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I. La preparación de las huelgas
1. Las fuentes oficiales insisten en que todo lo ocurrido en el Congreso del Movimiento Europeo en Munich estuvo preparado y ampliamente apoyado desde el exterior. El historiador actual tiene también la impresión de que hubo cierta confluencia entre la oposición y amplios sectores europeos para conseguir un resultado: que no llegara a discutirse el ingreso de España en el Mercado Común. Como un medio idóneo se arbitró una propaganda que presentase al Régimen como represor de movimientos huelguísticos. Pero antes de que estallasen las huelgas se habían ejecutado algunos preparativos en los que los socialistas europeos tuvieron parte muy principal: los dirigentes de ciertos Sindicatos europeos publicaron una declaración reclamando que no se aceptase a España en el Mercado Común mientras no se hubiese producido en ella un cambio de Régimen que permitiese Sindicatos libres —es decir sometidos a los partidos marxistas— y reconociese el derecho de huelga.
En marzo de 1962 la Dirección General de Seguridad tuvo noticia de que tres pequeños grupos, Izquierda Democrática Cristiana, Acción Republicana Democrática y Partido Socialista Obrero Español, habían decidido unir sus fuerzas bajo la presidencia del catedrático sevillano de tradición monárquica, Manuel Jiménez Fernández. Se trataba de prescindir de toda la trayectoria del exilio para empezar de nuevo, sin plantearse la cuestión de si el Estado adoptaría la forma de Monarquía o de República. En una de las primeras reuniones Jiménez Fernández explicó a sus colaboradores que se hallaba en contacto con el encargado de negocios norteamericano, Mac Bridge, el cual recomendaba que los distintos grupos políticos se pusiesen de acuerdo para tener preparado un Gobierno provisional que pudiera hacer frente a una situación de emergencia.
La presentación en sociedad de la nueva agrupación tuvo lugar el martes 20 de marzo con una conferencia que el mismo Jiménez Fernández pronunció, sobre el tema, Los católicos españoles y la unidad de Europa, en una Asociación Española de Cooperación Europea, de la que era secretario Fernando Alvarez de Miranda. Entre otros asistentes se señalaba la de Gil Robles, que presidía, Julián Marías, Teodomiro Menéndez y Gregorio Arranz. Barros de Lis ofreció en su domicilio un cocktail aquella misma tarde y una cena a los principales dirigentes al día siguiente: todos estaban de acuerdo en que había que impedir la entrada de España en el Mercado Común porque esto reforzaría el Régimen.
Los resultados de esta conversación se reflejaron en un manifiesto redactado por Gil Robles y que la Asociación repartió en mayo. Antes de que pudiera ser aceptada su petición, el Régimen tendría que suprimir la censura, establecer una completa libertad de expresión, autorizar los partidos políticos y sus sindicatos y organizar plebiscitos en torno a la Monarquía y al ingreso mismo en el Mercado Común.
2. Este movimiento, minoritario en cuanto a las personas pero que sacudió profundamente los ambientes europeos, creó un espejismo en el que probablemente sus autores creyeron. A fuerza de decir que España no debía ser admitida en el Mercado Común hasta que no hubiese restablecido la democracia liberal parlamentaria llegaron a ser convencidos de que bastaría este restablecimiento para conseguirlo. En lo cual, desde la perspectiva de 1984, puede decirse que se equivocaron. No lograron otra cosa que entenebrecer el horizonte español con perjuicio para ellos mismos.
Franco no temió que las presiones de la oposición llegaran a tener éxito. «Se trata de asuntos económicos que no tienen relación con la política», explicó a su primo, el 3 de marzo antes de las gestiones de Gil Robles. Y añadió: «Sería castigar al pueblo español, de esta generación y de la futura» y obligarnos a «buscar nuevos mercados procedentes, también incluso tras el telón de acero». Desde su patriotismo militar, simplista, según afirman sus enemigos, pero que le había impulsado a cambiar sus antiguos ideales para adaptarse a la necesidad de una hora de cooperación internacional, no podía concebir que nadie, por ambición política, trabajase para privar a su propia Patria de aquello que reputaba como un gran bien. Pero los grupos de la oposición no compartían este punto de vista: los españoles debían sacrificarse a fin de que el Régimen fuese destruido.
Los resultados de esta conversación se reflejaron en un manifiesto redactado por Gil Robles y que la Asociación repartió en mayo. Antes de que pudiera ser aceptada su petición, el Régimen tendría que suprimir la censura, establecer una completa libertad de expresión, autorizar los partidos políticos y sus sindicatos y organizar plebiscitos en torno a la Monarquía y al ingreso mismo en el Mercado Común.
2. Este movimiento, minoritario en cuanto a las personas pero que sacudió profundamente los ambientes europeos, creó un espejismo en el que probablemente sus autores creyeron. A fuerza de decir que España no debía ser admitida en el Mercado Común hasta que no hubiese restablecido la democracia liberal parlamentaria llegaron a ser convencidos de que bastaría este restablecimiento para conseguirlo. En lo cual, desde la perspectiva de 1984, puede decirse que se equivocaron. No lograron otra cosa que entenebrecer el horizonte español con perjuicio para ellos mismos.
Franco no temió que las presiones de la oposición llegaran a tener éxito. «Se trata de asuntos económicos que no tienen relación con la política», explicó a su primo, el 3 de marzo antes de las gestiones de Gil Robles. Y añadió: «Sería castigar al pueblo español, de esta generación y de la futura» y obligarnos a «buscar nuevos mercados procedentes, también incluso tras el telón de acero». Desde su patriotismo militar, simplista, según afirman sus enemigos, pero que le había impulsado a cambiar sus antiguos ideales para adaptarse a la necesidad de una hora de cooperación internacional, no podía concebir que nadie, por ambición política, trabajase para privar a su propia Patria de aquello que reputaba como un gran bien. Pero los grupos de la oposición no compartían este punto de vista: los españoles debían sacrificarse a fin de que el Régimen fuese destruido porque ningún bien es superior al poder del partido. Cada uno del suyo.
3. Los comunistas escogieron un camino distinto. El 6 de abril de 1962, el mismo día en que se iniciaba la huelga en Duro Felguera, el diario del PCl, Unità, comentaba la carta dirigida por el Papa a la XXVI Semana Social católica como una crítica abierta contra el Régimen español. Esto era falso ya que en la misma se admitía el corporativismo como solución a los conflictos sociales, se criticaba a los partidos políticos y no había la menor alusión a los problemas regionales. El 13 de abril se celebraría en Roma un gran meeting como respaldo de las huelgas que se estaban desarrollando en España, en el que hablaron Carrillo, Alvarez del Vayo, Juan Modesto, Pietro Nenni, Longo y Pablo Neruda. El lema de la conferencia era «por la libertad del pueblo español». Los oradores dejaron claramente establecido que no había otra forma de libertad que el marxismo. Los comunistas españoles trataban de aprovechar las malas relaciones con Marruecos para convertir a este país en plataforma para la acción subversiva. En unas declaraciones a un periódico búlgaro, Carrillo afirmó que el único modo de derribar al Régimen español era la unión de todas las fuerzas antifranquistas para provocar y sostener una huelga general revolucionaria.
II. Las huelgas de abril y mayo
1. El 6 de abril de 1962 se inició en Mieres una huelga minera, que rápidamente se extendió por Asturias, Vizcaya, Cataluña y Valencia. La reivindicación era un aumento de sueldo. Algunos autores, guiándose por la propaganda atribuyen a la miseria este movimiento y exageran el número de participantes en los paros. El control ejercido sobre la prensa en el interior permitió frenar las noticias impidiendo el pánico, pero dio margen a los corresponsales extranjeros para que inventasen las cifras. Los informes de la policía y de la Organización Sindical coinciden: el número de obreros en huelga fue aumentando paulatinamente hasta los días 10 y 11 de mayo en que se contabilizaban 72.681, de los cuales 30.047 correspondían a Vizcaya, 22.483 a Asturias y 20.151 al resto del país. Esta cifra se había reducido a 35.764 el 28 de mayo. El 9 de junio la huelga estaba concluida y sólo 2.017 obreros seguían en paro en Vizcaya por haberse cerrado las fábricas. El conflicto fue gravísimo, por su amplitud, hasta entonces nunca alcanzada, y por su duración de dos meses. Se suspendieron algunos artículos del Fuero de los españoles pero hubo preferencia en las negociaciones y no en la represión. Los huelguistas tuvieron por esto conciencia de que habían triunfado. Fermín Sanz Orrio propuso, además, que se aprobase una ley «reguladora de los conflictos colectivos», es decir, introduciendo con ciertos matices el derecho de huelga.
Lo más grave era que, por primera vez, la huelga iba a presenciar un choque entre el Gobierno y ciertos sectores de la Iglesia, cumpliéndose así uno de los objetivos señalados por Jiménez Fernández en la reunión del 21 de marzo.
