Montaje alegórico sobre la crisis política de la Transición, las propuestas de un gobierno de concentración y los acontecimientos del 23 de febrero de 1981.
La operación especial 23-F jamás se hubiera llevado a cabo sin el apoyo y la voluntad decidida de dos factores que resultarían determinantes para su puesta en marcha: el completo conocimiento y la aquiescencia a dicha operación de Su Majestad el Rey Juan Carlos —«¡A mí dádmelo hecho!»—, de un lado y, de otro, sin la expresa y activa participación del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno de concentración nacional que el general Alfonso Armada Comyn intentó presentar a los líderes de los diferentes partidos políticos y diputados del Parlamento la noche del 23 de febrero de 1981. En dicho gobierno, del que Armada sería presidente —«¡los socialistas me votan!», le diría seguro de sí mismo al secretario del rey, Sabino Fernández Campo, instantes antes de dirigirse al Congreso, con autorización de Zarzuela, para hacer su propuesta—, figuraba como vicepresidente Felipe González, secretario general del PSOE, junto a otros miembros destacados de la izquierda socialista y comunista.
No voy a insistir en este artículo en que el 23-F no tuvo nada que ver con un golpe de involución, ni que fue un intento de regresión hacia un tardofranquismo deseado por una rehala de delirantes militares golpistas y de algunos pequeños políticos ya amortizados, que añoraban un reciente pasado de dictadura, de régimen autoritario, porque eran reacios a aceptar un sistema de libertades, de participación plural y de democracia estable. No, nada de eso fue el 23-F. Algo que ha quedado suficientemente expuesto, y creo que probado, en mi último ensayo 23 F, el Rey y su secreto, y en mi trabajo anterior de investigación 23 F: El golpe del Cesid, mucho más descriptivo en los hechos que llevaron a los responsables del servicio de inteligencia, a algunos políticos y a algunos militares, a poner en marcha y ejecutar aquella operación especial del sistema, tramada desde dentro del sistema y sobre el sistema, para la corrección del propio sistema.
Lo que interesa reseñar en este trabajo es que una vez más, al igual que en otros períodos de nuestra historia contemporánea, los máximos responsables del Partido Socialista se lanzaron a avalar una operación de algo más que dudosa constitucionalidad, en busca de atajos en su obsesión de alcanzar el poder cuanto antes, o de mantenerse y perpetuarse en él, por su praxis empírica de patrimonialización del poder y del juego sucio político.
A lo largo de su historia, el Partido Socialista, ya fuese durante sus diferentes etapas revolucionarias, o durante su proceso de seducción por el estalinismo, o bien durante su abandono oficial del marxismo hacia una evolución socialdemócrata burguesa y capitalista, de corte neoliberal, se ha caracterizado siempre por la utilización de cualquier medio, fuese el que fuese, con tal de hacerse con el poder y/o arrebatárselo a sus adversarios políticos. Así, no le importaría apoyar la dictadura de Primo de Rivera en septiembre de 1923, o participar unos años después (diciembre de 1930) en la sublevación de Jaca, alentando el intento abortado de bombardear el Palacio Real, o de lanzarse a la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, después de unas elecciones municipales que, en números absolutos, fueron ganadas por los monárquicos, o de rebelarse contra la misma República en octubre de 1934, al no aceptar los resultados de las elecciones de 1933 (los más limpios del breve proceso republicano) que dieron el triunfo a los partidos de centro-derecha y, finalmente, de desatar una mini guerra civil en el seno de las diferentes facciones izquierdistas del frente de Madrid en marzo de 1939, cuando ya la Guerra Civil estaba liquidada.
Sí, el Partido Socialista tuvo una participación destacada en la puesta en marcha de la formación de un gobierno excepcional de concentración, que estaría integrado por representantes de todo el arco parlamentario, así como en la elección del general Armada para que fuese el presidente de dicho gobierno. Y sin que el método elegido para su formación y aceptación «constitucional», a través de la Operación De Gaulle, importara demasiado, aunque se violara la legalidad constitucional aquella tarde-noche del 23 de febrero de 1981 con el asalto y secuestro del gobierno y de los diputados por el teniente coronel Antonio Tejero Molina. De la misma forma que tras el fracaso de aquella intentona se pusiera cínicamente detrás de una pancarta al grito de «¡Democracia sí, Dictadura no!», y encumbrara a la figura del rey Juan Carlos como el salvador de la democracia, al tiempo que entre los máximos responsables del PSOE se guardaba un cómplice silencio y se miraba hacia otro lado.
El nuevo Partido Socialista salido del Congreso de Suresnes en 1974, que en la década de los años sesenta y primeros de los setenta había sido financiado por la CIA, aceptó emerger a la vida pública nacional al poco del fallecimiento del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. Aquellos jóvenes del clan sevillano-madrileño-vizcaitarra se habían dejado mecer hasta entonces en un cómodo y plácido exilio interior. Y aunque fuese desde una situación de ilegalidad de derecho, se les permitió que entre el 5 y el 8 de diciembre de 1976 celebrara en Madrid el XXVII Congreso del Partido Socialista. A una semana vista del referéndum de la Reforma Política. El PSOE ya no era de hecho clandestino. Desde los tiempos de la presidencia de Arias, venía celebrando reuniones y mítines. Felipe González, Alfonso Guerra y el resto de dirigentes socialistas habían tenido varios encuentros con el nuevo presidente Adolfo Suárez, con Martín Villa y otros miembros del gabinete. El PSOE era ilegal, pero eso no era más que un puro formulismo burocrático. Asunto de ventanilla y pólizas para el registro y la inscripción de los partidos políticos que se abriría a las pocas semanas.
Aquel Congreso fue el primero que se celebraba en España desde 1932. Los trece anteriores habían tenido lugar en el exilio. El último, en 1974 en Suresnes, había supuesto la liquidación de la vieja guardia histórica, y el ascenso del clan sevillano de Felipe González y Alfonso Guerra, en perjuicio de los representantes vascos y madrileños. La presencia en el hotel Meliá Castilla de líderes socialistas internacionales como Olof Palme, François Mitterrand, Willy Brandt y Michael Foot, supuso un espaldarazo y apadrinamiento para el socialismo español.
La aprobación en referéndum de la Ley para la Reforma Política supuso la convocatoria de elecciones generales y la elaboración de una nueva constitución, pese a que las Cortes salidas de las primeras elecciones del 15 de junio de 1977 no tenían carácter constituyente. Pero el hecho cierto es que con la Ley para la Reforma Política, el franquismo y sus Principios Fundamentales fueron sepultados. En un magnífico juego de prestidigitación, Suárez, de común acuerdo, o mejor dicho, con el mandato del rey, fue dando una serie de pasos basados en la más pura improvisación. El rey era el motor o el piloto del cambio, con todos los plenos poderes heredados del dictador. Pero sería la improvisación y el aventurerismo la ciencia política aplicada. La obsesión del rey por encima de todo, era integrar a la izquierda en la corona. Y en la nueva ley —al igual que después lo sería en la Constitución de 1978—, la figura del monarca se blindaba para evitar que fuese cuestionada la forma de gobierno: monarquía o república. Todo lo demás era bastante secundario.
