La Segunda República se proclama ilegalmente en España en abril de 1931, como fruto de la victoria republicana en las grandes ciudades durante unas simples elecciones municipales. En aquellas jornadas, dos de los protagonistas de estas líneas, Manuel Azaña y el capitán Arturo Menéndez, se presentaron en el Palacio de Buenavista para tomar posesión del Ministerio de la Guerra. Desde el 16 de diciembre de 1931 al 12 de septiembre de 1933 Azaña fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Guerra. Arturo Menéndez fue director general de Seguridad. No dudaron en derramar sangre ajena para mantener su poder.
En poco tiempo se produjeron sublevaciones de distinto signo contra el Gobierno de coalición de los republicanos de Azaña y el PSOE. El 10 de agosto de 1932 se rebeló el general navarro José Sanjurjo, marqués del Rif, confirmado inicialmente como director general de la Guardia Civil por el Comité Revolucionario republicano. Azaña y Menéndez fueron esenciales en desmontar el pronunciamiento. Sanjurjo fue detenido y condenado a muerte por un consejo de guerra. La pena sería conmutada.
Por otro lado, ese mismo año, la poderosa central sindical anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) intensificó sus acciones contra la República. El sindicato era, en la práctica, la correa de transmisión de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). La hostilidad confederal se centraba contra la Ley de Defensa de la República, aprobada el 20 de octubre de 1931. Con ella, el Gobierno de Manuel Azaña podía, y lo hacía, reprimir, encarcelar y censurar sin necesidad de legitimación de los jueces. Con esa Ley, muchos anarquistas sufrieron cárcel, destierro y la ley de fugas sin pasar por los tribunales. Un claro ejemplo fue el aplastamiento de las insurrecciones del Alto Llobregat, tras las cuales más de un centenar de ácratas fueron deportados a África, entre ellos, el dirigente Buenaventura Durruti. Azaña dio orden expresa de fusilar a quien se detuviese con armas. El jefe del Gobierno republicano fue expeditivo: «Si la República no se hace respetar se hará temer».
La hostilidad era mutua. En diciembre de 1932, el periódico CNT escribió en su editorial del día 24: «No es, pues, delirios de ilusos creer que en España está muy próximo un movimiento revolucionario anticapitalista, a cuya cabeza se pondrá la Confederación Nacional del Trabajo». A principios de enero de 1933, las fuerzas policiales republicanas aplastaron las sublevaciones anarquistas en Aragón, Valencia y Cataluña. Quedaba Andalucía.
El alzamiento armado fracasó. El ministro de Gobernación, Santiago Casares Quiroga, declaró: «El movimiento es netamente anarquista. Ha sido preparado con mucho tiempo y abundancia de elementos. Sólo en Barcelona se han recogido 266 bombas, 23 pistolas y muchas municiones». Sin embargo, en otras zonas la insurrección libertaria siguió adelante, como fueron los pueblos andaluces de La Rinconada y Utrera, en Sevilla, y otros de la provincia de Cádiz.
Casas Viejas
Casas Viejas era entonces una pequeña aldea de menos de dos mil habitantes, perteneciente al municipio de Medina Sidonia (Cádiz). Contaba con una población de agricultores y ganaderos sin tierras propias dado que el 40% de las 6.000 hectáreas de tierras cultivables y de labor estaban en manos de 33 terratenientes. Disponía de medio millar de braceros, sólo un centenar de ellos tenían trabajo seguro y apenas seis meses al año. Los demás vivían de una ayuda que distribuían el Ayuntamiento y la Iglesia: una peseta a los solteros y dos a los casados en forma de bonos canjeables en los comercios. Con esas perspectivas, muchos de sus pobladores estaban armados y sabían tirar puesto que la caza completaba su frugal dieta.
Ángel Buitrón, alcalde de Medina Sidonia, explicaba así la conflictividad en la zona: «El malestar lo produjo las ofertas hechas en épocas electorales de reparto de tierras y otras ventajas, ninguna de las cuales se cumplieron. Los braceros, decepcionados, se dieron de baja en el socialismo e ingresaron en la CNT». El PSOE y la Unión General de Trabajadores no perdonarían esa defección. El castigo fue sangriento. La CNT de la aldea tenía unos 300 afiliados, que tomaron el nombre de «Los Invencibles». Su local, situado en la plaza del pueblo, era una casa de una planta. Allí también se reunían los de la FAI, que contaban con un grupo especial de la Federación de la Juventud Libertaria (FJL), los más radicales. Entre ellos destacaban Manuel Llamas, Pepe Pilar, Manuel Quijada y Antonio Cabañas Salvador.
El 10 de enero por la tarde los campesinos de Casas Viejas y Medina se lanzaron a la lucha. Muchos sublevados creían, erróneamente por las dificultades de comunicación, que la sublevación ácrata contra la República se repetiría en toda España. Los rebeldes estaban solos. El 11 de enero los periódicos socialistas atacaban la sublevación de CNT-FAI: El Pueblo decía que «la revolución social no puede confundirse con la revuelta criminal que asesina y siembra por los medios más violentos y tenebrosos el terror y la muerte». De forma delirante aseguraba que la insurrección era realizada por «terroristas a sueldo de los monárquicos». El Socialista, el mismo día, publicaba que «la huella anarquista está bien patente. Más que la violencia, caracteriza al movimiento sindicalista su torpeza. Se trata de un movimiento inconfundible, típico… La consideración de los medios económicos es lo que más influye a la hora de considerar posible una aportación monárquica». Cualquier cosa menos reconocer que también la República mantenía a los campesinos en la miseria, que la Ley de Reforma Agraria era un fiasco y que el alzamiento era de extrema izquierda.
De la rebelión anarquista, los medios socialistas acusaron torticeramente a los monárquicos con el mismo rigor que más tarde repartirían acusaciones de fascismo por doquier, a su derecha y a su izquierda, incluso hasta nuestros días.
