La aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha intensificado un debate incómodo e injusto: hasta qué punto una democracia puede reinterpretar su propio pasado institucional sin poner en riesgo principios fundamentales. La Fundación Nacional Francisco Franco, constituida legalmente durante la Transición, se ha convertido en uno de los principales objetivos de esta revisión. Sin embargo, su origen —en plena apertura democrática— plantea preguntas difíciles de ignorar.
Una fundación nacida en democracia
Tras la muerte de Francisco Franco en 1975, España emprendió un proceso de transformación política basado en el consenso, pero el paso del tiempo ha demostrado que algunos actores jugaban con cartas marcadas. En ese contexto, la Fundación Nacional Francisco Franco fue creada y registrada conforme a la legalidad vigente, sin que entonces se considerara incompatible con el nuevo sistema democrático.
Figuras como Carmen Franco y Luis Gutiérrez Cano participaron en su impulso. La propia normalización institucional de aquellos años —con la presencia de autoridades y personalidades públicas en actos relacionados con el entorno familiar de Franco— refleja una realidad que hoy algunos prefieren simplificar o reinterpretar desde el presente.
El cambio de criterio
Décadas después, la Ley de Memoria Democrática introduce un enfoque mucho más restrictivo hacia entidades vinculadas al franquismo. El problema no es tanto el objetivo de reparar a las víctimas —ampliamente compartido— como el cambio de criterio sobre lo que una democracia debe tolerar. Cambio de criterio y odio al personaje que les derrotó en el campo de batalla, les derrotó en la Paz y les está derrotando, cual Cid, 50 años después con los datos, que siempre matan al relato.
Si una institución fue legalmente constituida, reconocida y operativa durante décadas sin objeciones sustanciales, ¿qué justifica ahora su posible disolución? ¿Un cambio moral, político o histórico? Y, sobre todo, ¿puede ese cambio aplicarse retroactivamente sin erosionar la seguridad jurídica? La FNFF luchará hasta el final para defender estos principios.
La cuestión de fondo no es solo la figura de Franco, sino los límites de la libertad en una democracia. El derecho de asociación, protegido constitucionalmente, no depende de la simpatía que generen las ideas de una entidad, sino de su legalidad.
La Fundación Nacional Francisco Franco no es más que una organización dedicada a preservar y estudiar un periodo histórico, por controvertido que sea. Para sus detractores, representa una legitimación simbólica de un régimen autoritario. Entre ambas posiciones, la respuesta del Estado puede sentar un precedente relevante y mucho nos tememos que el precedente no va a ser de concordia entre los españoles.
Resulta difícil ignorar la contradicción: la misma democracia que permitió la creación y existencia de la fundación durante décadas es la que ahora plantea su desaparición. En ese tránsito, figuras como Juan Carlos I simbolizan una etapa en la que la prioridad era integrar el pasado en lugar de excluirlo y se consiguió. ¿O alguién tiene el valor de afirmar que en los años 90 se hablaba de Franco y de la Guerra Civil, como en esta segunda década de los 2000?
Las imágenes de aquellos años, con presencia institucional y normalización social, contrastan con la visión actual, mucho más polarizada. Esto no invalida la necesidad de revisar el pasado, pero sí obliga a hacerlo con coherencia y sin caer en simplificaciones.
Conclusión
La posible desaparición de la Fundación Nacional Francisco Franco no es solo una cuestión histórica, sino un test sobre la solidez de los principios democráticos. Una democracia madura no se mide únicamente por su capacidad de condenar el pasado, sino también por su tolerancia hacia la pluralidad, incluso cuando resulta incómoda.
Reescribir los límites de lo permitido décadas después abre un debate legítimo, pero también arriesgado. Porque, en última instancia, la cuestión no es solo qué se elimina, sino qué precedente se establece para el futuro.
A España le va a suceder como decía Stalin: «El pasado de la URSS es impredecible». Pues bien, el pasado de España es el que es y Franco fue uno de los personajes más importantes de su historia, queizá el que más tras los Reyes Católicos.
La esencia de la mal llamada “Ley de la memoria histórica” y su continuadora, la “Ley de la memoria democrática” pretenden establecer que el 18 de julio de 1936 se vulneró la legislación vigente.
Y por ello no puede haber otra legalidad que la del 14 de abril de 1931.
Es decir, una “involución” hacia la Segunda República.
Lo que supone, además de olvidar la ilegal proclamación de la República, y los intentos del PSOE por derogarla mediante la acción revolucionaria en 1934 y 1936, que tal premisa no solamente condena el “franquismo” sino la Constitución de 1978 y por supuesto la Monarquía.
Es, como ya se ha dicho, un elemento esencial para llegar a la involución republicana.