Tras las primeras elecciones democráticas el PSOE obtuvo 118 escaños, toda una gran sorpresa, y Felipe González sería el líder de la oposición más votado. España iba a asentarse en el bipartidismo y ya la tentación de tomar el poder en la próxima legislatura le llevó a González a plantear a Suárez el turnismo histórico del siglo XIX. «Está claro ante los españoles que tú, Adolfo, eres la derecha y yo soy la izquierda. Hagamos un pacto constitucional con objeto de alternarnos en el poder en el futuro», le dijo González. A lo que un intrépido y ambicioso Suárez le respondió: «No estoy de acuerdo contigo y no estoy dispuesto a ello. Tengo a la derecha cautiva y para sobrevivir no tendrá más remedio que votarme. Por otro lado, voy a disputarte a ti, Felipe, el espacio de la izquierda. Desde posiciones socialdemócratas, que es con lo que me identifico ideológicamente, voy a demostrarte que soy más de izquierdas que tú».
La oferta de González de querer regresar al cambalache político del siglo XIX, recuerda la recomendación que un Alfonso XII moribundo le hizo a su mujer, la reina María Cristina, en el lecho de muerte: «Cristinita, guarda el coño, y de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas».
Con la discusión de la ponencia constitucional el Partido Socialista se mostró más extremo que el PCE en su línea marxista, manteniendo durante bastantes de los meses de la elaboración de la constitución, su voto particular sobre su opción republicana. Pero era la etapa del consenso y de la concordia, y así se fue avanzando en el articulado y en la redacción del proyecto constitucional. Sin embargo, el Partido Socialista molesto con que el magro del articulado se fuera trufando entre el engrudo que representaba el conglomerado de siglas instalado en el poder —la UCD—, decidió abandonar la mesa de la comisión constitucional protestando por que UCD y la derecha de Alianza Popular cocinaran mecánicamente la nueva constitución. El rey, que vigilaba muy de cerca los trabajos, no le interesaba que el PSOE se despegará. Para él era el partido que había que mimar más por la amenaza siempre latente de activar su republicanismo. Don Juan Carlos habló con Suárez y le ordenó variar la estrategia. UCD dejó de entenderse con AP y se acercó al PSOE.
Por otra parte, el presidente, para mitigar el efecto de los reconocimientos históricos de Cataluña, País Vasco y Galicia, abrió la ventanilla de una autonomía general. Sería el «café para todos» por el que se configuraría la futura estructura política del estado español: la España de las Autonomías. Los líderes nacionalistas, sobre todo catalanes, avisaron al instante de que jamás admitirían una tábula rasa general para todos. O el estado era asimétrico o no sería.
Aprobada en referéndum y sancionada la Constitución en diciembre de 1978, Adolfo Suárez disolvió el parlamento al día siguiente de la consagración constitucional, convocando elecciones generales para el 1 de marzo de 1979 y municipales un mes después, el 3 de abril. El consenso había terminado. Desde entonces, las relaciones entre UCD y el PSOE serían a cara de perro.
La campaña para las elecciones legislativas ya no presentaba amabilidades entre los candidatos. La etapa de la concordia había servido para lo que había servido, y ahora las dos principales fuerzas políticas luchaban por descontaminarse lo más posible una de otra. Felipe González afirmaba que tres años atrás estaba en la clandestinidad —muy dulce, por cierto— y Adolfo Suárez era ministro del Movimiento, lo que era innegable. El PSOE salió a los ruedos con el eslogan «Cien años de honradez», y «cuarenta de vacaciones», le reprocharon desde el PCE. Fraga Osorio hizo el Pacto de Aravaca con el nombre de Coalición Democrática, al que se incorporaron personajes variopintos como Antonio de Senillosa, un pícaro catalán que había desarrollado todo un estilazo bon vivant para saber vivir bien con poco esfuerzo propio. Durante la campaña electoral Felipe se vio ya ganador y echó el resto. Suárez percibió el riesgo de perder las elecciones y poco antes de la jornada de reflexión soltó una arenga por televisión sobre el peligro de la amenaza socialista. En un tono patético dibujó una sociedad si ganaba la izquierda, que según los expertos, arrancó de la pasividad a un millón de indecisos. Así triunfó nuevamente la UCD con 6,3 millones de votos y 168 escaños; mientras que el PSOE obtuvo 5,5 millones y 121 actas, lo que no le impidió a González que aquella noche llorara amargamente de dolor por no conseguir la victoria, que achacó al juego sucio de un Suárez al que ya definían como trilero.
La estrategia del Partido Socialista cambió radicalmente hacia una oposición de durísima confrontación hasta lograr el cerco, acoso y derribo de Suárez. Desde entonces se dedicaría a dinamitar la UCD, a tramar apoyos y buscar cualquier fórmula que precipitara la caída de Suárez y la destrucción de la UCD. Al tiempo, González se dispuso a maquillar la ideología socialista eliminando las gangas que aún anclaban con su pasado revolucionario. La concepción marxista del PSOE, vigente en sus estatutos, provocó una pequeña crisis interna en el partido, que Felipe González supo jugar con habilidad, simulando una dimisión controlada. A los cuatro meses, un González con aura triunfadora regresaba al XXVIII Congreso Extraordinario que el PSOE celebró a finales de septiembre de 1979. Los cuatro meses de estío fueron un buen caldo de cultivo para el felipismo emergente y globalizador. Además de desaparecer el término «marxista» y las corrientes internas, la ejecutiva se cocinó a gusto del jefe, y Alfonso Guerra se elevó hasta la vicesecretaría general.
El tándem González-Guerra ya estaba listo para conquistar el poder. En UCD se encargarían de allanar el camino. Su descomposición se aceleraba, los barones no se recataban de acusar a Suárez de autoritario por ejercer el mando de forma faraónica, mientras la marcha política se retroalimentaba en la crisis permanente. El café para todos autonómico se estaba demostrando suicida para la cohesión nacional. Lejos de frenar las ansias nacionalistas de catalanes, vascos y gallegos, había despertado el recelo y el personalismo en todas las demás regiones. Surgió el culto por los hechos diferenciales. El concepto España pasaba a ser inexistente. Y un salvaje terrorismo, principalmente bajo el sello de la ETA, asesinaba a cientos de personas, mientras en el País Vasco se abría un proceso neorrevolucionario por el que apostaba a caballo ganador un hipócrita Partido Nacionalista Vasco.
En 1980 la marcha del gobierno iba a la deriva. La realidad evidenciaba que quienes controlaban el ejecutivo y el partido; esto es, Suárez-Abril, no sabían qué hacer. Estaban perdidos en su propio torbellino. Si el presidente afirmaba tajantemente una cosa, a renglón seguido se disponía a hacer lo contrario. Todo en él era una pura contradicción. En los asuntos territoriales se dejaba llevar por Clavero Arévalo, ministro para las Regiones, intoxicado de andalucismo nacionalista, y no dejaba de hacer excesivas concesiones, permitiendo que se desmontase con urgencia el aparato administrativo del Estado. Así, y como una concesión más hacia el PNV, intentó forzar a sus propios diputados navarros para que transigieran en la incorporación de Navarra en el estatuto vasco, y su anexión a Euskadi.