La rebelión no fue una sorpresa. Días antes, la noche del 8 de enero, en Madrid, Arturo Menéndez López, director general de Seguridad y oficial de Artillería, convocó a los jefes de la fuerza de seguridad y les dijo que acababa de estallar un movimiento revolucionario de carácter anarquista, de extraordinaria violencia, que podría poner en peligro a la república. Menéndez destacó que esto obligaba a la fuerza a emplear la mayor energía frente a todo acto de rebeldía que se presentase y que, en consecuencia, usaran las armas de fuego sin contemplación alguna contra aquellos revoltosos que las empleasen a su vez contra la fuerza policial y que culminase este rigor contra los que atentaran con armas o materias explosivas contra los agentes de la autoridad o realizaran actos de sabotaje en los servicios públicos.
Rebelión
Todo estaba planificado entre los sediciosos y no era fruto de la espontaneidad. Durante la noche del 10 al 11 de enero los insurgentes cortaron los cables de teléfono, pusieron patrullas armadas en los cruces de caminos y cavaron una zanja en la carretera de acceso a Casas Viejas. Las operadoras de teléfono de Medina informaron del corte de la línea, que fue comprobado in situ por un mecánico de la compañía y tres guardias civiles.
Esos anarquistas querían aislar la aldea para impedir que la policía republicana pudiera llegar al pueblo para sofocar la insurrección. Reunieron todas las armas disponibles, robaron 3.000 cartuchos del calibre 12 para escopetas, 10 kilos de pólvora negra, balas y fulminantes. En el local del sindicato se izó la bandera rojinegra de la CNT. A pesar de algunas dudas sobre el éxito del levantamiento en otras zonas, dado que las señales eran confusas, habían decidido actuar de forma contundente: acabar con los ricos, derribar la República burguesa y colectivizar la tierra con las armas en la mano.
Tras la proclamación del comunismo libertario, el día 11 de enero por la mañana, los anarquistas José Monroy y Antonio Cabañas enviaron a Juan Bascuñana, alcalde del pueblo, al puesto de la Guardia Civil, compuesto por un sargento y tres guardias, exigiendo su rendición y que acatara el nuevo orden anarcosindicalista.
El comandante de la Benemérita, el sargento Manuel García Álvarez, de 45 años de edad y que apenas llevaba un mes allí, se negó a rendirse y pretendió realizar una salida que fue recibida a tiros, debiendo refugiarse la pequeña tropa dentro del cuartel. El sargento no pudo solicitar ayuda ante su desesperada situación a Medina Sidonia, las líneas habían sido cortadas. Con él estaban los guardias Román García Chuecos, de 32 años, natural de Lorca y veterano de Marruecos; Pedro Salvo Pérez, también de 32 años e hijo de un sargento de la guardia civil de San Roque; y Manuel García Rodríguez. Pertenecían a la Línea de Medina Sidonia, encuadrada a su vez en la Compañía de San Fernando de la Comandancia de Cádiz. Los ácratas tirotearon la casa-cuartel. Los guardias subieron al segundo piso para mejorar su perspectiva. El sargento García se parapetó en una ventana que daba a la plaza, el guardia Román García estaba tras él. Ambos recibieron heridas mortales en la cabeza. Los otros dos guardias, Pedro Salvo y Manuel García, resultaron heridos de menos gravedad en el asedio. A pesar de la superioridad numérica de los asaltantes, cuatro contra doscientos, no se rindieron.
Represión
A las dos de la tarde entraban en el pueblo doce guardias, los primeros refuerzos, al mando del sargento Rafael Anarte Viera, comandante del puesto de Alcalá de los Gazules, que se encontraba concentrado en Medina Sidonia. Los guardias al entrar intercambiaron disparos con los cenetistas insurrectos. Cayó un sublevado, Mateos Vela, y fueron heridos otros dos. Bastantes anarquistas, los más señalados, huyeron del pueblo, aún siendo muchos más que los recién llegados. Tres horas después, el gobernador civil de Cádiz, el ingeniero de Montes Pedro del Pozo Rodríguez, enviaba más fuerzas desde San Fernando: una patrulla de doce guardias de asalto, mandados por el teniente Gregorio Fernández Artal, y cuatro guardias civiles encabezados por el teniente Cayetano García Castrillón. Al llegar a la plaza, realizaron una acción simbólica. Retiraron la bandera de la CNT e izaron en su lugar una enseña tricolor republicana, que les facilitó el maestro del pueblo, ordenando al vecindario que volviera a sus tareas habituales. Liberada la casa-cuartel del cerco, los guardias civiles supervivientes de Casas Viejas indicaron quiénes les habían disparado y asesinado a sus compañeros. Comenzaron los registros en busca de rebeldes.
Como declararon cinco oficiales en la posterior investigación de los sucesos, la orden de reprimir con sangre la sublevación la dio personalmente Manuel Azaña. El capitán de Estado Mayor Bartolomé Barba Hernández estaba de servicio el 11 de enero de 1933 en las dependencias del Ministerio de la Guerra. El ministro Azaña le ordenó personalmente: «Ahora diga usted al general de la división que esté prevenido y nada de coger prisioneros y meterlos en los cuarteles, porque luego resultan inocentes y hay que libertarlos. ¡Tiros a la barriga! ¡A la barriga!». El capitán Barba lo entendió perfectamente, las heridas de bala en el estómago eran, entonces, mortales tras una dolorosa agonía.
El teniente Fernández Artal comenzó por la tarde a buscar a los atacantes del cuartel y dio con uno, Manuel Quijada Pino, sospechoso de haber hecho fuego por la mañana contra los guardias civiles de la aldea. La policía republicana le golpeó con saña hasta que denunció a otros y el hombre esposado condujo a la fuerza enviada por el Gobierno de Azaña hasta la choza de un carbonero, Francisco Cruz, apodado «Seisdedos», en cuya casa se habían refugiado otras siete personas: Pedro Cruz Jiménez, Jerónimo Silva González, Francisco García Franco, Josefa Franco, Manuela Lago, Manuel García Franco y María Silva Cruz, su nieta, apodada «La Libertaria».
Fernández Artal envió un telefonema al gobernador civil de Cádiz, la noche del 11 de enero de 1933: «El pueblo tranquilo, salvo la casa indicada, en la que no se sabe cuántos puede haber, siguiendo cercada».