Algunos sacerdotes vascos se mezclaron en los conflictos. Los dirigentes de la J.O.C. y las H.O.A.C., organismos apostólicos legales según el concordato, así como una Federación Sindical de Trabajadores se dirigieron a los obispos pidiéndoles apoyo. Se acusaba al P. Churruca, rector de la Universidad de Deusto, de impulsar a los alumnos en favor de la huelga, pero sobre todo se hacía responsable al consiliario nacional de la J.O.C., Ramón Torrella.
Gúrpide, en Bilbao, y Plá y Deniels, en Toledo, pronunciaron homilías con referencia a la huelga que sentaron mal al Gobierno. En Cádiz, el obispo Antonio Añoveros, vasco de origen, organizó unas conferencias cuaresmales para obreros en las que dijo que era inmoral cualquier salario por debajo de las 125 pesetas diarias. El almirante Bustamante escribió al prelado quejándose: le hubiera parecido natural que esto lo dijera a los patronos, pero decirlo a los obreros era únicamente buscar una irritación gratuita, porque él mismo carecía de medios para cumplir lo que reclamaba. Curiosamente se pasó en silencio una intervención del conflictivo monseñor Pildain de signo contrario: quejándose de que fuera a aprobarse una ley que convertía en propietarios agrícolas a los arrendatarios. La prensa adicta al Gobierno prefería acusar a comisiones obreras de ser los instigadores de la huelga, en lo que favorecía indirectamente la propaganda comunista.
2. Sin inmutarse demasiado, Franco presidió la demostración sindical del 1 de mayo en el estadio de Chamartín que resultó tan brillante como cualquier año anterior. Solís hizo un viaje a Asturias y consiguió solventar la huelga minera, núcleo inicial, por el procedimiento de elevar los sueldos aumentando casi al mismo tiempo los precios del carbón. Así se iniciaba la espiral de la insolidaridad: los beneficios inmediatos de unos eran inmediatamente repercutidos sobre los precios que afectaban a todos. El 6 de mayo se hizo público un manifiesto que firmaban quienes se denominaban a sí mismos intelectuales; en él pedían más información sobre las huelgas y se quejaban de los «métodos represivos y autoritarios». Para el Gobierno era un duro golpe que se le acusara precisamente cuando estaba ensayando la vía de la negociación y que al pie del escrito apareciesen nombres como Menéndez Pidal, Vicente Aleixandre o Pedro Laín, junto a otros que podían considerarse como simples políticos de la oportunidad como Aranguren, Cela o Dionisio Ridruejo. Naturalmente también firmaba José María Gil Robles. Era más grave, sin embargo, que el número correspondiente al 30 de abril de la revista Siembra, editada por los jesuitas, hubiera constituido una abierta incitación a la lucha entre obreros y empresarios o que Ecclesia publicase en junio, el mismo día 9 en que la huelga finalizaba, un editorial explosivo titulado: Progresismo y conciencia social.
3. Una de las consecuencias más graves de las huelgas de abril, fue que se manifestaron entonces, por primera vez, desarrones que eran ya bastante antiguos en el seno de la Iglesia. Es la versión española de un conflicto que el Concilio Vaticano II también revelaría en otras dimensiones:
frente a la Teología tradicional de la Iglesia, declarada en Trento, apoyada en Santo Tomás de Aquino y referida a una Filosofía de la esencia, había llegado a extenderse, en la primera mitad del siglo XX una especie de «vía moderna», al modo como se expresaron ya los teólogos del siglo XIV, anteriores a Lutero que rechaza a Santo Tomás y se apoyaba en una Filosofía inmanentista, de la existencia. No se llamaron a sí mismos modernistas sus defensores porque el modernismo había sido condenado por Pío X de modo fulminante, pero escogieron otro vocablo, progresismo, que tenía la misma posibilidad de declarar arcaicos o retrógrados a quienes se les opusieran.
Una Filosofía de la inmanencia, que contempla únicamente al mundo temporal como escenario para la acción cristiana, sin trascenderle, tiene muchas posibilidades de encontrar puntos comunes con el marxismo: no se trata de mostrar al hombre que la vida es tan sólo un camino hacia el Reino eterno en donde reinará la justicia evangélica del pleno amor de Dios, sino de decirle que tiene que crear la justicia humana aquí y ahora, reformando o destruyendo las estructuras de la sociedad. Se ocultaba cuidadosamente uno de los aspectos: con esta doctrina se lograba una nueva politización de la Iglesia y un retorno de la vieja enfermedad del clericalismo, que no es otra cosa que la invasión de la esfera de acciones atemporales, que corresponde a los laicos, por eclesiásticos. Sólo que esta vez la izquierda jacobina o marxista no protestó porque el clericalismo estaba a su favor.
La Dirección General de Seguridad señaló como a uno de los principales responsables de la agitación, al consiliario de la J.O.C., Ramón Torrella. Este preparó un manifiesto de apoyo a los huelguistas, redactado en rigurosos términos de lucha de clases, y lo presentó al primado. Plá y Deniels, el 6 de mayo, que era su antiguo obispo pues en aquel momento se hallaba incardinado en la diócesis de Madrid. Plá dijo que no le parecía mal pero que era asunto que debía cursarse «a través del Secretario del episcopado para estas funciones». Torrella envió la hoja a todos los obispos, «para ganar tiempo», según él, el mismo día, la imprimió y la repartió el día 8 de mayo, antes de que hubiera podido producirse alguna respuesta. A estas reiteradas faltas de disciplina sumó otra muy grave: figuraba en la hoja la mención de una licencia eclesiástica que no se había producido. Hacía mucho tiempo que no se producía una conducta semejante.
El 12 de mayo, Ecclesia publicó un editorial haciéndose eco de los conflictos laborales. Monseñor Beitia, obispo de Santander, lo redactó, pero luego el director y subdirector de la revista lo modificaron añadiéndole lo que podía ser una llamada a la subversión. El Consejo de redacción escuchó las protestas de Francisco de Luis y de Otero Navacués: una Revista oficial de la Acción Católica española no debía convertirse en agente de subversión ni modificar el texto proporcionado por un obispo. El debate quedó zanjado acudiendo a Plá y Deniels: el anciano cardenal refundió algunas cosas pero autorizó la publicación. Los autores de la maniobra distribuyeron el número de Ecclesia con veinticuatro horas de anticipación sobre la fecha indicada, 12 de mayo, evitando así que la policía pudiera recoger más que unos pocos ejemplares.
4. De este modo se buscaba el modo de presentar a la Iglesia, como oficialmente enfrentada con el Régimen. Gregorio Modrego, arzobispo de Barcelona, escribió a Castiella: «es absolutamente falsa y calumniosa la noticia propalada por algunas publicaciones de fuera de España sobre supuestas instrucciones dadas por mí a mis sacerdotes para que se mostraran abiertamente en favor de las huelgas. Precisamente ha sido todo lo contrario». Arriba publicó un artículo, Al César lo que es del César, profundamente irritado: los leales al Régimen pensaban que la Iglesia estaba dando muestra de ingratitud. El obispo de Madrid-Alcalá, Leopoldo Eijo Garay retiró a Ramón Torrella las licencias y le prohibió residir en su diócesis, porque «ha calumniado al obispo auxiliar José María García Lahiguera» al decir que el manifiesto contaba con su licencia.
Según los informes de las embajadas y las noticias recogidas por la Policía, se trataba de una operación bien montada que, por una parte intentaría presentar al Opus Dei como un partido o grupo de poder adicto a la Iglesia tradicional y por otra a los progresistas como amigos y defensores de la libertad sindical. Plá y Deniels, el obispo que inventara el calificativo de Cruzada, se encontró en una postura incómoda, como el de una persona de cuya buena fe se ha abusado. Cuando la policía interrogó a Torrella acerca del manifiesto, él se limitó a decir que había mostrado la carta al cardenal primado, que la aprobó. Pero esta respuesta contenía una falacia pues la intención era repartir el manifiesto con autorización o sin ella. Cuando el obispo de San Sebastián prohibió la distribución en su diócesis, el consiliario de la H.O.A.C., Pío Prieto Iriondo, desobedeció la orden. Los delegados del obispo de Bilbao, Juan José Rodríguez y José María Larrea, prometieron al gobernador no repartir la hoja y luego lo hicieron.
5. Castiella, tras consultar al nuncio, escribió a Plá y Deniels una carta muy comedida enviándole recortes de prensa extranjera en que se afirmaba taxativamente que había habido licencia eclesiástica, y preguntó si podía desmentir la noticia. «Por eso me atrevo a rogarle, filial y respetuosamente, que me ayude en mi delicada tarea facilitándome la información que estime oportuna sobre estos extremos».
El cardenal respondió el 20 de mayo, con firmeza pero dolido: nadie puede dudar de su lealtad ni de la Iglesia que nada ha tenido que ver con la iniciación de los conflictos. «Lamentablemente un irresponsable dijo con ligereza a la imprenta que pusiera esta frase, con censura eclesiástica, no midiendo la importancia que ello tiene» pues sólo el obispo de Madrid podía dar la licencia. Reconoció que era cierto que Torrella le había mostrado la hoja que no le pareció mal, pero también que le respondió que era preciso consultarla con el delegado de la Comisión episcopal de doctrina y orientación social. Se quejó ásperamente del artículo aparecido en Arriba. No parece haber duda respecto a que la suspensión de Torrella, ejecutada al día siguiente, contó con el respaldo del primado.
