Imagen alegórica sobre la política exterior española en 1969, marcada por Guinea, Ifni y el conflicto de Gibraltar.
1. España otorga la independencia a Guinea
Según hemos tenido ocasión de comprobar anteriormente, la política que Fernando Castiella, de acuerdo con Franco, elaboró para su país tenía algunos ejes de apoyo muy firmemente elegidos: desprenderse de Guinea e Ifni, asegurar la conservación del Sahara como entidad política, frenar a Marruecos mediante el apoyo de los demás países musulmanes y apretar los tornillos en torno a Gibraltar hasta impedir a esta colonia británica su propia subsistencia.
Cuando el Secretario General de la O.N.U. solicitó un informe sobre el Sahara español, el Ministerio de Asuntos Exteriores respondió claramente que en este territorio de soberanía sólo hay dos interlocutores, España, que en estos momentos lo ostenta, y los habitantes del mismo, a los que se reconoce un derecho de autodeterminación; informar a los países vecinos, Marruecos, Argelia y Mauritania, parecía lógico, negociar con ellos, no.
Esta carta, cuidadosamente meditada, se originó en un borrador manuscrito que redactó el propio Franco el 13 de febrero de 1968. Castiella le convirtió en un nuevo texto que consultó al Caudillo el 16 de marzo.
La conferencia ante militares del CESDEN, Nuño Aguirre de Cárcer, que sin duda contaba con la aquiescencia de Castiella, suscitó una nueva y gran cuestión: el descontento español respecto a los Estados Unidos. En 1963 el descontento por una decisión personalísima del Generalísimo de no renovar los pactos con Estados Unidos —explicó Castiella— había renovado algunos aspectos de la relación y el comité consultivo conjunto. Ahora las negociaciones deben reanudarse y España no está satisfecha, especialmente de un punto, que es la actitud norteamericana respecto a Gibraltar. Estamos siguiendo la línea que se solicita en el proceso de descolonización. Tenemos derecho a que se aplique en Gibraltar la misma medida y vamos a apretar los tornillos hasta hacer de la Roca un peñón inservible.
2.Al término de la primera ronda de la Conferencia constitucional sobre Guinea Ecuatorial, hubo un cierto compás de espera. El Gobierno español convocó elecciones municipales y esto inquietó a los dirigentes del Monalige porque temieron una maniobra para separar la isla del Continente, como los representantes de Fernando Poo habían solicitado. Castiella encargó entonces a Piniés que presentase en la O.N.U. una propuesta de resolución para que fuesen las Naciones Unidas las que supervisasen las elecciones. El 17 de abril se reanudaron las sesiones de la Conferencia.
Se celebraron nuevas elecciones para constituir el Gobierno del nuevo Estado y se escogió la fecha del 12 de octubre de 1968 para la transmisión de poderes. Manuel Fraga Iribarne presidió la delegación española que arrió la bandera, dejando Guinea en manos de uno de los peores tiranos que ha conocido África, Francisco Macías Nguema.
Esta era la amarga experiencia de la descolonización: la independencia permitía el retorno de las oscuras fuerzas ancestrales. La opinión pública española quedó desfavorablemente impresionada pese a los esfuerzos que se hicieron desde el Gobierno para ocultar las noticias. Coincidiendo la primera andadura del nuevo Estado con una reconciliación entre Marruecos y Argelia, que se anunciaba ya en enero de 1969, no cabe duda de que se trata de un revés importante para la política exterior española.
La primera comunicación de Macías con Franco fue una carta, a finales de 1968, en la que solicitaba el envío de armas, dos lanchas patrulleras y un avión para su uso personal. El Caudillo respondió que su Gobierno había prorrogado el presupuesto por un trimestre a fin de que Guinea dispusiese de la misma ayuda mientras se negociaba un nuevo convenio de cooperación, dentro del cual se incluyeron los subsidios. La intención del presidente era imponer en el país una dictadura. Irritado porque no encontraba en España la fuente de aprovisionamientos para su ejército personal, comenzó a acusar a ésta de opresora y dijo que retenía como prisioneros a los funcionarios españoles de Hacienda para que respondiesen de las cuentas. De hecho en febrero de 1969 se registraba ya un déficit de 422 millones de pesetas. Una ola de racismo anti-blanco, más fuerte que el de cualquier Estado practicante del apartheid, se estaba desatando: un médico de Río Benito fue detenido por mantener relaciones con una mujer negra. Macías había comenzado a perseguir y destruir a sus enemigos, entre los que se contaban los dirigentes de la independencia Bonifacio Ondó y Atanasio Ndongo; apoyándose en ayuda comunista recibida del exterior. Los empresarios españoles se reunieron con funcionarios del Gobierno para tratar de encontrar un punto de acuerdo, pero fracasaron. La dictadura de Macías llegó a asustar a los otros países africanos, reunidos en Addis Abeba.
