El 18 de julio ¿Fue un golpe fascista?

La rebelión militar que se inició en Marruecos el 17 y el 18 de julio dio comienzo a esa guerra civil que durante tanto tiempo se había previsto y temido. En ocasiones había existido una situación de grave desorden y abuso de poder, pero una gran guerra civil entre la izquierda y la derecha dependía, sobre todo, de que se produjese un levantamiento militar, ya que esta última no contaba con otros medios efectivos de acción. Con posterioridad pudo haber existido un tipo diferente de conflicto entre las facciones izquierdistas, como de hecho se dio en la zona republicana en dos ocasiones, pero, sin los militares, la izquierda habría seguido dominando el paisaje político español.

En 2001 los partidos de izquierda presentaron una moción en las Cortes para censurar el «golpe fascista» que había iniciado la Guerra Civil. Pese a que no existe duda alguna de que la insurrección militar estuvo en el origen del conflicto, varios historiadores han cuestionado la exactitud de esa terminología izquierdista que insiste en mantener los habituales términos peyorativos guerracivilistas, dado que, sin importar lo que se piense acerca de ella, la rebelión no fue, en principio, «fascista», como el propio Manuel Azaña reflejó en su Diario.

De hecho, es posible que la conspiración de los militares españoles haya sido de la que más se ha escrito, si no la mejor documentada, en la historia mundial. La historiografía oficial y oficiosa de la larga dictadura en la que aquélla desembocó volvió a contar muchos de sus detalles con cariño, a menudo embelleciéndolos y, con frecuencia, enmascarando la pura verdad.

La ultraderecha monárquica había comenzado a conspirar contra la República casi desde sus inicios, mientras que la subsiguiente persecución religiosa no hizo sino dar alas a la resurrección del carlismo, pero, durante los dos primeros años de vida del régimen republicano, fueron pocos los monárquicos dispuestos a tomar parte en una conspiración seria, al tiempo que la oposición entre el estamento militar era, al principio, mínima. La fracasada rebelión del general Sanjurjo en agosto de 1932 sólo triunfó en una de las guarniciones (Sevilla) y muy pronto fue sofocada. La Sanjurjada fue el menos importante de los levantamientos contra la República, contando con mucho menos apoyo que cualquiera de las tres insurrecciones revolucionarias anarquistas de 1932-33. Con la fundación del periódico Acción Española se comenzó a dotar de sus bases teóricas a lo que se denominó la «instauración», que no la restauración, de un nuevo tipo de monarquía neotradicional, católica y corporativo-autoritaria, pero el partido alfonsino, Renovación Española, careció siempre del respaldo popular.

Tras la victoria parcial de la derecha legalista en las elecciones de 1933, la extrema derecha perdió la esperanza de ser capaz, por sí sola, de derrocar a la República y acudió a Mussolini. El 31 de mayo de 1934 firmó un acuerdo con el Gobierno italiano por el que, desde Italia, se les proporcionaría sostén financiero, instalaciones para la instrucción militar y un cierto número de armas, destinado todo ello a apoyar una eventual rebelión para restaurar la monarquía. Este acuerdo nunca se llegó a poner en práctica del todo y, al año siguiente, no era más que papel mojado. El apoyo popular del que gozó la extrema derecha provino de los carlistas agrarios de Navarra, una base demasiado exigua para el tipo de insurrección que juzgaban necesaria en la España de los años treinta, tan políticamente movilizada.

Con la opinión pública más conservadora respaldando a la semimoderada y legalista CEDA, la única fuerza con capacidad para cambiar el régimen desde la derecha eran los militares.

