La quema de conventos de mayo de 1931, uno de los episodios de violencia anticlerical ocurridos durante los primeros meses de la Segunda República.
Cuando se lleva a cabo un análisis objetivo de la violencia desencadenada en España durante los años de la Segunda República y de la Guerra Civil (1931-1939), adquieren un relieve significativo las consecuencias de una persecución religiosa que, entre otros efectos, causó la muerte de unos siete mil sacerdotes y religiosos y de un número mucho más elevado de seglares. Las notables dimensiones de un fenómeno que cuenta con paralelos en su época, como Rusia y Méjico, obligan a prestar atención preferente a las cuestiones religiosas a la hora de identificar las causas que llevaron a la muerte a numerosos españoles. Además, no olvidemos que la persecución exterminadora contra la Iglesia Católica en zona frente-populista daría un carácter de Cruzada a la movilización en el bando contrario durante el período de conflicto bélico.
No hace falta demostración para aceptar que una violencia tan radical no se produjo de forma repentina: bucear en las raíces que precedieron a semejante estallido nos llevaría al análisis de un enfrentamiento ya secular.
En el siglo XIX, el conflicto entre la Iglesia y el liberalismo se había concretado en una persecución por parte del naciente Estado que no iba a sufrir ningún otro estamento, seguramente por tratarse de la única potestad radicalmente independiente que podía sobrevivir al omnipresente Estado contemporáneo. En España, la Iglesia soportó privación de sus bienes, censura a su enseñanza doctrinal, supresiones, exclaustraciones, destierros, asesinato de un buen número de religiosos… Resulta interesante la siguiente precisión en relación con el injusto tratamiento historiográfico de estos sucesos:
«Queda dicho que la desamortización no fue sino un —aunque el más espectacular— botón de muestra. Hubo supresión de órdenes religiosas, exclaustraciones de monjas en despiadadas condiciones, destierros, prohibición de conferir órdenes o de publicar documentos, detenciones por simple motivo de “opinión”, o asesinatos por el mismo “motivo”, a veces asesinatos en masa, como los de 1834-35, sin que se hiciera nada por evitarlos o castigarlos. Si las víctimas hubieran sido protestantes, o masones o —seguimos poniendo ejemplos— humildes gitanos, la historia no hubiera encontrado palabras para calificar estos crímenes, a los que apenas se alude de pasada, si se alude, en los manuales. ¿No habría ciertos motivos para replantear no solo los análisis, sino los propios criterios historiográficos enraizados por la rutina?»
Posteriormente, al enfrentamiento con el estatismo liberal se iba a añadir la difusión del ateísmo marxista y de las Internacionales, ideología que adquiere una capacidad expansiva mundial a raíz de la creación del primer Estado de inspiración comunista en la Unión Soviética.
Para nuestro intento, basta situarse en el 14 de abril de 1931 y recordar cómo la implantación de la Segunda República en España supone la llegada al poder de una coalición formada por los representantes de una burguesía laicista y de un socialismo revolucionario que coincidían en considerar a la Iglesia Católica como un obstáculo para el progreso de España y como la aliada de todas las formas de poder conservadoras que, según ellos, habían predominado hasta entonces. Este prejuicio resultará determinante en la evolución del régimen naciente y su consideración resulta inexcusable si se quiere entender cómo acabó derivando en una guerra civil a pesar de haber sido acogido por la mayoría de los españoles con una actitud que se sitúa entre la ingenua expectativa, la esperanza y el entusiasmo desbordado.
Los sucesos ocurridos en mayo de 1931, generalmente denominados de manera muy impropia como «quema de conventos», representan la institucionalización del laicismo en la vida pública, como ocurriría un poco más tarde en la legislación. El resultado fue la elaboración de un marco legal en el que se negaba el derecho a la existencia política, social y cultural de un mayoritario sector de la sociedad española vinculado a la Iglesia Católica. La «quema de conventos», la persecución legislativa y el asesinato masivo de católicos en la Revolución de Octubre de 1934 y a partir de 1936, no fueron sino planos sucesivos de una misma secuencia lógica.
Desde el primer momento, coincidieron en esta ofensiva las fuerzas que monopolizaron los primeros pasos de la República. Socialistas, anarquistas, comunistas, republicanos de izquierda y algunos regionalistas diferían entre sí en casi todo: en la forma del Estado, en la organización económica, en la consideración hacia los grupos sociales, en el papel de la cultura y la enseñanza… Únicamente había un punto de coincidencia: la voluntad decidida de construir artificialmente una sociedad carente de todo fundamento religioso. Poco importa que algunos de ellos dejaran un lugar irrelevante a dichas creencias en un rincón discreto de la conciencia mientras que otros optaban por una persecución en la que no había lugar ni para esos espacios de intimidad. Al final, serían los sectores más radicales los que actuaron sin trabas, sirviéndoles de comparsa los pretendidamente moderados como ocurriría de manera trágica en el caso de los nacionalistas vascos.
La Iglesia y los orígenes de la República
Aunque muy probablemente no era el sentir mayoritario de los católicos, la jerarquía eclesiástica recibió a la República con las mejores disposiciones ya desde el inicio de la actuación del Gobierno provisional. No en vano Alcalá Zamora (ex ministro de Alfonso XIII) había ofrecido una República moderada y los obispos aceptaron al nuevo régimen por expresa orden de Roma al nuncio Tedeschini.