Quijada entra en la choza, seguido por dos guardias de asalto, que son recibidos por disparos de Perico «Seisdedos». Un guardia sucumbió allí mismo, Ignacio Martín Díaz, y el segundo, Fidel Madras, se guareció en el corral. Artal dio por muertos a ambos y rodeó la choza de «Seisdedos», situando una ametralladora frente a la entrada, y exigiendo a los sediciosos que se entregasen. Éstos contestaron a tiros. Entonces el teniente Artal se puso en comunicación con el gobernador civil de Cádiz y le solicitó el envío de más fuerzas y de bombas de mano para asaltar la casa. Mientras esperaban los refuerzos, el oficial supo que el guardia Madras estaba vivo pero no podían llegar hasta él por los disparos de los sitiados.
Desde Madrid, el capitán Arturo Menéndez, director general de Seguridad de la República, ordenó al capitán Manuel Rojas Feijenspán, al que había mandado a Jerez de la Frontera para sofocar con fuerza cualquier conato de rebeldía, que fuera a Casas Viejas para desbaratar la rebelión. La orden del director Menéndez al capitán fue tajante: no quería ni heridos ni prisioneros cuando se hiciera fuego sobre las dos de la madrugada con una compañía formada por noventa guardias de asalto. El capitán Rojas comunicó al teniente Artal, a quien ya conocía de antes, que tenía órdenes del Ministerio de Gobernación de matar a todos los que cogiera, que el Ejecutivo de Azaña le había dejado claro que no quería prisioneros. Para asegurarse de que los mandatos del Gobierno eran obedecidos a rajatabla, el gobernador de Cádiz mandó un delegado a Casas Viejas, Fernando Arruinaga Martín-Barbadillo, portando un mensaje que decía a Rojas: «Es orden terminante del ministro de la Gobernación se arrase casa donde se han hecho fuertes los revoltosos». El Ministerio tenía conocimiento exacto de cuanto iba aconteciendo en la localidad.
Mientras los guardias ametrallaban la choza, recibían disparos desde ésta y desde las chumberas donde varios anarquistas apoyaban con armas de fuego a los cercados. Como las granadas de los de Asalto eran de percusión, no explotaban al golpear contra el blando techo de paja de la choza, los policías la incendiaron tirando piedras envueltas con algodón empapado en gasolina extraída de los coches. Las llamas hicieron salir a María Silva Cruz «La Libertaria» y a su primo Manuel García Franco, que huían de la choza corriendo. Algunos guardias civiles advirtieron a los de asalto: «No disparéis, que es un niño». Ambos fueron detenidos indemnes. Al poco salieron otras dos personas que tuvieron peor suerte: Manuela Lago, de 17 años, y Francisco García, de 18, cayeron bajo los disparos de la ametralladora que manejaba el teniente Artal de la Guardia de Asalto, auxiliado por el guardia Manuel Pizonero. «La Libertaria» denunciaría más tarde que el jefe de prisiones de Medina Sidonia, el republicano Andrés Barrozo, la intentó violar.
Además de Francisco Cruz Gutiérrez «Seisdedos», sucumbieron tiroteados o carbonizados sus hijos Pedro y Francisco, Manuel Quijada Pino, Josefa Franca Moya y su hijo Francisco, Jerónimo Silva González y Manuela Lago Estudillo. En el tiroteo murió un guardia de asalto y fueron heridos otros cuatro policías republicanos que se sumaban a los dos guardias civiles muertos y otros dos heridos en la casa-cuartel. La choza siguió ardiendo hasta las seis y media de la mañana.
Tras reducir la vivienda de «Seisdedos» a cenizas, los guardias se concentraron en la plaza, la tensión continuaba. Esa madrugada el pueblo se quedó vacío, algunos vecinos que aún no habían huido al monte lo hicieron entonces. Quedaron unos pocos en sus casas, con las mujeres, los ancianos y los niños. Los guardias pasaron por la fonda a reponer fuerzas. A las siete de la mañana el capitán Rojas mandó a tres patrullas para que registraran las casas y encontraran a los insurrectos más destacados. Obedeciendo las severas instrucciones que había recibido del Ejecutivo azanista, el capitán Rojas fue a pegar fuego a las casas y chozas de la parte alta del pueblo. El delegado del Gobernador, allí presente, a instancias del teniente Artal revocó esa orden. Pero nada dijo cuando, al iniciar las detenciones se produjo un incidente. Los guardias de asalto tenían el gatillo fácil, tensos por los combates de la noche anterior. Dispararon sobre el anciano Salvador Barberán Castellet, que se estaba encerrando en su casa mientras gritaba «¡No tiren, que no soy hombre de ideas!». Se produjeron varios arrestos. Detuvieron a catorce vecinos. Entonces, los guardias de asalto condujeron a los detenidos a los restos de la choza de «Seisdedos». Allí uno de ellos, según se desprende de las declaraciones del juicio posterior, miró con desprecio al cadáver del guardia muerto y al oficial que mandaba la fuerza, quien le disparó, le siguió una descarga cerrada de los policías republicanos. Fueron ejecutados sin juicio por la Guardia de Asalto republicana Manuel Benítez Sánchez, Andrés Montiano Cruz, Juan García Franco, José Utrera Toro, Juan García Benítez, Juan Villanueva Garcés, Juan Silva González, Balbino Zumaquero Montiano, Manuel Pinto González, Juan Galindo González, Cristóbal Fernández Expósito, Manuel García Benítez, Rafael Mateo Vela y Fernando Lago Gutiérrez, éste uno de los anarquistas más destacados. Según manifestaciones del médico forense, Joaquín Hurtado Núñez, que practicó varias autopsias, todos los muertos fueron heridos de frente, en la cabeza, en el pecho y algunos en las piernas. No pudo precisar cuántos fueron. Dos de los detenidos se salvaron porque los permitió huir el guardia civil Juan Gutiérrez cuando comprendió lo que iba a ocurrirles. Gutiérrez, mientras conducía a los dos últimos a la choza humeante, explicó al guardia de asalto Luis Menéndez que él había estado destinado en la aldea y esos dos eran buenas personas, por lo que dejaron escapar a Salvador Barberán Romero y José Rodríguez Calvente. Años después, en 1936, en agradecimiento por su buena acción, los anarquistas asesinaron al guardia civil Gutiérrez, en Setenil de las Bodegas, junto a otras 15 personas desarmadas y atadas.
