1. La policía había conseguido detener a dieciséis dirigentes de ETA, los más importantes, en el momento en que esta organización tenía en su cuenta tres asesinatos —los primeros de una lista que, en el próximo decenio, con Gobiernos muy opuestos al franquismo, crecería estremecedoramente—, numerosos asaltos a entidades bancarias y empresas, extorsiones y actos de terrorismo y bandidaje en nombre de la independencia de una parte del territorio nacional. Uno de los asesinatos, el de un taxista ajeno a cualquier conflicto político, revestía aspectos de especial alevosía. El proceso fue encomendado a la jurisdicción militar porque, aparte de la acusación de asesinato que pesaba sobre seis de ellos, el crimen fundamental que se atribuía era de terrorismo y rebelión armada con ánimo de destruir la unidad de la Patria. Siendo sacerdotes dos de los acusados, se aplicó en su caso la condición de secreto prevista en el concordato.
Por los lugares en donde se habían cometido los delitos, fue la Capitanía general de Burgos encargada de constituir el tribunal y de confirmar luego la sentencia. El capitán general de Burgos, Tomás García Rebull, era conocido como riguroso. El proceso iba a revelarse como un difícil trance para el Régimen, que tendría que demostrar si estaba en condiciones de acabar con el terrorismo. Toda la izquierda
La europea se movilizó en favor de los reos, y aquellos mismos que diez años más tarde clamarían contra la insensata crueldad de los asesinos, se esforzaron en presentar a éstos como héroes que luchaban por la libertad. Fotografías obtenidas en el patio de la cárcel y convenientemente manejadas, se repartieron en toda Europa. Se movilizaron también todos los abogados de la izquierda —entre ellos Peces Barba, Letamendía, Solé Barberá y Bandrés— a fin de proporcionar a los acusados cobertura jurídica.
Sobre todo se dispusieron conexiones abundantes en el extranjero para repetir y ampliar, si era posible, las manifestaciones de Ferrer Guardia o de Grimau. Los Partidos comunistas y socialistas europeos se declararon a favor de ETA: una sentencia grave, como la que sin duda tendría que pronunciar el tribunal de Burgos, dadas las pruebas acumuladas, eliminaría de golpe las perspectivas del aperturismo, forzando una repulsión contra España en todos los ambientes. Los argumentos que el socialismo emplearía contra el terrorismo en 1983 estaban invertidos en 1970. Por eso un sector importante del Gobierno español se mostraba radicalmente opuesto al proceso y pretendía que en él no se pronunciasen penas de muerte.
2. El 21 de noviembre de 1970 los obispos de Bilbao y de San Sebastián publicaron una pastoral ambigua en la que pedían que los juicios se celebrasen ante tribunales civiles —lo que equivalía a eliminar la acusación de rebelión armada contra la unidad de la Patria— y que, en todo caso, el Gobierno usase de clemencia para no pronunciar sentencias de muerte. En el documento se establecía una igualdad entre «la violencia subversiva y la represiva» que dejaba en mal lugar a la policía y prácticamente —aunque no era ésta ni mucho menos la intención de los prelados— atribuía a los terroristas el monopolio en la aplicación de penas de muerte. El documento apareció en la prensa, a la que se exigió que simultáneamente publicase una nota del Ministerio de Justicia en que éste se lamentaba de que se hubiese puesto a los delincuentes y sus jueces en pie de igualdad.
Los obispos firmantes de la carta contaban con el respaldo del Vaticano que, a través del nuncio, había hecho una gestión semejante. El 1 de diciembre monseñor Dadaglio presidía junto a Morcillo, ya muy enfermo, la XIII Asamblea plenaria del episcopado español, la cual acordó respaldar plenamente la carta de Cirarda y Argaya, y presentar al Gobierno una nota «pidiendo la máxima clemencia» en el caso de Burgos, pero «haciendo constar que, en ningún caso y por ningún título quiere entorpecer la acción de la justicia».
La nota escondía sin embargo un incidente grave que se mantuvo secreto: un grupo de 23 obispos, encabezados por Guerra Campos, había presentado un documento denunciando las injerencias en asuntos temporales y reclamando de la Asamblea una estricta atención a sus deberes espirituales, documento que la presidencia se había negado a leer. En el sistema horizontal de las Conferencias episcopales las minorías eran reducidas a silencio.
Antes de que Morcillo, presidente, y Guerra, secretario, entregasen la nota, se supo que un comando etarra, dirigido por Juan José Etxabe, había secuestrado al vicecónsul alemán en San Sebastián, Eugenio Beihl, que fue trasladado a territorio francés y retenido en calidad de rehén. Añadieron entonces un último párrafo en el que, en nombre de la Conferencia, ésta «apela a la conciencia de los responsables del hecho para que liberen a esta persona inocente y no quieran introducir en nuestro país tan reprobables métodos de violencia». Como puede suponerse, los secuestradores no hicieron el menor caso.