La Carta Pastoral del Arzobispo de Toledo, lejos de ser entendida como una provocación beligerante permite constatar que, en el momento de la derrota, apenas una voz se levantó para agradecer a la Monarquía lo que esta institución había hecho durante siglos en favor de la Fe Católica. Y ello sin dejar de estimular a los fieles al sometimiento a los poderes de hecho. La misma doctrina —sin referencia en este caso al régimen caído— iban a expresar los metropolitanos en su documento fechado el 9 de mayo que no se hizo público hasta un mes después cuando, a pesar de los incendios y asaltos a edificios eclesiásticos, se quería mantener a toda costa la armonía con el poder político.
La intolerancia característica de los dirigentes republicanos se manifestó en las reacciones ante el texto de Segura. Los grupos a los que antes nos hemos referido, tenían el proyecto de desterrar a la Iglesia de toda presencia social y de instaurar un laicismo que no era simple neutralidad sino militantemente anti-religioso. Episodios como la quema de conventos vuelven la capacidad de poner en el primer plano del debate político una cuestión religiosa que las fuerzas que llevaban en sus manos el timón de la República no estaban dispuestas a relegar a un puesto secundario o a regularla de manera que supusiera una renuncia a sus viejas reivindicaciones laicistas.
La «quema de conventos»
La Pastoral del Cardenal Segura, el anuncio de la fundación de Acción Nacional y el asomo de algunos brotes de reacción, soliviantaban a los revolucionarios que, por todas partes, veían maniobras contra el nuevo régimen. Se iba a comprobar ahora que todo lo que no fuera soportar lo que impusieran las izquierdas, incluso el legítimo ejercicio político cuando se aproximaban las elecciones a Cortes Constituyentes, era interpretado como signo de violencia y provocación. Lectura que sigue siendo repetida por los representantes de las corrientes historiográficas en las que se dan la mano una apologética de la Segunda República con la crítica radical a la Iglesia y al significado de la religión católica en la historia de España.
Los sucesos de Madrid arrancan, sin relación de causa-efecto, de la apertura el 10 de mayo de 1931 de una sociedad denominada Círculo Monárquico Independiente, alentada por ideas equivocadas acerca de las posibilidades que la República ofrecería para la libertad de expresión y de participación política. No había terminado el acto, celebrado en un piso de la calle de Alcalá, y se difundían las consignas más exaltadas para justificar su interrupción. Intervino la fuerza pública para impedir el asalto del local monárquico pero quienes resultaron detenidos fueron la mayoría de los allí reunidos. Poco después, se incendiaban varios coches, un quiosco de El Debate en calle de Alcalá y los asaltantes se dirigieron al periódico ABC, donde intervino la Guardia Civil: «La fuerza dio los toques de atención reglamentarios. En ese momento sonó un tiro de pistola, y un niño subido a un árbol, cayó herido, levemente, por fortuna. No hizo falta más para que los manifestantes se abalanzaran sobre los guardias que, en legítima defensa, se vieron obligados a disparar, causando dos muertos y varios heridos entre los asaltantes».
La agitación continuaba durante la tarde y la noche y comenzaron a pronunciarse las primeras amenazas contra frailes y monjas, especialmente los jesuitas. José Antonio Balbontín arengó a los revoltosos desde una ventana del Ministerio de la Gobernación y dio lectura a unas conclusiones en las que se pedía, entre otras cosas, el desarme de la Guardia Civil, la expulsión de las Órdenes Religiosas y la dimisión del ministro de la Gobernación, Miguel Maura.
Mientras, el Gobierno permanecía reunido en un despacho del mismo edificio. Maura advirtió que en el Ateneo se estaban repartiendo ya listas de los conventos que había que incendiar al día siguiente así como la gasolina y los trapos para proceder a ello. El ministro de Guerra, Manuel Azaña, se negó a intervenir entre los miembros del Ateneo y asumió una postura, respaldada por otros ministros, de oposición a la intervención de la Guardia Civil. El confidente de Maura había sido el capitán Arturo Méndez quien también daba fe de las actividades de los grupos comandados por Pablo Rada en el Ateneo. Este centro, presidido por el propio Azaña, se había convertido desde meses atrás en foco de agitación republicano con fuerte influencia masónica.
En la mañana del 11 de mayo comenzaron los incendios por el templo y residencia de los jesuitas de la calle de la Flor (junto a la Gran Vía) y continuaron a lo largo de la mañana en el Convento de Bernarda de Vallecas (C/ Isabel la Católica), Iglesia de Santa Teresa (Plaza de España) y en el Instituto Católico de Artes e Industrias (C/ Alberto Aguilera), también de la Compañía de Jesús, hacia la una y media.