3. La primera comunicación de Macías con Franco fue una carta, a finales de 1968, en la que solicitaba el envío de armas, dos lanchas patrulleras y un avión para su uso personal. El Caudillo respondió que su Gobierno había prorrogado el presupuesto por un trimestre a fin de que Guinea dispusiese de la misma ayuda mientras se negociaba un nuevo convenio de cooperación, dentro del cual se incluyeron los subsidios. La intención del presidente era imponer en el país una dictadura. Irritado porque no encontraba en España la fuente de aprovisionamientos para su ejército personal, comenzó a acusar a ésta de opresora y dijo que retenía como prisioneros a los funcionarios españoles de Hacienda para que respondiesen de las cuentas. De hecho en febrero de 1969 se registraba ya un déficit de 422 millones de pesetas. Una ola de racismo anti-blanco, más fuerte que el de cualquier Estado practicante del apartheid, se estaba desatando: un médico de Río Benito fue detenido por mantener relaciones con una mujer negra. Macías había comenzado a perseguir y destruir a sus enemigos, entre los que se contaban los dirigentes de la independencia Bonifacio Ondó y Atanasio Ndongo; apoyándose en ayuda comunista recibida del exterior. Los empresarios españoles se reunieron con funcionarios del Gobierno para tratar de encontrar un punto de acuerdo, pero fracasaron. La dictadura de Macías llegó a asustar a los otros países africanos, reunidos en Addis Abeba.
II. El acuerdo sobre Ifni
1. El respaldo norteamericano a Marruecos crecía, perjudicando los intereses españoles, acentuando incluso la complacencia con que la O.T.A.N. contemplaba la prolongación del status colonial en Gibraltar. Los temores de Israel en la guerra de los Seis Días, que entregara al ejército judío los altos del Golán y las márgenes del Jordán, se detectaba un aumento en los sentimientos anti-occidentales de los árabes y una maniobra de la URSS para, al amparo de dichos sentimientos, incrementar la flota que recorría en el Mediterráneo. Las fuerzas británicas se replegaron por razones crematísticas, Malta parecía cada vez más entregada a la política neutralista de don Minto, y Francia estaba anunciando que si no se le permitía disponer de fuerzas separadas iba a abandonar la gran base naval OTAN. Era inminente el abandono de la base naval francesa de Mers el Kebir. Ante esta eventualidad el embajador turco en Argel visitó a su colega español, José Luis Arcos, para preguntarle: ¿ante el peligro de que Mers el Kebir se convierta en una base militar soviética, estaba España en condiciones de cooperar para transformar a un puerto civil, en los que los españoles eran expertos? No se dio respuesta. Tras la evacuación de la base, hubo todavía un ligero tanteo acerca de una posible mediación española. Siempre detrás de estas cuestiones.
El 7 de febrero de 1968 Alfredo Sánchez Bella explicaba estos detalles en un largo despacho, resumiendo la conversación con el embajador de Estados Unidos en Roma y el director de Asuntos Políticos.
El 8 de febrero de 1968 el ministro consejero de la embajada de Italia en Madrid, Casigliatti, entregó al Ministerio de Asuntos Exteriores una nota enviada por Aminatore Fanfani, a la sazón Ministro de Relaciones Exteriores en Italia. Comunicaba su criterio: había que lograr la paz en Oriente Medio por el procedimiento de acercamiento de Europa a los países árabes. España podía ayudar a conseguirlo, pero los funcionarios españoles le mostraron otro documento que conocían, el de la OTAN: se debía comenzar el año 1968 los servicios españoles de información estaban detectando la infiltración de unidades partidarias de Marruecos en Río de Oro a fin de alterar la composición de un censo que era muy difícil de verificar. Otro éxito que podían apuntarse los marroquíes era también el fracaso de las negociaciones entre el International Minerals and Chemical para la explotación de los fosfatos del Sahara. Sin embargo, el corresponsal del periódico Jeune Afrique comentaba con uno de los miembros de la delegación española, López Dóriga, que la posición española en el Sahara era fuerte porque ni Argelia ni Mauritania tenían el menor deseo de que los españoles se fuesen de allí, mientras que la URSS había descubierto demasiado pronto su juego al intentar la maniobra de Mers el Kebir.