Sin embargo, éstos estaban casi tan divididos como lo estaba la sociedad española. La experiencia del fiasco político del régimen de Primo de Rivera hizo que casi todos los militares de mayor rango se alejaran del escenario político, como demuestra la total ausencia de oposición cuando, en 1931, se produjo el advenimiento de la República. Aunque con respecto a ellos los Gobiernos de Azaña de 1931-33 se comportaron con tanta ineptitud como lo hicieron respecto a toda la sociedad en general, sólo despertaron su resentimiento, no una reacción importante. Las actitudes entre los militares iban desde la liberal moderada a la conservadora, con una pequeña minoría izquierdista y otra monárquica y derechista apenas mayor. Algunos oficiales y jefes, como Franco, pese a ser monárquicos en el plano personal, se negaron a respaldar la actividad política de los monárquicos, considerándola extremista e inútil, y de ahí que todos los intentos por promover una intervención del ejército entre la primavera de 1934 y la de 1936 fueran un completo fracaso. Como dijo Franco en el invierno de 1936, los militares estaban demasiado divididos internamente y no apoyaban ninguna de las opciones políticas.

No obstante, la victoria electoral del Frente Popular produjo una gran diversidad de respuestas en el seno de la derecha a favor de algún tipo de reacción armada pero sin contar con ninguna organización significativa. El nuevo Gobierno de Azaña procedió con rapidez a entregar casi todas las jefaturas a generales de fiar en el plano político, de modo que, al principio, la proliferación de reuniones y murmuraciones no tuvo efecto alguno.

Conforme aumentaba la tensión en marzo y abril, la conspiración creció a pasos agigantados, sin contar aún con una estructura

general. A finales de 1933 se había organizado una asociación militar cuasi secreta, la Unión Militar Española (UME), la cual, pese a contar con varios miles de afiliados, había sido concebida como una especie de organización profesional de defensa de los intereses corporativos del ejército, sin identidad política específica. En general, los grupos de la UME tendían hacia la derecha y, durante la primavera de 1936, tal fue la orientación de cada vez más militares. Sus células locales comenzaron a conspirar en varios cuarteles, al principio sólo como grupos individuales, mientras que en Madrid se reunía de manera esporádica una supuesta «junta de generales» (la mayoría de los cuales ya estaban retirados y no tenían mando) sin ninguna capacidad para controlar a las unidades activas. Tanto Calvo Sotelo como otros líderes monárquicos pretendieron alentar a los conspiradores, pero su influencia era muy limitada; de hecho, los más inquietos entre éstos consideraban a los políticos civiles de la derecha unos fracasados, en ocasiones hipócritas, y poco dignos de respeto. Por su parte, en Navarra y en otros lugares, los carlistas habían comenzado a instruir a su propia milicia e incluso la rama valenciana de la CEDA (que había representado el sector socialdemócrata dentro de ésta) perdió el control sobre su agrupación juvenil, que empezó a planificar una acción armada.

El oficial superior que, finalmente, apareció como organizador de una rebelión centralizada fue el general de brigada Emilio Mola, el último en ocupar, durante la Monarquía, el cargo de director general de Seguridad, puesto en el que había demostrado una gran indulgencia hacia la izquierda. A finales de abril, los jefes de varias de las secciones de la UME del norte y centro del país reconocieron a Mola, a la sazón gobernador militar de Pamplona, como su líder y durante el mes siguiente una red nacional de conspiración empezó a tomar forma, ya que la respuesta de los militares, aunque lenta, tenía un efecto acumulativo debido a la tensión y a los incidentes generalizados. La cuestión de la autoridad y la legitimidad de tal empresa no resultó fácil de dilucidar. El militar rebelde de mayor rango era Sanjurjo, quien residía en Portugal desde que fuera amnistiado y carecía tanto de la oportunidad como de la capacidad para organizar, desde el extranjero, una conspiración de éxito. Por ello, a finales de mayo, pasó su autoridad a Mola, quien, desde entonces, fue el líder incuestionable de la conjura, aunque entre sus planes estaba restablecer a Sanjurjo como jefe de una junta militar una vez que la rebelión se hubiese materializado.

En primer lugar, y a finales de abril, Mola asumió la planificación política en un documento en el que se definía la «dictadura militar» como el objetivo del levantamiento, al que contribuirían comités provinciales integrados por diversos aliados, descritos como «grupos políticos», «sociedades e individuos aislados» y «milicias», calificadas de manera variopinta como «afectas a la causa» o «contrarrevolucionarias». Respecto a la rebelión en sí misma, especificó:

Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado.

Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga.

Estas palabras, aunque bastante severas, no preveían la represión absoluta y masiva que tendría lugar una vez comenzada la rebelión.

En un memorando redactado el 5 de junio (más o menos en la semana posterior al reconocimiento de Mola como coordinador general de la conspiración a nivel nacional) se concretó algo este bosquejo al estipularse que la forma a adoptar por el nuevo régimen sería la de una «dictadura republicana», en principio dirigida por un «directorio» militar (una expresión sacada del régimen de Primo de Rivera), que proporcionase lo que un analista objetivo hubiera denominado una solución de tipo «portugués» o «Pildsuski» más que la construcción de un sistema revolucionario fascista o de corte «italiano». El memorando concluye con la siguiente declaración: «El DIRECTORIO se comprometerá durante su gestión a no cambiar el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas» y «crear UN ESTADO FUERTE Y DISCIPLINADO». La Constitución de 1931 quedaría suspendida y sería sustituida por un nuevo «Parlamento Constituyente» elegido por aquellos votantes que estuviesen en posesión de un «carné electoral», del que quedarían excluidos los analfabetos y los delincuentes; también se conservarían ciertos vestigios de liberalismo, tales como la «separación de la Iglesia y el Estado, libertad de cultos y respeto a las religiones», y se establecerían comisiones regionales encargadas de resolver el problema agrario «sobre la base del fomento de la pequeña propiedad», pero permitiendo «la explotación colectiva donde ella no fuera posible». El objetivo a alcanzar era un nuevo tipo de República derechista y semiautoritaria.

Con posterioridad, se especularía mucho respecto a por qué el Gobierno republicano de izquierda no adoptó una actitud más rigurosa para evitar una gran rebelión, ya que la conspiración era un secreto a voces.

Pese a que el Gobierno desconocía los principales detalles de la misma (tales como la identidad de su «director», es decir, Mola), sí se habían adoptado algunas medidas: se había sustituido a casi todos los jefes del ejército y la mayoría de los generales con mando en plaza siguieron siendo leales al régimen; se había arrestado a miles de civiles, falangistas y derechistas, así como a un cierto número de oficiales, colocando a algunos de los principales conspiradores bajo una vigilancia cuando menos parcial. Pero existían motivos muy arraigados por los que ni Azaña ni Casares Quiroga fueron más allá. La «apuesta de Azaña» de explotar el apoyo de la izquierda revolucionaria en beneficio de una República parlamentaria izquierdista constituyó un riesgo dudosamente calculado que colocó al Gobierno entre dos fuegos. Tampoco podía descartarse la posibilidad de algún tipo de ruptura con la izquierda revolucionaria y, de ocurrir, sólo un ejército fuerte habría podido neutralizar a los revolucionarios eficazmente. Azaña deseaba ser el aliado de ellos, pero no su prisionero.

La otra cara de la moneda estaba representada por su desprecio por los militares, a los que consideraba insignificantes desde el punto de vista político, casi tan incapaces de constituir una amenaza como lo había sido Sanjurjo en 1932. El momento más oportuno para una acción militar hubiera sido entre octubre de 1934 y febrero de 1936, pero no hicieron nada. Existen ciertas pruebas de que Azaña creía que la reforma del ejército que llevó a cabo en 1931-33 había resultado efectiva y estaba en lo cierto al pensar que la mayor parte de los generales con mando en plaza no se rebelarían; si también pensaba que la afiliación masónica de muchos de ellos impediría que se alzasen contra sus camaradas masones, sigue siendo objeto de especulación.