Por su lado, el PSOE, partidario de la autodeterminación, también quería arrastrar a Navarra hacia la marca Euskadi. El líder de los socialistas vascos, Txiki Benegas, amenazaba con movilizaciones populares para ello. Sólo la firmeza de los diputados centristas, con Jaime Ignacio del Burgo a la cabeza, evitó que desde el primer momento el viejo reino se incorporase al estatuto de Guernica. Pero lo cierto fue que la vía libre a los estatutos vasco y catalán se hizo pisando por encima de la propia normativa constitucional. Se aprobaron sin que estuviese desarrollada la ley orgánica que debía fijar el marco de los referéndums, de acuerdo con la Constitución y el órgano jurisdiccional de garantía, el Tribunal Constitucional. Cuando el presidente quiso reaccionar, ralentizando y racionalizando las autonomías, sería demasiado tarde, y se vería desbordado por su propia política suicida, como la llegaría a calificar el propio don Juan Carlos, sin olvidarse de que la implantación de las autonomías, con la inclusión del término «nacionalidades» en el artículo segundo de la Constitución, y la creación del estado autonómico, se llevó a cabo bajo su impulso y decisión.
Imbuido en una gravísima crisis interna gubernamental y de partido, y falto de credibilidad, Suárez compareció el martes 20 de mayo de 1980 en el Congreso. Caro de ver y mostrarse en el mundo parlamentario, desde su atalaya personal de La Moncloa, el equipo de fontaneros le habían preparado un largo discurso en el que pretendía ofrecer una nueva ordenación autonómica, programas verbales para atajar el paro, la crisis económica y la sempiterna condena política de «exigir» a la banda terrorista ETA que dejase de matar. El presidente estaba lejos de sospechar el golpe de descrédito que al día siguiente le presentaría por sorpresa Felipe González. Al principal líder de la oposición no le interesaba replicar el discurso de Suárez y anunció una moción de censura que cayó como una losa en el gobierno de la UCD.
«El presidente Suárez y su gobierno —afirmó rotundo González— han incumplido reiteradamente compromisos programáticos contraídos ante el conjunto de los ciudadanos, acuerdos con otras fuerzas políticas y, asimismo, otros contraídos con las cortes generales… El gobierno ha hecho gala de desprecio a las reglas del juego propias de la democracia parlamentaria que consagra la Constitución, llegándose a afirmar que un debate parlamentario constituye una trampa y que una interpelación por la libertad de expresión es una provocación… Bajo el gobierno del presidente Suárez la inseguridad ciudadana va en aumento constante, la libertad de expresión y otras se conculcan con frecuencia y la sensación de falta de autoridad es cada vez mayor, y que no existe una política para resolver estos problemas, especialmente para atajar el terrorismo en el País Vasco, la violencia de la extrema derecha y la delincuencia común… Está suficientemente probada la incapacidad del presidente Suárez y su gobierno para dirigir los destinos de la nación española…».
Atónito Suárez por el mazazo recibido, no pudo dar crédito a lo que oía. Y se quedó clavado en su escaño del banco azul. En su lugar salió el vicepresidente Fernández Abril, que en los últimos tiempos además de vicetodopoderoso, había sido el escudero presidencial. Abril, cogido también in albis, subió a la tribuna para balbucear que la moción de censura era la carta secreta que escondían los socialistas, lo que era evidente, para aturullarse después en un embarullado y galimatías discurso sobre el diálogo norte-sur, que nadie entendió. El Partido Socialista sabía de antemano que su iniciativa no tenía opción alguna de triunfar. Suárez no sería descabalgado de la presidencia. El objetivo de González era clavar un rejón de muerte en el corazón del suarismo. Que el presidente se hundiera en el abismo entre sus propios correligionarios, que dejase de ser fiable para las familias centristas y cayese en el descrédito entre las instituciones del Estado, círculos fácticos y a los ojos del monarca. Y eso sí que lo consiguió. «El debate de la moción de censura —recuerda Pablo Castellano— fue realmente elocuente en su significado. Romper la UCD y formar con parte de ella un nuevo gobierno de coalición con González a la cabeza… La moción de censura fue una bomba de efecto retardado que al final dio su fruto al dejar aislado al propio Suárez con respecto a sus familias y baronías».
Alfonso Guerra, siempre vitriólico, arrojó sobre el presidente frases catilinarias: «Suárez no soporta más democracia; la democracia no soporta más a Suárez»; «La mitad de los diputados de UCD, se entusiasman cuando oyen en esta tribuna al señor Fraga. Y la otra mitad lo hace cuando quien habla es Felipe González, pero hasta hoy todos votan al señor Suárez. A partir de ahora la historia, y a ella no es ajena esta moción de censura, lo dirá». Y apostilló: «Los españoles vieron cómo Suárez caía de las vitrinas y se hacía pedazos en el suelo». Y González, por su lado, se dedicó a sembrar sobre Fraga el paso de flores. «A usted, señor Fraga, que le cabe en la cabeza el Estado». Felipe González, como era lógico, no sacó adelante su moción de censura. Pero ese no era el objetivo, sino salir reforzado y preparar su camino seguro hacia la presidencia del gobierno. En tanto que Suárez, que sí pudo salvar la moción, salió de ella con el certificado de defunción. Desde ese momento, todos estarían a una para derribarlo.
Don Juan Carlos siguió con todo interés los debates. Distanciado de las sinergias iniciales de plena identidad, dudaba ya de que Suárez tuviera vigor para seguir en la jefatura del gobierno. Hacía un tiempo que las relaciones entre ambos se basaban en el escepticismo, la desconfianza y el distanciamiento. Y aquella química de identidad, de complicidad en la gestión y sintonía en un objetivo común se había desvanecido. El monarca comenzó a recibir en audiencia a los jefes de partido de la oposición. A todos les fue transmitiendo que ante la gravedad del momento, estaba dispuesto a utilizar el mecanismo de arbitraje y moderación, que de forma muy confusa le facultaba la Constitución. González pensaba que el desgobierno de la UCD estaba arrastrando a España al caos y era necesario adelantar las elecciones o, en todo caso, estudiar la formación de un gobierno de gestión, sin Suárez, con un independiente a su cabeza. Fraga creía que si no se atajaba de inmediato la situación, España estaba abocada a vivir una grave crisis de Estado que podía llegar a afectar a la corona de la que, naturalmente, sería responsable Suárez. Y Carrillo también se mostraba partidario de un gobierno de coalición.
Suárez no desconocía las operaciones conspirativas que se estaban tejiendo a su alrededor. Principalmente desde el Partido Socialista. Por ello en el verano de 1980 salió al paso sobre los rumores que cada vez se iban extendiendo más sobre un gobierno de coalición, declarando públicamente que: «Conozco la iniciativa del PSOE de querer colocar en la presidencia del gobierno a un militar. ¡Es descabellado!». Pero no para el Partido Socialista, que contemplaba cómo la UCD se autodestruía. Desde hacía varios meses, incluso antes de la moción de censura, estaba participando activamente en la voladura de Suárez, y se estaba dejando mecer en la operación lanzada desde el CESID de forzar la dimisión de Suárez creando una nueva mayoría en un gobierno de gestión UCD-PSOE —de salvación nacional— con un general a su cabeza.
