La revuelta universitaria de febrero de 1965

1. Joaquín Ruiz Giménez, desde su cátedra de Derecho Natural, solicitó autorización para celebrar en la Universidad un ciclo de conferencias sobre la encíclica Pacem in terris. Los servicios de información de la Presidencia advirtieron al almirante Carrero que se trataba de montar únicamente agitación política sosteniendo que la Iglesia reclamaba un régimen liberal parlamentario y que el catedrático organizador ocultaba que entre los conferenciantes estaba Enrique Tierno Galván que, no hacía mucho tiempo, se declarara marxista. Las conferencias no fueron autorizadas.

El 16 de febrero de 1965 una Asamblea irregular de catedráticos y profesores, reunida a las once de la mañana —no faltaron recuerdos de que se trataba del aniversario de la victoria del Frente Popular— reclamó la derogación de la Ley de 1943, el restablecimiento en su cátedra de todos los despojados de ella, la solidaridad con los estudiantes y la protesta contra la suspensión de las conferencias. Parecía, de momento, «revuelta de privilegiados», primera fase de cualquier proceso revolucionario: se solicitaba que el Rector y los decanos fuesen elegidos por la Junta de Catedráticos numerarios. La defenestración de los catedráticos para sustituirlos con personas de la confianza del Partido vendría después.

El martes 23 de febrero se celebró en el hall de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, una Asamblea tumultuaria en que Agustín García Calvo y José Luis López Aranguren ejercieron la dirección. La policía intervino obligando a los asistentes a dispersarse. Volvieron a reunirse al día siguiente. Esta vez les acompañaba Santiago Montero Díaz y se sumó también Mariano Aguilar Navarro; pero cuando llegó el momento de constituir la presidencia se instalaron en ella sólo los miembros de la F.U.D.E., comunistas. Aranguren propuso entonces una marcha sobre el Rectorado pero intervino en las inmediaciones del mismo la policía que dispersó a los manifestantes y detuvo a los catedráticos que marchaban en cabeza, aunque por muy breve tiempo.

Los servicios de información de la Presidencia, que no intervenían, limitándose a tomar nota de los sucesos, constataron que se habían cometido dos errores: que los guardias pegasen a los estudiantes, creando mártires, y que se hubiese detenido a los catedráticos. «Puede afirmarse, sin lugar a duda, que el propósito de las Asambleas libres no es sino un medio para hacer ambiente al nuevo sindicato estudiantil planeado por el Partido Comunista para derrocar al Régimen español».

2. Se había cometido, objetivamente, un acto grave de disciplina académica al incitar los profesores a los alumnos a un acto de rebeldía con manifestación. El Ministro de Educación suspendió provisionalmente en sus funciones a los catedráticos comprometidos. Ello no obstante, cuando el 25 de febrero la Asamblea «libre» volvió a instalarse en el hall de la Facultad de Letras, reaparecieron Aranguren, García Calvo y Aguilar Navarro. A ellos se unió Enrique Tierno Galván que era catedrático de la Universidad de Salamanca, en donde no residía ni cumplía con sus funciones. Ahora se estaba pidiendo abiertamente la supresión del Régimen.

Los colaboradores de Carrero advirtieron a éste: estamos ante una subversión política, que se sirve de la Universidad, y conviene tomar medidas disciplinarias cuanto antes para evitar que se extienda a las demás Universidades.

Sin duda se estaba pensando en las medidas disciplinarias usuales, de acuerdo con el Reglamento que, por una ironía del destino, llevaba la firma de Joaquín Ruiz Giménez y al que las autoridades académicas consideraban poco eficaz por su excesiva dureza. Los días 26 y 27 de febrero, mientras en una Asamblea celebrada en la Facultad de Medicina, García Calvo daba lectura a una carta de José María Gil Robles a Aranguren, felicitándole y apoyando la rebeldía de los estudiantes, se celebraban dos sesiones consecutivas de la Junta de la Facultad de Derecho. Ante ella Ruiz Giménez presentó un escrito de solidaridad con los estudiantes pidiendo la supresión del S.E.U. y la «reforma de las leyes reguladoras de los estudiantes —es decir, sus propias disposiciones— para otorgarles mayor libertad de expresión». Muchos de los catedráticos adictos al Régimen optaron por no concurrir. Otros, como Luis Sánchez Agesta, Eduardo García de Enterría, Alfonso García Gallo y Joaquín Garrigues, apoyaron a Ruiz Giménez al que presentaban como defensor de la democracia, de modo que Laureano López Rodó, Isidoro Martín y Fernández Galiano, quedaron en minoría frente al ex-ministro.