Los oficiales Artal y Rojas se fueron aquella mañana de Casas Viejas. Antes de abandonar la aldea los policías republicanos, el delegado gubernativo Fernando Arruinaga Martín-Barbadillo, les felicitó en voz alta delante de todos: «Habéis cumplido con vuestro deber. El Gobierno por mi conducto os felicita. Gracias a vosotros, a vuestro valor, a vuestra energía y disciplina, a vuestra obediencia a las órdenes de vuestros jefes, la República ha podido vencer un grave peligro y puede seguir el camino triunfal y glorioso abierto el 14 de abril. Vuestra magnífica conducta merece bien de la Patria y de la República. ¡Viva la República!». Poco hacía presagiar a aquellos guardias que esas mismas autoridades que les vitoreaban por su actuación enérgica aplastando la sublevación armada les llevarían al banquillo de los acusados exactamente por los mismos hechos.
El 14 de enero de 1933 enviaron a Casas Viejas al capitán de Artillería y juez militar, Julio Ramos Hermoso, para investigar lo sucedido durante la revuelta anarquista en ese pueblo gaditano. Los rumores de la represión inmisericorde comenzaron a extenderse por toda España.
Las Cortes investigan
En el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes figuran unos relatos penosos de numerosos testigos de los hechos. También existe el testimonio del propio Manuel Azaña Díaz recogido en sus diarios. En las anotaciones correspondientes al 11, 12, 13 y 18 de enero de 1933, el jefe del Gobierno republicano-socialista, respecto a la matanza de Casas Viejas, escribió: «Se han mandado —a Cádiz— muchos guardias con órdenes muy severas. Espera [Casares Quiroga, ministro de Gobernación] acabarlo todo esta misma noche». «Casares me contó la conclusión de la rebeldía de Casas Viejas, de Cádiz. Han hecho una carnicería con bajas en los dos bandos». «Dice Fernando de los Ríos [ministro del PSOE de Instrucción Pública y Bellas Artes] que lo ocurrido es muy necesario, dada la situación del campo andaluz… Largo Caballero [ministro del PSOE de Trabajo y Previsión Social] declara que mientras dure la refriega, el rigor es inexusable… Indalecio Prieto [ministro del PSOE de Obras Públicas] opina que la represión no ha sido excesiva». También escribió Azaña: «José Ortega y Gasset está furioso contra el Gobierno. Le ha escrito una carta a Sánchez Román diciéndole, entre otras cosas, que nunca en España se había llegado a una vergüenza igual».
El 18 de enero, el Gobierno emite un decreto calificando lo sucedido en el aplastamiento de la rebelión anarquista como «hecho de guerra». Azaña intentó primero impedir la investigación, y luego rehusó admitir su responsabilidad. El día 1 de febrero, el diputado Eduardo Ortega y Gasset denunciaba en las Cortes que la versión oficial sobre Casas Viejas era una burda mentira. Afirmaba Ortega que tenía constancia de que las fuerzas del Gobierno habían asesinado a varios campesinos presos y también que se ha prendido fuego con gasolina a la choza de «Seisdedos». Dijo Ortega que «cuando después de dos años de República ha dejado a los campesinos sin campo y a los jornaleros sin jornal, en situación de hambre y desesperación, habiendo encendido sus esperanzas con promesas que luego ha matado por falta de actos, esta corriente de hostilidad ha estallado».
El radical Rafael Guerra del Río, más tarde ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Alejandro Lerroux en septiembre de 1933, acusó de crueldad y de improvisación al Gobierno: «Vosotros gobernáis contra la ley y por leyes de excepción, y ya es hora de que la República sea lo que hemos ofrecido». Censuró también el comportamiento de los guardias de asalto mandados a reprimir el alzamiento con las siguientes palabras: «Fuerza bisoña, acabada de crear, con cierto espíritu jacarandoso y chulón, muy valientes, pero nerviosos. Hay un indicio revelador de lo ocurrido: en Casas Viejas no hubo heridos, ni prisioneros. No hubo más que muertos». Efectivamente, la Guardia de Asalto había sido creada por la República en febrero de 1932 y puesta a las órdenes del Ministerio de la Gobernación. Cobraban doscientas pesetas al mes. Su misión específica era disolver disturbios y eran contundentes.
Otro diputado radical, Moreno Mendoza, tomó la palabra en las Cortes acusando: «Si para esto ha venido la República, será necesario decir que quizá estábamos mejor con aquellos Gobiernos tiránicos, que, por lo menos, si no aplacaban todas las necesidades, tampoco las hacían más graves, acudiendo, como ahora, a favorecer a un sector de la clase obrera en perjuicio de otro sector». Guerra del Río señaló directamente a Azaña: «Creemos que la responsabilidad de esta represión cruel e ilegal corresponde exclusivamente al Gobierno».
En la sesión parlamentaria del día 2 de febrero, algunos diputados continuaban exigiendo explicaciones, irritando a los ocupantes del Gobierno y ministro de Gobernación en funciones, por ausencia de Casares Quiroga, contestó afirmando que «en Casas Viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir… Ha sido una cosa inevitable, yo quisiera saber quién sería el hombre que puesto en el Ministerio de la Gobernación o en la Presidencia del Consejo hubiera encontrado otro procedimiento para que las cosas se deslizaran en Casas Viejas de distinta manera como se han deslizado… Si la rebeldía de Casas Viejas hubiera durado un día más, tendríamos inflamada toda la provincia de Cádiz. No hubo más remedio, para impedir males mayores, que reducir por la fuerza el levantamiento… Nos encontramos en una situación de holgura, de diafanidad, de respiro, como nunca nos hemos encontrado desde que se formó el Gobierno». Azaña señalaba que el exterminio aplicado en la aldea era la única solución posible y que, gracias a la acción rotunda del Ministerio de Gobernación, el Gobierno respiraba a sus anchas alejadas todas las nubes tormentosas de los desafectos a la joven y feroz República.