Por entonces la rumorología de posibles acciones militares circulaba con profusión y, también, con bastante desacierto deliberado. El asunto no era caprichoso. Quienes desde el CESID expandían la teoría de los tres supuestos golpes: el de los tenientes generales, el de los coroneles y el de los «espontáneos», buscaban crear un adecuado caldo de cultivo —psicosis del miedo a la involución— entre la clase política, en los llamados poderes fácticos y en las altas instituciones del Estado, incluida la corona, con el objeto de que sus planes tuvieran éxito y no se escapase nada a su control. A veces simples conversaciones de crítica, adquirían categoría de máximo riesgo. Se exageraban, porque así convenía para crear el magma necesario de la amenaza latente de la involución. Es lo que ocurrió con el tan manido golpe de los generales y de los coroneles. Nunca hubo nada organizado como tal o que al menos estuviese presente en el 23-F.
La cúpula socialista, interesada más que nadie en la caída de Suárez y en buscar un atajo para llegar al poder cuanto antes, se mantenía muy atenta a todo lo que se cocía. Un reducido y exclusivo grupo de la ejecutiva socialista tenía antenas abiertas con el CESID. Enrique Múgica e Ignacio Sotelo eran dos de los jefes relevantes que con el CESID. Enrique Múgica e Ignacio Sotelo eran dos de los jefes relevantes que hablaban con cierta frecuencia con el comandante José Luis Cortina. Sotelo, por ejemplo, le pidió al comandante Cortina su opinión sobre el gobierno de gestión con un independiente a su cabeza, que tan profusamente circulaba ya, durante una cena celebrada en casa del notario Félix Pastor Ridruejo, vicepresidente de AP. «No es una solución disparatada si se lleva a cabo dentro de la Constitución. En definitiva, el parlamento puede votar libremente como presidente del gobierno a cualquier español», afirmó con rotundidad el jefe de los grupos operativos del servicio de inteligencia. Afirmación que quizá no fuese ajena al conocimiento que alguno de los presentes tenía sobre el papel relevante que en dicha operación estaba jugando José Luis Cortina.
También por aquellas fechas de finales de septiembre de 1980, Enrique Múgica organizó un almuerzo con el general Sabino Fernández Campo, al que asistió la cúpula del partido socialista. Felipe González, Peces Barba y Múgica tenían mucho interés en averiguar si el secretario de la Casa del Rey estaba al tanto de los rumores que circulaban sobre diversos golpes de estado y lo que se sabía en Zarzuela al respecto.
—Sabino, ¿qué has oído sobre un posible movimiento de generales? —le preguntó González.
—Nada en absoluto. Que en el ejército hay desasosiego y malestar porque las cosas no marchan bien, sí. Pero de ahí a lo que me preguntas hay un abismo.
—¿Y sabes algo sobre el «golpe de la banda borracha»?
—No. ¿Qué es eso? Lo desconozco totalmente.
Sabino les llegó a reconocer que hasta donde él sabía, a Zarzuela no habían llegado comentarios ni rumores que fueran alarmantes. Percatándose entonces de que quienes sabían mucho más que él de los rumores que circulaban sobre los preparativos de un posible golpe eran los socialistas. En las alturas del PSOE se barajaba el rumor de que se estaba organizando un golpe auspiciado por varios tenientes generales con mando en varias capitanías y otro de mandos intermedios que calificaban como el «golpe de la banda borracha». En éste sospechaban que había jefes y oficiales implicados al estilo del teniente coronel Tejero.
Pero en realidad, el auténtico interés de los líderes socialistas era transmitir al secretario del rey su análisis de la situación política, para que a éste a su vez, se la hiciera llegar a don Juan Carlos. Para González la UCD estaba sumida en un tremendo desconcierto y en un absoluto caos, al tiempo que Suárez gobernaba con una extraordinaria debilidad. La situación, según González, no aguantaba hasta las próximas elecciones. Por eso el Partido Socialista estaba dispuesto a participar activamente en un gobierno de coalición siempre que fuese constitucional, o se hiciese pasar por tal; un gobierno en el que participasen todas las fuerzas políticas democráticas, si con ello se evitaba la involución. Ese gobierno estaría presidido por una gran personalidad de reconocido prestigio que, en principio, bien pudiera ser un civil. Luego, «ha surgido la figura del general Armada que ha sido perfectamente aceptado por nosotros». González le aseguró por último que los socialistas conocían bien el desánimo que el rey sentía por el presidente, que se había cansado de él y que sabían que había personas con fácil acceso al rey que le estaban «calentando la cabeza» sobre el inconveniente Suárez y la necesidad de buscar un sustituto a través de una moción de censura o bien provocando su dimisión.
En el servicio de inteligencia, el lobby comandado por Javier Calderón y José Luis Cortina, había lanzado ya la Operación De Gaulle desplegando varias vías envolventes. En un principio habían contemplado utilizar el mecanismo de una nueva moción de censura. Pero al poco ésta se desechó como inconveniente. Lo más adecuado sería forzar la dimisión de Suárez mediante una presión de anillos concéntricos desde todos los poderes fácticos. Interiormente, en la sede del servicio de inteligencia, no había día en que Cortina, el más firme ejecutor del plan, no inflamase el patriotismo y afán de servicio de los más de 200 agentes que tenía bajo su mando en la Agrupación Operativa de Misiones Especiales, sin arengarlos sobre las recias, sacras y privilegiadas virtudes de las que estaba ungido el general Alfonso Armada Comyn. El hombre escogido para solventar la gravísima crisis que atravesaba España. Y de puertas afuera, Cortina organizó un staff reducido y selectivo, entre quienes se encontraban altos responsables de los partidos parlamentarios —UCD, PSOE, CD y PCE—, del mundo empresarial, financiero, eclesiástico y diplomático, a quienes logró convencerlos para que apoyasen la formación de un gobierno de «salvación nacional» presidido por el general Armada, como la única salida posible a la gravísima crisis institucional y política en la que se hallaba sumida el estado.
En el PSOE, Felipe González preparó el terreno en el comité ejecutivo de mediados de octubre de 1980 para cuando se produjese el salto a un gobierno de concentración y nadie pusiera reparos ni objeciones a la implicación del partido en el mismo. González sabía que había resistencia en ciertos sectores y quería cubrirse las espaldas. «El país —afirmó—, es como un helicóptero en el que se están encendiendo todas las luces rojas a la vez. Estamos en una situación de grave crisis y de emergencia. Es hora de que el Gobierno y Suárez se percaten de ello». En uno de sus libros de memorias Fraga lo recoge así: «El PSOE, entretanto, continuaba jugando las cartas que me había apuntado Peces-Barba: mantener la crisis abierta; presionar donde pudieran (incluso en la Zarzuela) sobre la idea de un «gobierno de gestión», con UCD, pero sin Suárez, al que pensaban seguir acorralando con acciones parlamentarias y extraparlamentarias… Lo cierto es que la idea de un «gobierno de gestión» empezó a interesar a mucha gente, para preparar unas elecciones serias y dar salida al «desencanto». Nadie podía prever entonces las increíbles derivaciones que podría tener; y que no fueron ajenas a las famosas cenas de Lérida y, en último extremo, al juego de despropósitos que culminaría el 23 de febrero».
