1. La oposición exterior y las internacionales marxistas necesitaban demostrar, con hechos, que España era, como ellas decían, una dictadura. El año 1962 presenció lo que podríamos calificar de escalada por el ritmo in crescendo: Congreso de Munich, noticias acerca de supuestas sentencias de muerte, informe de la Comisión Internacional de Juristas y, finalmente, el caso Grimau. Si tuviéramos que buscar términos de comparación habría que acudir a Eichmann, secuestrado y juzgado por los judíos en 1960: así como este último simbolizaba el terror de los campos de exterminio, Grimau, a los ojos de los nacionales era el arquetipo de la crueldad en los jefes de chekas. Desde el 15 de agosto de 1936, en que se hizo cargo de la de la calle Berenguer, de Barcelona, se hizo responsable de los espantosos crímenes que allí se cometieron. Huyó de España y, al reorganizarse el Partido Comunista fue designado para su Comité Central. Era un nombre ignorado, pero no olvidado.
Surge, para cualquier historiador, la inevitable pregunta: ¿por qué fue enviado Grimau en 1959 a España para participar en la subversión cuando sus compañeros de Partido sabían que pesaba sobre él amenaza de pena capital? Ciertos autores comunistas, como Jorge Semprún y José Ruiz Ayúcar afirman que precisamente por eso. Max Gallo añade que cabe la sospecha de que fue denunciado por un militante, Lara, con el que acababa de entrevistarse. De hecho cuando la policía le detuvo en un autobús urbano de Madrid en la tarde del 7 de noviembre de 1962, no sabía quién era: la documentación figuraba a nombre de Emilio Fernández Gil, viajante de comercio. Un poco por sorpresa se averiguó después que estaba detenido el terrible chekista de Barcelona. El Gobierno español no había solicitado su extradición —como el Gobierno alemán acababa de hacer con Robert Vorberg, criminal de guerra— ni había recurrido al secuestro. El reo había sido puesto en sus manos. Llevado a la Dirección General de Seguridad intentó huir o suicidarse saltando por una ventana, pero resultó sólo con heridas.
Dijo al médico que esas heridas se las había causado la policía. Pero estas manifestaciones obedecían a las instrucciones que se daban a los miembros del Partido, para cualquier caso semejante, como un medio de defensa.
Grimau no negó quién era, no manifestó arrepentimiento ni pidió perdón; al contrario, afirmó con énfasis que había venido a España a derribar el Régimen. La protesta, en toda Europa, estaba preparada de antemano. Se trataba de presentar a Grimau como hombre bueno y dulce, cuya esposa aparecía en la Televisión francesa hablando de su marido y de sus hijas para inducir a engaño: todas las buenas gentes de Europa, que carecían de otros medios de información, debían ser convencidas de que se trataba del castigo injusto a un enemigo político. El 6 de diciembre Manuel Fraga hubo de celebrar una rueda de prensa. Pero ya el día 10 —el mismo en que se presentaba, con escaso éxito, el Informe de la Comisión de Juristas en el Congreso de Río— tenía lugar una pequeña manifestación ante el consulado español en La Haya. El embajador, sorprendido, pidió a Castiella que le dijese quién era «el señor Grimau». En Montreal, La Presse, publicó una carta al director hablando de un atentado contra Franco, cuyo autor José Conill Valls estaba condenado a muerte. El cónsul, Simón Marín, replicó que ningún atentado se había producido y que nadie estaba condenado a muerte; Conill y otros dos compañeros se hallaban en prisión acusados de terrorismo.
2. El Gobierno español se aprestó a defenderse de la campaña. El Ministro de Justicia, Antonio Iturmendi, celebró una rueda de prensa para dar cifras exactas. Hasta aquel momento se habían comprobado 85.940 asesinatos en la zona roja. La política sostenida por su Ministerio había logrado en cambio reducir al mínimo los delitos y, por consiguiente, la población reclusa. Por su parte la Oficina de Información Diplomática preparó un dossier con las acusaciones contra Grimau incluyendo testimonios y fotografías. Algunas de las declaraciones eran abrumadoras: Nicolás Riera Marsá afirmaba que durante su estancia en la cheka se le obligó a presenciar asesinatos y torturas; Joaquina Ventolrá explicaba cómo había sido violada mientras asesinaban a su marido y cómo tuvo que presenciar la tortura inflingida a un joven a quien quemaron los pies antes de darle muerte.