A esta hora hay un momento de pausa en los incendios. En el convento de las Trinitarias (C/ Marqués de Urquijo) los revoltosos se contentan con hacer salir a las corrigendas; en el del Beato Orozco (C/ Goya) y en el Oratorio del Caballero de Gracia se dejan persuadir por algunos espontáneos y de otras casas religiosas se alejan después de ahuyentar a sus moradores. Pero luego se reanudan los incendios en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana «Maravillas» (Cuatro Caminos); Escuela y Convento de Mercedarias (C/ Tiziano-Jaén), Colegio de las Salesianas (Cuatro Caminos), Parroquia de Bellas Vistas (filial de la de Cuatro Caminos) y Noviciado de Religiosas del Sagrado Corazón (Chamartín). Un grupo de soldados a las órdenes del general Orgaz impidieron la destrucción del Colegio de la Compañía de Jesús, también en Chamartín, aunque resultó saqueado.
«Así terminaba aquel lunes de ferocidad y de bochorno. Diez columnas de humo denso se alzaban sobre la capital de España; centenares de personas indefensas se habían quedado sin hogar; miles de niños sin escuela, y una impresión de asombro, de decepción y de espanto revelaba la desilusión de cuantos creyeron en la posibilidad de una república digna y honrada. Parecía, sin embargo, que Madrid iba a dormir tranquilo. De Alcalá habían venido fuerzas del Ejército y todos los puntos estratégicos aparecían ocupados por las tropas: fuerzas de Infantería, de Artillería, de Caballería, con ametralladoras y carros de asalto. Se percibía la intención de terminar con la trágica zarabanda».
Mientras ocurrían los sucesos, el Gobierno estaba reunido en Consejo. Miguel Maura volvió a plantear la necesidad de sacar a la Guardia Civil y se repitieron las negativas: «Eso, no —exclamó Azaña—. Todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano […] He dicho que me opongo a ello decididamente —amenazó Azaña— y no continuaré un minuto en el Gobierno si hay un solo herido en Madrid por esa estupidez». El día anterior, al comentarle las confidencias recibidas por Maura, la respuesta de Azaña fue: «No crea usted en eso. Son tonterías. Pero si fuese verdad, sería una muestra de la Justicia inmanente». Para el presidente Alcalá Zamora: «esto no es sino como decía su padre, «fogatas de virutas». No tiene la cosa la importancia que usted le da. Son unos cuantos chiquillos que juegan a la revolución y todo se calmará en seguida. Usted verá».
La indiferencia del Gobierno tuvo como consecuencia directa la pasividad mantenida por las fuerzas de orden público. Los grupos estacionados desde las primeras horas de la mañana frente a la iglesia de San Francisco de Borja de la calle de la Flor lanzaron piedras contra las ventanas y, al observar la inacción de las fuerzas de orden público, rociaron el edificio con gasolina y le dieron fuego. Los redactores del periódico La Conquista del Estado se convirtieron en espectadores obligados del suceso y Ramiro Ledesma ha dejado el siguiente testimonio:
«Próximamente a las diez, un grupo de doce o quince individuos, coreado por otro que no pasaría tampoco de veinte, comenzó a vocear ante el edificio, lanzando alguna que otra piedra. Inmediatamente rociaron la puerta del edificio y empezó a arder, facilitándolo un haz de astillas que llevaban ya dispuesto.
En aquel mismo momento llegó una sección de Seguridad, que dispersó a los incendiarios, retirándose éstos hacia la calle de San Bernardo. Desde la esquina de esta calle con la de Dato, donde está la sucursal del Banco de Vizcaya, cuatro o cinco de aquéllos hicieron sobre los guardias unos diez disparos.
El incendio entonces no pasaba de la puerta y del pequeño haz de astillas. A los cinco minutos, todavía levísimo el fuego, apareció un coche de bomberos que, ante la no muy aclarada profesión de los grupos se retiró sin actuar. También se retiró la sección de guardias. Entonces, dueños ya en absoluto del terreno, los grupos atizaron el fuego, que al poco tiempo alcanzaba proporciones enormes […]
En la redacción del periódico se percibió en seguida el carácter de los incendios de cosa urdida, preparada y efectuada por una minoría, y con la complicidad evidente del Gobierno provisional. Y de tal modo era una ínfima minoría la ejecutora que, desde luego, los redactores de La Conquista del Estado afirman que hubiese bastado la intervención, en contra de los incendiarios, de dos o tres docenas de individuos para haber impedido lo de la Flor, que fue el incendio más resonante. Y del mismo modo hay que suponer que todos los demás».
En el Instituto de Artes e Industrias bastaron unas pedradas para alejar a unas parejas de la Guardia Civil que acudían. El coronel del Regimiento de Húsares de la Princesa dio parte al Capitán General de lo que sucedía y recibió orden de salir en dirección contraria a donde ocurría el incendio y con la prohibición de formar con sus tropas. Finalmente, en vista de que los incendios continuaban, se decidió el Gobierno a proclamar el estado de guerra y el efecto fue inmediato:
«En efecto, con la solemnidad de las viejas costumbres, fue proclamado el estado de guerra. Los piquetes de la tropa, con sus cornetas, recorrieron Madrid anunciando al vecindario la “buena nueva” y el general Queipo de Llano, capitán general de la I Región, se paseó, de gran uniforme, triunfante y pinturero, por las calles jugando el papel de salvador del orden. Al minuto desaparecieron las partidas de gamberros, se acabaron los incendios y el orden quedó restablecido instantáneamente».