El diputado Balbontín contestó al jefe de Gobierno con una comparativa que dejaba mal sabor de boca a los afectos al nuevo régimen: «El crimen cometido por los guardias de asalto, republicanos, en Casas Viejas no ha sido perpetrado nunca por la Guardia Civil del Rey… Son infinitamente más brutales, más criminales, que la Monarquía derribada; porque quemar una choza con mujeres y chiquillos dentro no lo hizo nunca don Alfonso de Borbón».
El Gobierno republicano se negó a que el Parlamento investigase lo sucedido. El 18 de febrero, una comisión no oficial de diputados viaja a la zona para investigar los sucesos. En ella figuraban Cordero Bel, Rodrigo Soriano y Rodríguez Piñero, entre otros, acompañados, además, por periodistas, siendo el del diario ABC el primero en llegar. Para averiguar la verdad, esos diputados viajaron con el capitán Salvador Sediles, militar conocido por ser un leal republicano que había sido muy activo con Galán en la sublevación de Jaca contra la Monarquía.
Los informes de los diputados, a la vuelta, son demoledores. Entre los testimonios recogen el de alguien poco sospechoso: Andrés Vera, el párroco del pueblo, quien explicó a la comisión que «Seisdedos» «era una persona excelente, de un comportamiento admirable con sus familiares, que jamás se habían metido con nadie, ni con el culto ni con su persona». Otro era el caso de sus hijos y nietos que sí estaban implicados en la rebelión armada.
El 24 de febrero, por 170 votos a favor y 130 en contra, las Cortes aprobaron la creación de una comisión oficial de investigación sobre tales sucesos. La forman Manuel Muñoz Martínez, Puig Ferrater, Gabriel Franco, Poza Juncal, Fernando González Uña, Jiménez Asúa, Miguel García Bravo-Ferrer, Lara, Botella y Casa nueva.
Comenzando la investigación, a finales de febrero, Diego Martínez Barrio, diputado radical, acusó con dureza al Gobierno Azaña de amenazar la estabilidad de la República al haber provocado la sangrienta represión en esa aldea: «Si no repudiáramos colectivamente los procedimientos empleados en Casas Viejas, ¿qué sería de la República? ¿Cómo podremos presentarnos ante la consideración de propios y extraños haciendo ostentación de haber implantado un régimen que es ludibrio, bochorno, vergüenza e indignidad?… La función más delicada del Estado, la de conservar el orden público, ha de estar en manos que no sean crueles o incapaces… Realizar un acto de crueldad deshonra al Poder público… Porque creo que hay algo peor que el que un régimen se pierda, y es que ese régimen caiga enlodado, maldecido por la Historia, entre vergüenza, lágrimas y sangre».
Azaña, con claros signos de cólera e incapaz de articular palabra, abandonó el hemiciclo. Esa misma noche escribió en sus diarios: «La sesión ha sido un espectáculo repugnante. Vorazmente se han arrojado sobre la sangre, la han revuelto, nos han querido manchar con ella». No eran las Cortes las que habían enlodado con sangre al Gobierno sino sus propias órdenes, ejecutadas por la flamante unidad policial creada por la República: la Guardia de Asalto que pasará a ser el brazo armado del Ejecutivo a su cabeza de turco para que los políticos encarcelados en el poder esquivaran las consecuencias y responsabilidades de las órdenes emanadas del partido azañista y del PSOE. El cambio de actitud del presidente del Consejo de Ministros tuvo lugar en poco tiempo.
Al día siguiente, Azaña cambió de táctica. Abandonó el argumento de que lo hecho en Casas Viejas era lo único posible e intentó exculpar al Gobierno al decir que «no había ni hay un Gobierno en el mundo que pueda impedir que un agente de la autoridad, por cualquier causa, se exceda en el cometido de sus funciones y que, arrastrado por una causa cualquiera, el temor, el odio o la venganza, se extralimite en el cumplimiento de su deber». Azaña, con la complicidad de Largo Caballero e Indalecio Prieto, echaba una cortina de humo para ocultar las claras y severas instrucciones que él mismo y Arturo Menéndez habían dado y culpaban a las bisoñas fuerzas republicanas que mandaron a ejecutarlas.
Los oficiales comprendieron que el Gobierno se lavaba las manos y les culpaba ahora a ellos. Cinco capitanes, Gumersindo de la Gándara Marvella, Félix Fernández Prieto, José Hernández Labarga, Jesús Loma Arce y Faustino Rivas Artal, el 26 de febrero de 1933, declararon por escrito que la represión que se había ejercido contra el alzamiento anarquista de Casas Viejas era consecuencia del exacto cumplimiento de las órdenes recibidas desde el Ejecutivo presidido por Azaña. El acta de los capitanes decía: «Que por el prestigio y la dignidad del cuerpo al que se honran en pertenecer, manifiestan que en la citada fecha les fueron transmitidas desde la Dirección General de Seguridad, por conducto de sus jefes, las instrucciones verbales de que en los encuentros que hubiera con los revoltosos con motivo de los sucesos que se avecinaban en aquellos días, el Gobierno no quería heridos, dándoles el sentido manifiesto de que únicamente entregaríamos muertos a aquellos que se encontrasen haciendo frente a la fuerza pública o con muestras evidentes de haber hecho fuego sobre ellas. Y para que conste firman por duplicado el presente. ¡Viva la República!». Esta declaración disgustó a los ministros socialistas y al primer ministro Azaña. Esos oficiales pagarán cara su sinceridad, algunos con la propia vida, como veremos más adelante. De entrada, fueron arrestados y destituidos.
La Comisión de investigación de las Cortes supo que dos oficiales del Ejército podían informar sobre qué órdenes recibieron y de quién. Ya vimos que el capitán Bartolomé Barba Hernández recibió instrucciones directamente de Azaña, también ministro de la Guerra. Pero para poder hacerlo requirió el permiso reglamentario, ante dicha petición Azaña contestó «que él no autorizaba ni desautorizaba nada, y el capitán vería la responsabilidad que contraía». El 16 de marzo Azaña lo cuenta en sus diarios: «Me avisaron que el capitán Barba [quería verme]… para saber si yo autorizaba … que declarase… en otras circunstancias habría… enviado al capitán a un castillo… me limité a decirle… que hiciera lo que estimase su deber y bajo su responsabilidad».