En su réplica al primado, que parece haber sido consultada con Franco, Castiella, sin abandonar el tono de sumisión que un católico muestra a su obispo, se mostró más explícito. En ningún momento se ha pensado en formular ningún reproche al primado, pero es evidente que ciertos organismos eclesiásticos como la J.O.C. y las H.O.A.C. aparecen responsabilizados en una campaña de prensa, evidentemente preparada, que no tiene más objetivo que impedir que España pueda ser admitida en los organismos internacionales. El Gobierno español no abrigaba dudas a este respecto: se está llevando a cabo una operación obstaculizadora al ingreso en el Mercado Común. No se pretendía negar a la Iglesia el derecho a dar doctrina social; ningún Estado en Europa es tan obediente a esta doctrina como el español. Pero al descender a detalles técnicos concretos, que la Iglesia desconoce, puede causar un gran daño. El Concilio reconoce precisamente y de una manera clara la autonomía de los laicos en asuntos temporales de su competencia. Este es uno de ellos: una subida indiscriminada de los salarios en estos momentos alteraría gravemente los precios y seguramente causaría a los obreros más daños que a nadie. La inflación nunca asusta a los empresarios que elevan los precios, pero siempre perjudica los salarios.
Franco conocía también los enfrentamientos entre Bueno Monreal y Plá y Deniels por estas cuestiones así como el empeño del cardenal primado de defender a toda costa a la H.O.A.C. Por su parte defendía el punto de vista de quienes deseaban elevar los salarios hasta donde fuera posible sin perjuicio de la economía.
III. El discurso de Garabitas
1. Desde principios de mayo de 1962, la Hermandad de Alféreces Provisionales tenía preparado un acto en el que se debía pedir al Gobierno que usase de mayor energía contra los enemigos del Régimen. Fue escogido como lugar de reunión el cerro de Garabitas, cercano a la Casa de Campo, porque era uno de los escenarios más conocidos de la batalla de Madrid. Franco asistió a la concentración, como estaba previsto, el 27 de mayo denotando con su discurso la irritación que le dominaba aunque sin abandonar nunca los argumentos en torno al progreso económico. Se tiene la sensación de que al referirse a su proyecto de «movilizar vuestra asociación para hacer acto de presencia en el ruedo ibérico» pensaba en un retorno a posiciones de guerra. «Constituímos el punto clave más importante de la resistencia política occidental; somos el país donde, con vuestro esfuerzo, el comunismo ha sido por primera vez derrotado». «El liberalismo es una de las puertas principales por donde el comunismo penetra y no se nos perdona que hayamos cerrado esa puerta».
La idea de una conjura internacional, a la que ciertas personas del interior prestan consenso, no se apartaba de su mente. «Nuestra prosperidad y nuestra paz interior les ofende e irrita y, por consiguiente, han tratado de infiltrarse en todos nuestros órganos nacionales, incluso los más opuestos a sus ideas». Habló de «los excesos de algún clérigo separatista» y explicó: «se pretende llevar la filtración comunista a las organizaciones seglares de nuestra Iglesia, parasitadas muchas veces por la filtración de sus agentes». También «hay quienes torpemente especulan con mis años. Yo sólo puede deciros que me siento joven, como vosotros, que detrás de mí todo quedará atado y garantizado por la voluntad de la mayoría de los españoles».
2. Las alusiones a la infiltración comunista en órganos de apostolado seglar molestaron a los obispos. No constituyeron sin embargo la parte principal del discurso. Franco intentaba, ante los miles de ex-combatientes que le ayudaran a ganar la guerra, casi todos universitarios, profesionales u hombres de empresa, hallar respuesta al interrogante: ¿por qué se producen estas huelgas si «nadie puede ir más lejos de lo que el Estado español va en la obra de justicia social»?
No tenía en cuenta —casi nadie lo cree— que detrás de la lucha de clases no se encuentra una cuestión jurídica o económica sino sobre todo un problema moral, un sentimiento que nubla la razón, una vindicación. El Generalísimo seguía refiriéndose a la gran conjura, probablemente cierta, pero que no hubiera bastado para explicar por qué tantos en el interior se prestaban a obedecer sus consignas. Los enemigos del Régimen saben que «las mejoras que las remuneraciones del trabajo hayan de tener, han de salir principalmente de las mejoras de la producción». «Si se quiere arruinar la economía de un país y destruir el progreso social, que es a lo que aspiran nuestros adversarios, no hay más que interrumpir la normalidad laboral, con ruina de las empresas y de la propia economía del país». Sin progreso económico no puede producirse nunca el progreso social. «Nos encontramos en un período de desarrollo en que a las inversiones nacionales pretendemos atraer las inversiones extranjeras y esto, que constituye el porvenir de nuestra Patria y el futuro de los españoles, no podrá nunca realizarse si perturbamos la vida laboral». «España entera tiene que convencerse de que si queremos sobrevivir como nación y ocupar el punto al sol a que tenemos derecho en el concierto de los pueblos, lo hemos de conquistar con nuestros esfuerzos y sacrificios».
Esto era más fácil de decir que de alcanzar. Las huelgas de 1962 no revelaron tan sólo la irritación de los obreros sino también la decepción de los empresarios respecto a la eficacia de la política social del Régimen. El director de la empresa Victorio Luzuriaga, de Pasajes de San Juan (Guipúzcoa) dirigió a Franco un informe muy amargo: con entusiasmo emprendimos la reforma social, garantizando un salario anual de 37.000 pesetas, aumentando los puntos hasta 160 pesetas cada uno, dando facilidades a los obreros para convertirse en accionistas de tal modo que ahora es suyo el 23 % del capital y ocupan tres puestos en un Consejo de Administración que componen quince personas. ¿De qué nos ha servido? Estando convocado para el viernes el Consejo y para el sábado la Junta General, sin preocuparse de uno ni de otra, el jueves los obreros pidieron un aumento global de 30 millones de pesetas dando como plazo para responder 48 horas, bajo amenaza de huelga. Ni siquiera se preocuparon de reunir el jurado de empresa. Siendo esta fábrica la que más ha avanzado en el camino de la participación, «debe llegarse a la consecuencia de que esta participación y convivencia no resuelve absolutamente nada, sino que las relaciones entre empresarios y obreros deben llevarse por otros cauces que, al fin y al cabo, son los que se llevan en todo el mundo».
En otras palabras, los empresarios —y no se habla aquí de grandes empresas ni de multinacionales— comenzaban a reclamar el retorno al capitalismo puro, con pruebas de fuerza entre capital y trabajo, huelga y despido libre con derecho de lock out. A esto Franco respondía mentalmente no. Aceptó en cambio la idea de Sanz Orrio de reglamentar de algún modo los conflictos laborales, pero sin admitir la huelga. Redactó notas que nos sirven para medir la distancia entre lo que él hubiera deseado y lo que, en definitiva, tuvo que admitir:
«Lo primero establecer la normalidad del trabajo.
Explicarles la pérdida que representa para ellos, para futuros y para la nación. Daño para la economía. El aumento de salarios tiene que salir del aumento de precio que va a pagar toda la nación.
No cabe ir a la ilegalidad de la huelga. Hay procedimientos para sostener el diálogo y resolver las aspiraciones cuando son justas.
Y cuando eso se pierde, no cabe la violencia de la huelga, pues le sobran medios al Estado para anularla.
Referirse al espíritu social que anima al Estado.
Necesidad de establecer un cauce para resolver las diferencias colectivas sin variar, como ahora. Crear un escalón: delegado sindical, delegado de Trabajo, delegado de política que representen al Gobernador que busque una solución —si no llegan cauces para que se eleve al Gobierno.»
Si no rebasa el jurado de empresa no hay caso, pero en contrario, seguir este cauce. Un laudo respetado por todos. En todo caso si se supera toda solución el Código Penal y la Ley de Orden Público. Pero que la autoridad gubernativa, antes de tomar decisiones, consulte a los delegados sindicales y de trabajo.
Estas notas fueron agregadas por Franco a los borradores del decreto que preparaba la regulación de conflictos colectivos. Se tuvieron en cuenta sólo en una parte muy pequeña. No era un dictador que impusiese su voluntad.
3. Franco estaba informado de muchas de las quebraduras internas que padecían los estamentos eclesiásticos, así como de la amenaza de cambio en la nunciatura. Desde el 25 de octubre de 1960, con una solemne ceremonia de la que muy significativamente se abstuvo el Ministro de Educación, funcionaba la Universidad de Navarra, obra corporativa del Opus Dei. La Compañía de Jesús trató entonces de trasladar la Universidad de Comillas a Madrid, tratando de instalarla en terrenos de la ciudad universitaria, con objeto de atraer alumnos civiles. El mismo objetivo se proponía la Universidad Pontificia de Salamanca: de este modo se intentaba romper la resistencia que el Estado y el Movimiento oponían al establecimiento de Universidades privadas. La dificultad fundamental residía en el alto costo relativo de los estudios universitarios por una tradición arraigada de mantener tasas académicas muy bajas.