El siguiente paso de la dirección socialista fue aprobar que Enrique Múgica se entrevistase con el general Armada a fin de calibrar su definitivo compromiso. En un principio Felipe González había pensado ser él mismo el interlocutor. Pero por prudencia lo desechó después. El 22 de octubre de 1980 Enrique Múgica almorzó en Lérida con el general Alfonso Armada. El encuentro tuvo lugar en la casa del alcalde leridano Antoni Siurana, calle Vallalt 44. En la mesa se sentaron Enrique Múgica, diputado por Guipúzcoa, secretario para las relaciones externas del PSOE y vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso. Era de hecho el número tres del partido. Joan Reventós, secretario de los socialistas catalanes; Antoni Siurana, alcalde socialista y Alfonso Armada. Marisa, la mujer de Siurana, les sirvió como anfitriona un aperitivo, melón con jamón, lubina a la vasca y un postre.
La conversación entre aquellos comensales giró sobre el grave momento político y la actitud del ejército. Hablaron de cómo salvar la situación mediante la formación de un gobierno de concentración presidido por un general, tras desbancar a Suárez por una moción de censura o logrando que su partido le echase o que el rey consiguiera su dimisión. El PSOE estaba bien dispuesto a ello y aceptaba que el elegido fuese el general Armada. Para eso había ido Múgica hasta Lérida. Para valorar la disposición del general. Sin embargo, a la vista del fracaso posterior de la operación, ninguno de los contertulios llegaría a reconocer tales extremos. A Múgica, el contacto con Armada le costó unos años de travesía del desierto. Antes del juicio de Campamento estuvo entrenándose con un equipo de juristas para salir lo más airoso posible de su declaración como testigo. El ex presidente de la Generalidad, Jordi Pujol, ha desvelado en sus memorias que Múgica le expuso que el PSOE estaba activando la puesta en marcha de una operación especial para formar un gobierno de concentración nacional presidido por el general Alfonso Armada, para lo que naturalmente, le pidió el apoyo del nacionalismo catalán. Lo que él rechazó, asegura, de plano.
Armada, por su parte, con el paso del tiempo, lo máximo que llegó a reconocerme es que los socialistas fueron a examinarle. Pero de esa reunión y de otra que tendría también con Múgica en diciembre en su histórico pazo gallego de Santa Cruz de Rivadulla, así como lo que desde la sombra tejía el CESID, el general Armada estuvo bien seguro de la viabilidad de su propuesta de gobierno la noche del 23-F: «Los socialistas me votan», llegó a enfatizarle a Sabino Fernández Campo, instantes antes de tener el permiso oficial de Zarzuela para trasladarse al Congreso y proponerse como presidente. Armada me llegó a explicar de esta manera su comida con Múgica:
«Me llamó Siurana. Fui de paisano. Comimos Múgica, Reventós, Siurana, su mujer y yo. Múgica no me preguntó nada del golpe o sobre rumores de golpes ni sobre el malestar, la irritación o inquietud en el ejército. Eso ya lo daba por sabido. Mi idea es que vino para hacerme un estudio que le habían encargado en el PSOE. Vino a conocerme, a saber cómo era yo. Él sabía que yo tenía muy buenas relaciones con el rey, que tenía prestigio en las fuerzas armadas. Hablamos mucho de política, de lo mal que iban las cosas. Luego del ejército y de generales, de personas. Me preguntó lo que opinaba de Sabino, de Sáenz de Santamaría, de Aramburu, de Gabeiras… Y me dijo: “Usted va a volver pronto a Madrid”. Pero ni me propusieron nada, ni yo propuse nada. Me pareció muy informado y me dijo que en el PSOE tenían dossiers de muchas personas».
Desde ese momento y hasta poco antes del 23-F, la nomenclatura del PSOE, Alfonso Guerra y Peces Barba, principalmente, se dedicaron a promover la fórmula del «gobierno de gestión más un general». Así, como si la iniciativa fuera suya, hablaron con los líderes de los grupos críticos centristas, con Osorio, Fraga y Areilza de Coalición Democrática, con Ramón Tamames en el Partido Comunista, con representantes nacionalistas catalanes y con el diputado Marcos Vizcaya del PNV. Respecto a este último, el periodista Anxtón Sarasqueta recogería en su libro De Franco a Felipe: «El nacionalista vasco Marcos Vizcaya, me llegaría a confesar meses después que, veinte días antes del 23-F, Alfonso Guerra le llamó por teléfono para interrogarle sobre la disposición de su partido a participar en un gabinete de concentración presidido por un militar». Tras el fracaso de la operación, Vizcaya denunciaría el tupido manto de silencio que envolvió a los partidos —singularmente al PSOE— y tacharía de excesivamente exagerada la valoración que se hacía de la crisis.
Similares «iniciativas» hacia el gobierno de concentración o de salvación nacional se desarrollaron desde otros ámbitos políticos y en la prensa, a través de prestigiosos articulistas. En vísperas del 23-F el secreto a voces era que todos los partidos convergían y estaban de acuerdo en el golpe de timón fuerte con un general en su control. Juan de Arespacochaga, que fuera alcalde de Madrid y senador real, recogió en su libro de memorias: «Las circunstancias nos iban acercando por momentos a la necesidad de un gobierno de salvación, con los partidos más importantes representados en él, porque históricamente resulta ser esta la forma más idónea en tiempos de dificultades graves, para modificar una política e incluso una constitución, pero sin poner en riesgo todo el sistema». Abundando en lo mismo, pocos como él sintetizaron mejor lo que fue el golpe del 23-F. Con motivo de la publicación de su libro aseguró: «El sistema no se ponía en discusión por mucho que fuera preciso proporcionarle un reactivo. Se trataba de un pacto de partidos e instituciones que hubiera colocado a la cabeza un personaje de la máxima relevancia social y profesional, comprometido con la transición y de la máxima confianza del rey, bien visto por la Iglesia y las fuerzas económicas y con el placet de las grandes democracias. Esa designación recayó en el general Armada a quien se comprometieron a apoyar instituciones muy características del país y con una evidente colaboración del PSOE».
Felipe González volvería a justificar públicamente la colaboración decisiva del Partido Socialista en la formación de un gobierno excepcional de concentración, que sería presidido por Alfonso Armada y en que él mismo y otros miembros del PSOE asumirían también responsabilidades importantes, con los mismos argumentos que utilizó con el secretario del rey y ante el comité ejecutivo del partido: «El país es como un helicóptero en el que se están encendiendo todas las luces rojas a la vez. Estamos en una situación de grave crisis y de emergencia. Es hora de que el gobierno y Suárez se percaten de ello… Esto no aguanta más». Bajo la perspectiva de tan grandes riesgos, el líder socialista se mostraba preparado para asumir cualquier sacrificio: «Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¡Cualquier cosa! Porque sin democracia yo no podría vivir en este país». Para Suárez se había agotado cualquier posibilidad de seguir gobernando en solitario. «UCD no es nada». Al tiempo que aseguraba con todo desparpajo que él no tenía prisa por instalarse en la Moncloa, y que no convenía adelantar las elecciones. Para remachar que «es anticonstitucional que el rey acabe con Suárez o conmigo, pero aún así la vida política de Suárez depende más del rey. Es probable, sólo probable, que el rey le diga a Suárez que se vaya». Y a principios de noviembre de 1980, con motivo de la presentación del libro de Fernando Morán Una política exterior para España, González vaticinaría que en muy breve plazo se formaría una nueva mayoría gubernamental en la que estarían los socialistas.
