Francisco Franco redactó veinticuatro proposiciones para preparar su respuesta al Papa sobre las relaciones entre España y la Iglesia.
En 1967, las relaciones entre el Estado español y la Iglesia Católica atravesaban un momento especialmente delicado. En este contexto, Francisco Franco preparó personalmente un documento destinado a servir de base para la respuesta a una reclamación del Papa.
El documento, considerado de especial valor histórico, contiene veinticuatro proposiciones redactadas por Franco, en las que expone de manera directa su posición sobre cuestiones como el derecho de presentación de obispos, las relaciones entre España y Roma, el papel de la Curia y la defensa de los derechos que el Estado español consideraba establecidos en el Concordato.
Las frases recogidas en este documento muestran el tono con el que Franco afrontaba la cuestión y permiten conocer, a través de sus propias anotaciones, su percepción de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Expresiones como «España se siente mal querida de Roma», «Las intrigas de nuestros enemigos triunfan en Roma» o «El Vaticano propone y el Jefe de Estado decide» reflejan la tensión existente en aquellas negociaciones.
A continuación reproducimos íntegramente el texto correspondiente a estas veinticuatro proposiciones y al comentario posterior, respetando su contenido original y eliminando únicamente las referencias y notas a pie de página para facilitar su lectura.
Constituye un documento de valor excepcional un pequeño manuscrito que Francisco Franco redactó con vistas a la preparación de la respuesta al Papa. Se trata de veinticuatro proposiciones, cortantes como espadas en su mayor parte, que no necesitan ni admiten ninguna clase de comentario. Helas aquí:
«Paz con la Iglesia».
«Anuncio el objeto de la carta».
«No se trata de un derecho de presentación sino de negociación».
«España se siente mal querida de Roma».
«No es un arrastre de un derecho anacrónico, sino un acuerdo negociado».
«España es diferente, el imperativo mantenido por su interés religioso que lo fomenta, constituye una parte del concordato».
«¿Qué saben los del Concilio sobre España? Creían que el Jefe del Estado designaba los obispos cuando se negociaba solamente y dejaba a salvo los derechos del Pontífice».
«En la negociación se pesaba el interés de España y de la Iglesia, que será sustituido por las intrigas de los clérigos y del nuncio».
«Las intrigas de nuestros enemigos triunfan en Roma».
«El caso lamentable de Razón y Fe y la Radio Vaticana, lo que demuestra la ofensiva de la Curia».
«Lo llevó formalmente el Papa Pío XII».
«El juicio que tenemos como ejemplar».
«Lo difícil para un Jefe de Estado atenerse a los derechos y privilegios de la Curia».
«Una propuesta formal tendría que ir a las Cortes a aprobación».
«La importancia de la Iglesia en España y la trascendencia de un mal paso».
«La acogida que Roma da a nuestros adversarios».
«La llegada de un nuncio, la polémica de los descontentos engañándole, además que algo queda».
«Es lamentable la actitud de Roma a la España oficial».
«La Curia romana que es hostil».
«El caso de la diócesis de Guipúzcoa».
«El concordato es conveniente a Roma pues libra a Roma de la posibilidad de errores antes de que Roma decida».
«El Vaticano propone y el Jefe de Estado decide, es más conveniente».
«El acuerdo del Concilio el poner en lugar».
«¿Qué sabe el Concilio qué es el derecho de presentación? Se olvida e intenta desconocer el contenido de los acuerdos con España llevados a cabo en negociación con Pío XII».
«La armonía y los resultados del acuerdo».
No cabe duda de que la reclamación del Papa, después de los contactos previos, en un momento difícil y sin que mediara negociación, irritó a Franco. Las notas revelan una amargura que desaparece luego en la carta. Pero además el 5 de mayo de 1968 un editorial de Arriba recogía y glosaba precisamente los párrafos que el Generalísimo había entresacado de la Lumen gentium. La intervención del Estado francés en los nombramientos episcopales es mayor que la del español, pero esto no parece preocupar al Vaticano, como tampoco se ocupa de impedir a los clérigos que se mezclen en cuestiones políticas. Las facultades reconocidas en el concordato no pertenecen al Jefe del Estado: son «de todo el pueblo español y el Gobierno no puede, ligera y arbitrariamente, renunciar a un derecho sobre el que posee una próvida administración». Pero el periódico apuntaba ya la posibilidad de negociar.