Uniendo ambas cosas, la negativa del reo a mostrar cualquier tipo de arrepentimiento y el peso abrumador de las acusaciones, el desenlace era inevitable. En una conversación con su primo, pocos días después de la ejecución de Grimau, el Generalísimo lo explicó con tres expresiones muy medidas: «Fue para todos doloroso tener que aprobar la sentencia, pero era un deber hacerlo»; las «familias viven y claman justicia contra el feroz asesino de sus deudos»; «no hubo la menor diferencia entre ministros militares o civiles, todos opinaron lo mismo».
Condenado a muerte por un tribunal militar el 18 de abril de 1963, Grimau fue ejecutado en la madrugada del día 20. Santiago Carrillo declaró que aquella ejecución era un intento para obligar a los comunistas a salir de su política de «reconciliación nacional», pero nunca aclaró cuáles fueran las razones de que se enviara a España un criminal de guerra con tales antecedentes cuando muchos otros miembros del Comité Central no arriesgaban otra cosa que unos años de cárcel en el caso de que fuesen capturados.
3. Las repercusiones internacionales del caso Grimau fueron una demostración de la capacidad organizativa que el comunismo poseía en Europa: en ningún otro caso, fuera del partido, hubiera llegado a producirse. Incluso la reina de Inglaterra, Isabel II, en donde la pena de muerte se estaba aplicando para delitos menos graves, envió un telegrama solicitando la conmutación. Respondió Franco que «sin duda, ha sorprendido su buena fe, puesto que Grimau es autor de crímenes horrendos y por lo tanto lamento no poder conceder el indulto». Decisiva fue, probablemente, la intervención de Khruschov que acababa de insultar al Jefe del Estado español: acceder a su demanda hubiera significado tanto como rendirse a las presiones del enemigo soviético. Nadie se preguntó, al parecer, entre los gobiernos europeos por la razón de que los crímenes comunistas, por horrendos que fuesen, debían ser perdonados, mientras que los de los nazis se mantenían en vigor anulando deliberadamente las prescripciones.
Franco permaneció impasible en medio de la tormenta sin dar beligerancia a los organismos no estatales. La representación oficiosa que se ocupaba de organizar una Feria en Méjico, fue de las primeras en sufrir el asalto: a pesar de que se trataba de un delito contra la propiedad, los asaltantes fueron libertados sin cargo alguno por orden del Gobierno; la Feria pudo, sin embargo, celebrarse, por intervención del sedicente embajador de la República, Martínez Ferduchy. El encargado de negocios en Bogotá, Arturo Rey Egaña, envió una carta a los periódicos, explicando cómo bajo la égida de Grimau siete hermanos de San Juan de Dios fueron asesinados en Barcelona sin que sirviese de nada su pasaporte colombiano ni las protestas de su embajada. Cuando cuarenta y dos sacerdotes suizos enviaron una carta a Franco en protesta por la ejecución, el periódico Ostschweiz se preguntó por las razones de que no hubiesen hecho lo mismo cuando las numerosas ejecuciones y represalias que acompañaron a la revuelta húngara. Esta evidencia del carácter político de las acciones, hicieron mella en los gobiernos europeos que eludieron actitudes directas. Las repulsas quedaron circunscritas a la prensa y a la calle.
François Mauriac publicó un artículo en Le Figaro Littéraire condenando la ejecución. Los comunistas se mostraron incómodos ante esta oficiosidad que erraba en sus planteamientos. Mauriac creía que Grimau había sido condenado por sus actividades como miembro de la policía. Luis García de Linares, agregado de Información, llamó la atención sobre la tesis: parece admitir que un funcionario, cuando obedece a su Gobierno, puede practicar impunemente la persecución y la tortura. En Suiza y Estados Unidos el eco de la protesta se apagó pronto. Las autoridades suizas se mostraron muy preocupadas en cambio de que en la manifestación del 1 de mayo, en Ginebra, se hubiesen mezclado obreros españoles gritando en favor del anarquismo y del comunismo. El presidente del Parlamento federal, Guinand, explicó a Lojendio que entre los 50.000 españoles residentes en aquel país se detectaba la acción de agitadores comunistas que aprovechaban la circunstancia de que no poseían organización propia dentro de los Sindicatos españoles: estos comunistas confían mucho en la que llaman «Operación retorno», es decir la acción en favor del marxismo de estos obreros cuando regresen a España. Algo semejante sucedía con los 4.000 mineros españoles en Holanda y los de Baden-Würtenberg.