La misma Comisión parlamentaria presenta como pruebas los telegramas enviados a las Comisarías. En ellos se podía leer: «A todos los que hicieran resistencia a la fuerza pública o se les encontrasen bombas o armas, se disparará contra ellos, sin entregar heridos ni prisioneros». El coronel Panguas transmite al teniente Álvarez Urruela que había que «matar sin compasión a los que hiciesen frente a la fuerza pública, llevasen armas, bombas o explosivos y que no debía haber heridos ni detenidos». Otro telefonema es más claro: «De orden del Excmo. Sr. Director general se prevenga a la fuerza que preste servicio en los registros de luz y electricidad que si arrojan alguna bomba y no se detiene al autor y autores o se les da muerte por el que preste el servicio, será declarado cesante en el acto».
El proceso judicial, conducido por el magistrado Ramón Enríquez Cardóniga, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz en 1933, se realizó ante un jurado popular que dio por demostradas las órdenes gubernamentales para asesinar sin juicio previo a los rebeldes. César Vidal lo califica de «un crimen de Estado del que eran directamente responsables Azaña y su gobierno». Como consecuencia directa de la decisión judicial, llegó a presentarse una acusación en el tribunal de garantías constitucionales contra Azaña, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Largo Caballero y otros miembros del gobierno. La acusación no prosperó por un tecnicismo: no fue presentada por el Parlamento, el único facultado para hacerlo con aforados. Esta argucia legal evitó que Azaña y sus cómplices se sentaran en el banquillo de los acusados por diversos cargos de asesinato. El fiscal jefe de Cádiz, Francisco Gaztelu, acusó al magistrado Enríquez de connivencia con el poder, por negarse servilmente a llamar a declarar a Azaña y los miembros de su Gobierno. No sería la única vez que este juez se manifestara obsequioso con los deseos del Gobierno. Ramón Enríquez, en mayo de 1936, sería quien condenase a José Antonio Primo de Rivera, líder de Falange Española, por tenencia ilícita de armas.
La declaración del capitán Miguel Rojas fue reveladora de la responsabilidad de las autoridades azañistas y de su afán cobarde de evitar las consecuencias de sus acciones, haciéndole promesas de cargos, honores y dinero para que mintiera y cargara con las culpas, negando haber recibido las crueles órdenes del Gobierno. Antes de ser llevado a los tribunales, el capitán Rojas firmó una declaración curándose en salud y presintiendo la que se le venía encima:
«En Madrid, a 1.º de marzo de 1933, hago este documento, por si las estratagemas y promesas sobre el Gobierno y la República que el Director General de Seguridad, don Arturo Menéndez, me dice para sostenerlos no fueran verdad y si todo esto es una mentira o falsedad para salvarse él, lo comunico en estos papeles para su conocimiento y efectos.
El día 10 de enero anterior me llamó a su despacho para darme órdenes respecto a un movimiento monárquico, o análogo al del 10 de agosto, que estallaría en Jerez de la Frontera, o que por lo menos sería con dinero monárquico, y que como tenía confianza en mí, me mandaba con la compañía para que lo solucionase. Que las órdenes que me daba eran que tan pronto se manifestasen en cualquier sentido, no tuviera miedo a nada ni a responsabilidades de ninguna clase, pues no había más remedio que obrar así. Que no quería que hubiese ni heridos ni prisioneros, pues éstos podían declarar lo sucedido, y para evitarlo empleara hasta la ley de fugas y todo lo que fuese necesario y análogo. Que a todos los que tuvieran armas o estuviesen complicados, les tirara a la cabeza, «que no dejara títere con cabeza». Que aunque me sacaran pañuelos blancos, no les hiciera caso y les contestara con descargas, pues ya se habían dado casos parecidos y al acercarse nos habían hecho bajas. En fin, que no tuviera compasión de ninguna clase, pues por bien de la República no tenía más remedio que hacerlo y dar un ejemplo para que no se repitieran más estos casos. Yo le dije que me parecían un poco fuertes estas órdenes, contestándome que no había más remedio que hacerlo y que tuviera la conciencia tranquila; además, él se hacía responsable de todo.
Con estas órdenes me fui con la Compañía a la estación de Atocha, para salir en el expreso de Sevilla. Una vez en la estación y con la fuerza montada para salir, nos reunió a todos los oficiales para repetirnos que no quería ni heridos ni prisioneros y que me recordaba las órdenes: «Tú ya sabes lo que te he dicho», me dijo. Y salimos para Jerez.
A mi regreso a Madrid le conté todo lo sucedido y me dijo que no convenía para el Gobierno que dijera la forma en que habíamos matado a los prisioneros y que no se enterara absolutamente nadie, pues correría la voz por ahí. Me exigió la palabra de honor de que no se lo diría absolutamente a nadie, cosa que hice, dándole la palabra de honor.
Cuando el ministro de la Gobernación me llamó a su despacho para que le contase lo sucedido, estaba el señor Menéndez con él, que fue quien me presentó, y al entrar en el despacho me acerqué a Menéndez y le dije que si le contaba al señor ministro todo, refiriéndome a los fusilamientos, contestándome que le dijera todo menos eso; como así lo hice, teniendo la felicitación del señor ministro.