El discurso del cerro Carabitas y las multas impuestas a los tres miembros de H.O.A.C. y J.O.C. Teófilo Pérez Rey, José Antonio Alzola y Alberto Jorge Revuelta, provocaron reacciones adversas. El 5 de junio de 1962 Marcelino Olaechea, arzobispo de Valencia escribió a Franco. «Todos los españoles deben amor y gratitud profunda a V.E. y yo en particular por la exquisita bondad que ha tenido siempre conmigo». Pero temía que las dolidas palabras del Caudillo sobre la infiltración marxista en las organizaciones apostólicas «sean desenfocadas no sólo por los enemigos, claros y oscuros, de nuestra Cruzada sino por los buenos católicos de allende fronteras» puesto que en todas partes la Iglesia está en favor de un apostolado social. Lo que pedía en la práctica era la anulación de las multas impuestas, a fin de que se borrara el incidente. «La Iglesia, profundamente agradecida a V.E., autor providencial de nuestra victoria y de nuestra paz», apoyada por Franco en la difusión de su doctrina y el sostenimiento de la moral, reclamaba también expreso reconocimiento de que «del apostolado seglar en la A.C. es responsable ella». El 9 de junio de 1962 el editorial de Ecclesia antes mencionado, Progresismo y conciencia social, afirmaba enfáticamente contra Franco que en España no existía peligro de contaminación progresista ni comunista. De la J.O.C. afirmaba que «su obra, pese a lo que muchos piensen, no es sólo una maravillosa contribución apostólica, sino también una profunda acción cívica» y «ha quitado al socialismo y al comunismo el monopolio de la orientación de la juventud obrera». Leído el artículo a veinte años de distancia sirve muy bien para comprender que los errores se pagan con creces.
El Ministro de la Gobernación puntualizó al primado: no se ha impuesto la multa a las personas citadas por ser miembros de organizaciones católicas, sino por delitos castigados por las disposiciones vigentes; una cosa es el apostolado social y otra muy distinta organizar o fomentar huelgas y disturbios laborales. En Roma los manifestantes colocaron carteles que nadie discutió diciendo exactamente lo contrario. Castiella envió a Plá y Deniels una copia de los mismos, junto al acostumbrado resumen de prensa extranjera, suscitando una nueva carta del cardenal, el 12 de junio, en que rechazaba las tesis del Ministro de la Gobernación y hacía defensa del manifiesto de la J.O.C., que «no puede permanecer al margen de lo que afecta al mundo del trabajo». El Ministro envió el mismo día una nota verbal a la nunciatura, sugiriendo que se abriese una negociación para determinar qué cosas pueden incluirse y cuáles no en la rúbrica del apostolado seglar: la nota fue comunicada por Castiella al cardenal primado cuatro días más tarde. Consta que la negociación transcurrió muy lentamente porque la mayor parte de los obispos no respaldaba en esta ocasión al primado. En setiembre aún no conocía el Ministerio español el texto base que la nunciatura estaba negociando con el episcopado.
4. En junio de 1962, vencida la primera gran crisis laboral con deterioro de la autoridad y gran desgaste en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el Gobierno coincidía con la oposición en que la gran batalla iba a librarse en torno al incremento de la producción y al bienestar de los trabajadores. El Régimen había olvidado, al parecer, una de las advertencias de José Antonio: la revolución es una mística; nadie la hace para mejorar su sueldo. No parecía tener en cuenta que frente a una demagogia desatada, que saca argumentos de cualquier parte, no es eficaz la compensación material porque los apetitos del hombre no se satisfacen con la obtención de bienes, que generan nuevas demandas. En 1962 estaba retornando, con otro nombre, la lucha de clases.
IV. El Congreso del Movimiento Europeo
1. Para el día 5 de junio de 1962 estaba convocada, en Munich una Asamblea del llamado Movimiento Europeo; no se trataba de ningún organismo oficial comunitario sino de una asociación, subvencionada, para el fomento de la unidad de Europa. Pese a su independencia, gozaba de gran influjo político. Salvador de Madariaga, que era presidente de la Comisión de Cultura y miembro del Comité Ejecutivo explica que el Movimiento «estimó, a propuesta del Consejo Federal Español, que era oportuno completar la delegación de los emigrados españoles convocando a personalidades del interior y también reunir a ambos componentes en un coloquio preliminar que redactaría las bases de la futura integración de España a Europa». En estas palabras aparece muy clara la intención: recomendar a los Gobiernos que rechazasen el ingreso de España en el Mercado Común, a menos que hubiese un cambio de Régimen y utilizar esta propuesta como torcedor para obligar a Franco a ceder. Aunque oficialmente nadie representaba a nadie y la invitación se hacía a título personal, Tusell señala cuando menos siete grupos políticos: Unión Española (Satrústegui, Miralles, Isidro Infantes); Democracia Social Cristiana (Gil Robles, Sidro Infante, Fernando Álvarez de Miranda, Iñigo Cavero); Izquierda Democrática Cristiana (Pons, Cembrero, Barros de Lis); Acción Democrática (Prados Arrarte, Ventura, Ruiz García, Ridruejo); Partido Nacionalista Vasco (Irujo, y Landáburu); Partido Socialista (Llopis, Martínez Parera, Rojo); ARDE (Valera, Flores); Frente de Liberación (Ignacio Fernández de Castro). Pero la policía española sabía que habían recibido invitación también otras personas como Manuel Jiménez Fernández, Raúl Morodo, Enrique Tierno Galván, Mariano Aguilar Navarro, José Antonio Rubio Sacristán y Villar Massó, muchas de las cuales por diversas razones no asistieron; algunas incluso abandonaron la reunión al ver el cariz que tomaba. No parece cierto que la Acción Católica estuviese representada.
Como atmósfera para la maniobra que se proyectaba, hubo un esfuerzo de conservación de las huelgas en su virulencia. Había que presentar, a través de la prensa, una imagen negativa de la España de Franco. Las consultas previas entre Gil Robles y Llopis, que habían servido para fijar la lista de participantes, comprometían muy seriamente a éstos. El sábado 26 de mayo, bajo los auspicios de la Asociación Española de Cooperación Europea, se celebró en Madrid la reunión preparatoria. Uno de los asistentes, Pascual Sanahuja, que era además miembro de la directiva, propuso que se incluyese una mención especial de anticomunismo, pero José Federico de Carvajal amenazó con retirarse, y Mariano Aguilar y José María Gil Robles acudieron en su auxilio: no debería hacerse ninguna mención de este tipo.
2. Lo que iba a ocurrir era previsible. Castiella envió instrucciones a Areilza por medio del marqués de Valdeiglesias, moviéndose dentro de opiniones monárquicas: debería el embajador entrevistarse con Maurice Faure, presidente del Congreso, para prevenirle. Pero Faure, enfermo, no asistió.
Por su parte, el 4 de junio, la Inspección de la Vieja Guardia elevó a Franco un escrito de advertencia, en términos bastante dramáticos. Una conjura internacional contra España, en la que se unen los partidarios de la dinastía destronada, la masonería, el judaísmo y un sector de católicos, se ha propuesto socavar los tres pilares del Régimen, la Jefatura del Estado, el Movimiento y los Sindicatos. De nuevo reclamaban leyes Orgánicas pero en el sentido que les diera Arrese, y un retorno a los programas económicos anteriores a la Estabilización: fuertes inversiones estatales para lograr la expansión, atracción de capitales extranjeros, aumento de la productividad.
Asistieron a las reuniones de Munich 118 españoles, entre los que procedían del interior y los del exilio, agrupados en dos sectores de los que parecían portavoces respectivamente Gil Robles —que leyó su discurso en francés— y Salvador de Madariaga. El día 6, en el Hotel Regina Palace, una treintena de dirigentes del exilio —entre los que se contaban Madariaga, Llopis, el P. Onaindía, Manuel Irujo y Julián Gorkin— escucharon una especie de alocución de Joaquín Satrústegui, en alabanza de la Monarquía. Con ella —tal era la tesis— los españoles superaremos la guerra civil; nos integraremos en Europa; se restablecerán las libertades públicas. Pero también advirtió que los monárquicos no deseaban un plebiscito previo y estaban seguros de la lealtad de don Juan Carlos a su padre. En la sesión pública habló antes Madariaga, en tono muy crítico, pidiendo prácticamente a los gobiernos europeos que derribasen a Franco, y luego Gil Robles, que se limitó a pedir «garantías» —la definición es significativa— de cambio de Régimen en España antes de su ingreso en el Mercado Común.