A mediados de noviembre de 1980 el CESID difundió de forma muy reservada un informe que bajo el título de «Panorámica de las operaciones en marcha», recogía una serie de conspiraciones —reales o inventadas— que se estaban tejiendo para acabar con la vida política de Suárez y dar el golpe de timón que preconizaba el político catalán Josep Tarradellas, mediante el gobierno de concentración nacional, presidido por el general Armada; la Operación De Gaulle. Así, en el espacio dedicado a la conspiración de «ideología socialista», el documento señalaba que había dos operaciones; la número 1 sería estrictamente civil y consistiría en la presentación de una moción de censura en enero o febrero, tras el pacto previo con un fuerte grupo disidente de la UCD y la abstención benevolente del PCE, que quedaría fuera. La viabilidad que se le otorgaba era muy escasa, pese a que «muchos miembros de su directiva quieran experimentar ahora mismo los goces del poder».
La operación número 2 era eminentemente civil, pero con un complemento militar puramente decorativo. «La maniobra sería un remedio de la vulgarmente denominada “Operación De Gaulle”», equívoco en el que no pocos periódicos habían caído, confundiéndolas a ambas». El modus operandi se fijaría por medio de una moción de censura en enero o febrero de 1981, pacto previo con un grupo fuerte centrista, presidencia del gobierno para un general del ejército de talante liberal, a ser posible progresista y con el visto bueno de la corona. Y citaba a Gutiérrez Mellado, Sáenz de Santamaría y Díez Alegría. Este proyecto podría salir adelante si reclutasen un general de esas características y, fundamental, siempre y cuando «que la corona otorgase sus “bendiciones”». Esta condición es particularmente importante pues sin ella —ni aun teniendo un general propicio a secundar el proyecto— ningún militar accedería al puesto que le ofreciesen los «conjurados». Los analistas del CESID no creían que «el rey diera su visto bueno». Y añadía que el PSOE sólo se lanzaría en este proyecto «cuando tuviese seguridad total en un próximo golpe militar puro».
Pero sin duda alguna que el texto antológico por encima de todos los demás, era el que llevaba por título «Operación mixta cívico-militar». En él se aseguraba que un grupo de civiles sin militancia y de generales con brillante historial, son quienes la están promoviendo. El plan consistía en forzar la dimisión de Suárez, provocar la discreta intervención de la corona y designar nuevo presidente a un general que contaría con todo el apoyo del ejército. Un gobierno de civiles independientes y otros propuestos por los partidos mayoritarios, formarían un gobierno de «salvación nacional», para acometer una serie de reformas políticas y constitucionales hasta agotar la presente legislatura y convocar nuevas elecciones. Para evitar dispersión de esfuerzos, sería necesario que todas las demás iniciativas convergiesen en ésta. La colaboración UCD-PSOE era obligada e insoslayable. De no avenirse de grado, no quedaría más recurso que la fuerza, militar por supuesto. La operación llevaba gestándose un año. Y líderes de UCD y del PSOE ya habían dado su vehemente conformidad. «La viabilidad de la operación es muy alta y su plazo de ejecución se estima que podría culminar para antes de la primavera de 1981». Es decir, cuando los almendros están en flor. Literalmente decía así:
—Está promovida por un grupo mixto, compuesto por un lado de civiles sin militancia política pero con experiencia en tal campo y, por otro lado, por un grupo de generales en activo, de brillantes historiales y con capacidad de arrastre.
—Su mecanismo de implantación sería formalmente constitucional, aunque tal formalidad no pasaría, en su intención, de cubrir las apariencias legales mínimas para evitar la calificación de «golpismo».
La operación se plantearía así:
—Mediante operaciones concéntricas de procedencia varia (medios financieros, eclesiásticos, estructuras militares, sectores de partidos políticos parlamentarios, personalidades, etc.), se forzaría la dimisión de Suárez. (Se considera como muy poco conveniente la presentación de una moción de censura).
—Al final de este proceso se haría necesaria la discreta intervención de la Corona para rematar y asegurar la citada dimisión. El rey, seguidamente, pondría en marcha los mecanismos constitucionales al respecto.
—Se considera imprescindible los mayoritarios apoyos de UCD y PSOE —a niveles parlamentarios— para asegurar la mayoría precisa en el momento de la investidura. (Aunque de esas participaciones se hablará con más detalle después).
—El presidente del gobierno sería un general con respaldo, pero no protagonismo público, del resto de la estructura militar.
—El gobierno estaría formado al menos en su 50 por 100 por civiles y algún que otro militar. Estos civiles serían independientes, no adscritos a ningún partido, y de reconocida solvencia personal. El resto lo compondrían civiles, pero propuestos por UCD, PSOE y CD. El ejército se reservaría el derecho de veto —sobre las personas de esas procedencias— en la formación del gobierno.
—El gobierno así configurado tendría como mandato el resto de la presente legislatura. Se configuraría como un «Gobierno de Gestión» o de «Salvación Nacional» y se impondría el siguiente programa: reforma constitucional; reordenación drástica de la legislación y estructura regionales; nueva Ley Electoral con recorte de atribuciones a los partidos; un plan de saneamiento económico; nueva Ley Sindical; nueva Ley de Orden Público y campaña de erradicación del terrorismo; nuevo enfoque a la política exterior; etc., etc. Al final de su mandato —que pretende desarrollarlo sin excesivas trabas parlamentarias— disolvería las Cámaras y convocaría elecciones generales.
En cuanto a la colaboración de los partidos actuales, la entienden como obligada e insoslayable, por lo cual no podrían prescindir de su concurso salvo que aparecieran como «golpistas». Sin embargo no se hacen ilusiones en cuanto a la fiabilidad de ciertas colaboraciones. Su proyecto, a este respecto, una vez alcanzado el poder, sería el siguiente:
—Presionar a UCD y AP, desgajados de sus sectores «progresistas», para que constituyesen un único partido de derecha nacional.
—Presionar al PSOE para que haga su «congreso antimarxista» y se transforme en un partido socialdemócrata adecuado.
—Presionar y estimular a las denominadas «Fuerzas Nacionales» para que alcancen su unidad desde una nueva fundación política, sin los efectos que hoy las distinguen pero con el patriotismo del que han hecho gala siempre. Estimularlas para que sean el «tercer gran partido», nacional y social, de síntesis, que pueda llegar a ser un árbitro o factor de corrección operativo de las otras tendencias.
—Erradicar legalmente y de hecho al comunismo.
—Legislar para impedir la existencia de la mayor parte de los partidos regionales y de todos los de ideología nacionalista.
Para lograr la aquiescencia de los actuales UCD y PSOE a todo este programa no se esgrimirán más que dos únicas razones:
—Una, que la situación nacional es tal que exige un plan así configurado, por lo cual apelan al buen sentido y al patriotismo de sus líderes.