4. Resulta también muy significativo que allí en donde la agitación enseñaba sus aristas las autoridades del país se apresuraban a disolverla. En Inglaterra los incidentes se concentraron en las Universidades de Leeds y de Oxford en donde existían fuertes departamentos de español. El secretario de embajada Francisco Javier Palazón se negó a suspender su conferencia en Leeds, anunciada para el día 2 de mayo, que terminó en escándalo. Al día siguiente el consejero de Información dictaba otra en Christ Church, uno de los más prestigiosos Colleges de Oxford. Ante el alboroto declaró que sólo saldría de allí custodiado por la policía o muerto y provocó la reacción favorable del público, que aplaudió. El caso Grimau degeneraba en el Reino Unido en enfrentamiento de opiniones entre conservadores y laboristas. Harold Wilson presidió uno de los meetings de protesta y los periódicos de su obediencia airearon la campaña pero el Sunday Telegraph, admirado por la vehemencia de los manifestantes —una sola pena de muerte en medio de esta Europa que sigue condenando a los nazis— se preguntaba si es que los laboristas preferían ver instalarse en España una república comunista, como la de Checoeslovaquia.
Así se dio la vuelta a la opinión británica, por exceso en la propaganda. En su despacho del 7 de mayo el embajador en Londres, marqués de Santa Cruz, afirmaba que la inmensa mayoría de la población estaba contra los agitadores que movilizaban escasas docenas de personas, mientras que la noticia de que iban a exponerse las dos Majas de Goya y la presencia del mítico Real Madrid, equipo de fútbol, despertaban gran entusiasmo. El día 8 el Daily Telegraph publicaba un artículo bajo la firma de Peter Simple, comentario de la entrevista entre Fidel Castro y la Pasionaria en Moscú: «Es este un encuentro histórico, entre el vociferante e infecto barbudo y la vieja y espantosa fiera roja española, de quien se dice haber sido la primera mujer que llevaba granadas en su bolso». «¿De qué hablaron?, ¿de piquetes de ejecución?, ¿sobre métodos de la policía secreta?, ¿o no habría un abismo demasiado grande entre el actual y activo utilizador del terror y la otra cuyos tiempos de terrorismo esperemos que se hayan ido, gracias a Dios, para siempre?» La protesta se diluía en este tono ínfimo.
5. Como en 1909, cuando la muerte de Ferrer Guardia, también París parece haber sido escogida como escenario principal, entre otras razones porque la izquierda francesa esperaba valerse de las manifestaciones como de una demostración de su fuerza ante el Gobierno. Para el 4 de mayo de 1963 fue convocada en París una Conferencia Extraordinaria de Europa Occidental para tratar de España, bajo la presidencia de un diputado laborista, John Mendelson, a la que fueron invitadas algunas grandes personalidades políticas francesas como Jules Moch, Eduardo Daladier y el italiano La Pira, con quien se haría presente la democracia cristiana. Fueron convocados también representantes de Pax Christi. El diario oficial comunista, L’Humanité, se excedió al dedicar a la Conferencia toda su primera plana provocando alarma en los posibles participantes no marxistas. La embajada española hizo pública una nota en que se explicaba el término de los confinamientos de Miralles y Satrústegui y la próxima creación de un Tribunal de Orden Público. Los organizadores invitaron a la viuda de Grimau a que asistiese después de haber preparado su comparecencia en la Televisión y dieron publicidad a una supuesta carta de Ángel Galarza, el antiguo Fiscal de la República en la que desde luego no había aspectos constructivos.