Los españoles consiguieron hacer patentes ante el Congreso sus divisiones internas proporcionando además argumentos justificativos, también desde la derecha, a las tesis socialistas de la no ampliación del Mercado. Las expresiones verbales exageradas permitían a ciertos periodistas presentar al Régimen español como una dictadura tenebrosa. Pocas veces se ha manifestado tan claramente como en esta ocasión la ambigüedad de los políticos profesionales cuando hablan del bien público, porque éste empieza únicamente cuando ellos están en el poder. Basta, para comprenderlo, que se emplee un sencillo razonamiento: si la entrada en el Mercado Común constituye un bien objetivo, ¿por qué supeditarlo a una determinada forma del Régimen? Madariaga y Gil Robles, que pretendían hablar en nombre de «la inmensa mayoría de los españoles» solicitaban que se les castigase por el hecho de soportar un Régimen malo, en vez de llamarles a ellos y a los que estaban allí presentes, a la noble función de gobernar. Pero había otra contradicción, pues si los organismos europeos son instrumentos para refuerzo de la democracia liberal ¿no hubiera sido más lógico pensar que, inserta en ellos, España acomodaría sus instituciones a las del conjunto? Me parece correcta la observación de Ricardo de la Cierva: desde el interior de España la actuación en Munich fue juzgada desfavorablemente.
3. De lo sucedido tenemos dos versiones. Según la prensa socialista hubo un acuerdo entre ambas delegaciones que llegaron a firmar un documento sobre las cinco garantías que debían exigir los Gobiernos europeos antes de negociar con España. Gil Robles explicó directamente a Franco que las dos comisiones habían actuado separadas y que él no había celebrado ninguna entrevista con Rodolfo Llopis limitándose a comunicar a la Asamblea acuerdos tomados en Madrid antes de su marcha. Las cinco garantías mencionadas eran las siguientes: 1) Instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas; 2) Garantía efectiva de todos los derechos de la persona humana; 3) Reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales; 4) Ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas; 5) Reconocimiento de los partidos políticos.
En realidad era la quinta de tales garantías la que se estaba convirtiendo en caballo de batalla. Se pretendía mover a los partidos políticos de Europa a la solidaridad con sus colegas de España, cosas que nadie se atrevería a proponer en relación con los países sometidos a la URSS. Madariaga llegó a decir: «Si toleráis un tirano en cualquier provincia de Europa, la española o la yugoeslava, ¿quién os dice que mañana no intentará quedarse también con vuestra libertad, por ejemplo ejerciendo presiones diplomáticas y consulares para que en vuestras Asambleas no se discutan tales temas ni se presenten tales resoluciones?». Aludía de este modo a las presiones sobre Maurice Faure. Liberal hasta la médula, Madariaga creía que la libertad es una cantidad susceptible de ser confiscada.
Franco reaccionó con energía, aunque el hecho de que Gil Robles apareciese al lado de los socialistas contra el Régimen le causaba profunda irritación. «¡Qué pronto se ha olvidado —comentó— de que una de las víctimas señaladas después del asesinato de Calvo Sotelo iba a ser él, que se libró de milagro!». Creía que los discursos pronunciados en Munich no eran espontáneos sino que formaban parte de una campaña oportunista para desprestigiar al Régimen: en un artículo de Madariaga del 12 de marzo, que el Generalísimo conocía, se llegaba a decir que el Gobierno español había felicitado al almirante japonés que bombardeó Pearl Harbour, lo que era una mentira absurda. Como sucedía siempre en casos semejantes lo que le preocupaba era precisamente no aparecer como demasiado blando. El 8 de junio un decreto-ley suspendió el artículo 14 del Fuero de los españoles, que es el que autoriza a escoger libremente la residencia: de este modo se podía dar a escoger a los que regresaban de Munich entre la confinación en Canarias o la permanencia en el extranjero. Gil Robles se volvió a París. Entre los confinados se encontraban futuros ministros de la Corona como Fernando Álvarez de Miranda o Íñigo Cavero Lataillade. Munich fue también promoción de méritos políticos.
4. La prensa europea no se mostró muy acertada en sus juicios acerca de lo ocurrido en Munich. Tampoco Arriba que en sus números del 9 y 10 de junio acuñó la frase «contubernio de la traición» que muchos repitieron y añadió detalles y noticias erróneos, demostrativos de la falta de conocimiento. Marcel Niedergang exageró en el extremo opuesto como si se hubiese creado un frente de resistencia. Richard Mowrer, de la Epingslage Press atribuyó a Alonso Vega el endurecimiento del Régimen, porque antes se había aceptado por parte del Gobierno español que Prados Arrarte llevara una especie de representación. Por esta línea se aceptaba como fuente de noticia cualquier comentario gratuito entre españoles. En La Croix, François Roussell se preguntaba si lo acaecido en Munich era una victoria para la oposición o una derrota de la Monarquía porque muchos monárquicos reprochaban a Gil Robles haber antepuesto los intereses del partido a los de su propio país. Así se pronunciaban también las ediciones europeas del New York Herald Tribune y del New York Times. Un redactor de Le Figaro llegó a preguntar a Gil Robles si no creía que la primera de las «garantías» era excesivamente dura.
Gil Robles explicó su acción a través de dos documentos: declaraciones que el 11 de junio publicó Le Monde y una carta personal a Franco tres días más tarde. «El Gobierno, que no ha reprimido las huelgas —es importante anotar esta tesis, que contradice la propaganda manejada en Munich— al producirse las reuniones de Munich… partiendo de informaciones incorrectas… ha adoptado medidas contra algunos de los participantes como si allí se hubiera fraguado una conspiración contra España. Pero esto no es verdad».
Estimaba que el resultado más notable del Congreso había sido la absoluta coincidencia de puntos de vista entre la oposición del interior y la del exterior. «Se ha podido salvar en Munich un obstáculo peligroso: la eterna discusión sobre la necesidad de una consulta electoral previa para determinar las futuras instituciones de España. La democratización podrá ser posterior, progresiva y prudente, aunque siempre sincera».
¿Posterior a qué? Al restablecimiento de la Monarquía sin duda. En su larga carta destinada a Franco comenzaba diciendo: «No comento los hechos ni creo necesario hacerlo. Tampoco pido clemencia pues eso sólo cabe en quien tiene la conciencia de haber faltado o delinquido». Para él no había duda del carácter anticomunista del Movimiento Europeo y de los asistentes españoles. Antes de salir de España Gil Robles había comunicado a la Dirección General de Seguridad su marcha y la asistencia a Munich porque iba a tratarse de la creación de poderes supranacionales y de una federación capaz de oponerse al comunismo. Debe tenerse en cuenta que nada de esto se dijo después en el Congreso. En el escrito a la Dirección General de Seguridad también afirmaba que la integración de España en esa federación de la unidad europea no podía tener lugar sino mediante cambios que proporcionen un Régimen muy distinto del que ahora tiene.
Según explicaba el propio Gil Robles ese escrito de comunicación estaba fechado el 2 de junio y se remitió a la Dirección General por medio de un testimonio notarial. Pero el 2 de junio fue sábado y, por tanto, no podía estar en su destino hasta el lunes 4 que era el día del comienzo de las sesiones. La comunicación no fue «previa», sino a hechos consumados. Comentando la reunión afirmó que se había limitado a dar cuenta de lo acordado en la reunión del 28 de mayo: personalmente se mostraba convencido de que los españoles eran capaces de vivir con instituciones democráticas si se establecían en un cambio lento y no bruscamente. No era el Gil Robles de 1936 quien dictaba estas líneas.
V. Las repercusiones
1. La presencia de Gil Robles en Munich comprometía gravemente a don Juan y a su Consejo privado. La prensa falangista española, al acometer contra el Congreso, no se olvidaba de insinuar denuncias contra Estoril. Desde la Secretaría General del Movimiento se envió a Franco un informe, redactado con apariencias de verosimilitud, en que se decía que el golpe había sido concertado en Atenas, durante la boda, y que todos los miembros de Unión Española estaban advertidos de los contactos entre Gil Robles, Satrústegui y Ridruejo con los socialistas del exilio. Franco, que estaba aún bajo el impacto del accidente de fin de año, tuvo que quedar impresionado ante la perspectiva de que la Monarquía sirviese de plataforma para el retorno de la España anterior a 1936. En un momento que me siento incapaz de precisar, le asaltó la duda de que estaba siguiendo un camino equivocado.
Dedicaba por este tiempo muchas horas a tomar notas de su pensamiento sobre la reforma institucional, la delimitación de poderes del Jefe del Estado y del Jefe del Gobierno, la ampliación del sufragio para que el Consejo Nacional y las Cortes fuesen más representativas, la forma de canalizar corrientes de opinión… De pronto, se detuvo su pluma para escribir estas dos palabras: «sucesión, ¿reformarla?». Y mientras reflexionaba iba escribiendo. Son notas inconexas y hay palabras que ni siquiera he conseguido leer: apenas si son rasgos informes.
«La necesidad de poderes fuertes. La falta de unidad entre sectores monárquicos. La falta de idoneidad de los pretendientes de determinadas ramas. La imperiosa necesidad de una identificación absoluta con el Movimiento Nacional. La ausencia de unidad y la falta de garantías. La situación del mundo en esta hora. Nuestro presente y la conjura entre la nación del comunismo y poderes ocultos. Falta de criterio (?)».
«Solución: mezclar el sistema de regencia por un periodo de 10 años proponiendo a las Cortes la designación de un regente que, aprobado por éstas, sometido a referendum nacional que requiera el 51 % de los sufragios para ser válido».