—Otra, que de no avenirse de grado no quedaría más alternativa que la fuerza. Fuerza Militar, por supuesto, en la que no cabrían ya matizaciones entre las operaciones de esta procedencia antes descrita y la que se está exponiendo.
Para evitar la «dispersión de esfuerzos» entre las operaciones de origen militar antes descritas y para anular la peligrosidad de algunas, se piensa como necesario coordinarse en ellas para los siguientes fines:
—Acrecentar la potencia de la presión sobre Suárez, la Corona y los partidos para que esta «Operación mixta» alcance todos sus objetivos.
—Asegurar a los promotores de las otras («generales», «coroneles» y «espontáneos») que si la «mixta» fracasase, el campo estaría libre para su intento. (En el cual encontrarían la colaboración que ellos hubieran prestado a ésta).
Viabilidad de esta operación.
La operación lleva gestándose, al parecer, cerca de un año. Se ha profundizado en los contactos y compromisos y han mostrado su conformidad (en ocasiones muy sospechosa por lo vehemente) líderes de UCD y del PSOE. Respecto a éste, se cree fundadamente que algunos de ellos están observando la operación y no perdiendo el contacto con los promotores en tanto ensayan sus propias operaciones. Se piensa —también fundadamente— que sólo se acogerían e integrarían en ella, en estos casos:
—Si fracasaran sus propias operaciones.
—Ante una crisis económica y de autoridad irreversible y definitiva, es decir, si las crisis económicas y de autoridad alcanzasen unos niveles de gravedad tales que ellos mismos se viesen obligados a reconocerlo públicamente.
—Ante un inminente golpe militar puro.
Como unas y otras cosas son previsibles, no se duda de tales colaboraciones en su momento. Por ello la viabilidad de la operación es muy alta y su plazo de ejecución se estima que podría culminar para antes de la primavera de 1981. (Salvo imponderables).
Alfonso Guerra, número dos de la ejecutiva socialista, fue el más activo en sus contactos con las minorías nacionalistas y del grupo mixto. Con las facciones principales de la UCD, el acuerdo ya estaba sellado hacía tiempo. Una de las gestiones que más eco llegó a tener fue la que hizo con Marcos Vizcaya, portavoz del PNV en el Congreso. Anxtón Sarasqueta lo recoge así: «El nacionalista vasco Marcos Vizcaya, me llegaría a confesar meses después que, veinte días antes del 23-F, Alfonso Guerra le llamó por teléfono para interrogarle sobre la disposición de su partido a participar en un gabinete de concentración presidido por un militar».
Por su parte, los periodistas Joaquín Prieto y José Luis Barbería ampliarían ese mismo punto en su obra El enigma del Elefante, pero situando la escena durante una conversación en la sede del PSOE, entonces situada en el 165 de la calle Santa Engracia, entre Alfonso Guerra, Gregorio Peces Barba y Marcos Vizcaya. Los líderes socialistas, según el testimonio de Vizcaya, le estaban presentando un cuadro con tintes negros y desoladores: «Una UCD inmersa en una guerra interna suicida; un presidente de gobierno que ya no mandaba; y un gabinete incapaz de atajar con firmeza la situación económica y la escalada terrorista. “Me dieron a entender”, sostiene Vizcaya, que la crisis económica podía llevar a España a la suspensión de pagos, que el paro alcanzaba porcentajes insostenibles y que había que poner coto a los atentados terroristas ante el peligro de que éstos activaran resortes de poder que podían acabar con la democracia». Tras esta exposición «aludieron vagamente, sin atribuirse la idea, a la posibilidad de que la situación del país exigiera un gobierno de concentración o de salvación nacional». Se trataba de integrar en el mismo a representantes de todo el espectro parlamentario, con un consenso general sobre los retos más acuciantes del país: un gobierno de transición hasta la convocatoria de nuevas elecciones… «El momento más peliagudo se produjo cuando recabaron mi opinión sobre la idea de poner al frente de ese gobierno a un independiente prestigioso. Me preguntaron qué me parecería si ese personaje fuera un militar».
Y aquí es donde juega su papel la parte civil. Si hubo tramas en dicho ámbito, éstas no fueron de ultraderecha. Si se quiere buscar un protagonismo civil en el 23-F hay que mirar hacia los responsables de los partidos políticos parlamentarios que se pasaron el año de 1980 conspirando abiertamente contra Suárez y dinamitando al partido centrista. Especialmente desde las filas socialistas y, sobre todo, los barones y sus respectivas familias en el propio seno de la UCD. Muchos de ellos se embarcaron en una dinámica que iba mucho más allá de la pura y legítima confrontación política. Hasta llegar a asumir acuerdos de gobiernos de salvación u operaciones De Gaulle, cuya gestación estaba enfangada en la ilegalidad constitucional.
La actividad de algunos partidos y de sus mentores, parecía recordar actuaciones rancias de otras épocas pasadas, felizmente superadas, que tan ricas fueron para la historia de los pronunciamientos y del golpismo nacional durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX.
A primeros de diciembre de 1980 Felipe González fue recibido en audiencia por el rey Juan Carlos. En dicha reunión le expresó que la decisión del Partido Socialista era firme: estaba dispuesto a colaborar y formar parte de un gobierno de gestión de nueva mayoría. Pero urgía resolver de inmediato la salida de Suárez, que no estaba por la labor. Alfonso Guerra lo había advertido, a finales de noviembre, públicamente y de forma bastante más explícita en Andalucía: «Si Suárez sigue encerrado en el retrete de la Moncloa, habrá que pensar en la necesidad de otra moción de censura». Según González, el panorama iría empeorando y degradándose aún más.
La elaboración de al menos dos documentos reservados, elaborados por los catedráticos Laureano López Rodó y Carlos Ollero, hacían hincapié en la manera de presentar «constitucionalmente» el derribo de Suárez y la formación del gobierno de gestión extraordinario, presidido por Armada. Ambos escritos, coincidentes básicamente, explicaban la razón por la que la moción de censura del PSOE había fracasado. El candidato a presidente no era el adecuado, aunque sí que había servido para desgastar más a Suárez y a la UCD, creando en su propio seno el germen de la división y del enfrentamiento. Luego apuntaban que tal y como Tarradellas venía recalcando desde hacía más de un año, España necesitaba urgentemente un cambio de timón. El momento era tan malo que aún se podía poner peor. Los documentos señalaban que era perfectamente constitucional, de acuerdo con el artículo 113 de la Carta Magna, cambiar de presidente de gobierno mediante la presentación de una nueva moción de censura que sería apoyada por el PSOE, varios sectores de UCD y Coalición Democrática. La UCD estaba bajo mínimos, cociéndose en su propio enfrentamiento. Y el ejército, cada vez más crispado con Suárez y el estado de caos. El propósito era presentar una nueva moción de censura en la que no se propondría como candidato a Felipe González, sino a una personalidad independiente que formaría un gobierno de concentración y de unidad en el que participarían varios partidos. La personalidad independiente podía ser un catedrático, un historiador o bien un militar: un general de reconocido prestigio, bien aceptado por las fuerzas armadas y en una buena relación de confianza con el rey.