A partir de la tarde del 11 de mayo, escenas semejantes a las ocurridas en Madrid se reprodujeron en diversos lugares de las provincias de Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada, Murcia, Valencia y Alicante. Fue probablemente en Málaga donde se causaron los mayores estragos debido a la virulencia de los revolucionarios y a que las autoridades no adoptaron medidas contundentes, llegando el Gobernador Militar, general García Gómez-Caminero, a ordenar la retirada de la Guardia Civil que protegía edificios religiosos tras la primera oleada de agresiones para evitar choques con los asaltantes. Además de las iglesias, se destruyeron asilos y colegios, maquinaria, bibliotecas, laboratorios, y aulas. El obispo, cuyo palacio fue asaltado e incendiado, después de ser gravemente injuriado se vio obligado a buscar refugio en la casa de un sacerdote y en la noche del 13 de mayo marchó a Gibraltar.
Balance y responsabilidades
En pocos días habían quedado convertidos en cenizas o enormemente deteriorados y saqueados un centenar de edificios; no solamente iglesias y conventos, también centros de enseñanza como la Escuela de Artes y Oficios de la calle Areneros donde se habían formado miles de trabajadores o el Colegio de la Doctrina Cristiana de Cuatro Caminos, donde recibían enseñanza cientos de hijos de obreros; bibliotecas como la de los jesuitas de la calle de la Flor con 80.000 volúmenes, entre ellos incunables, ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo o Calderón, colecciones únicas de revistas, el archivo del historiador padre García de Villada, producto de años de investigación; cuadros e imágenes de Zurbarán, Valdés Leal, Coello, Alonso Cano… También en el resto de provincias desaparecieron obras de arte únicas, esculturas y cuadros de nuestros más grandes artistas fueron destrozados a cuchilladas, hachazos o por el fuego.
La respuesta a la pregunta por los responsables se dejó en la sombra intencionadamente. Miguel Maura suspendió los diarios ABC y El Debate, que ninguna parte habían tenido en los sucesos y podían haber servido de cauce de expresión a sus víctimas, y el comunista Mundo Obrero; destituyó al Gobernador de Málaga y aceptó la dimisión del director general de Seguridad, Carlos Blanco. También aceptó las dimisiones de los gobernadores de Alicante, Cádiz, Córdoba y Huelva. Una de las explicaciones más pintorescas fue la ofrecida por el presidente Alcalá Zamora a los corresponsales extranjeros:
«La fuerza mayor que han tenido los incendiarios ha sido la sorpresa, complicada a su favor en el número extraordinario de conventos que hay en España. En Madrid, hay unos doscientos y en Valencia cerca de sesenta. De forma que todo el ejército francés, que es el más fuerte del mundo, no hubiera podido disponer de un batallón y ni siquiera de una compañía para cada convento a fin de impedir lo que aquí ha sucedido».
Las consecuencias y depuraciones de responsabilidad por lo ocurrido no pasaron de ahí, dejando claro que al propio Gobierno no le interesaban aclaraciones profundas y los responsables iban a quedar en la sombra. Las izquierdas, en general, justificaron las tropelías atribuyéndolas al «pueblo», excitado por una provocación de los monárquicos pero, si es injusto identificar al pueblo con unas bandas de revolucionarios y delincuentes, lo ocurrido difícilmente se compagina con una falta de organización y método. Por el contrario, los hechos inducen a pensar en algo preparado y efectuado por una minoría que contaba con complicidades evidentes entre los miembros del Gobierno provisional.
En esa línea apunta el testimonio publicado en 1935 por Enrique Matorras, exsecretario del Comité Central de la Juventud Comunista que se convirtió al catolicismo, abandonó el partido e ingresó en Falange Española, siendo asesinado en las matanzas de la Cárcel Modelo de Madrid en 1936. Él informa de la actividad organizada por el Partido Comunista con posterioridad a los sucesos en el Círculo Monárquico y en la redacción de ABC:
«Entre tanto, urgentemente se reunió el Comité de Madrid del partido Comunista con dos miembros del Secretariado residentes en esta ciudad y la delegación de la Internacional. En la reunión, que fue rápida, se acordó plantear la huelga general, y en vista del cariz que iban tomando todos los acontecimientos, aconsejar el asalto a las armerías y la fraternización de los soldados con los obreros. También se acordó que en todas las manifestaciones que se produjeran, los militantes del partido lanzaran las consignas de los soviets y preconizaran el alzamiento revolucionario contra el Gobierno provisional. Estos acuerdos fueron fielmente ejecutados por los militantes de Madrid.
A la caída de la tarde la ciudad se llena de manifestaciones. Comienzan a retirarse los taxis a sus cocheras, se interrumpe la circulación de tranvías en las calles más céntricas. La Puerta del Sol es un hervidero de gente que grita enfurecida por el fusilamiento de los monárquicos, el desarme de la Guardia Civil y la destitución del ministro de la Gobernación, Miguel Maura. Vuelve a oírse el célebre “¡Maura, no!” de hace años y Madrid entero hierve de agitación.
Los manifestantes, dirigidos e impulsados por varios militantes del partido, entre los que se destacaban José Benedicto, Manuel Pérez, Etelvino Vega, Pablo Yagüe y otros, queman el quiosco de El Debate de la calle de Alcalá y las carteleras anunciadoras del mismo en la obra del Banco de España, asaltan varias armerías, llevándose pistolas y escopetas, silban a la Guardia Civil dondequiera que la encuentran y cometen toda clase de desmanes. Entre los grupos de la Puerta del Sol se distingue José Antonio Balbontín».