Incluyó un borrador de artículo para la posible ley: «Seis meses antes del término de periodo de regencia someterá al Consejo del Reino un informe sobre la situación nacional e internacional que de acuerdo situación aconseje si la designación del Príncipe idóneo de mejor derecho o conviene continuar el sistema de la regencia. Si se decidiese lo primero se seguirá el trámite establecido en la Ley de Sucesión con la propuesta oportuna a las Cortes que, por trascendencia, se someterá a referendum de la nación. En el caso de que la propuesta no obtuviere la aprobación se continuará el sistema de regencia previos los trámites por otro periodo».
Luego las reflexiones se tornan inconexas:
«¿Todo cambio es siempre originario de cambios?
¿Que no sea preceptivo el referendum pues puede que la situación del país no lo aconseje?
En todo caso el Jefe del Estado podrá tener poderes en referendum público.
La carencia de arraigo en el pueblo de la Institución, la falta de unidad entre los diversos sectores, la exigencia de la hora de autoridad en la Jefatura del Estado, aconsejan el demorar la resolución en la designación del príncipe de mejor derecho y establecer para un período de diez años la institución de la Regencia.
En lo sucesivo y mientras por ley refrendada por el pueblo no se establezca lo contrario, se seguirá en el Reino el sistema de Regencia por períodos de diez años a partir de su designación».
«La falta de unidad de criterio entre los sectores monárquicos integrados en el Movimiento, el claro desvío liberal de alguno de los candidatos.
Plantearle el problema de la abdicación a D. Juan y a D. Juanito la identificación absoluta con el Régimen y la entrega.
Consultar a los grupos tradicionales llamándolos a la unidad bajo D. Juanito (existen dos palabras que no he conseguido leer) si hay porque sí; si no por falta de acuerdo se puede plantear lo de D. Alfonso. Ponerle a prueba identificación»⁶⁴.
2. Una gran preocupación mostraron también los miembros del Consejo Privado, que estaban defendiendo, según hemos tratado de indicar, la vía de la continuidad y no la alternativa socialista. El 1 de junio de 1962 la comisión permanente del Consejo redactó una nota protestando de que se atribuyera relación alguna entre el Congreso de Munich y la Corte de Estoril. Pemán, acompañado de García Valdecasas salieron al encuentro de don Juan de Borbón, que regresaba de Atenas para mostrarle la nota⁶⁵ y comunicarle además que Arauz de Robles y los consejeros tradicionalistas querían presentar su dimisión. La prensa española no publicó la nota porque la censura negó el permiso⁶⁶. Don Juan acabó aceptándola y se publicó en el Boletín del Consejo Privado del 15, junto a la noticia de la entrevista del conde con Pemán y Valdecasas a bordo del Saltillo.
El 17 de junio don Juan bajó a tierra en el club náutico de Punta Umbría y almorzó con unos amigos después de oír misa. Explicó, en la conversación de sobremesa, el disgusto que le habían producido los acontecimientos de Munich. «La incorporación de España al Mercado Común es un empeño nacional cuya consecución debemos propugnar sin reservas todos los españoles». Al día siguiente, de regreso en Madrid los dos miembros del Consejo se reunieron con Yanguas,
Arauz de Robles y los condes de la Florida y de Melgar. Según los informes del Gobierno, «el señor Pemán informó de las incidencias del viaje hasta lograr entrevistarse con don Juan. Añadió que, al presentarle la nota preparada, dijo que estaba conforme pero que las circunstancias aconsejaban mucha prudencia. Aseguró que esas mismas manifestaciones estaba dispuesto a hacerlas en otro momento, pero que ahora no sería oportuno y que únicamente se podía condenar el acto y expulsar a Gil Robles pero sin dar su nombre.
El señor Arauz de Robles dijo que no estaba conforme con esa explicación de don Juan y que, en nombre de todos los consejeros tradicionalistas, mantenía su decisión de dimitir como consejeros privados y jefes regionales. El señor Pemán rogó al señor Arauz de Robles que no presentasen la dimisión hasta que se celebre la reunión del Consejo en Estoril. Aseguró después el señor Pemán que había dado cuenta detallada de los acuerdos del grupo tradicionalista. Arauz de Robles anunció el envío urgente a don Juan de un escrito explicando los motivos de su actuación»⁶⁷. Mientras tanto la hoja de fecha 11 de junio circulaba profusamente⁶⁸. Desde Estados Unidos Lucas María Oriol escribió a Pemán quejándose del espectáculo ofrecido por Gil Robles en Munich: como firmante del documento de 20 de diciembre de 1957, si se confirma la versión de la prensa americana, no se puede pensar sino que Estoril ha dado un giro copernicano y a los tradicionalistas no queda otra opción sino marcharse⁶⁹.
3. El 24 de junio se celebró en Villa Giralda la recepción acostumbrada⁷⁰ coincidiendo, como era normal, con la reunión del Consejo Privado. Al día siguiente el conde de Barcelona recibió al embajador Ibáñez, quien comentó que «lo de Munich —si es sincero en sus palabras— le ha producido una terrible impresión». No pudo el embajador precisar si le disgustaba más el hecho en sí o las repercusiones que del mismo podrían derivarse para su causa. La conversación fue muy larga y puede resumirse en dos aspectos:
a) Justificación de su conducta. Don Juan consideraba calumniosa la opinión difundida por España de que estaba de acuerdo con los que acudieran a Munich. Es cierto que, en Atenas, Gil Robles y Satrústegui le habían hablado de su intención de asistir, pero de pasada y sin que pareciera nada importante. Es falso que hubiesen representado a nadie en el Congreso, como lo es también la noticia dada por United Press de que les hubiera reiterado su confianza. Ambos estaban fuera del Consejo privado. Pero la oficiosidad de Pemán y Valdecasas, al acudir al Saltillo, le había molestado: creía que actuaban a impulsos de Alonso Vega.
b) Quejas hacia el Gobierno español. Cuando Ibáñez Martín intentaba poner en guardia a don Juan contra las iniciativas de Gil Robles que, ya durante la República habían provocado muchos males, fue interrumpido por el infante que presentó su lista de agravios. Se quejaba de que habiendo hecho muchas concesiones al Régimen, manteniendo relaciones cordiales con Franco, nada había recibido a cambio. Recientes noticias de prensa le informaban de que el Generalísimo concedía audiencias a Carlos-Hugo, a los archiduques de Austria y a José María Valiente, al que se permitía de modo oficial figurar —según un recorte de ABC— como Jefe de la Comunión Tradicionalista. Pero ¿qué Comunión podía ser ésta si él había sido reconocido el 20 de diciembre de 1957?.
Pocos días después, mientras Ibáñez Martín multiplicaba esfuerzos para calmar la indignación portuguesa por la estancia de los príncipes de Nueva Delhi, llegaban a Estoril Arauz de Robles, el conde de la Florida y el señor Corominas, representantes del tradicionalismo. Mostraron a don Juan la carta de Oriol desde Estados Unidos. La entrevista fue tensa. Aunque don Juan afirmó que mantenía exactamente las palabras que pronunciara el 20 de diciembre de 1957, explicó también que no veía de qué modo se podía seguir sosteniendo, frente a Europa liberal, el criterio de una democracia orgánica con representación familiar, sindical y de organismos culturales⁷². Estas palabras sí entrañaban un cambio hacia las «garantías» de Munich. Arauz de Robles propuso al conde de Barcelona que disolviera el Consejo Privado sustituyéndole por una comisión de tres personas, una por cada sector de apoyo, a fin de que ellas aclarasen la situación y la conducta⁷³.
4. Paralelamente, Castiella hacía llegar a Yanguas Messía la información diplomática que llegaba a sus manos⁷⁴: entre esta se encontraba un ejemplar del órgano clandestino del Partido Comunista español, Mundo Obrero (13 de junio de 1962) que declaraba que los cinco puntos del acuerdo de Munich podían ser una base para la reconciliación nacional que los comunistas reclamaban. De este modo la propaganda favorable al Régimen podía esgrimir un argumento contundente: al final del pasillo acechaba siempre el comunismo.
A principios de julio los príncipes don Juan Carlos y su esposa, a punto de concluir su viaje nupcial, acudieron a El Pardo y almorzaron con el matrimonio Franco. Fue probablemente el gesto más eficaz para disipar, al menos en parte, las brumas de Munich. Anunciaron que estaba decidida su residencia en España, cosa que el Generalísimo consideró «muy favorable para el futuro político»⁷⁵. Esperaba que durante esa estancia, de varios años, el contacto con las actividades públicas y privadas, convirtiese al joven príncipe en un verdadero Rey. Las vacilaciones a este respecto habían pasado.
5. Munich agitó profundamente las aguas. Cierta prensa sensacionalista difundió la noticia de que se estaba preparando en España un golpe militar o algo semejante para la restauración de la Monarquía⁷⁶. El sector tradicionalista enemigo de Estoril trató de aprovechar la ocasión. José María Valiente recabó y obtuvo una audiencia del Generalísimo y celebró una larga entrevista con Solís Ruiz⁷⁷. También otros grupos católico, en contacto con Federico Rodríguez, el presidente de las Semanas Sociales católicas, trataron de frenar la animadversión que pudiera originarse hacia Europa organizando actos acerca del Mercado Común.