Ciertamente, ahora que el referéndum sobre el Sahara se había incorporado al programa de recuperación del Ifni, el Gobierno español no oponía inconvenientes a que sus habitantes se incorporasen a Marruecos.
La misma nota diplomática española había conseguido separar el tema del Ifni del de Río de Oro. El 14 de febrero de 1968 Castiella informó a Franco que, por su parte, todo estaba dispuesto para una negociación con Marruecos sobre aquel territorio. Ninguno de los Ministerios consultados deseaba conversar con Marruecos.
La negociación, sin embargo, iba a ser más complicada de lo que Castiella había supuesto. Los marroquíes pretendían obtener de España la entrega inmediata de la zona de Ifni, que consideraban que debía quedar incorporada a Marruecos. España, por su parte, no quería entregar el territorio sin obtener garantías suficientes para sus intereses y para la población española.
Los caladeros inmediatos a la costa carecen de valor, de modo que lo importante era llegar a un acuerdo que permitiese a Marruecos ejercer su soberanía sobre la zona, pero garantizando al mismo tiempo los intereses españoles.
A finales de febrero, el ministro español informó de que las conversaciones con Marruecos se encontraban en una situación difícil. Los marroquíes pretendían obtener mayores concesiones, mientras España trataba de asegurar que la transferencia de soberanía no perjudicase sus intereses.
Después de las sesiones de la Conferencia de Addis Abeba, donde las opiniones en favor de la autodeterminación del Sahara eran más numerosas que en anteriores reuniones, los negociadores españoles advirtieron cierta animosidad entre sus interlocutores marroquíes.
En el discurso de aniversario de su proclamación, Hassan II se refirió a la próxima recuperación de Ifni, pero mezclando este territorio con el Sahara. Es muy probable que el rey de Marruecos estuviese enterado de la advertencia que había hecho el embajador español en Rabat.
Si Hassan se negocia con España, reclamará también el Sahara y, cuando menos, intentará conseguir alguna compensación territorial.
3. El 9 de marzo de 1968 el ministro de Asuntos Exteriores, Laraki, organizó un almuerzo en su casa para el embajador español. Estuvo presente el primer ministro marroquí, que estaba ya preparando su propuesta de negociación. Pero Ibáñez se mostró muy reticente: la experiencia demostraba que las buenas palabras del Gobierno no se cumplen después por sus delegados. En efecto, cuatro días más tarde, el embajador recibía un memorándum con protestas de amistad. Enviado a Madrid, la respuesta del Gobierno español llegó a Rabat el 20 de marzo, si bien Ibáñez no pudo entregarla hasta el 27 por enfermedad de Laraki. Nuevos retrasos surgieron por ausencia de Hassan II.
El 23 de junio —el largo plazo demuestra la minuciosidad de Laraki— hubo ya una propuesta marroquí: primero se haría la transferencia del territorio; luego se firmaría el tratado de pesca. Había en la propuesta una doble falacia, porque los marroquíes proponían, no el reconocimiento de los derechos españoles, sino un recíproco acuerdo para autorizar la pesca en las dos zonas de 12 millas. Además se crearían dos compañías mixtas, una para la pesca del atún, con titularidad marroquí, otra para la comercialización del pescado fresco. Proponían el 1 de julio para el comienzo de la transferencia. Ibáñez se negó: se trataba de abrir España al pescado marroquí sin dar nada a cambio. Sin previo acuerdo de pesca no habría transmisión.
El 2 de julio se reunió en Rabat la conferencia mixta: del lado marroquí intervenían Ahmed Benkirane, subsecretario de Comercio, el Jalifa Muley el Mehdi, presidente del Banco Nacional de Desarrollo, Karim Lamrani, de la Compañía de Fosfatos, Maati Jorio, secretario general del Ministerio de Exteriores, y uno de los secretarios de Laraki; presidía la delegación española Gabriel Mañueco de Leca, director general de África, Marcillach, Trespaderne, de la Dirección General de Pesca Marítima, el embajador Ibáñez y el secretario de la embajada Iparaguirre.
Ibáñez se mostró satisfecho porque las condiciones ahora logradas eran más favorables para España que las que los técnicos encargados de negociarlas esperaban. Hassan II había dado luz verde para que la firma del acuerdo pesquero antecediese a la entrega de Ifni.