Ese mismo día, cuando faltaban cuarenta y ocho horas para el comienzo del proceso, el Ministro de Información y Turismo pasó a Franco una nota acerca del estado de la opinión pública. Los militares —decía— quieren que se haga un escarmiento. El clero vasco lo está utilizando como medio de agitación y es posible que monseñor Cirarda publique una nueva pastoral, moderada en la forma pero distanciándose de la Conferencia episcopal. En cambio la Hermandad sacerdotal apoyará en todo caso al Gobierno. Actuando un poco como portavoces de socialistas y comunistas, Tier-
3. El aspecto más preocupante para Franco fue, sin duda, la división interna que se apreciaba. El 1 de diciembre el general García Valiño, uno de los héroes de la guerra civil, escribía a García Rebull quejándose de que se encomiendara al Ejército este juicio. «No es prudente utilizarle en disminuir y juzgar hechos para los cuales todo Estado de Derecho tiene previstos y creados los órganos adecuados». Aludía a su propia posición en cuanto Capitán General de Madrid durante el juicio de Grimau: «la ejecución de la pena de muerte que le fue impuesta creó un ambiente nacional enrarecido y luego contrario al Ejército». Acababa proponiendo «la suspensión de su celebración hasta que el más alto tribunal de justicia ratifique o rectifique la competencia de la actuación excepcional de la intervención de la jurisdicción castrense»; de este modo quedaría «probado que nosotros no absorbemos atribuciones que podría tener la justicia ordinaria, sino que nuestra intervención es obligada por resolución de la propia justicia». De hecho esto se hizo: el 10 de diciembre el Tribunal Supremo confirmó la competencia de la justicia militar en el caso de que se trataba. El almirante Pedro Nieto Antúnez y el teniente general Manuel Coco Rodríguez coincidieron en pedir mano dura.
La carta de García Valiño fue publicada, y junto con la pastoral de los dos obispos vascos y con la nota de la Conferencia episcopal, sirvió para atizar las llamas: el arzobispo de París, Marty, dijo que en el proceso no se estaban respetando los derechos humanos y que no bastaba con pedir clemencia, sino respeto a la justicia. Esto era precisamente lo que pedían los jueces. El proceso se había convertido en un espectáculo increíble en que los acusados insultaban a los jueces, se gloriaban de las acciones cometidas y en una ocasión, aun estando esposados, trataron de agredir a los jueces. Letamendía explica en su libro que no estaban dispuestos a defenderse sino a acusar. Los trescientos «intelectuales catalanes» encerrados en Montserrat, que encabezaba Miró, se solidarizaron con ETA «por defender los derechos nacionales del pueblo vasco». Un comando pretendió apoderarse de un repetidor de televisión en la provincia de Burgos y leer un comunicado, que la policía impidió. El 9 de diciembre el tribunal cerró las conclusiones declarando el proceso visto para sentencia: el fiscal solicitaba nueve penas de muerte para seis acusados, otras penas diversas para otras nueve personas y la absolución de una mujer. Transcurrieron veinte días, interminables, antes de que se hicieran públicas las sentencias.
4. Varios indicios demuestran cuál fue la intención preconcebida de Franco en este tema. El 4 de diciembre se había decretado el estado de excepción en Guipúzcoa para facilitar las acciones de la policía. El 14, cuatro capitanes generales, de Burgos, Madrid, Barcelona y Sevilla, se reunieron en Madrid y después de cambiar impresiones acudieron a El Pardo para pedir a Franco que hiciese frente a la situación con mano dura. Pero ya éste había solicitado del Ministerio de Justicia un informe acerca del modo cómo el Jefe del Estado puede ejercer el derecho de gracia en relación con este proceso.
Después de su entrevista con los Capitanes Generales convocó a sus ministros a una reunión breve, a la que asistió el Príncipe de España, pero no López Bravo ni López Rodó, en la que se decidió, también en beneficio de las investigaciones policiales, la suspensión del artículo 18 del Fuero que limitaba a 72 horas la detención gubernativa, ampliándola a seis meses de plazo.
Mientras se iniciaban las manifestaciones en el extranjero, que pretendían convencer a todo el mundo de que en España una sangrienta dictadura se aprestaba a ahogar el patriótico movimiento de unos luchadores por la libertad, en Madrid se producía, el 17 de diciembre de 1970, un acto popular de adhesión a Franco. Más de medio millón de personas se reunían en la Plaza de Oriente. Numerosos telegramas y cartas de adhesión se recibieron en El Pardo.
