Tras el fusilamiento de Julián Grimau el régimen crea el Juzgado y Tribunales de Orden Público (TOP), que estaría en funciones hasta 1977. Estaba destinado a juzgar delitos de carácter político y de opinión, delitos cometidos en todo el territorio nacional, que intentaran subvertir los principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional.