El servicio español de información creía saber cuáles eran las razones que movían a Hassan II a mostrarse condescendiente: captaron cierta correspondencia entre el embajador marroquí y su gobierno y averiguaron que el Rey presionaba a éste para que lograra a cualquier precio la transferencia antes de acabar el verano. Llegó a enviar a un príncipe de sangre, Muley Mohammed Alaoui, que fue recibido por Franco en El Pardo, la víspera de su viaje a La Coruña. Pero tanto el Generalísimo como Castiella se negaron a cualquier precipitación: no antes de noviembre porque había que dar tiempo a las Cortes a votar la resolución y a aprobar el convenio de pesca. A pesar de todo Hassán estaba satisfecho. Deseaba hacer una nueva visita a España.
4. En setiembre de 1968, ultimado el acuerdo de pesca, se estaban discutiendo ya los últimos detalles: condiciones para aquellos indígenas que optasen por recibir o conservar nacionalidad española, medidas para la sustitución de la moneda y número de inmuebles que el Gobierno español conservaría en Sidi Ifni. Eduardo Ibáñez hizo un breve viaje de tres días a Ifni para acordar con el general Vega la forma de evacuación de las 183 familias civiles y los militares allí presentes. Se informó al Presidente de Mauritania de la conclusión de las negociaciones.
A última hora, mientras Los Arcos daba cuenta de un intento de aproximación patrocinado por norteamericanos y franceses, entre Argelia y Marruecos, surgía un obstáculo. Hassán II exigía que todos los ifneños fuesen considerados súbditos marroquíes mientras no pudiesen demostrar lo contrario: esto implicaba peligro para las personas y bienes de los colaboradores de España. Un texto definitivo se fijó el 25 de noviembre: cada persona podía escoger la nacionalidad que quisiera, pero por una sola vez.
El 16 de diciembre de 1968, Eduardo Ibáñez envió el tratado final, a punto de firma. Con ocasión de ésta, Hassán II regaló a Franco una finca, llamada Aziza, en Rabat, libre de cargas, para que en ella se instalase la embajada española.
5. Esperando el momento de la entrega de Ifni, acto que tendría lugar el 30 de junio, mientras toda la atención política española parecía concentrarse en la sucesión de Franco, los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, bastante desalentados por los magros resultados de aquella política descolonizadora, se inclinaban sobre el informe sobre el Sahara que elaboró Presidencia del Gobierno:
a.Los saharauis, evidentemente, no quieren ser marroquíes ni mauritanos; por eso están ahora interesados en favor de España. Si les garantizamos que no nos iremos de allí nunca y que en cambio vamos a ayudarles a convertirse en Estado independiente, el referéndum será favorable y sin peligro.
b. Es preciso aceptar el criterio de la independencia porque este es el punto de vista de la O.N.U., a la que pertenecemos; podemos, sin embargo, rechazar cualquier negociación acerca de la soberanía con Marruecos o Mauritania. Si se considera conveniente crear un organismo autónomo, puede hacerse.
c. Se debe mantener el argumento de que España está dispuesta a conceder la independencia efectiva al Sahara cuando este territorio tenga capacidad de defensa por sí mismo, y no antes.
El tratado de pesca se firmó en Fez el 4 de enero de 1969, se ratificó en Madrid el 30 de abril y entró en vigor el 13 de mayo. Reconocía a España derecho a seguir pescando en aguas de Ifni como antes. El 30 de junio, evacuadas las tropas españolas, Ifni se convirtió en parte de Marruecos. Hassán II fue a Madrid y se hizo retratar paseando por sus calles.
El corresponsal de France Presse, que bebía en fuentes marroquíes, advirtió que tras la sonrisa no había nada: el rey se preparaba ya para pedir la entrega del Sahara, luego de Ceuta y Melilla, después… mientras España se mostraba contenta por el apoyo platónico de los votos árabes en el caso de Gibraltar. Esto era cierto. El 3 de julio, en un editorial inspirado por su Gobierno, Al Alam advertía que una colaboración hispano-marroquí era impensable en la comercialización de los fosfatos, por ejemplo, sin el Sahara.
Para la MAP, agencia oficial marroquí de noticias, la felicitación de Hari Bumedian era más importante que la brillante recepción ofrecida a Hassán II. El 9 de julio de 1969, Gabriel Cañadas, adjunto permanente en la O.N.U., comunicaba a U Thant que el compromiso de Ifni estaba liquidado de acuerdo con la recomendación del Comité de los XXIV. En cambio los marroquíes, apenas dueños del territorio, suspendieron la aplicación del tratado de Fez, prohibiendo la pesca a los españoles.