Al día siguiente, la C.N.T. y los comunistas lanzan una hoja ordenando la huelga general. El partido y la Juventud Comunista reconocen que «toda la acción revolucionaria puesta hoy en práctica por el pueblo ha contado con nuestro concurso y participación activa; la aprobamos, la defendemos con entusiasmo. Pero este entusiasmo no nos ciega hasta el punto de disuadirnos de la necesidad de encauzar el movimiento y orientarlo con una nueva dirección». Para Matorras, la agitación y los incendios de conventos se realizaron bajo los auspicios del Partido Comunista con ánimo de derribar al Gobierno, como en Rusia lanzó Lenin a las masas contra el Gobierno Kerenski en octubre de 1917. Miguel Maura en sus memorias, apunta hacia la responsabilidad de «los elementos seudointelectuales del Ateneo» y de aquellos sectores que reclamaban la deriva revolucionaria del naciente régimen, señalando la participación activa de los anarquistas.
Aunque todos los indicios apuntan en esta dirección, resulta difícil una respuesta exhaustiva porque «no quedan actas judiciales del proceso, que no llegó a iniciarse, contra los autores de tales desmanes. Ya esta ausencia formal de intervención de la autoridad judicial denuncia de por sí que el Gobierno rehuía aclaraciones excesivas de lo ocurrido». Una excepción es el caso de Málaga, donde la declaración tardía del estado de guerra y la labor de oficio de los juzgados de la capital, han permitido a Jiménez Guerrero reconstruir la investigación sobre la autoría material de los incendios y saqueos que fue dirigida hacia la actuación de los más significativos dirigentes comunistas locales (Cayetano Bolívar, Andrés Rodríguez…), quienes fueron detenidos y procesados junto a bastantes delincuentes comunes. Las actuaciones judiciales concluyeron, en la mayoría de los casos, con sobreseimientos y archivos de las causas y con la aplicación del indulto concedido con motivo de la proclamación de Alcalá Zamora como primer presidente de la República. Pero Jiménez Guerrero concluye apuntando que en los asaltos e incendios se produjo una doble acometida inicial, perfectamente programada, en la que la responsabilidad de los protagonistas comunistas parece contrastada y una segunda, de pillaje y saqueo, protagonizada por delincuentes comunes ante la inoperancia de las autoridades.
La conclusión que se impone es que los incendios de mayo demostraron que el Gobierno provisional de la República estaba dispuesto a dar alas al laicismo de los partidos revolucionarios tolerando sus manifestaciones de violencia. Para mantener el orden, los miembros del Gobierno se hubieran tenido que enfrentar a los mismos que unas semanas antes los habían encaramado al poder y eso hubiera significado la negación del espíritu revolucionario que había configurado a la República y que tuvo su expresión en el Pacto de San Sebastián y en la formación del Gobierno provisional. Al mismo tiempo, los incendios permitieron plantear la cuestión religiosa como un problema candente en el que se daban la mano el secularismo elitista y burgués de los viejos partidos republicanos y liberales con el activismo laicista y anarquista, comunistas y socialistas, estos últimos cada vez más lanzados a su deriva bolchevizante.
El debate constitucional: «España ha dejado de ser católica»
El 18 de mayo el ministro de la Gobernación informaba en una nota de la salida de España del Obispo de Vitoria, Mateo Múgica, «previa invitación del ministro», en vista «del carácter eminentemente político que daba el obispo a sus visitas a las parroquias de su diócesis». Poco después, el Cardenal Segura, en nombre de los Metropolitanos elevaba al presidente del Gobierno provisional una exposición de agravios hechos a la Iglesia.
«Anuncio oficial de secularización de cementerios, separación de la Iglesia del Estado, prohibición a las autoridades y a los militares de acudir a actos religiosos, supresión de las cuatro Órdenes Militares, privación de derechos civiles a la Confederación Nacional Católico Agraria, sólo por el hecho de denominarse católica; privación a la Iglesia de intervenir en los Consejos de Instrucción; supresión de honores militares al Santísimo Sacramento a su paso por las calles; supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias y en las superiores; prohibición del Crucifijo en las escuelas; libertad de cultos; infracción de la inmunidad personal eclesiástica y, sobre todo, los incendios de iglesias, conventos y palacios eclesiásticos».
El día 13 de junio el Primado regresó a España desde Roma y, al acercarse el 14 a Guadalajara, fue detenido el coche en que viajaba. Conducido a la Comisaría de Vigilancia, por oficio le conminó el gobernador, José León Trejo, de orden del Gobierno provisional, a ponerse inmediatamente en marcha hacia la frontera de Irún. Al día siguiente salía el Cardenal Segura hacia la frontera. El 30 de septiembre, el ministro de Justicia, de los Ríos, anunciaba con visible satisfacción que el Papa había admitido la dimisión del cardenal Segura como Arzobispo de Toledo: «hecho —agregó el ministro— que ocurría por primera vez en España en la Historia moderna, pues ni siquiera Felipe II consiguió la remoción de un Primado». Además el Gobierno pretendía que dicha reacción le daba la razón y que los documentos incautados al Vicario General de Vitoria, eran de tanta seriedad «que a su valor se allanó hasta el mismo Pontificado». Para el Ministro socialista «han luchado las dos tendencias del catolicismo español y ha salido derrotada la integrista, triunfando la otra, más liberal». Pronto habría ocasión de constatar el alto coste de este triunfo.