De hecho, una política de neutralización del estamento militar más agresiva podría haber fortalecido una determinación que, de otro modo, permaneció latente, y haber dejado al Gobierno a merced de los revolucionarios. Aunque abundaban las comparaciones entre Casares Quiroga y Alexander Kerenski, el primer ministro ruso que había caído presa del comunismo, éste era un destino que el líder español estaba absolutamente decidido a evitar. Lo que es más, Juan Moles, el ministro independiente de Gobernación, creía que era importante no provocar a los militares, evitando así que se produjese una reacción de solidaridad entre ellos, y mientras que el 2 de junio envió varias circulares a los gobernadores civiles instándoles a aumentar la vigilancia sobre los grupos derechistas, en otra fechada el 27 del mismo mes especificaba que debería hacerse un esfuerzo por evitar «rozamientos» innecesarios, sobre todo con los militares, y por mantener la «convivencia».

Existen testimonios que prueban que, al principio, Casares Quiroga informó al Consejo de Ministros, en una reunión celebrada el 10 de julio, de que existía una conspiración militar que podría estallar en las siguientes cuarenta y ocho horas. El Gobierno pudo haberla abortado procediendo a realizar una serie de arrestos inmediatos, pero carecía de pruebas concluyentes respecto a la identidad de los cabecillas, por lo que no pudo perseguirlos de manera eficaz. La alternativa fue aguardar a que el movimiento madurase y aplastarlo totalmente, y ésta fue la decisión que tomaron Azaña y su presidente del Gobierno. En retrospectiva, parece ilusoria, pero a las alturas del 10 de julio la lectura de los hechos que realizó el Gobierno no era tan inexacta.

Hasta entonces, la opinión pública moderada y conservadora había demostrado ser muy tolerante. La larga serie de abusos que se produjeron durante la primavera y a principios del verano de 1936 no tuvo precedente en ningún otro país europeo en tiempos de paz e incluyó una gigantesca y violenta ola de huelgas, apropiaciones ilegales de tierras de labor, incendios provocados y destrucción de propiedades, el cierre arbitrario de colegios católicos, la toma de iglesias con incautación de sus propiedades, la proliferación de la censura, miles de detenciones políticas injustas y la impunidad para las acciones delictivas de millares de frente populistas, la manipulación y politización de la justicia, la abusiva disolución de diversas organizaciones derechistas, la coerción y falsificación de las nuevas elecciones en Cuenca y Granada, la subversión de las fuerzas de seguridad y un enorme aumento de la violencia política, que arrojó como resultado unos 300 asesinatos; y, sin embargo, hasta el 10 de julio no se produjo reacción alguna contra tan opresivas circunstancias.

El asesinato del líder monárquico José Calvo Sotelo (portavoz de la oposición en las Cortes), en la madrugada del 13 de julio, proporcionó el catalizador que faltaba. A menudo se ha dicho que la conjura militar ya estaba bordeando su clímax y que habría tenido lugar de todos modos, aun cuando no se hubiese producido este crimen, pero eso implica olvidar la cuestión principal: desde luego que podría haberse producido una rebelión de los militares, pero habría sido mucho más débil y se habría sofocado con facilidad, justo como calculaba el Gobierno.

El asesinato de Calvo Sotelo supuso el punto culminante de la larga cadena de desórdenes, violencia y abusos políticos y administrativos que tuvieron lugar bajo los Gobiernos republicanos de izquierda. La mecha que encendió el polvorín fue el asesinato de José Calvo Sotelo y la radicalización previa al 18 de julio