Franco, que tenía anunciada audiencia con el cardenal Herrera Oria, pidió a Carrero que le preparase un informe de la situación. Logró al menos que, contra las desviaciones de Ruiz Giménez, el nuevo cardenal y la Editorial Católica reiterasen su adhesión. A los elementos conservadores tenía que asustarles la situación creada. El 28 de febrero la revolución parecía dueña de la Universidad. La que a sí misma se llamó IV Asamblea aplaudió cuando se comunicó la adhesión de los alumnos de Filosofía y Letras de Pamplona y que en Salamanca los estudiantes gritaban: «Tierno, sí, Policía no». Acordó realizar paros docentes con irregularidad para impedir que la Universidad fuese cerrada. Las paredes se cubrieron de letreros y el suelo se llenó de octavillas.

3. Desde el 1 de marzo de 1965 los servicios dependientes de la Presidencia del Gobierno comenzaron a trabajar para proponer decisiones que evitasen la extensión del movimiento a otras Universidades, en especial Barcelona, considerada como la más peligrosa. Entre ellas figuraba una concesión aparente a los huelguistas, la desaparición del S.E.U. que contaba con amplios enemigos. No existía sin embargo coordinación entre estos servicios, el Ministerio de Educación que se proponía mantener abierta la Universidad todo el tiempo posible y el de Gobernación, que se quejaba de estar frenado.

Camilo Alonso Vega mostró a Franco una carta de Ramón Alonso (27 de febrero): la embajada de Cuba que distribuye las becas de Cultura Hispánica como mejor le parece, ha utilizado el dinero español para introducir agitadores. A las diez de la noche del 1 de marzo el Ministro comunicó a sus colegas de Educación, Justicia, Información y Secretaría General del Movimiento, que había dispuesto la detención de García Calvo porque no cabía duda de su papel de agitador. La nota de Alonso Vega era muy dura contra los catedráticos y contra las autoridades académicas, porque donde unos y otros cumplen con su deber, el orden se mantiene.

La Junta de la Facultad de Derecho había actuado esta vez como detonante. La de la Facultad de Ciencias no se sumó al acuerdo pero redactó un escrito en que apoyaba una parte de las demandas estudiantiles; y a este escrito se sumó el decano Enrique Costa Novella. El 4 de marzo la agitación se había contagiado a Barcelona y Bilbao.

Tras algunas reuniones entre Fernando Herrero Tejedor, Vicesecretario general del Movimiento, y algunos dirigentes estudiantiles, se llegó a la decisión de sustituir el S.E.U. por unas Asociaciones Profesionales de Estudiantes, a modo de colegio, en que los delegados serían elegidos por los propios alumnos. Estos delegados constituirían luego Cámaras de Facultad y de Universidad. La noticia se filtró. El 6 de marzo de 1965 un artículo publicado en Ecclesia, aludía a la doctrina pontificia para reclamar con carácter general estructuras más representativas. Ese mismo día, en declaraciones a periodistas anunciaba ya la primera victoria, la supresión del S.E.U.

El 9 de marzo la Facultad de Económicas fue asaltada para organizar en el paraninfo de la misma una Asamblea: destrozos y suciedad proporcionaron al término de la misma una imagen lamentable; el decano, Castañeda, fue abucheado. Por mucho empeño que Manuel Lora Tamayo tuviera en mantener abierta la Universidad, esto resultaba imposible.