Era un triste consuelo poder decir que España cumplía sus compromisos de descolonización, cosa que Inglaterra no hacía.
III. El cierre de la frontera de Gibraltar
Conforme pasaba el tiempo, la mayor parte de los miembros del Gobierno español propendían a descargar sobre Castiella la responsabilidad de las medidas que se tomaban contra Gibraltar, que eran en parte poco populares. Era el cansancio lo que dictaba esta actitud; pero Castiella había advertido que se trataba de un camino largo, que excluía cualquier violencia, pero cuya eficacia dependía de mostrar en él perseverancia.
En 1968 tuvo por primera vez la sensación de que la voluntad británica comenzaba a resquebrajarse. Un segundo Libro Rojo completaba los argumentos del primero añadiendo una oferta concreta y seria: se permitiría a los habitantes de Gibraltar que conservasen la nacionalidad británica y todos los privilegios que hubiesen obtenido. Fue seguido de otro Libro que pretendía demostrar cómo los derechos del hombre se hallaban amenazados en la Roca.
Al aumentar las presiones españolas, los británicos comenzaron a manifestarse dispuestos a negociar el «contencioso» sobre Gibraltar. Esta expresión no debe engañarnos. Se refería únicamente a aquellos abusos cometidos después del tratado de Utrecht, como el aeropuerto de la zona neutralizada, y no a la soberanía sobre el territorio.
En un despacho desde Nueva York, Jaime de Piniés animaba a su jefe a seguir adelante, sin temor a un cambio de opinión por parte de Naciones Unidas: debemos decir a los ingleses que sólo negociaremos sobre lo que la O.N.U. acordó, la descolonización, y al mismo tiempo, «que estamos dispuestos a ser inflexibles con respecto a la zona de seguridad, a terminar total y absolutamente con todo el ir y venir de transeúntes por la Línea e inclusive con la supresión de toda comunicación con Gibraltar por el puerto de Algeciras».
El Reino Unido no podía responder con medidas económicas porque vendía en España más mercancías que en algunos de sus dominios.
En enero de 1968, en debates que tuvieron lugar tanto en los Comunes como en los Lores, comenzaron a oírse voces que reclamaban la negociación con España, insinuando aumentar las presiones españolas.
Los británicos comenzaron a manifestarse dispuestos a negociar el «contencioso» sobre Gibraltar, pero únicamente respecto de los abusos posteriores al tratado de Utrecht y no sobre la soberanía del territorio.
En esta situación, España continuó presionando para conseguir la descolonización de Gibraltar, manteniendo al mismo tiempo una política de firmeza respecto a la zona de seguridad, las comunicaciones y el tránsito por la frontera.
2.
Tras la supresión de los vuelos, el Ministerio español de Asuntos Exteriores quería dar un paso más en el estrangulamiento de Gibraltar, ahora en sus comunicaciones marítimas. El tratado de Utrecht reservaba a España toda la bahía de Algeciras. Pero en 1826, siendo Ministro de Marina y en un momento de máxima postración española, el Gobierno británico presentó una nota afirmando que a Gran Bretaña correspondían aguas jurisdiccionales. España no aceptó la nota, pero en 1876 una real orden prohibía a los barcos españoles navegar más allá de la línea establecida por los ingleses; para señalarla se construyó el pantalán denominado de San Felipe.
El 19 de octubre de 1967, como una parte más en las medidas de respuesta a la abrogación unilateral del Tratado de Utrecht por parte británica, el Gobierno español abrogó la R.O. de 1876 y creó el gran puerto de Algeciras, señalando como límite la verja para no entrar en nuevas discusiones. El Gobierno británico no se atrevió a protestar, limitándose a una nota verbal, proponiendo negociaciones para fijar la delimitación de las aguas, que no era muy clara.
En enero de 1968 Castiella propuso a Nieto Antúnez la construcción de un dique en Algeciras. El Ministro de Marina respondió que era más útil prolongar el pantalán porque con él se pondría un obstáculo más que suficiente a la navegación de los grandes buques de transporte de viajeros. Castiella pidió que se estudiase el asunto.
3.
El 19 de febrero de 1968 el embajador británico presentó al Gobierno español una nota verbal: estaba dispuesto a enviar a Madrid un negociador, pero no quería que se tratase únicamente de la resolución 2.353 de la O.N.U.