Ese espíritu conciliador y hasta acomodaticio por parte de la Iglesia iba a encontrar, como única respuesta, la plasmación en el texto constitucional de la política sectaria promovida por gubernamentales y revolucionarios. Aunque había otros puntos de fricción en el debate, el de la religión servía de elemento unificador para casi todas las izquierdas.
Alcalá-Zamora había tratado de imponer una propuesta gubernamental más moderada y aceptable para la mayoría pero, finalmente, se optó por la línea más radical de la que se hizo portavoz Azaña en un discurso pronunciado en las Cortes el 13 de octubre. Su punto de partida era que las leyes, y más aún las leyes fundamentales, tienen que ajustarse a las realidades sociológicas de la nación y no al revés, para que el aparato del Estado pueda funcionar con normalidad. La transformación radical del Estado que reclamaba Azaña para que éste fuera capaz de servir a las realidades vitales pasaba por la solución de tres grandes problemas:
«Estos problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de la propiedad, y este que llaman problema religioso que es, en rigor, la implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas consecuencias. Ninguno de estos tres problemas los ha inventado la República. La República ha rasgado los telones de la antigua España oficial monárquica, que fingía una vida inexistente y ocultaba la verdadera; detrás de aquellos telones se ha fraguado la transformación de la sociedad española, que hoy, gracias a las libertades republicanas, se manifiesta, para sorpresa de algunos y disgusto de no pocos, en la contextura de estas Cortes, en el mandato que creen traer y en los temas que a todos nos apasionan».
A continuación se centra en el llamado problema religioso, ocupándose en la primera parte de su discurso del laicismo de Estado y en la segunda del tratamiento jurídico que —en coherencia con los principios antes desarrollados— habrían de recibir las órdenes y congregaciones religiosas. Para Azaña existía en España un problema político-religioso cuya solución pasaba por la creación de un Estado laico que corresponde a una sociedad a la que aplica esa misma consideración. «España ha dejado de ser católica», luego el Estado debe ajustarse a esa realidad sociológica: sociedad laica, Estado laicista.
«Cada una de esas cuestiones, señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y, al venir aquí, al tomar hechura y contextura parlamentaria, es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de ese problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica, el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español».
A continuación exponía Azaña la prueba de su premisa, es decir la negación de que la sociedad española fuera católica. Como no puede aportar ninguna prueba de este hecho, recurre a una serie de razonamientos de carácter historicista.
«Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones, quiero decir de la misma índole, que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII. […] Por consiguiente, tengo los mismos motivos para decir que España era católica en el siglo XVI, a pesar de que aquí había muchos y muy eminentes disidentes, algunos de los cuales son gloria y esplendor de la literatura castellana. España ha dejado de ser católica a pesar de que existen ahora muchos millones de españoles católicos creyentes».
Y apela al Imperio romano, cristianizado oficialmente por la Iglesia a pesar de los millones de paganos que quedaban en él para acabar concluyendo que «el Estado lo que se conquista por las culturas, es decir por la cultura. Para él, en definitiva, no es la suma numérica de creencias o creyentes», sino la voluntad que está en posesión del poder. Aquí Azaña tiene que hacer una pirueta que le permite olvidar su punto de partida (la tesis de realidades vitales) y reclamar la transformación del Estado español «de acuerdo con esta modalidad nueva del espíritu nacional», o sea, del espíritu laicista.
En la parte del discurso que hace referencia a las órdenes religiosas se comprueba cómo en la mente de Azaña y de sus correligionarios no se concebía que en el laicismo de Estado se pudiera dejar en absoluta libertad civil a las instituciones eclesiásticas. Estado laico para Azaña significaba no sólo un Estado aconfesional, sino más bien un Estado laicista (en el sentido de descristianizador) y positivamente anti-religioso.
«Nosotros dijimos: separación de la Iglesia y el Estado. Es una verdad inconcusa: la inmensa mayoría de las Cortes no la pone ni siquiera en discusión. Ahora bien, ¿qué separación? ¿Una que deje al Estado republicano laico y legislador los medios de no desconocer ni la acción, ni los propósitos, ni el gobierno, ni la política de la Iglesia de Roma? Nosotros tenemos, de una parte, la obligación de respetar la libertad de conciencia; pero tenemos también, de otra parte, el deber de poner a salvo la República y el Estado. Hay que tomar un principio superior a los dos principios en contienda, y éste no puede ser más que el principio de la salud del Estado. Criterio para resolver esta cuestión: tratar desigualmente a los desiguales; frente a las Órdenes religiosas no podemos oponer un principio eterno de justicia, sino un principio de utilidad social y de defensa de la República. Pensad que vamos a realizar una operación quirúrgica sobre un enfermo que no está anestesiado y que en los embates propios de su dolor puede complicar la operación y hacerla mortal; no será para quien, pero mortal para alguien».