Hubo una breve tregua: gran número de agitadores, que percibían subsidios, se trasladaron a Barcelona para reforzar la subversión. Pero ya el 25 de marzo aparecieron nuevas Asambleas por los cuidados de F.U.D.E. y U.E.D. El acuerdo tomado entonces fue concentrarse al día siguiente en el viejo caserón de las calle de San Bernardo, donde aún funcionaban algunas enseñanzas de la Facultad de Ciencias Económicas, para marchar luego en manifestación hacia el Ministerio, en la calle de Alcalá. El 26 la policía tuvo que intervenir de nuevo para disolver a los manifestantes. Detuvo a veintiuna personas que liberó inmediatamente tras haberlas identificado: una de ellas era Álvaro Gil Robles, hijo del antiguo jefe de la C.E.D.A.

Lora se rindió: las clases en la Universidad de Madrid quedaron suspendidas hasta después de las vacaciones de Semana Santa, que estaban a punto de comenzar. El 5 de abril el Gobierno aprobó el decreto extinguiendo el viejo S.E.U. y anunciando la constitución de las Asociaciones Profesionales. Pero éstas nunca consiguieron prosperar; se las consideraba como artificiosas creaciones gubernamentales. El Gobierno acababa de tomar una decisión grave, privándose del único órgano de gestión estudiantil, sin probar a reformarlo desde la voluntariedad e indicando de qué modo tan fácil se podía liquidar un Sindicato. Tampoco tuvo el valor de reconocer que la mayoría de los estudiantes eran refractarios a cualquier tipo de organización, que desean tan sólo aquellos que se sienten profundamente politizados. En vez de limitarse a decretar que los sentimientos asociativos de los universitarios se acomodasen al ritmo y derecho normal del país, pugnó por crear algo que era artificial. Sufrió una derrota que resultó importante.

Aplicando el reglamento de disciplina académica de Ruiz Giménez, se abrió expediente a los principales catedráticos implicados. Aranguren, Tierno Galván y García Calvo perdieron sus cátedras. Montero Díaz y Aguilar fueron separados del servicio durante cierto plazo. En los medios universitarios hubo la sensación de que no se trataba de castigar acciones contra la disciplina. El 22 de julio de 1964, como un manifiesto anticipado, Le Monde había publicado un artículo de Enrique Tierno reclamando el reconocimiento de una oposición democrática en España. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia.

4. Revuelta estudiantil política, casi un anuncio del mayo francés, con implicaciones también políticas. La policía recogió cartas de Aranguren, García Calvo y Aguilar Navarro adhiriéndose a la Conferencia contra la represión en España y solicitando la libertad de Grimau. El 24 de marzo France Presse distribuía una entrevista con Tierno Galván en que éste afirmaba que en España se vivía una etapa prerrevolucionaria, y que el Régimen estaba desbordado. Los servicios españoles de información conocieron también un informe del Partido Comunista Español al Italiano: las agitaciones anuncian ya el fin del Régimen. Mientras tanto la Dirección General de Seguridad avisaba al Ministro: las fuerzas son insuficientes, tan sólo dos banderas, lo que obliga a tenerlas en servicio muchas más horas de lo ordinario. Esto provoca en los guardias, acostumbrados a aprovechar sus horas libres para obtener complementos de remuneración, un estado de irritación que, unido a los continuos insultos y agresiones de los estudiantes crea un clima propicio para que un día tengamos que lamentar una desgracia.

En marzo de 1965 Alfredo Sánchez Bella, embajador en Roma, hizo un viaje a Madrid y, según confesó a Carrero Blanco, quedó espantado de la falta de información existente incluso entre los altos cargos de la administración del Estado: lo que estaba sucediendo no era otra cosa, según él constaba, que el resultado del enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos, que tenían objetivos distintos sobre España aunque confluyentes en un punto: asegurar en su favor la sucesión del Régimen. Basta seleccionar cuidadosamente recortes de prensa para comprender. Entregó al Ministro de la Presidencia dos informes sugestivos:

a. Oficialmente el Partido Comunista Español pide la unión de todas las fuerzas políticas adversas al Régimen para llegar a una convivencia pacífica, pero al mismo tiempo prepara una serie de huelgas escalonadas que deben llevar a la huelga general revolucionaria para derribo del Régimen, momento en que llegará su ocasión. Las experiencias de los años 1963 y 1964 le han convencido de que los anarquistas y maoístas no son más que un estorbo. El Congreso de Varsovia había aprobado la línea propuesta por Carrillo, consistente en intensificar el diálogo con los católicos y proseguir la implantación de CCOO en algunas grandes empresas como ya ha hecho, con éxito, en Pegaso. Se ha dado cuenta al Partido Comunista Italiano de que se cuenta ya con sacerdotes y organizaciones católicas. Esta constituye la vía pacífica, gramsciana, pero no se renuncia a la violencia que se encomienda a un Comité de Liberación Nacional, que preside en Portugal Humberto Delgado y en España Julio Álvarez del Vayo. Ambos estuvieron reunidos en el Hotel Caumartin, en París, el 26 de diciembre. Delgado afirma contar con 8.000 hombres para un desembarco en Portugal. Los comunistas han comenzado a desconfiar de él porque temen que se encuentre en contacto con la CIA. De momento ha desaparecido: la última noticia que de él se tiene le señalaba en un hotel de Badajoz los días 12 y 13 de enero de 1965 en compañía de una mujer. Los revolucionarios portugueses han dicho que la policía española le había detenido, pero esto es falso. La policía nada sabe de su paradero.

b. Las maniobras norteamericanas van por otra parte. «El mundo masónico-judío-protestante —la Internacional del dinero, como algunos la llaman— estará propicia a entenderse con España cuando crea que su hegemonía corre peligro, cuando sienta la necesidad de ganar amigos y aliados; y, por el contrario, dará rienda suelta a su fobia anti-hispánica y anti-católica en cuantos momentos piense que nuestro sacrificio no ha de acarrearles ninguna dificultad». Las tres organizaciones de que dispone para la acción exterior son: America for Democratic Action (ADA) que dirige el vicepresidente Humphrey; Federación de Sindicatos, de Reuther, de la que depende la ASO española; y Central of Intelligence Agency (CIA) a la que sin duda se debe atribuir el ataque al barco español «Aránzazu» que iba a Cuba. En cada uno de estos organismos existen personas favorables al Régimen español y hostiles a él. Ahora bien, todos cuantos reciben subvención, como la Federación de Fuerzas Democráticas que dirige Julián Gorkin, pero a la que se han adherido también Ridruejo, Tierno Galván, Gil Robles, Jiménez Fernández y otros, persiguen el objetivo de impedir un final tranquilo al Régimen de Franco, capaz de fomentar la nostalgia y su continuidad. Piensan que el modo de cerrar el paso al comunismo es crear dos grandes fuerzas políticas, una de democracia cristiana y otra de socialismo. Al preconizarse en España la liberalización del Régimen se está coincidiendo con ellos.

5. Las respuestas gubernamentales en la Universidad se revelaron insuficientes: por su propia naturaleza las autoridades académicas estaban muy mal preparadas para hacer frente a una agitación esencialmente política. Inmediatamente después de conocerse las sanciones hubo actos de solidaridad de numerosos catedráticos, en parte por espíritu de cuerpo, y en parte también por deseos de permanecer neutrales. Pedro Laín Entralgo remitió un escrito por correo en que daba cuenta de su «irreversible cambio» de opinión política. Espoir, órgano de la CGT francesa, dedicó al tema un artículo de fondo y aprovechó la ocasión para pedir que no se admitiera a España en el Mercado Común. El 29 de septiembre un grupo de catedráticos de la Universidad de Madrid elevó un escrito pidiendo la reposición de los inculpados. En la embajada española en Holanda se recibió otro, con 207 firmas de profesores holandeses, protestando. La Dirección General de Seguridad sabía que el nuevo curso ya no iba a ser tranquilo porque los agitadores contaban ahora con una nueva bandera, de fácil empleo.