Castiella ordenó a Areilza que presentase una propuesta formal ante el Gobierno francés por la aparición de Angela Grimau en la pantalla de la televisión del Estado; debía invitarle a hacer esta reflexión: ¿cuál hubiera sido su actitud si hubiesen visto en la televisión española a los miembros de las O.A.S.? En el último momento el honorable La Pira decidió no acudir a París, haciéndose representar por otro miembro de su partido, Agnoletti. Este comprendió muy pronto cuál era el juego e hizo una propuesta previa: lo que aquí se acuerde será valedero para cualquier país y para cualquier persona, a lo que los comunistas, en buena lógica, se negaron. Agnoletti y, con él, Pax Christi, abandonaron la Conferencia. La propaganda oficial española utilizó en su favor la noticia de que se había dado el nombre de Julián Grimau a una calle de Moscú.
6. Era embajador ante el Quirinal, Alfredo Sánchez Bella que, durante su estancia en Bogotá se había distinguido por la eficacia de sus campañas de prensa. Propuso a Franco que, como medio de remover los ambientes católicos, hiciese unas declaraciones a Il Giorno, diario de muy escasa importancia, pero para airearlas después en las que, rehuyendo cualquier alusión al caso Grimau, se refiriese a los progresos conseguidos por España que, desde 1950 estaba creciendo a un ritmo del 10% anual. En prueba de su aserto remitió un artículo de Il Quotidiano, también periódico de poca circulación en donde se había publicado un artículo que establecía la comparación entre las protestas originadas en torno a Grimau y el silencio de los que mueren en el muro de Berlín. «Por Grimau (que no era un prófugo inocente) ha habido una emulación afanosa por alinearse con los comunistas; nadie quería quedarse atrás».
Los ánimos en Italia estaban más caldeados, en forma semejante a lo sucedido en Inglaterra. Il Tempo, periódico de gran tirada, colaboró mucho en la retirada de Agnoletti y de Pax Christi de la Conferencia de París. Cuando el Real Madrid llegó a jugar con la Juventus de Turín —eran los años gloriosos de los «merengues» campeones de Europa— se organizaron manifestaciones. Alfredo di Stefano, el más temible de los jugadores de la squadra bianca recibió amenazas para impedirle actuar. Los «tifossi» de la Juventus llamaban fascistas a los españoles con tanto más ahínco cuanto que inexorablemente subían al marcador los goles, hasta completar la cuenta de 3 a 1 que dejaba a la squadra torinesa fuera de combate.
Libertad religiosa y orden público
1. La principal preocupación del Gobierno español venía de la actitud de la Iglesia. Mucho antes de que se produjera el gran escándalo en torno a Grimau, había en él síntomas de una voluntad de aplicar modificaciones sustanciales en el status de libertad religiosa y en la aplicación de la justicia militar. Juan XXIII había decidido convocar el Concilio Vaticano II —era dudoso hasta qué punto se trataba de reanudar las sesiones del I, interrumpidas por la entrada en Roma de las tropas de Víctor Manuel— y entre el 11 de octubre y el 8 de diciembre, con una asistencia de 2.349 personas, se había celebrado la primera sesión de la magna Asamblea. El 3 de octubre el cardenal Plá y Deniels, a punto de salir hacia Roma, invitaba a Franco a rezar por el buen éxito del Concilio y a promulgar un indulto generoso como muestra de júbilo por el acontecimiento. El Caudillo contestó prometiendo estudiar el tema. Pero entre tanto Castiella urgía al cardenal a que activara el otro tema concreto, de la libertad de culto a los protestantes.
La inauguración del Concilio, acto al que asistió el conde de Barcelona, había sido ocasión para una nueva campaña contra España, en la que desdichadamente quedó envuelto Juan Bautista Montini, a causa del telegrama de que hemos hablado antes. Una parte de dicha campaña se dirigía contra el Opus Dei al que se presentaba como sostén del Régimen. Los servicios diplomáticos españoles hicieron publicar en un semanario francés, L’ami du Clergé, un artículo, Où va-t-elle l’Espagne recordando a sus lectores que la guerra civil española había sido guerra de religión y que las dificultades actuales no eran económicas sino de agitación política movida desde el exterior.
