamiento político tradicional; c) «creación y funcionamiento de un sistema de representación política… fuera de la servidumbre y de las conjuras de los partidos»; d) la elevación de la función del Sindicato «mediante una nueva concepción más humana de las relaciones entre el capital y el trabajo»; e) la libertad política internacional «ganada a fuerza de fortaleza interior y de eficacia»; f) el aumento del nivel de vida de los españoles.
Anunciaba ya una nueva etapa económica en la que el crecimiento cuantitativo de la producción —presas que construir, siderurgias, tierras para regar— cediese el paso a otro cualitativo, de captación de mercados en el exterior y de mejora de la calidad de la vida de los españoles.
Así aparece, en la mente de Franco, la Monarquía de los principios tradicionales, abierta a un perfeccionamiento legislativo por la flexibilidad misma del sistema. En vano se buscaría ni la más leve sombra de totalitarismo. Cuando se contempla, en medio de las ruinas descorazonadoras de nuestro propio tiempo, no puede negarse, incluso desde la hostilidad, cierta grandiosidad lógica en la concepción. ¿Hubo, por su parte, exceso de confianza en la capacidad del pueblo español para defender el orden moral y el sistema de prosperidad instituido? O acaso ¿desconocimiento de la interconexión de sistemas políticos y económicos en el mundo moderno? A veces da la impresión de que el Generalísimo, que conocía las críticas fundadas que circulaban por los altos niveles de la política hacia el sistema liberal parlamentario, confiaba en que el mundo aceptase la fórmula española como válida, al menos, para ciertos tipos de sociedad, como capaz de lograr estabilidad y desarrollo. Probablemente esto último no era deseado en el exterior.
