Persecución religiosa, asesinato de miembros del clero y destrucción de templos durante la Guerra Civil Española.
Uno de los aspectos más sorprendentes de los horrores de la guerra española fue el ataque de los revolucionarios a la Iglesia católica y su clero. A menudo, los analistas han señalado que este hecho tuvo sus motivaciones (lo que resulta obvio), pero en España la virulencia del anticatolicismo fue, a la vez, extremada y única, hasta el punto de que en ocasiones los comentaristas católicos se han referido a ella como «la mayor persecución religiosa de la Historia» o al menos de la historia occidental, calificación esta que sí sería correcta.
En la historia islámica se han producido numerosas persecuciones religiosas, pero eran más generales y afectaban a todos los cristianos, no sólo al clero. La limpieza étnica a la que los turcos sometieron a los armenios en 1915-16 pretendió el exterminio de todos los cristianos, no sólo de los sacerdotes, e igual ocurrió con el asesinato masivo de cristianos en el último imperio persa o de católicos en Japón en el siglo XVII. En España, desde luego, los revolucionarios pretendían reprimir a todos los católicos, no sólo a sus religiosos, por lo que también se asesinó a miles de laicos, en ciertos casos debido a su religión, pero nunca existió una política revolucionaria orientada al exterminio de los católicos en general.
Por ello, la persecución a la que se vio sometido el clero español debe examinarse a la luz de la perspectiva comparativa de las revoluciones modernas en general y de los regímenes anticatólicos y radicales de principios del siglo XX más específicamente. La fase jacobina de la Revolución Francesa acabó con la vida de unos 2.000 sacerdotes, lo que representa menos de un tercio del número de los asesinados en España y, dado que el número de curas en ambos países en el momento de su persecución no difería mucho, es evidente que la ferocidad que demostraron los revolucionarios españoles fue mucho mayor. Durante la Revolución Rusa y su guerra civil se asesinó a un gran número de clérigos, pero resulta difícil hallar estadísticas exactas a este respecto por lo que la mayor parte de los historiadores se basan en estimaciones imprecisas. Es probable que el total de sacerdotes asesinados en Rusia superase a los españoles, pero no está claro si la proporción fue la misma en los dos países, porque en Rusia había más religiosos. La persecución sufrida en México, tanto durante la revolución mexicana como después de ella, también fue extensa, con gran número de muertes. Muchos sacerdotes murieron asesinados, pero también aquí las víctimas entre los católicos laicos en general fueron muy superiores, sobre todo entre los llamados «Cristeros», sin que se produjese una matanza específica de religiosos. Por lo tanto, es posible que, en conjunto, la muerte de casi 7.000 miembros del clero (la mayoría de ellos en un lapso de meses) suponga la masacre más extensa y concentrada de clérigos cristianos de la que se tienen registros históricos.
La furia revolucionaria encarnó la forma más extrema del creciente anticlericalismo presente en los países católicos que había nacido en el siglo XVIII y alcanzado su punto álgido en la primera mitad del XX. Es habitual explicarlo en términos de una reacción de la sociedad en fase de modernización frente al lugar dominante que el catolicismo había venido ocupando en la sociedad y cultura tradicionales. Los liberales decimonónicos pretendieron reducir el papel institucional de la Iglesia y, en especial, sus propiedades, que fueron confiscadas en casi todos los países católicos. El anticlericalismo de la izquierda radical resultó ser mucho más violento al considerar a la Iglesia y sus sacerdotes como el «cerebro» y el «alma» de la sociedad tradicional que los radicales intentaban destruir. Mutatis mutandis, todos los revolucionarios de izquierda de cualquier país estaban de acuerdo en ello, aunque sus políticas efectivas fueran diferentes. Bruce Lincoln ha definido este fenómeno de terror anticlerical en España como «antinomismo milenario», expresando así la absoluta sensación de liberación de toda norma, ley o moralidad de los revolucionarios conforme procedían a destruir las raíces del Antiguo Régimen y a implantar su nueva utopía milenaria. El terror anticlerical no fue tanto la expresión de una oposición a la religión como la expresión de unas nuevas religiones seculares, políticas y totalmente novedosas: jacobinismo, anarquismo o marxismo-leninismo.