El marqués de Santa Cruz advirtió a Castiella: de los artículos de la prensa y de las discusiones parlamentarias en torno a la nota británica del 19 de febrero se desprende con claridad que nos estamos acercando a un punto clave; los habitantes de Gibraltar esperan que su Gobierno sea capaz de obligar al español a levantar esas restricciones que, lenta e inexorablemente, les arruinan. Pretenden enviar a John Beith a Madrid, pero sólo para tratar de las aguas jurisdiccionales.
En sus notas de 12 de enero, 10 y 24 de febrero de 1968 Castiella trató de dejar bien claro que no estaba dispuesto a negociar sobre otra cosa que la resolución número 2.353 de la O.N.U. (19 de diciembre de 1967) que utilizaba, al referirse a la descolonización de Gibraltar, las mismas expresiones que se utilizaban para otros territorios.
Tuvo pronto la sensación de que algo comenzaba a aflojarse en la resistencia de sus interlocutores, pues el 2 de marzo un funcionario del Colonial Service, Cumming Bruce, tanteó al secretario de embajada en Londres, Pedro Bermejo, acerca de las condiciones para un arrendamiento de la base en el caso de pasar a ser de soberanía española.
El 11 de marzo una comisión de sindicalistas mineros británica, invitada por Solís, visitó España: les acompañaba un diputado, Albert Roberts, que notificó que era portador de una carta personal del Subsecretario del Foreign Office, Rodgers, para Castiella. Este le recibió con el mayor secreto el 13 de marzo.
El Gobierno laborista culpaba ahora a su extrema izquierda, lo mismo que a la extrema derecha, de la negativa a negociar; solicitaba en consecuencia del Gobierno español que, demorando dos años el asunto principal, accediera a lo que de momento parecía más fácil, uso del aeropuerto y delimitación de aguas jurisdiccionales. Esta propuesta debió parecer al Ministro español jocosa, pues equivalía a decir:
«Levántame las sanciones que me perjudican; más adelante hablaremos.»
A esto respondió Castiella con una contrapropuesta: de acuerdo, pero Vds. firman un documento comprometiéndose a cumplir dentro de dos años la resolución de la O.N.U. A esto respondió Rodgers que no. Habría cambiado el Gobierno británico y las elecciones no tenían que ser tenidas en cuenta.
Esta breve correspondencia revela cuál era el criterio británico de negociación sobre el «Contencioso». Por su parte, a quien importaba mucho salvar la imagen española para bien del turismo, preparó una audiencia de Franco a lord Thompson, el propietario de las seis cadenas de discotecas denominadas Thompson’s Holidays y de una formidable serie de periódicos, radio y televisión. Esperaba que el Jefe del Estado expresara la simpatía española hacia los británicos y el deseo de mantener relaciones cordiales a pesar de la disputa sobre Gibraltar.
4.
A pesar de la previa negativa española, el Foreign Office envió a Madrid al subsecretario adjunto, John Beith, en marzo de 1968: era evidente el propósito de producir en la O.N.U. la engañosa sensación de que se negociaba. Su visita impuesta y no solicitada ni aceptada previamente creó un difícil problema de protocolo.
La embajada británica organizó un almuerzo de trabajo, pero Olivié, Beith y Sassot se negaron a asistir: no había nada que negociar. La señora Henderson organizó una cena en un restaurante madrileño: quería presentar a sus buenos amigos los Beith. Olivié consultó el asunto y decidió que se invirtiese la invitación: era pasada la medianoche cuando Beith, su esposa y los hijos acudían a una cena organizada por el funcionario español.
Beith pidió permiso para leer un documento preparado por su Gobierno, el cual, a juicio del funcionario español, resultó decepcionante. Inglaterra no consideraba que la resolución de las Naciones Unidas permitiese dar ante las Naciones Unidas la sensación de que se estaba negociando.
No fue un mandato, sino una recomendación. «Afirmó que Gran Bretaña no estaba en estos momentos en condiciones de negociar con España la transferencia de soberanía sobre Gibraltar… pero esto no quiere decir que en el futuro el Gobierno británico no pudiera negociar dicha transferencia», decía un diplomático gibraltareño. España —esta es la falacia— aceleraremos la transferencia todo lo posible. Entre tanto, negociaremos como buenos amigos, en secreto, sin actas ni notas a la prensa, los puntos litigiosos, esto es, aquello que dificulta el normal desarrollo de Gibraltar.