Y es aquí donde se demuestra, como en pocos lugares, la falacia que se escondía tras la primera parte del discurso: para los republicanos el Estado era elemento esencial en su obra de secularización y no habrían de renunciar a esta herramienta esencial para desterrar a la Iglesia de toda presencia social e instaurar un laicismo que no era simple neutralidad sino militantemente anti-religioso. De haberse mantenido Azaña en los límites estrictos del aconfesionalismo o en una neutralidad jurídica que dejase espacio para el normal desarrollo de la vida de la Iglesia, tal vez no se hubiera evitado el enfrentamiento en el terreno de las ideas pero no parece que se hubieran creado alguna de las condiciones que provocaron la tensión de los años posteriores. Por eso se ha podido decir que este discurso representa un ejemplo de la irreductible intolerancia del laicismo español y no puede servir como ejemplo de cómo se llevaba a cabo en aquella República la secularización.
Aprobado el artículo 26 por ciento setenta y cinco votos contra cincuenta y nueve, Maura anunció que abandonaba el ministerio, y en la mañana del 15, se supo que Alcalá Zamora había presentado la dimisión de la jefatura del Gobierno. Treinta y siete diputados se retiraron del Parlamento y declinaron en el resto de la Cámara la íntegra responsabilidad del resultado de la discusión.
Además del citado, eran varios los artículos de la Constitución que se ocupaban de la vida de la Iglesia y de los derechos y deberes de los ciudadanos en unos términos que no estaban conformes con la doctrina o leyes católicas, algo que necesariamente había de convertirse en una fuente de conflictos. Transcribimos los puntos más importantes seguidos de los reparos que se publicaron en varios Boletines Diocesanos:
Art.1: «España es una República […] Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo»
OBJECIÓN: Enseña la Iglesia que la autoridad procede de Dios. El poder público, por sí propio o esencialmente considerado, no proviene sino de Dios, porque solo Dios es el propio, verdadero y supremo Señor de todas las cosas.
Art.3: «El Estado español no tiene religión oficial»
OBJECIÓN: Constituida la sociedad política, manifiesto es que ha de cumplir, por medio del culto público, las muchas y relevantes obligaciones que le unen con Dios.
Art.14: «Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en las materias siguientes […] 2. Relación entre las Iglesias y el Estado y régimen de cultos»
OBJECIÓN: La Iglesia, establecida por Jesucristo como sociedad perfecta, exige por derecho propio, al cual no puede renunciar, plena libertad e independencia del poder civil.
Art.15: «Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias […] 12. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la legislación, la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones»
OBJECIÓN: Los socialistas impugnan el derecho de propiedad, sancionado por ley natural, y cometiendo gran delito trabajan por arrebatar y hacer común lo adquirido a título de legítima herencia, con el trabajo, con la sobriedad. Los socialistas pretenden que es preciso acabar con la propiedad privada y sustituirla con la colectiva. Este procedimiento perjudica a los obreros, es injusto, porque hace violencia a los que legítimamente poseen.
Art.26: «Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo de dos años, del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial, votada por estas Cortes constituyentes y ajustadas a las siguientes bases: 1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado. 2. Inscripción de las que deban subsistir en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. 3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación. Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados».
OBJECIÓN: Además de lo dicho en relación con el art.14, la Iglesia Católica y la Sede apostólica, tienen derecho nativo, libre e independientemente de toda potestad civil, de adquirir, retener y administrar bienes temporales, para conseguir sus fines propios. Tiene derecho la Iglesia, independientemente de la potestad civil, de exigir de sus fieles lo necesario para el culto divino y la honesta sustentación de los clérigos y otros servidores y los demás fines propios de ella. La sociedad civil debe conceder libertad a las Órdenes y Congregaciones religiosas de ambos sexos.
Art.27: «La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros»
OBJECIÓN: Proposición condenada, en el n.15 del Syllabus: Es libre cada hombre de abrazar y profesar la religión que, guiado por su razón, le parezca verdadera. Los hombres pueden salvarse con el culto de cualquiera religión. No conviene, en nuestra edad, tener la religión católica como única del Estado. Laudablemente, en algunos pueblos católicos, está establecido que los inmigrantes puedan ejercer cualquier culto.
Art.43: «La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges con alegación, en este caso, de justa causa […]»
OBJECIÓN: Las Encíclicas Casti connubii de Pío XI y la de León XIII Arcanum, forman un tratado sobre esta importante materia matrimonial. Respecto de la indisolubilidad es bien conocida la doctrina católica.
Art.48: «El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada […] La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a la Iglesia el derecho, sujeto a la inspección de Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos»
OBJECIÓN: Tres sociedades hay en el seno de las cuales nace el hombre: la familia, la sociedad civil y la Iglesia y a las tres, en el terreno que les es propio, corresponde la misión educativa. Es contraria a los principios fundamentales de la educación la llamada escuela neutra o laica, de la que está excluida la religión, que de hecho viene a hacerse irreligiosa.