El anticlericalismo extremo empezó a cristalizar en España a principios del siglo XX, aunque debe tenerse en cuenta que su primer gran estallido, durante la Semana Trágica barcelonesa de 1909, se dirigió más contra las propiedades de la Iglesia que contra los propios clérigos; sin embargo, el gran avance que para la izquierda supuso el advenimiento de la Segunda República convirtió al anticlericalismo más violento en moneda común. La quema de conventos de mayo de 1931 no fue sino una repetición de los acontecimientos de 1909 en un entorno geográfico distinto, y aunque los ataques a las iglesias siguieron siendo esporádicos durante gran parte de los años republicanos (salvo en 1935), se convirtieron en el rasgo dominante de los múltiples desórdenes acaecidos en la primavera de 1936, en los que los numerosos incendios provocados estuvieron acompañados por la confiscación ilegal de una gran cantidad de propiedades eclesiásticas. En conjunto, los datos de que se dispone indican que, en 1931, al menos 101 propiedades de la Iglesia sufrieron ataques, 15 en 1932, 70 en 1933, 25 en 1934, 2 en 1935 y 208 en los primeros meses de 1936. No obstante, el asesinato directo de sacerdotes en Asturias surgió como un nuevo rasgo de la insurrección de 1934, estimulado por el subsiguiente e intenso brote de propaganda incendiaria, que alcanzó su máxima cota en 1936, con lo que el clero pasó a ser, de una forma casi inevitable, el principal blanco de la violencia revolucionaria.
Dado que era más sencillo identificar a los sacerdotes que a la población común, los datos relativos a la muerte de aquéllos son más completos y precisos que los que se disponen para otros aspectos de la represión. La Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939, de Antonio Montero Moreno, publicado en 1961, constituye el estudio clásico, un trabajo que puede considerarse definitivo, aunque posteriores investigadores hayan añadido algunos detalles nuevos. Apenas corregida gracias a las indagaciones de Ángel David Martín Rubio, la lista de víctimas es la siguiente:
Sacerdotes seculares: 4.022
Religiosos: 2.376
Religiosas: 282
Seminaristas: 95
Obispos: 12
Administrador apostólico: 1
Esto supone un total de 6.788, casi un 10 por ciento de todos los clérigos y un porcentaje claramente mayor de todos los obispos, religiosos y seglares. Dado que, con frecuencia, se perdonó la vida de las monjas, el número de muertos asciende a más del 20 por ciento de todas las categorías de integrantes masculinos del clero.
El mayor número de asesinatos tuvo lugar, como cabría esperar, en las provincias de Barcelona (1.030) y Madrid (1.009), aunque también fueron numerosos en las de Valencia (575), Huesca (359), Castellón (353), Toledo (329) y Tarragona (327), una distribución geográfica que demuestra la mano de los anarcosindicalistas, pero sin descartar la participación de otros movimientos revolucionarios. Pese a que las estadísticas de asesinatos fueron en especial elevadas en algunas provincias, se extendieron por toda la zona republicana, concentrándose, al igual que las ejecuciones en general, en los primeros meses y continuando en menor número durante toda la guerra. Por ejemplo, en febrero de 1937 sólo se acabó con la vida de 8 sacerdotes y, a finales de 1938 apenas tuvieron lugar algunos asesinatos aislados en Cataluña y Madrid. La última de las víctimas murió en El Escorial el 27 de marzo de 1939, cuando la guerra ya tocaba a su fin. Pese a que con frecuencia se tachó a la Iglesia de reaccionaria, muchos de sus miembros más progresistas, muy activos en el terreno social, se convirtieron en el blanco preferido de los revolucionarios, que los veían como competidores.
No sólo se ejecutó a un gran número de sacerdotes, sino que se les sometió a ritos especiales de humillación y tortura de los que, en general, se libró la mayor parte de las víctimas de los revolucionarios. Julio de la Cueva ha señalado que mientras que a la mayor parte se le fusiló (práctica común en ambos bandos), «a otros se les ahorcó, ahogó, estranguló, se les quemó o enterró vivos». En numerosas ocasiones, las víctimas sufrieron torturas, muchas veces de forma sorprendentemente sofisticada. Las burlas, los insultos, las blasfemias y forzarles para que blasfemaran formaban parte frecuente de la tortura, que también podía incluir el obligar a las víctimas a desnudarse, así como golpearlas, cortarles, despellejarles o mutilarles. En los casos de mutilación existió una morbosa fijación con los genitales… Todos estos «ritos de violencia» ejercidos sobre los sacerdotes contribuyeron a deshumanizar a aquéllos cuya humanidad estaba en entredicho hacía tiempo debido a su discurso anticlerical y, al mismo tiempo, a facilitar las condiciones para «una masacre libre de culpa». La combinación de referencias culturales y sexuales, violencia ritualizada y humillación de las víctimas (que ya no eran seres humanos, sino animales) alcanzó su mayor expresión al tratar a los sacerdotes como a cerdos en el matadero o toros en la plaza. En definitiva, y con independencia del modo en que murieran, era frecuente que se arrastrasen los cadáveres por las calles, se les expusiera en lugares públicos o se les profanase de muy diversas maneras.