• El asesinato del teniente José Castillo, militante socialista y miembro de la Guardia de Asalto, cometido por falangistas en la noche del 12 de julio, provocó una inmediata demanda de represalias por parte de sectores de la izquierda.
• Como respuesta, se produjeron detenciones de dirigentes y militantes de derechas, algunas de ellas realizadas de forma arbitraria y vulnerando incluso la inmunidad parlamentaria.
• La detención de José Calvo Sotelo fue realizada durante la madrugada por un grupo policial dirigido por el capitán Fernando Condés, relacionado con sectores socialistas. Según el texto, el grupo estaba integrado por guardias civiles, guardias de asalto y militantes socialistas.
• Calvo Sotelo fue sacado de su domicilio bajo el pretexto de proceder a su detención y posteriormente asesinado de un disparo en la nuca. Su cadáver fue abandonado junto a la morgue del cementerio del Este.
• El Gobierno reaccionó prometiendo una investigación, pero, según el autor, no actuó eficazmente contra los responsables directos y, en cambio, emprendió nuevas detenciones de falangistas y derechistas.
• Paralelamente, sectores del Partido Comunista plantearon medidas extraordinariamente radicales contra las organizaciones de derechas, incluyendo su ilegalización, el encarcelamiento de sus dirigentes y el cierre de periódicos conservadores.
• El texto presenta estas iniciativas como un intento de transformar la República mediante la eliminación política de buena parte de la oposición.
• Tras el asesinato de Calvo Sotelo, la tensión política alcanzó un punto crítico. La situación se había ido deteriorando desde meses antes mediante huelgas, ocupaciones de tierras, incendios, enfrentamientos políticos, detenciones y una creciente violencia callejera.
• El autor considera que el asesinato de Calvo Sotelo actuó como catalizador definitivo, aunque sostiene que la conspiración militar ya estaba muy avanzada y que probablemente se habría producido una rebelión incluso sin este asesinato.
• La muerte de Calvo Sotelo es presentada como el elemento que terminó de convencer a numerosos militares de que la situación había llegado a un punto insostenible.
• En las páginas anteriores se había explicado que Emilio Mola había asumido la dirección efectiva de la conspiración militar y que sus planes contemplaban inicialmente una dictadura militar, aunque posteriormente se manejaron distintas fórmulas políticas para el régimen que surgiría tras la rebelión.
• También se había señalado que el Gobierno de Azaña y Casares Quiroga conocía la existencia de la conspiración, pero consideraba que una acción militar sería limitada y podía ser derrotada con facilidad.
• El Gobierno había adoptado algunas medidas contra los conspiradores —destituciones, traslados, detenciones y vigilancia—, pero no consiguió desarticular la conspiración.

Hasta el 12 de julio tales cálculos podrían haber estado justificados. Mola había encontrado importantes obstáculos a la hora de llevar adelante la conspiración; en realidad, la mayoría de los oficiales no deseaba rebelarse, las relaciones con los falangistas eran muy tensas e incluso los carlistas se negaron a cooperar en las condiciones propuestas por «el Director». La fecha asignada para el levantamiento se había pospuesto en numerosas ocasiones y, el 9 de julio, tras el decisivo rechazo de los carlistas, Mola estaba desesperado, lamentándose ante el líder carlista Manuel Fal Conde de que «recurrimos a ustedes porque contamos únicamente en los cuarteles con hombres uniformados, que no pueden llamarse soldados… De cuantos han actuado en esta aventura, la única víctima voy a ser yo». En ese momento sólo podía anticipar una insurrección frustrada o quizá ninguna en absoluto, a la que seguiría su arresto y procesamiento.

El asesinato de Calvo Sotelo tuvo un efecto electrizante en todos aquellos que se oponían a la izquierda y resultó ser el catalizador necesario para transformar una cojeante insurrección en una poderosa sublevación que podía provocar una guerra civil a gran escala, a pesar de que casi ninguno de los implicados pudo prever el enorme conflicto que se llegaría a producir. Las consecuencias políticas, psicológicas y emocionales del asesinato derivaban cada vez más de sus precisas circunstancias y no del hecho de la muerte del líder monárquico. Si hubiera encontrado la muerte en una esquina, a manos de vulgares asesinos izquierdistas, habría tenido algún efecto, pero mucho menor que el que produjo el espectáculo de ver al portavoz de la oposición en las Cortes primero secuestrado y luego asesinado por la policía en connivencia con militantes revolucionarios.

Fue éste un crimen sin precedentes en la historia de los sistemas parlamentarios occidentales (si todavía podía seguir llamándose parlamentaria a la República española), el equivalente hispano del asunto Matteotti en Italia. Este último sirvió para precipitar la dictadura fascista mientras que aquél sirvió de catalizador para una guerra civil. Los fascistas asesinaron a Matteotti, los socialistas a Calvo Sotelo, y en ambos casos estos grupos eran la principal fuente de violencia política en sus respectivos países.