Los servicios que dependían de la Presidencia del Gobierno —el almirante Carrero Blanco— se alarmaron ante aquel proyecto de revitalización de la unidad entre Movimiento y Tradicionalismo: detectaron un proyecto de reunión, a celebrar el 2 de julio, entre Valiente y Zamanillo, por una parte, y Fernández Cuesta, José Antonio Girón y Agustín Aznar por otra⁷⁹. El 19 de julio fue presentado a Solís un proyecto. No debía creerse que el Decreto de Unificación hubiese disuelto a Falange Española ni a la Comunión Tradicionalista; las había sumado. Pero subsistían, a la vez concurrentes en sus pareceres fundamentales y distintas en cuanto a las decisiones concretas. Para poner de nuevo en marcha el sistema, que sin duda era el mejor antídoto contra el liberalismo que preconizaban desde Estoril, bastaba con estudiar una distribución de áreas de influencia, dinero y prensa⁸⁰. Solís dio largas al asunto y, a pesar de que estaba recibiendo advertencias de otros sectores⁸¹, Franco nunca quiso apartarse de su línea de acción: únicamente la familia de Alfonso XIII tenía derecho a reinar.
VI. Respuesta al Movimiento europeo
1. El Congreso de Munich dejó en el Caudillo una secuela de dudas. Conocía la nota de la Secretaría del Consejo Privado y también la circunstancia de que la censura hubiese prohibido su publicación. Probablemente no consideraba oportuna cualquier intervención, en pro o en contra, del conde de Barcelona, para no mezclar a la Monarquía en lo que era, en definitiva, pelea entre políticos. Una conversación que relata su primo Franco Salgado, el 21 de julio de 1962, cuando el ánimo estaba más sereno, puede darnos la clave de esta actuación. «Considero correcta la conducta de don Juan y bien sabes que jamás dudé de su patriotismo en este asunto». Pero añadió que, en cambio, estaba convencido de que los consejeros sí conocían el alcance de la reunión y únicamente trataban de rectificar a posteriori, al conocer la reacción desfavorable del pueblo español⁸².
De nuevo encontramos al Generalísimo aprovechando un viaje para manifestar su pensamiento. En junio de 1962 estuvo en Valencia. En sus discursos insistió mucho sobre las censuras que permanentemente había formulado a uno de los puntos ahora aprobados en Munich, el de los partidos políticos. «No es que en aquella situación no hubiera hombres honestos como los nuestros, pero el sistema los sumergía en la mediocridad»⁸³. No rotundo a los partidos y también a los separatismos escondidos tras el reconocimiento de los derechos de las regiones. «A golpe de invasiones se forjó nuestra nacionalidad. Mucho antes que otros pueblos, España ya era nación». «El secreto para anularnos o vencernos fue siempre el mismo: el dividirnos interiormente»⁸⁴. Los idearios del Movimiento, expresados «desde los primeros momentos» se resumen en cinco palabras: Dios, España, la Patria, el pan y la justicia⁸⁵.
«Todos hemos conocido, especialmente los que ya somos viejos la ficción de los partidos políticos, en los que la relación entre representantes y representados se limitaba a la elección entre varios nombres que los comités les presentaban». Esto es la democracia inorgánica. «A ella oponemos nosotros nuestra democracia orgánica» en que los candidatos surgen directamente. Reconoció que el sistema electoral, por mucho que se desarrolle, sería siempre insuficiente, sin congresos sindicales, de rango provincial o nacional, donde se debaten los problemas⁸⁶. Esta es la verdadera democracia que «podrá gustar o no gustar fuera» pero que ha proporcionado «veintitrés años de paz ininterrumpida, de progreso económico y de fortaleza para resistir los ataques»⁸⁷.
Franco no rehuyó las referencias indirectas a la crisis laboral de abril y mayo, pero elevándose por encima de las consideraciones menudas para presentarla como relacionada con los ataques procedentes del exterior y con las consecuencias de un enfrentamiento entre empresarios y trabajadores que algunos pretenden ahora renovar. Como tantas veces hiciera antes calificó a la huelga de arcaísmo que «representa para los pueblos la ruina y la escasez», pero que no puede ser eliminada sino sustituyendo la lucha de clases por un sistema de arbitraje jurídico⁸⁸. En esta línea de pensamiento, sin embargo, ya no le acompañaban —esto es lo que demuestran los hechos de la primavera de 1962— ni los trabajadores, ni muchos empresarios, ni tampoco amplios sectores eclesiásticos, que se olvidaban de la doctrina de los Papas. Es verdad que todos afirmaban desear la concordia laboral pero trabajaban por lo contrario: ceder insolidariamente a las demandas compensando después en los precios los salarios que se elevan era un procedimiento que a muchas empresas se presentaba como solución inmediata y feliz, más si los precios rebasan un poquito la línea de lo imprescindible. En todo caso muchos de estos empresarios, especialmente los vinculados a capitales extranjeros, encontraban más barato negociar con comisiones obreras que no con los Sindicatos oficiales que tenían que tener en cuenta intereses generales e implicaciones de política del Estado.
Y a todo esto el Generalísimo seguía insistiendo en que la justicia social no puede establecerse sin aumento de la producción porque una pobreza muy justa y equitativamente repartida no es sino pobreza, y mala. En Valencia se refirió a una de las cuestiones planteadas a caballo de la Estabilización, la de la libre oferta y demanda en el mercado de trabajo, pero para rechazarla: «perseguimos la ocupación total a través de la multiplicación de los puestos de trabajo y de las fuentes de producción»⁸⁹ para evitar, entre otras cosas, que un exceso en la oferta de mano de obra pueda ser utilizada para pagar menos a los trabajadores. Franco decía no al liberalismo económico por su debilidad egoísta y no al marxismo porque «el régimen comunista es, y no os descubro nada nuevo, el régimen de terrorismo policiaco, de la negación de toda clase de libertades, de la persecución de los estados de conciencia, de la esclavitud obrera y, al final, de un imperialismo desatado».
En Munich se había producido un condicionamiento a la entrada de España en Europa. Franco no negó, sino que afirmó rotundamente: «Nuestra voluntad hacia Europa es firme y sincera: nos sentimos europeos, pero en todo caso nosotros no cambiaremos nuestra salud interior ni nuestra paz por complacencias con el extranjero»⁹¹. Bien es verdad que minutos antes había explicado a sus oyentes que no entendía a Europa como una mera concurrencia de intereses económicos sino como una civilización históricamente conformada por ciertos valores del espíritu. La voluntad europeísta de España no se presentaba como deseo de entrar a formar parte de un negocio, sino como reconocimiento del derecho a disfrutar de una herencia.
2. El Ministerio español de Asuntos Exteriores tomó sus medidas. Preparó una nota para orientación de periodistas relacionados con las embajadas señalando de qué modo los Derechos Humanos se encuentran reconocidos en el Fuero de los Españoles y cómo este Fuero se cumple. En Bruselas el conde de Casa Miranda presentó credenciales ante la C.E.C.A. y fue admitido sin dificultad. En el almuerzo que ofrecieron a él y a su acompañante Abaroa, aprovechó la ocasión para hablar de Gil Robles y de su intervención en Munich, presentándole como un confusionario a mitad de camino entre Monarquía y República, a quien nadie seguía; también advirtió, a cuenta de los vascos perseguidos, que Abaroa, presente, y Castiella, en Madrid eran vascos. Cuando los socialistas alemanes llevaron al Bundestag una propuesta de condena contra el Régimen español (25 a 28 de junio) apoyándola en el acuerdo de Munich, el Ministro de Asuntos Exteriores, Schröder, les cortó en seco: el Gobierno alemán no había tenido parte en el Congreso, carecía absolutamente de datos que permitiesen asegurar que en España no se respetaban los derechos humanos, y observaba cuidadosamente la norma de no inmiscuirse en asuntos ajenos.
El golpe más importante en esta contraofensiva diplomática, se asestó en Washington. En marzo había tenido lugar la primera tanda de negociaciones para la renovación de los tratados. Sobre el hierro caliente del interés norteamericano, Antonio Garrigues presentó sus cartas credenciales al Presidente Kennedy, el 20 de junio de 1962, y mantuvo con él una larga conversación de gran importancia. En esta ocasión, el embajador empleó la línea argumental que aplicaría en octubre a Franco, y de la que hemos dado cuenta, aplicándola al caso concreto de Munich. Trataremos de reconstruir la conversación:
Sin el Movimiento Nacional, comenzó diciendo Garrigues, España hubiera caído en poder del comunismo, cosa que a los Estados Unidos no convenía. Kennedy, visitante de la zona roja en 1937, al parecer no replicó. Después de la guerra, para reparar tanta ruina, se necesitaban un cambio muy grande en la estructura económica y social, que eran arcaicas, y esto hubiera resultado absolutamente imposible sin la concentración de poder en una sola mano. Sin ese cambio económico y social cualquier Régimen político en el futuro resultaría inestable. Se ha conseguido ya, pero para su consolidación resulta imprescindible el apoyo y la cooperación económica de los Estados Unidos. España posee una Constitución abierta compuesta de Leyes fundamentales y avanza hacia un régimen de libertad. Pero los norteamericanos deben tener presente «que este régimen de libertad, sin embargo, no se podía organizar bajo las formas de la democracia y el parlamentarismo de tipo básicamente anglosajón, formas cuya ineficacia y perniciosidad se habían manifestado bien patentemente no sólo en España a lo largo de más de un siglo, sino en los países de Centro y Sur América, en la misma Francia, Italia, etc.». Carecería de sentido que volviésemos al punto de partida. Mostró Garrigues entonces una página de ABC con las declaraciones del Generalísimo, en que éste decía que ya estamos en condiciones de cambiar las estructuras. En este momento Kennedy le interrumpió para decirle: «eso es muy importante y me satisface mucho que sea así».