En contadas ocasiones se sometió a las restantes víctimas de los revolucionarios a tal profanación pública de sus cadáveres, pues se trataba de una expresión especial de su sacrofobia.
Además del asesinato de sacerdotes, se produjo una ola masiva de destrucción y vandalismo en iglesias y propiedades eclesiásticas que supuso la desaparición de obras de arte de valor incalculable que no sólo eran patrimonio de la Iglesia, sino parte del tesoro cultural de todos los españoles. Semejantes estragos sólo fueron la cara más visible del gran volumen de saqueos y pillajes que tuvo lugar en la mayor parte de la zona republicana, un rasgo habitual en las revoluciones más violentas. La matanza de miembros del clero, la destrucción de iglesias y de arte religioso y los elaborados rituales sacrílegos que, al principio, se llevaron a cabo en la mayoría de las ciudades de la zona republicana no fueron tan sólo actos de destrucción carentes de sentido, sino la expresión del propósito fundamental de suprimir el cristianismo para sustituirlo por las nuevas religiones políticas y revolucionarias.
La izquierda censuraba a los líderes de la Iglesia por su intenso apoyo a los nacionales, así como por su escaso interés por limitar la ferocidad de éstos. La jerarquía eclesiástica fue incapaz de mantener un espíritu de ecuanimidad a la vista de la brutal persecución izquierdista pese a que, quizá, su responsabilidad pastoral y cristiana le debió inclinar a ello. Enfrentados al ataque más violento y salvaje de la historia no sorprende que los dirigentes de la Iglesia se comprometieran cada vez más con el bando que les brindaba protección y apoyo; los obispos no fueron santos, sino líderes prácticos.
El primer plan político de Mola fue mantener una República en la que siguiera existiendo una separación entre Iglesia y Estado y, en la mayor parte de la zona nacional, tal fue el plan con que se inició la rebelión militar, aunque la tónica varió muy rápidamente. Enseguida estuvo claro que la línea divisoria en la Guerra Civil era más religiosa incluso que política y las autoridades militares mostraron una deferencia cada vez mayor hacia la Iglesia y las expresiones del sentir católico. A mediados de septiembre de 1936, Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona (donde el apoyo a los nacionales era más fervoroso y ultracatólico), fue el primero en calificar de manera pública a la contienda como «cruzada», un término que, después, pasó a ser oficial, no en el seno de la Iglesia, sino en el del régimen de Franco. Por fin, en mayo de 1937, todos los miembros de la jerarquía eclesiástica que no habían sido asesinados por los revolucionarios, excepto cinco, dieron su aprobación a la causa franquista en su Carta Colectiva. De los cinco obispos que se negaron a firmarla, cuatro eran vascos y catalanes.
En la Carta Colectiva se negaba específicamente que los católicos se hubiesen embarcado en «cruzada» alguna, señalando, por el contrario, que la Iglesia siempre había obedecido las leyes de la República, las mismas que los antiguos republicanos habían ignorado. Ante la enorme violencia y destrucción ejercidas por los anticlericales, los dirigentes religiosos declararon su apoyo a la fe de los insurgentes, los cuales luchaban en una guerra justa según los principios católicos tradicionales.
El propio Vaticano hubiera preferido una postura más neutral que, pese a la persecución masiva, habría resultado ser la más adecuada para la jerarquía religiosa española. Dado que el papa Pío XI ya se había pillado los dedos en sus relaciones con Hitler, mostró bastante cautela y escepticismo hacia el nuevo régimen de Franco, pero el impacto de la Carta Colectiva fue considerable y, en septiembre de 1937, el Vaticano nombró a un representante oficioso ante el régimen franquista.