El 21 de diciembre el almirante Carrero Blanco pronunció en las Cortes un discurso en el que actuaba más como presidente que como vicepresidente del Gobierno. La frase clave era una promesa —desde su convicción predispuesta de antemano al indulto— hecha a los que reclamaban mano dura: «que todos estén seguros de que cualquier foco de subversión será totalmente desarticulado». El terrorismo no es una consecuencia de circunstancias internas, sino de la estrategia que el comunismo sigue de suscitar múltiples guerras simultáneas o consecutivas y enlazadas: la ETA es, tan sólo, una fracción más de ese ejército subterráneo, presente en todo el mundo y puesto al servicio de la URSS. Esta tesis provocó el aplauso de la Cámara.
El día 26 el vicecónsul secuestrado apareció sano y salvo en Wiesbaden; no se publicaron las circunstancias y condiciones de su liberación. El 27 de diciembre García Rebull confirmó la sentencia, que fue publicada al día siguiente: seis acusados eran condenados a muerte. En casi todas las capitales europeas, en donde ninguna condolencia se publicara por las víctimas del terrorismo, se alzaron fuertes clamores en favor de los terroristas. Un portavoz del Vaticano expresó que la noticia había sido recogida con «honda emoción».
5. Laureano López Rodó cuenta cómo él mismo se presentó en casa de Carrero Blanco para hablar de este tema. El almirante era partidario del indulto porque la ejecución de las sentencias sería caer en una trampa. El Ministro argumentó que había que evitar que se ennegreciera la figura de Franco. Tres años después, día por día, la ETA procedería al asesinato de Carrero, sin preocuparse de trampas ni de sentimientos. Tampoco entonces se alzaron las voces de condena. De antemano estaba decidida, por tanto, la no ejecución de las sentencias; pero Franco procedió con cautela porque era consciente de que la clemencia podía ser interpretada como debilidad y lograr un efecto contraproducente. Permaneció sordo ante las peticiones del exterior y se mostró hermético para con sus propios colaboradores. No era él, sino el Gobierno, quien estaba llamado a decidir.
El 29 de diciembre convocó a su Gobierno y escuchó las opiniones. La mayor parte de los Ministros, incluyendo los tres militares, Castañón, Salvador y Baturone, se inclinaban en favor del indulto. No era sorprendente: había muchos sectores del Ejército que se sentían molestos de que se le hiciese jugar el papel de duro. Franco escuchó, no comunicó todavía su decisión, pero los presentes comprobaron que escuchaba las opiniones con evidente alivio. Aquella misma tarde, de acuerdo con el dictamen del Ministro de Justicia, convocó al Consejo del Reino y también recabó su opinión. Al día siguiente, cumplidas las cuarenta y ocho horas, el Capitán General de Burgos confirmó la sentencia. Ahora el tiempo apremiaba, pues, pasadas doce horas, se debe proceder a la ejecución. Los Ministros son convocados a El Pardo a las cinco de la tarde. Franco anuncia que, de acuerdo con sus consejos, ha decidido conmutar las sentencias de muerte por sus inmediatas inferiores a 30 años. Hubo sensación de alivio y significativas felicitaciones.
6. Franco anunció el indulto a los terroristas en su discurso de fin de año, que la radio y la televisión transmitieron aquella misma noche. El discurso era moderadamente largo y se refería a muchas otras cuestiones, en cuyo contexto se justificaba precisamente la decisión que acababa de tomar. Los años que llevaba al frente del país le aparecían como una época de progreso. «Nuestro pueblo es cada vez más rico y próspero en lo material, como es visible; pero al mismo tiempo se hace más culto, más prudente y más equitativo. Disminuyen progresivamente las injustas diferencias sociales, se eleva el nivel cultural y espiritual de la gran masa de nuestros compatriotas, y España entera, lo sabemos firmemente, forma una sociedad mucho mejor que la que conocimos y a la que hemos entregado, con un sentido filial y a la vez fraternal, lo mejor de nuestra vida». Pero estos esfuerzos han conducido a un resultado importante: «España constituye un Estado de derecho cuya acción política se ordena al bien común y, en defensa de éste, no regatearemos cuantos esfuerzos y sacrificios sean necesarios para combatir la pasión y la violencia de cualquiera que intente perturbar la pacífica convivencia de los españoles».