Fui a ver a Menéndez a su despacho y le dije que temía que el teniente Artal, dado su carácter, me figuraba que se lo contaría a todo el mundo, y entonces me dijo Menéndez que fuese en seguida a Sevilla con el carné militar; que dijera que era para ver lo que hacían en Jerez en los cuarteles de Asalto y viera al teniente Artal para animarle en su decaimiento y que no dijera a nadie la verdad. Así lo hice, regresando aquella misma noche para Madrid. Para el viaje, como yo no tenía dinero le dije al señor Gainza, su secretario, que me diera veinte duros, y así lo hizo, dinero con el cual viajé. A mi llegada a Madrid, estaba en la estación esperándome el señor Gainza con dos agentes. Nos montamos el señor Gainza y yo en su coche, y me dijo que desayunáramos juntos; cosa que hicimos en un café de la calle de Alcalá, junto a la Puerta del Sol. Mientras desayunábamos, me habló de muchas cosas, diciéndome al final que había ido a esperarme porque el Gobierno estaba en peligro, pues por los sucesos de Casas Viejas tenía que caer; que para que no cayera el señor Presidente, tenía que caer el ministro de la Gobernación, y para que no cayera éste, tenía que caer el Director de Seguridad. Que venía para decirme que si yo, como amigo de él, compañero y director mío que era, y en vista de lo que hacían los demás, si yo me prestaba a sacrificarme por él. En seguida le contesté que sí, que estaba dispuesto a sacrificarme por él. Del café fui a Pontejos, a dejar el maletín, y en seguida a la Dirección, donde todos me dijeron que ya sabían que yo era un hombre, etc. Me dijo Menéndez que hiciera una información de todo según Gainza me fuera escribiendo y dictando, con relación a lo que yo también le decía, y que no pusiese nada de las órdenes que me había dado, cuya copia de información entrego con este escrito. Al enterarse los capitanes de esta faena me dijeron todos la mar de cosas del Director, que no daba crédito a ellas, pero que me abrieron los ojos. Y como en el transcurso del informe sucedió que una noche me presentaron a la señora de Menéndez, la cual, entre unas cosas y otras, que para eso estábamos; que unas veces nos tocaba sacrificarnos a unos y otras a otros, y que cuando viniera otro Gobierno a mí me harían santo. Y como otro día, estando escribiendo el señor Gainza, a mi izquierda, me dijo que ahora a mí me darían un mes de permiso para que fuera donde quisiera y un montón de billetes para que me los gastase alegremen. te. Y como la otra noche, en el baile de « Miss Voz» organizado por el diario de este nombre, el jefe superior de Vigilancia, acompañado del señor Lorda y del abogado del Estado señor Franqueira me dijeron que no me preocupara de nada; que si ahora me pasaba algo, que en seguida ellos me lo quitarían y me darían un buen destino, es por lo que por todo esto he comprendido la mala faena que están haciendo tanto al Gobierno como a mí, y es por lo que me he negado a firmar la información si no pongo todas las órdenes que me dieron.
Por este motivo es por lo que hago esta declaración de mi puño y letra, para que una persona la guarde, y si es verdad todo lo que dice el señor Menéndez, para bien de España, de la República y del Gobierno, se rompa; pero si es para lo contrario, sirva esto para esclarecer los hechos y, como principio del trabajo que estoy haciendo, para descubrir a los traidores que así luchan en contra de la República.
¡Ojalá tengan estos pliegos que romperse porque fuera verdad mi sacrificio por España y por el bien de la República; pero si todo lo que está sucediendo lo trama un hombre solamente por conservar su bien, sin mirar el mal que hace, que salgan estas cuartillas a la luz del día para que se juzgue con justicia.
Hoy, 1° de marzo de 1933. El capitán de Asalto, Miguel Rojas Feijenspan. Rubricado)».
El 15 de marzo la comisión parlamentaria de investigación elaboró un informe definitivo donde reconocía la existencia de los fusilamientos sumarísimos. Sin embargo, el Gobierno ganó una moción de confianza, nueve días después, por 210 votos contra uno.
A consecuencia de esta dejación de responsabilidad de los líderes republicanos y socialistas, el rigor judicial no recayó sobre los poderosos sino sobre quienes ejecutaron sus órdenes. Ni era la primera vez ni sería la última. En mayo de 1934, un tribunal gaditano encausa al director general de Seguridad, Arturo Menéndez López, y al capitán Manuel Rojas Feijenspan. Mientras el director sale como no culpable, el militar Rojas fue condenado a 98 años de cárcel de los que debía cumplir 21, a pesar de los esfuerzos de su abogado defensor, Eduardo Pardo Reina. Como muestra del carácter político de la sentencia, recordar que uno de los asesinatos por los que se acusó a Rojas fue el de Rafael Mateos Vela, muerto de un disparo, el día 11 de enero, cuando entró en el pueblo el primer grupo de guardias civiles capitaneados por el sargento Rafael Anarte Viera, mucho antes de que el capitán Rojas llegara a Casas Viejas con su compañía de guardias de asalto.
El Diario de Cádiz entrevistó al capitán Rojas en el castillo de Santa Catalina. El oficial describió así el momento en que se leyó su condena en la sala: «Aquel fiscal digno y honrado mirándome con lágrimas en los ojos al escuchar la decisión del jurado, buscando rápidamente atenuantes de las que antes no había hablado; aquel acusador privado pidiéndome perdón por lo sucedido; aquellos letrados, envueltos en sus negros ropajes, abrazándome; el murmullo del dolor del público, el gesto de los guardias, de mis guardias, los oficiales llorando sobre mi pecho…». Era evidente que el fallo judicial contra Manuel Rojas era usado por Manuel Azaña para evita que las consecuencias de sus desalmadas órdenes alcanzaran a su Gobierno. Tant que el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio. Y en junio de 1935, la Audiencia Provincial de Cádiz volvió a plegarse a los deseos del poder ejecutivo y revalidó la condena. No fue el único sacrificado por Azaña para desviar su culpa. El capitán de Asalto Gándara, testigo de las órdenes de represión emitidas desde Madrid, y frmante de la acusación contra el Gobierno republicano-socialista, sera asesinado en una checa madrileña en 1936. Sabía demasiado sobre los responsables de las matanzas de Casas Viejas y, como firmante de la carta de inculpación a Azaña, Prieto, Casares y Largo ya estaba condenado a morir sin juicio alguno, como los campesinos de aquella aldea gaditana.
Arturo Menéndez, el director general de Seguridad, fue relevado por Manuel Andrés Casaus, militante del partido Acción Kepublicana de Azana, que habia sido detenido por el asesinato de un guardia. Casaus hizo llamar a su despacho a los once tenientes del tercer grupo de Asalto y les amenazó de forma clara para que negaran el testimonio de sus capitanes. Los oficiales se negaron a esta componenda, por lo que el director los hizo arrestar y ordenó que fueran destituidos.