Sobre la marcha, y a reserva de una respuesta más pensada de su Ministerio, Olivié manifestó cuatro puntos de disconformidad:
a) Olivié manifestó cuatro puntos de disconformidad: a) pese a sus reservas iniciales, los españoles habían aceptado las propuestas británicas de negociar el 12 de julio de 1966, y fueron los ingleses quienes acudieron al tribunal de La Haya;
b) en la conversación que él mismo y Canadá mantuvieron con Crawford-Smith en Nueva York, ya advirtieron que los españoles estaban dispuestos a sostener negociaciones, tan largas como fuese preciso, tan minuciosas como exigiesen los intereses de todas las partes, pero no a desviarse de esta línea;
c) existen tres declaraciones lesivas para los españoles, por parte del Gobierno británico, la del 12 de julio de 1966 declarando su soberanía sobre el istmo, la del 5 de enero de 1967 afirmando que tiene derecho a usar el espacio aéreo contiguo, y la nota verbal del 9 de diciembre del mismo año reclamando más aguas jurisdiccionales en la bahía de Algeciras;
d) por último, que la manifestación británica de que no puede entregar una comunidad libre de súbditos suyos a una potencia extranjera es absolutamente falsa.
En las reuniones de los días siguientes, con instrucciones precisas de su ministro, Olivié conoció más a fondo a Beith. Explicó a Beith que era imposible negociar mientras el Reino Unido publicase su intención de permanecer en la Roca para siempre: los españoles están decididos a tener toda la paciencia del mundo pero que, al final, la soberanía arrebatada por el tratado de Utrecht les sea devuelta como este mismo tratado previene.
No quieren negociaciones secretas. No quieren negociaciones en todo el mundo, y los gibraltareños en primer lugar, quieren enterarse de que ofrece a estos las condiciones que desean, pero reintegrando el territorio a su soberanía. Se habla de los gibraltareños como un aluvión de funcionarios, empleados y extranjeros traídos deliberadamente para fabricar una población que se tituyese a sus legítimos dueños, expulsados por la fuerza de las armas. Inglaterra trata de cambiar el status de la colonia en desprecio del artículo X del Tratado, que prohíbe tomar ninguna decisión excepto devolver la base a España. Hay una base y una población: no queremos perjudicar ni una ni otra, pero sí negociar las condiciones. Si los británicos se niegan a tratar de la soberanía no nos dejan otro recurso que tratar cuanto antes de convertir a Gibraltar en cadáver inséquito del Imperio británico.
5.
Todavía quedaban nuevas medidas y es indudable que Castiella estaba decidido a adoptarlas. La intervención del secretario británico de Asuntos Exteriores, Michael Stewart, en los Comunes, acerca de las Malvinas, demostraba que las comunicaciones eran las que en todo caso preocupaban a los británicos. El 6 de mayo se aplicaron nuevas restricciones que anunciaban el cierre total de la frontera para un plazo ya no muy lejano. Todavía el Foreign Office hizo un esfuerzo en el uso de mensajeros privados, utilizando los servicios del capitán de navío Hillgarth, que en otro tiempo defendiera el punto de vista español sobre el aeropuerto.
Se preparaba sobre todo recabar el apoyo de sus aliados mediante la O.T.A.N. Lord Caradon, que era su representante permanente ante este organismo, presentó una carta en la que señalaba dos argumentos: en la negociación, los intereses primarios son los de la población gibraltareña y no los intereses de España; si en los últimos 250 años ésta ha renunciado a ejercer los derechos previstos en Utrecht, la consecuencia no podría ser otra sino decidir si esa misma población tiene que decidir si desea ser española o británica.
En las conversaciones del mes de marzo —explicaba lord Caradon desvelando así la maniobra— el jefe de la misión británica puso en claro al Gobierno del Reino Unido que todavía tenía la esperanza de que el Gobierno español estuviera de acuerdo en discusiones bilaterales constructivas que llevarían a una mejora en la situación de Gibraltar y a un cambio en las perspectivas de unas negociaciones fructíferas a largo plazo.
La situación era bastante clara: ante los aliados de la OTAN se especulaba con el interés de base; ante las Naciones Unidas, con el perjuicio que causaba a la población «gibraltareña». Sólo en la medida en que sus decisiones causasen perjuicios definitivos a Gibraltar podía el Gobierno español abrigar la esperanza de obtener resultados, porque para la diplomacia británica la cuestión se presentaba de este otro modo: la Roca entra y no sale; vamos a devolverla, si podemos a vuelvas.