De ahí la importancia de los nacionalistas vascos católicos, cuya presencia en las filas republicanas se dejó sentir a partir de septiembre de 1936. Durante el resto de la guerra, un nacionalista vasco ocuparía una cartera ministerial en el Gobierno de la República, de tal forma que, ante la opinión pública, ésta incluía a un representante católico. Esta especie de disfraz no llegó a engañar a nadie, pero posibilitó que los vascos negociaran con el Vaticano desde una posición prorrepublicana, desalentando su apoyo oficial a Franco y ello a pesar de que en la función real de la diplomacia vasca a lo largo de todo el conflicto hubo más de intercesión especial a favor del nacionalismo que de leal apoyo a la causa republicana.
La representación vasca en el Gobierno tuvo poco éxito a la hora de modificar la política republicana hacia la Iglesia. El 9 de enero de 1937, Manuel de Irujo, ministro sin cartera en el Gobierno de Largo Caballero, presentó ante sus colegas un memorándum en el que destacaba que «la opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión la conducta del Gobierno de la República, que no ha impedido los acusados de violencia y que consiente en que continúen», calificando el violento anticlericalismo de «sistema verdaderamente fascista» que «ya no es obra incontrolada» pues los organismos oficiales del Estado participaban en el mismo. Pidió el fin de los arrestos y de la profanación de los edificios religiosos, así como la libertad de culto, al menos en la intimidad de los hogares, pero no obtuvo el apoyo de ningún otro ministro.
Incluso una vez que Irujo asumió la cartera de Justicia en el Gobierno Negrín, sólo pudo lograr la liberación de unos pocos sacerdotes. Puesto que el Vaticano no había roto de manera oficial sus relaciones con el Gobierno republicano, se le permitió que iniciara negociaciones a título personal para mejorar las relaciones con Roma, aunque no se le autorizó a ofrecer ninguna contrapartida. La única concesión fue la libertad de culto privado y esto tan sólo para los nacionalistas vascos. Sólo a mediados de 1938 manifestó Negrín algún interés por el cambio en la política religiosa, cuando ya parecía que la República estaba a punto de perder la guerra, pero este gesto, encaminado a salvar la situación, no produjo cambio sustancial alguno en la política republicana.
Una de las más célebres causas vascas fue la protesta por la ejecución, a manos de los insurgentes, de 14 curas en Guipúzcoa, todos ellos importantes dirigentes y portavoces del movimiento nacionalista, rápidamente juzgados por los tribunales castrenses y ejecutados por los nacionales en 1936. Éstos encausaron a los curas guipuzcoanos según el procedimiento habitual de la represión, no porque fueran sacerdotes, sino debido a su papel dentro del nacionalismo. Franco ordenó el inmediato fin de tales ejecuciones, pero, a pesar de ello y tras la caída de Bilbao, se ajustició a otros dos clérigos, ambos destacados nacionalistas. Por su parte, los nacionalistas vascos tampoco lograron proteger a los sacerdotes en su propio terreno y los revolucionarios asesinaron a 14 de ellos en Guipúzcoa y a otros 41 en Vizcaya.
Aunque reducir el conflicto español a una guerra de religión sería simplificar muchísimo la situación, la religión se convirtió en el factor fundamental, tanto moral como espiritual, a la hora de apoyar la causa de los nacionales en la guerra. El catolicismo, mucho más que el falangismo fascista, proporcionó la base ideológica para una gran parte de quienes combatían junto a Franco, llegando a ser uno de los pilares fundamentales del nuevo régimen. Sin él, el nuevo sistema habría carecido de gran parte de su apoyo social y, desde luego, habría perdido mucha de su convicción moral.
La línea divisoria religiosa también estuvo presente, aunque en un grado algo menor, en la división internacional de opiniones. En Irlanda, la única democracia occidental en la que la gran mayoría de la opinión pública dio su apoyo a Franco, predominó la cuestión religiosa y lo mismo ocurrió en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, mientras que la opinión pública en general respaldaba a los republicanos, los católicos defendían con ardor a los nacionales.
Por ello, la Guerra Civil, al tiempo que infligió un gran daño a la Iglesia y sus sacerdotes, hizo renacer al catolicismo. En 1939, la Iglesia recuperó una posición más favorable incluso que aquélla de la que había disfrutado con Alfonso XIII, pues el régimen franquista le manifestó su agresivo apoyo de muy diversas formas; sin que por ello dejara de excluir celosamente cualquier iniciativa de la jerarquía eclesiástica en el terreno gubernamental. El renacimiento del catolicismo en el seno de la cultura y la sociedad española comenzó durante la guerra y alcanzó su máxima expresión en la siguiente generación, durante los años cuarenta y cincuenta, llegando a ser el más amplio de todos los experimentados por el cristianismo tradicional occidental en el siglo XX.