Aludiendo a las decisiones de la Conferencia episcopal, se manifestó, como siempre, desde el plano de su catolicismo militante, pero reclamando el respeto a la esfera de lo temporal. «La Iglesia Católica y el Estado constituyen dos poderosas fuerzas vitales que coinciden en el propósito de promover la perfección del hombre y su bienestar espiritual y material. Sus finalidades no pueden contradecirse, porque ello produciría una lamentable crisis social… En último término lo que todos deseamos es la consolidación de la paz cristiana dentro de nuestras fronteras y contribuir con ella a la gran empresa de la pacificación del mundo».
Reunió en un solo argumento la defensa de las dos grandes reformas emprendidas, la Ley de Educación y la Ley Sindical. «Una de las bases de esta reforma es, a mi juicio, la Ley de Educación que han elaborado recientemente las Cortes españolas, y en cuyo cumplimiento viene poniendo el Estado medios cuantiosísimos para asegurar a todos los españoles el pan de la cultura, tan necesario o más que el alimento». Pero agregó: «no deja de causar tristeza ver a una pequeña parte de algunas Universidades convertidas en juguetes de mecanismos ideológicos absolutamente al margen de la auténtica problemática estudiantil». Respecto a los Sindicatos dijo que «la experiencia nos lleva a mejorar cada vez más sus estructuras mediante el proyecto de Ley Sindical que se está discutiendo ahora con tanto celo en las Cortes. Se trata de ampliar los cuadros de la representación y de la autenticidad… sin perder los beneficios de la unidad sindical».
Una vez más, Franco hizo la alabanza de la unidad. Pero «esto no quiere decir que proclamemos dogmáticamente la unidad de opiniones y pareceres… Lo que no puede admitirse es que esa discrepancia se traduzca en acción de violencia, que la ley condena y que no estamos dispuestos a tolerar». Desde ahí, desde la fortaleza de un Régimen que consideraba ya suficientemente consolidado, explicó la decisión. «Las clamorosas y multitudinarias manifestaciones de adhesión que habéis rendido en los últimos días no solamente a mi persona sino al Ejército español y a nuestras instituciones, ha reforzado nuestra autoridad en tal modo que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de la gracia de indulto de la última pena, pese a la gravedad de los delitos que el Consejo de Guerra de Burgos, con alto patriotismo, juzgó»
7. Por razones distintas, amplios sectores de apoyo al Régimen se mostraron muy satisfechos: se había dado una prueba más de condescendencia y se garantizaba, en relación con el Príncipe, cierta sensibilidad a las opiniones europeas. Desconcertó el indulto en cambio a muchos de los que en el exterior preparaban ya grandes manifestaciones, obligándoles a demorarlas y a cambiar de conducta: durante varios meses quedó una reliquia de propaganda que insistía en presentar a los condenados como brillantes luchadores y al Régimen como siniestro y opresivo. Según López Rodó hubo otros sectores que no se mostraron igualmente satisfechos, y sostiene que hubo cierto proyecto de promover, dentro de las Cortes y a través de su presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, una protesta contra la debilidad del Gobierno. En términos generales los historiadores más favorables al Régimen consideran el indulto como uno de los aciertos mayores de Franco. En cuanto persona, no cabe duda: demostró su voluntad de ser clemente.
Pero Letamendía, en el libro que dedica a la Historia de su propio grupo bajo el seudónimo de Ortzi, apunta a una solución distinta. ETA salió triunfante del proceso de Burgos pues el Gobierno había demostrado su incapacidad para extirpar con rigor el movimiento terrorista. Ninguna sentencia de cárcel podía asustar a quienes esperaban para un plazo corto la victoria que les liberara y entregase el poder. Con su agresiva afirmación ante los jueces evitaba también que el indulto —suplicado de hecho e insistentemente por algunos de sus familiares— pareciese fruto de un arrepentimiento. De hecho la ETA seguiría matando a sus enemigos; y lo que se había proyectado como un proceso público que revelase su verdadera naturaleza, se convirtió en el punto de partida para su reconstrucción.
Algunos militares mostraron, por esta causa, irritación más que profunda. El 8 de enero de 1971 el general Fernando Rodrigo Cifuentes, gobernador militar de Granada, ante un grupo de excombatientes se mostró muy duro con el Opus Dei, al que calificó de «masonería blanca», y con la Iglesia en general, llegando a decir que le parecía que el Evangelio era un libro subversivo. Y todo ello para atacar al Gobierno por su debilidad al conceder los indultos. En 1971 ocho tenientes generales pasarían a la reserva. Pero Franco seguía confiando en los viejos subordinados, los enérgicos compañeros de armas: Tomás García Rebull sería nombrado poco después Capitán General de Madrid, mientras Carlos Iniesta Cano se hacía cargo de la Dirección de la Guardia Civil.