Tiempo después, ya seguro en su cargo al frente de la República, al ser interpelado Azaña en las Cortes españolas por los diputados Lerroux, Muñoz Ramírez y Algora, respondió que «en cualquier contingencia semejante a la pasada, el gobierno volverá a proceder como procedió».
Como dato curioso, el que fue director general de Seguridad, el capitán Arturo Menéndez, sería miembro del Estado Mayor del Ejército catalán en el alzamiento contra la República de 1934. Cuando el general Batet acabó con la revuelta separa-tista, el consejero de Seguridad del Gobierno catalanista, José Dencás Puigdollers, huyó por las alcantarillas con el comandante Jesús Pérez Salas y el capitán Arturo Menéndez López. Este último reingresó en el Ejército con el triunfo del Frente Popular en 1936.
Entre muchos oficiales y guardias cundió el desencanto. Sabían que si obedecían las órdenes gubernamentales podían ser los únicos en responder por ellas ante los tribunales y si no lo hacían perdían su trabajo o, incluso, su vida.
Los otros muertos
En otro orden de cosas, durante el entierro del sargento García, muerto a consecuencia de las mortales heridas recibidas en el asalto anarquista a la casa-cuartel de Casas Viejas, el gobernador civil, Pedro del Pozo Rodríguez, rodeado de las autoridades locales civiles y militares, dijo: «¡Guardias Civiles!, con Manuel García Alvarez, sumáis uno más a la larga y ya gloriosa lista de vuestros héroes defensores del orden y régimen republicano. La vida no tiene más valor que el empleo que de ella se haga; y tened la seguridad que el empleo que hacéis de la vuestra, ofrendándola constantemente, por el mantenimiento de la seguridad pública, es el más noble y más elevado que se puede dar en una sociedad organizada, cuya existencia se conserva precisamente por vuestro constante celo y sacrificio».
El 5 de abril, el general de Artilleria Cecilio Bedia de la Cavallería, inspector general de la Guardia Civil de agosto de 1932 a finales de 1935, ordenó una investigación para saber si los guardias muertos o heridos en Casas Viejas, durante el asalto de doscientos anarquistas a la casa-cuartel, debian recibir la Cruz Laureada de San Fernando, dado que el 18 de enero de 1933 el Gobierno lo había declarado «un hecho de guerra». El caso lo instruyó el capitán Pablo Incera Vidal. Dos años después el expediente fue archivado por defecto de forma.
Consecuencias políticas
La represión de Casas Viejas facilitó el abstencionismo de los anarquistas en las siguientes elecciones. Ya sabían cómo las gastaba la coalición socialista-republicana de Azaña y Largo Caballero. El alejamiento de las urnas de la CNT-FAI y el voto a la mujer, conquistado contra 121 votos parlamentarios de la izquierda, fueron esenciales para que, en los siguientes comicios, el Partido Radical de Lerroux y la CEDA de Gil Robles tuvieran mayoría electoral. El historiador Malefakis escribió que Casas Viejas fue un catalizador para la caída del gobierno del primer ministro Manuel Azaña: «El ambiente de inseguridad creado por los alzamientos locales de la CNT contribuyó a que un sinnúmero de votos fueran en contra de Azaña en las elecciones de 1933» 10.
En la literatura también ha quedado recogida la masacre de Casas Viejas, de la mano de autores como Ramón J. Sender que escribió sobre ella en La Libertad, el 23 de febrero de 1933. No fue el único, la matanza republicana además tuvo eco en la pluma de Pio Baroja: «A propósito de Casas Viejas, Baroja ensalza la actitud del anarquista generoso capaz de luchar, sin esperanza de salvación, por un ideal La literatura culpable de Azorín) aunque señala, en cambio, la utopía del anarquismo como sistema político («Arbitrariedad y estilización»)»». Hubo más menciones al luctuoso hecho por parte de Pla y Beltrán, Federica Montseny, Victoriano Orebón Fernández… La CNT publicó varios folletos novelados donde se narraba como epopeya dándole tintes gloriosos al alzamiento ácrata. Uno de estos librillos fue editado por el Comité Nacional de la Confederación con el título: La verdad sobre la tragedia de Casas Viejas. Otro, publicado por la Regional andaluza, se la-maba: ¡Han pasado los bárbaros! Lo cierto es que los anarquistas de la choza de «Seisdedos» y los detenidos y fusilados de forma sumaria no fueron las únicas víctimas de esas jornadas. A ellos hay que sumar los guardias civiles y de asalto muertos y heridos, los oficiales condenados por obedecer órdenes y los asesinados en las checas, años después, por denunciar esas órdenes.
Los socialistas premiaron a los pocos campesinos que no se habían pasado del sindicato socialista UGT al anarquista CNT en aquella comarca. Como muestra, el 1 de enero de 1934 el Gobierno republicano entregó los caballos de la antigua yeguada militar de San José de Malcocinado a cuarenta familias socialistas!?.
Las izquierdas, en octubre de 1934, se alzarían contra el Gobierno electo de la República negándose a pasar a la oposición de una forma civilizada. Poco después, en 1936, con la llegada del Frente Popular al poder, esas mismas fuerzas de orden público al servicio de la República asesinaban a uno de los jefes de la oposición, Leopoldo Calvo Sotelo. Era otro crimen de Estado.
Acabada la Guerra Civil española, ya en el exilio en Mountauban, al norte de Toulouse, Francia, poco antes de su muerte, los próximos oían murmurar al expresidente Manuel Azaña: «Los muertos de Casas Viejas me persiguen».
La vergüenza asesina de la izquierda en esa aldea se borró parcialmente de cara al público con el cambio de nombre de la localidad, hoy es Benalup de Sidonia, Cádiz.
La acusación negra que señala a republicanos y socialista quedó oportunamente fuera de la memoria histórica oficial para seguir haciendo de la Segunda República española el mito mendaz de la arcadia feliz que nunca fue.