El capitán Jesús Pérez Salas, un liberal que siguió siendo fiel a la causa republicana durante la Guerra Civil, observó:

«… El asesinato […] debió de ser inspirado por alguien que tenía un gran interés en que el Ejército se sublevara […]. Es inútil tratar de restar importancia al hecho. Si las fuerzas de Orden Público, en las que descansan los derechos y la seguridad de los ciudadanos, son capaces de ejecutar actos de esta naturaleza, prueban evidentemente su falta de disciplina y el olvido de su sagrada misión… Quizá hubiera podido evitarse la acción posterior del Ejército mediante una rápida y enérgica intervención del Gobierno republicano, castigando con dureza a los ejecutores y, sobre todo, expulsando del Cuerpo de Seguridad al núcleo contaminado, para dar así la sensación al país de que el Gobierno se hallaba dispuesto a terminar con el terrorismo de cualquier parte que éste procediese».

La respuesta del Gobierno, como se ha visto, fue más bien la opuesta, como si esperase que el crimen provocase finalmente a los militares a emprender una rebelión que se podría sofocar.

Entre éstos el cambio de actitud fue sorprendente, siendo el mejor ejemplo el caso de Franco. Pese a ser monárquico por principios, prefería la derecha moderada a los extremistas y, durante la República, se había mantenido alejado de cualquier implicación política subversiva.

Mientras que Azaña había tomado parte en la insurrección revolucionaria de 1930, se había afanado por anular los resultados electorales en 1933 y se había implicado en diversas maniobras encaminadas a desbaratar el normal funcionamiento del Gobierno parlamentario en 1934, Franco no había hecho otra cosa que solicitar a las autoridades constitucionales la imposición de la ley marcial para controlar los desórdenes que se produjeron en febrero de 1936. El 23 de junio escribió a Casares Quiroga para informarle de que el ejército seguía siendo leal (una apreciación en esencia correcta en aquel momento) e instarle a que modificase su política. El 12 del mismo mes comunicó a Mola que todavía no había llegado el momento de rebelarse y que no estaba dispuesto a unirse a su causa, pero parece ser que, a la mañana siguiente, la noticia del asesinato tuvo el decisivo efecto de convencer a Franco de que no rebelarse sería aún más peligroso que hacerlo. De manera inmediata, despachó un nuevo mensaje en el que afirmaba estar definitivamente comprometido con la sublevación, la cual no debía retrasarse.

Muchos años más tarde, en un discurso pronunciado en 1960, Franco se preguntaba si la sublevación habría triunfado de no ser por el asesinato. El 15 de julio de 1936, a la vista de la insistencia categórica de los carlistas navarros, su líder nacional comprometió sin reservas todas sus fuerzas con la causa de la rebelión, como ya habían hecho los falangistas con anterioridad, y en muchos cuarteles arreció el apoyo hacia la misma.

El levantamiento del ejército comenzó sin un programa definido, salvo unas vagas directrices recogidas en anteriores memorandos de Mola. Tanto la Falange fascista como los carlistas tradicionalistas, principales colaboradores de los militares, se vieron incapaces de imponer sus propios criterios políticos. La única excepción fue la promesa hecha a los carlistas de garantizarles el control de las instituciones gubernamentales de Navarra, al menos durante un tiempo.

Muchas de las proclamas originales de los jefes rebeldes contenían la frase «¡Viva la República!», lo que, por supuesto, no significaba la del Frente Popular, sino una mucho más de derechas, cuyas instituciones hubieran sido objeto de una drástica reforma y una estructura semiautoritaria, algo muy parecido al «Estado Novo», la república del profesor Salazar en el vecino Portugal. No se trataba de un proyecto «fascista», pero el rápido desarrollo de una guerra civil revolucionaria tuvo un efecto radicalizador en ambos bandos. La zona republicana se convirtió en revolucionaria por completo, mientras que la nacional, con Franco, se inclinó hacia la derecha radical y su propio y contradictorio tipo de «fascistización» desde octubre de 1936 en adelante.