Pero como ya he señalado anteriormente, los mentores del CESID que ejecutaron la Operación De Gaulle desecharon la idea de resolver la crisis mediante la presentación de una nueva moción de censura, por inconveniente. El golpe de timón debía llevarse a cabo mediante la escenificación de la fuerza, para meter en cintura a la clase política y, sobre todo, reducir las ansias secesionistas de los nacionalismos vasco y catalán. La dimisión de Suárez a finales de enero de 1981 no hizo más que adelantar la operación: el golpe de mano sobre el Congreso, perpetrado por Tejero, estaba previsto para marzo. El propio Adolfo Suárez explicaría posteriormente su retirada así: «Cuando yo presento mi dimisión como presidente del Gobierno lo hago entre otras razones porque no quería que todo lo que estaba produciéndose en la vida política española, en la que yo era una persona absolutamente destacada, pudiera involucrar también a Su Majestad el Rey». Y señalaba a continuación: «La realidad de los motivos y causas de mi dimisión como presidente hay que encontrarla en el acoso y derribo al que me sometió el PSOE, que logró erosionarme fuertemente, y a la división y encono de mi propio partido, la Unión de Centro Democrático, en el que se provocó —probablemente también incitada por el PSOE— una feroz contestación hacia mí. Los barones de UCD discutían todas y cada una de las medidas que adoptaba y el grupo parlamentario centrista mantenía una hostilidad permanente a cada una de mis decisiones».
La propuesta a las Cortes de la candidatura de Leopoldo Calvo-Sotelo para la Presidencia del Gobierno provocó una inmediata reacción entre todos los líderes de la oposición. Ninguno apostaba porque el candidato tuviera mucho futuro. La Operación De Gaulle ya estaba lanzada y contaba con el beneplácito de la mayoría de la clase política. Armada era el candidato bendecido constitucionalmente, y el rey Juan Carlos había pedido reiteradamente que dicha operación «¡A mí dádmela hecha!». Calvo-Sotelo era garantía de debilidad sobre desequilibrio. Para Felipe González, «provocará inestabilidad política. Solamente sirve para poner parches y es una solución temporal. Es el continuismo del continuismo». A Santiago Carrillo le surgieron «serias dudas sobre la validez de esta decisión». Y Manuel Fraga llegó a ofrecer una respuesta que encerraba enigma: la alternativa por la solución Armada: «La decisión es correcta constitucionalmente, pero no es la única posible constitucionalmente».
En mi último ensayo, *23-F, el rey y su secreto*, detallo cómo la Operación De Gaulle estaba articulada en dos fases: la primera, el asalto de Tejero al Congreso; y la segunda, la presentación de Armada en el Congreso de su gobierno de concentración, que anularía la ilegalidad de Tejero y situaría su acción nuevamente en la orilla democrática. De haber salido adelante la operación, si Tejero no hubiera bloqueado el paso a Armada al hemiciclo, ambas fases jamás se hubieran reconocido entre sí. Y el general Armada hubiera sido elevado a gran salvador de la democracia, en la misma medida que, tras el fracaso de la operación, los partidos políticos —PSOE, principalmente— llegarían a hacer con el rey Juan Carlos. El gobierno que el general Armada pretendió proponer en el hemiciclo al pleno del Congreso allí secuestrado era el siguiente:
Presidente: Alfonso Armada Comyn (general de división).
Vicepresidente político: Felipe González Márquez (secretario general del PSOE).
Vicepresidente económico: José María López de Letona (ex gobernador del Banco de España).
Ministro de Asuntos Exteriores: José María de Areilza (diputado de Coalición Democrática).
Ministro de Defensa: Manuel Fraga Iribarne (presidente de Alianza Popular, diputado de CD).
Ministro de Justicia: Gregorio Peces-Barba (diputado del PSOE).
Ministro de Hacienda: Pío Cabanillas Galla (ministro de Suárez, diputado de UCD).
Ministro del Interior: Manuel Saavedra Palmeiro (general de división).
Ministro de Obras Públicas: José Luis Álvarez (ministro de Suárez y diputado de UCD).
Ministro de Educación y Ciencia: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (diputado de UCD).
Ministro de Trabajo: Jordi Solé Tura (diputado del PCE).
Ministro de Industria: Agustín Rodríguez Sahagún (ministro de Suárez, diputado de UCD).
Ministro de Comercio: Carlos Ferrer Salat (presidente de la patronal CEOE).
Ministro de Cultura: Antonio Garrigues Walker (empresario).
Ministro de Economía: Ramón Tamames (diputado del PCE).
Ministro de Transportes y Comunicaciones: Javier Solana (diputado del PSOE).
Ministro de Autonomías y Regiones: José Antonio Sáenz de Santamaría (teniente general).
Ministro de Sanidad: Enrique Múgica Herzog (diputado del PSOE).
Ministro de Información: Luis María Ansón (periodista, presidente de la Agencia Efe).
Tras el fracaso de la operación del 23-F muchos de los ilustres políticos que se habían contaminado giraron la cabeza hacia otro lado y se pusieron a silbar. Luego, en un buen ejercicio de disimulo y de notable hipocresía, se lanzaron a la calle en apoyo de la democracia, detrás de una pancarta. Pablo Castellano, líder de la tendencia Izquierda Socialista dentro del Partido Socialista, recordaría en sus libros de memorias la responsabilidad y actuación del PSOE tras el fallido golpe: «En el partido del Sr. González se hizo el silencio muy rápidamente. Se despachó el asunto con un comunicado de la dirección cargado de tópicos, mas no hubo análisis ni discusión alguna en el órgano máximo, Comité Federal, cuando los rumores afectaban de forma directa a miembros de la dirección, imputándoles al menos una imperdonable frivolidad de coqueteo o galanteo con alguno de los marciales ofertantes de soluciones “constitucionales” que se alcanzarían pisoteando la Constitución. O, lo que es más grave, se acusaba a uno de ellos, encargado de los temas de la defensa [Enrique Múgica], de haber actuado por interposición, asumiendo lógicamente que si algo salía mal nunca se vería respaldado por quienes conocían y aprobaban de antemano estos contactos, aunque sí protegido». Y en otro pasaje volvería a insistir sobre estos contactos, aunque sí protegido, y en cómo en el PSOE «se hizo el silencio muy rápidamente cuando circulaban intensos rumores de que miembros de la ejecutiva habían ido mucho más lejos de un simple “coqueteo o galanteo con alguno de los marciales ofertantes de soluciones constitucionales”». Y remacha: «Muchos años después, no sé si atando bien cabos o deslindando redes, sigo teniendo la convicción de que, además de la llamada trama civil integrista y de la trama militar golpista, hubo una trama de conspiradores de “salón de sesiones”, unos sentados en sus escaños y otros con cara de póquer, mirando a la pared en alguna salita aledaña».
Al conmemorarse los XXV años de la coronación de don Juan Carlos, Sabino Fernández Campo escribió en un artículo sobre el 23-F el viejo regusto de ciertos políticos por incitar a los militares: «Y tal vez, me atrevo a imaginar, escribía Sabino, ejercicios peligrosos de civiles a quienes, siguiendo la tradición de los “pronunciamientos” en la Historia de España, les gusta jugar con fuego para impulsar la actuación militar y conseguir “cambios de timón”, aunque luego la marcha de las cosas tome un rumbo imprevisto y no puedan aprovecharse los beneficios pretendidos».