2. El 13 de diciembre de 1962, Fernando María Castiella, que había recibido informes de monseñor Jacinto Argaya, obispo de Mondoñedo, entregó a Franco un memorandum sobre lo que había sucedido en el Concilio durante esta primera etapa: los progresistas habían salido triunfantes, gracias entre otras cosas al suave y persistente apoyo que recibieran de monseñor Montini que se perfilaba ya como figura clave. Los obispos españoles, desunidos, habían hecho tan mal papel que ninguno de ellos estaría en las Comisiones formadas salvo porque el Papa hizo designaciones directas. El Concilio era una derrota para la Iglesia española y su postura. «Dos veces me he encontrado —comentó monseñor Argaya al Ministro— con el Fundador del Opus Dei. En la primera entrevista me dijo que los obispos españoles estamos quedando en el Concilio a la altura de los de Guatemala. En la segunda me aseguró que el episcopado español, tan virtuoso, capaz y apostólico, está poco acreditado en el mundo. He agradecido esta sinceridad que me ha dolido, por otra parte. Salvando la mejor voluntad de mi informador yo creo que estas opiniones encierran injusticia».
El memorandum es importante como explicación de actitudes posteriores: una parte del episcopado español se aprestó a un cambio radical para alinearse en la dirección que parecía triunfar. Cuando Juan XXIII recibió en audiencia al yerno de Khruschov, Adjubei, se dijo por la prensa, que el propio Secretario ruso iba a ser recibido. El momento era especialmente delicado: en diciembre de 1962 comenzó a circular la noticia de que probablemente no quedaban a Juan XXIII más de seis meses de vida. Por otra parte, apenas tuvo la aceptación tácita de la Santa Sede, el Gobierno español aflojó las cautelas en relación con el protestantismo. En marzo y abril de 1963 saltaron a la prensa noticias relacionadas con la apertura de nuevas capillas evangélicas; y no eran medios católicos quienes las daban.
En sus discursos de estos años, Franco aludió, varias veces, a su deseo de llevar a la práctica los consejos contenidos en la encíclica Pacem in Terris, de la que poseía un ejemplar anotado y subrayado por su propia mano. De hecho, en el discurso del 9 de marzo de 1963, a que antes nos hemos referido, el Generalísimo insistía en sus propuestas de una democracia orgánica, que se apoya en el concepto del hombre como «persona» y no, como sucede en la inorgánica que reduce al hombre a ser «individuo»: lo primero es congruente con la doctrina cristiana porque garantiza la dignidad de la criatura; lo segundo no.
3. El caso Grimau incidiría también en esta tendencia. Mientras aceleraba las tensiones internas del Partido Comunista, que provocaría en setiembre de 1964 la expulsión de Claudín y la ruptura en dos, forzaba al Gobierno a replantearse el tema de los tribunales militares en relación con la subversión. Antes de abril ya había en proyecto la creación de un tribunal civil especializado en cuestiones de orden público. Así se liberaba al Ejército de una pesada carga sin transmitirla a los tribunales ordinarios. Pero, sobre todo, era la ocasión de pasar a mejor vida el tribunal de represión de la Masonería y el Comunismo. La noticia fue dada por la prensa dominical británica el 5 de mayo de 1963 y por la norteamericana pocas horas más tarde. Los comentaristas en Estados Unidos recogieron sobre todo este aspecto: el ala derecha cristiana presente en el Gobierno ha conseguido imponerse y en adelante ser o haber sido masón no es imputable a delito: sólo las acciones individuales, en cuanto perturben el orden público, pueden ser sometidas a juicio y sentencia.
La creación del Tribunal de Orden Público consecuencia de la Ley que las Cortes aprobaron fue presentada como un gesto de liberalización, por parte del Régimen. Sin duda lo era objetivamente. La oposición dijo que había sido impuesta por las protestas en torno a la ejecución de Grimau, lo que resulta difícilmente compatible con el calendario de la misma. En la psicología de Franco, esencialmente militar, debe haber influido un hecho diferente, la repugnancia que el Ejército demostraba en el uso de sus tribunales para una rebelión que era esencialmente política.