Tras este largo discurso, Garrigues trató sobre Munich. No tenía mucha información que ofrecer al señor Presidente pero es de toda evidencia que si España ha dado el paso de solicitar su incorporación a la Comunidad, «la actuación de ese grupo de españoles, confabulados o, cuando menos, utilizados por la gente de la emigración, no podía ser más nefasta para los intereses reales y permanentes de España, y también de Europa». «El calificativo que merecían no era otro sino el de reaccionarios en el más literal sentido de la palabra, en cuanto pretendía retrotraer a España a la situación —por tantos conceptos superada— de 1936».
Seguramente por esta razón se produjo, el 18 de julio, un hecho insólito en la Cámara de Representantes norteamericana: treinta y seis diputados intervinieron para glosar la importancia de aquella efemérides en la lucha del mundo libre contra el comunismo y para destacar el papel desempeñado por España en la defensa de los judíos durante la Segunda Guerra mundial y el que ahora, como aliada de los Estados Unidos, estaba desempeñando.
3. Garrigues puede considerarse como uno de los exponentes de la mentalidad liberal dentro del Régimen. Areilza, en París, se inclinaba también a serlo, sin duda por servicio a don Juan de Borbón. Estaba convencido de que el mal sesgo del pleito en torno a la Barcelona Traction, esto es, la negativa del Gobierno español a tomar sobre sí la responsabilidad de las compensaciones a los accionistas, pesaba mucho sobre el Congreso de Munich. Mantuvo el contacto con Maurice Faure presidente del Movimiento Europeo, amigo también de Castiella. El 29 de junio de 1962, Faure visitó a Areilza en la embajada para pedirle que con toda urgencia, transmitiese una petición para que el Generalísimo Franco recibiese a ciertos comisionados de la Mesa del Movimiento europeo que iban a explicarle cómo no había en él animosidad contra España. Presidiría el belga Pierre de Wigny y formarían parte el francés Etienne Hirsch y otra persona (posteriormente se designó a mister Hind).
Areilza escribió el día 30 una carta a Franco que incluyó dentro de un pliego destinado a Castiella. Este decía:
«Tu buen amigo, Maurice Faure, Presidente del Congreso del Movimiento Europeo de Munich me visitó ayer en vísperas de un viaje suyo que le tendrá alejado bastantes días de Francia. Me rogó transmitiera urgentemente a Su Excelencia el Jefe del Estado el ruego de la mesa directiva de dicho Movimiento de que fuera recibida en audiencia lo antes posible. Faure me dice que irían, propiamente dicho tres comisiones de diversos matices y nacionalidades, presididos por De Wigny para exponer a Su Excelencia los fines del Movimiento europeo, el alcance y propósitos de sus reuniones y la falta de prejuicio y de animosidad de ninguna especie hacia la asociación de España a las tareas de la unificación europea. Me he permitido reflejar en esa carta adjunta que transmite la petición de Faure y de De Wigny la importancia del gesto y las consecuencias beneficiosas que de él se derivarían. No necesito subrayarte la importancia que a su vez tendría la rapidez en la contestación, para detener en seco ciertas campañas y avanzar de nuevo».
El embajador tenía un afán reconciliador. Lo había demostrado algunos días antes, hablando con Gil Robles e induciéndole probablemente a escribir la carta del 14 de junio que llevó personalmente a Madrid. Sería un gran servicio para su propia causa lograr la anulación inmediata de las sanciones, por su intervención. Castiella tomó ambas cartas, la de Areilza a Franco y el pliego a su nombre, unió a ellas un informe del Subsecretario, Pedro Cortina Mauri, y entregó todo al Generalísimo. El informe versaba sobre la Barcelona Traction y era justificativo de las acciones realizadas en este asunto por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Areilza recordaba a Franco que en la conversación que con él tuviera el 18 de febrero le había advertido de las dificultades que iban a encontrarse en el Mercado Común a causa del sistema democrático vigente y por ello era menester cuidar de las relaciones con los diferentes países. También le explicó las dificultades con Bélgica acerca de la Barcelona Traction, sugiriendo los medios para vencerlas.
Luego vino lo de Munich «considerable retroceso en nuestra política exterior». Por eso celebró la entrevista con Gil Robles y le indujo a que pusiera por escrito sus motivos.
«Es posible que se diga por ello que soy hombre práctico y flexible, lo que es cierto. Práctico porque procuro no perder tiempo en controversias cuando algo no sale bien, como lo de Munich, sino en tratar de encontrar fórmulas razonables de arreglo que no comprometan principios básicos. Ser flexible, por otra parte, es adaptarse en definitiva a un mundo donde muchas cosas siguen todavía ocultas e ininteligibles, y ello sólo es posible, buscando a tientas, con una cierta indeterminación en los propósitos. Si deseamos influenciar la relación internacional, cooperar es la mejor política, subordinando la inspiración al empirismo».
Estas palabras merecen ser profundamente meditadas: reside en ellas el secreto de las cosas que sucedieron en la década siguiente, cuando Areilza ya no estaba con el Régimen, al que proyectaba ya en 1962 abandonar, sino contra él. Las consecuencias operativas recomendadas por el embajador apuntaban al cambio. Francia sigue siendo tan hostil como siempre. En Alemania el acuerdo de Munich ha causado malestar. Ahora Bélgica se propone llevar el asunto de la Barcelona Traction ante el Tribunal de La Haya que preside un comunista polaco. Hemos hecho mal no ingresando en el Movimiento Europeo cuando se nos invitó. «Repito: aquí me he esforzado siempre, Excelencia, en crear el mejor clima entre la gente conservadora y la progresiva, en definitiva el centro, siempre influyente». «Mi argumento principal en París es que, si bien el Gobierno de España no puede aceptar ninguna ingerencia en sus asuntos internos, también está convencido de que los tiempos actuales requieren la necesidad de entenderse con Europa, palabras que también son las de Vuestra Excelencia en varios de sus recientes discursos en Valencia, comentados por mí y que han causado aquí excelente impresión».
4.
Faure había prometido no dar publicidad a la entrevista. El Generalísimo recibió a los tres comisionados, De Wigny, Hind y Hirsch, el 9 de julio. Les explicó que España había pedido el ingreso en el Mercado Común consciente de su vocación europea. Pero en la reunión de Munich existían dos defectos esenciales que la invalidaban: excluir a cuantos hubieran podido defender al Régimen español y no admitir más españoles que los que militaban en la oposición; esto demostraba la voluntad preconcebida de mostrar sólo aspectos negativos, de modo que el Congreso se convirtió en plataforma para enemigos y sus conclusiones debían reputarse como pura maniobra. Las sanciones serían levantadas cuándo y cómo el Gobierno estimara oportuno.
Según una información confidencial que Castiella envió a los representantes diplomáticos españoles en otros países, De Wigny preguntó a Franco si era consciente de la filosofía del organismo europeo. Franco contestó que conocía perfectamente la letra y el espíritu del tratado y que no se preocupasen, que España cumpliría todas sus obligaciones cuando concluyese la negociación. El matiz es absolutamente preciso y refleja muy bien las cautelas del Jefe del Estado: cumplir las condiciones después, pero no antes. Castiella insistía: en el tratado de Roma se fijan dos objetivos, la unión de los pueblos europeos para salvaguardia de la paz y de la libertad —lo que estamos haciendo— y futura Asamblea elegida por sufragio universal, que también aceptaremos cuando se logre. De momento las dificultades son económicas y por eso tenemos que recurrir a la asociación y no a la integración. Pero debe quedar claro que cuando se formuló la petición se habló tanto de etapas económicas como políticas, a fin de colocar a España, despacio, pero firmemente, en línea con Europa.
Voluntad firme de europeísmo, promesa de adaptar las instituciones en la medida en que se vaya logrando la integración, condescendencia con los organismos internacionales pero sin ceder en puntos esenciales. En una entrevista que Benjamín Welles publicó el 9 de octubre de 1962, en el New York Times se encuentran estas contundentes palabras de Franco, no exentas de amargura: «España se está cansando de que, estando implicada en el bando de Occidente, se la trate como a una nación enemiga».