La actitud del Gobierno español que se había decidido a adoptar, se estaba demostrando eficaz: las comunicaciones con los británicos, en los Comunes y en el Foreign Office, empezaban a plantearse desde otro punto de vista. La frontera estaba cerrada desde mayo. Los ingleses no podían hacer mucho para evitarlo. La cuestión era esperar a que los efectos económicos y políticos de la medida obligasen al Gobierno británico a buscar una salida.
6. España tenía el respaldo de la O.N.U., y aunque se mostrase absolutamente decidida a no emplear la violencia —entre otras razones porque tendría efectos contraproducentes— sabía ahora que no había peligro de una censura por aquellas acciones que le fuera dado aplicar. Qué acciones fuesen éstas era materia de estudio en el Ministerio español de Asuntos Exteriores. En febrero de 1969 se pensó en crear una nueva provincia, de Gibraltar, segregando municipios de Málaga y Cádiz. Lord Caradon temía sobre todo los efectos cuando, aquel verano, correspondiese a España presidir el Consejo de Seguridad. Olivié estudiaba el doble asunto de absorción de trabajadores y comunicaciones marítimas, y era de opinión de que al violar las autoridades británicas el tratado de Utrecht, España tenía derecho a interrumpirlas de modo radical. Esto se hizo a partir del 1 de julio de 1969.
Michael Stewart remitió a la embajada española una «aide memoire» áspera, lamentando que España se apartase de la colaboración; su entrevista con el embajador Santa Cruz fue muy violenta. Prácticamente ministro y embajador se cruzaron recíprocos insultos. La respuesta española seguía siendo la misma: son las argucias y abusos británicos quienes obligan a emplear los medios disponibles. A la salida, una muchedumbre de fotógrafos esperaba al marqués de Santa Cruz, que tuvo un gesto de vieja escuela: despidió al coche y fue a pasear por Hyde Park con su perro.
Al acercarse el plazo que la O.N.U. señalara para la descolonización, sin que se abriesen negociaciones, la situación en Gibraltar se endurecía —el diario laborista Sun comentaba que la supresión del ferry-boat costaba al Gobierno británico 150.000 libras— y se convertía en motivo de polémica entre los partidos. España hizo distribuir entre las delegaciones en la O.N.U. un documento que aclaraba las ventajas para los moradores de Gibraltar en el caso de que se incorporasen a España. La prensa derechista se mostraba en general a favor de las tesis españolas, pero los socialistas, incluyendo entre éstos a algunos españoles, defendían el argumento británico acerca de la entrega de «libres» ciudadanos de Gibraltar a la «dictadura» franquista.
Castiella concedió mucha importancia a esta forja de opiniones favorables en el exterior porque desesperaba de una negociación y, cuando llegase el 1 de octubre, no quedaría a España otro recurso que cerrar la verja, interrumpir toda clase de comunicaciones, incluyendo las telefónicas, y hacer de Gibraltar una incómoda isla. Inglaterra hizo, en el último instante, un esfuerzo para mantener abierta al menos una puerta: el 24 de setiembre de 1969, Bendall se entrevistó con el marqués de Santa Cruz, con sonrisas, para proponer nuevas conversaciones; insistiría entre este día y el 29, proponiendo guardar el secreto. «Las negociaciones con España —dijo— se habían torcido por la publicidad con que se las rodeó, mientras que las mantenidas con Argentina habían prosperado por el secreto con que se llevaron». No aclaraba que esta prosperidad se refería únicamente a las ventajas británicas, porque las posibilidades de Argentina para recuperar las islas eran cada día menores. El informe de lord Beeching sobre la situación en Gibraltar se mostraba pesimista, pero también lo era el del marqués de Santa Cruz respecto a las conversaciones propuestas.
Efectuado el bloqueo, España no podía ir más lejos: los apoyos teóricos de la O.N.U. no daban para más. Los fuertes poseen el privilegio de ese último recurso que es la guerra, y el Reino Unido lo era más que España. Convertida sin embargo en base militar estéril, Gibraltar acabaría por pudrirse, pero sólo después de mucho tiempo. Castiella fue relevado en octubre de 1969 y su sucesor, Gregorio López Bravo, no mostró el empeño de su antecesor: se limitó a dejar las cosas como estaban. Pero los compromisos políticos adquiridos por la oposición al Régimen, en relación con Gibraltar, permitían al Gobierno de Londres hacer otra apuesta, la de la muerte de Franco, que no podía tardar mucho y que, sin duda, vendría acompañada de cambios que anulasen la posición de intransigencia, abriendo posibilidades de negociación sobre el «contencioso». Pero ya sabemos lo que quiere decir esta palabra.