Cinco años después, el propio Alcalá Zamora sintetizaba así los daños sufridos por el régimen republicano como consecuencia de haber regulado la cuestión religiosa en los términos en que se hizo:
«Primero. No sólo se contuvo, oponiéndola un escarpado muro, la aproximación de las fuerzas que aún quedaban dentro del campo monárquico y venían al republicano, sino que desde éste se rechazó, violenta y deliberadamente, hacia aquel enorme masa, que aseguró y dio la victoria del 12 y del 14 de abril. Tan deliberado era el propósito, y tan persistente siguió siéndolo, que durante el bienio, al servicio de la mezquina política de disminuir el divisor participe del Gobierno, para aumentar el cociente de las ventajas del mando, se solía hacer una propaganda franca, alarmante, provocadora, diciéndoles a muchas gentes que habían venido equivocadas a la República, que ésta no era compatible con ellas, y que debían marcharse fuera de nuevo.
Segundo. Se rompió la concordia fundamental entre los partidos republicanos, necesaria al menos, durante los primeros años de consolidación.
Tercero. Se debilitó, con propósito reflexivo, y a la vez suicida, a los partidos republicanos de significación templada, restándoles elementos e impidiéndoles posteriores sumas, incrementos o accesiones, que sólo podían venir de la orilla derecha de la sociedad española. Y, sin embargo, esos partidos templados, pero inequívocamente republicanos, eran fundamento principal del régimen y salvaguardia indispensable, garantía de tranquilidad para los de izquierda. No obstante, se les dejó sin autoridad, sin respeto, ni por unos ni por otros, con la hostilidad de los republicanos extremistas, que les decían: “La Iglesia no desarma aunque vosotros seáis republicanos”; con la otra hostilidad, tan incomprensiva y fanática del clericalismo, que con igual apariencia de fundamento les dijo: “La República no deja de ser sectaria y persecutoria aun siendo vosotros católicos”.
Cuarto. Toda la fuerza de orden, conservadora, casi todos los elementos católicos, fueron mantenidos, lanzados o devueltos a partidos, que revivieron de la agonía o surgieron de la nada, no inequívocamente republicanos, menos de la primera hora, enemigos irreductibles del régimen, o que se incorporaban a éste con adhesión tardía, indecisa o sospechada.
Quinto. […] Merced al voto tan frenéticamente aplaudido del artículo 26 y a la mediatización anarquizante de la autoridad y de la ley, durante dos años, singularmente en las cuencas o valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir, volvió a ser problema el régimen, y se dio el caso peregrino de cernirse como negruras de horizonte mucho más odio, apasionamiento e incertidumbre, que en las elecciones de 1931 en las de 1933, y con desatinada progresión en las de 1936.
Sexto. Por si todos esos daños fueran pocos, el artículo 26 obscureció la serenidad para cualquier reforma orgánica, neutra, experimental, limitada, prudente de nuestra Constitución. No puede tocarse a ésta pidiéndoles a los partidos que son su principal apoyo, que prescindan de la reforma del artículo 26, y no puede hablarse de éste sin que se desencadene como ráfaga de locura, y se utilice como arma de combate, la violencia pasional, que todo lo obscurece y todo lo compromete».
La última y más significativa de las declaraciones colectivas de la jerarquía española sobre la evolución de la cuestión religiosa en el primer año de la República, fue la carta que recoge la postura de los obispos ante la Constitución. El documento lleva la firma de 59 obispos y vicarios capitulares y apareció sin fecha pero sabemos que puede datarse el 20 de diciembre de 1931. Se difundió en la prensa el 1 de enero de 1932, cuando la Constitución ya había sido promulgada.
«Los principios y preceptos constitucionales en materia religiosa no sólo no responden al mínimo de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de la Iglesia que hacían esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirados por un criterio sectario, representan una verdadera oposición agresiva aun a aquellas mínimas exigencias […]. Más radicalmente todavía se ha cometido el grande y funesto error de excluir a la Iglesia de la vida pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación, de la juventud, de la misma sociedad doméstica, con grave menosprecio de sus derechos sagrados y de la conciencia cristiana del país, así como en daño manifiesto de la elevación espiritual de las costumbres y de las instituciones públicas. De semejante separación violenta e injusta, de tan absoluto laicismo de Estado, la Iglesia no puede dejar de lamentarse y protestar, convencida como está de que las sociedades humanas no pueden conducirse, sin lesión de deberes fundamentales, como si Dios no existiera, o rehuir el atender a la Religión, como si ésta fuera un cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva […]. Doloroso es confesarlo, la Constitución española no ha sabido colocarse ni en el tipo medio del derecho constitucional contemporáneo y no ha sabido auscultar el respetuoso movimiento de comprensión religiosa en que se inspiran los más nobles pueblos que, después de la guerra, han debido dar su ley fundamental a las nuevas democracias […].
He aquí, pues, el juicio que nos merece la nueva situación legal creada a la Iglesia en España, y a la cual no podemos prestar nuestra conformidad, por lesiva de los derechos de la religión, que son los derechos de Dios y de las almas; atentatoria a los principios fundamentales del derecho público; contradictoria a las normas y garantías establecidas en la misma Constitución para todo ciudadano libre y toda institución honesta; injusta e inmerecida en daño de la independencia espiritual y de la eficacia social de una sociedad religiosa perfecta y soberana en su orden, que, así como no aspira a entrometerse en la soberanía propia del Estado, tiene derecho a ser respetada plenamente por él en su misión propia y a ser reconocida como la primera e incomparable institución moral y civilizadora de España. Ni los derechos internacionales del hombre y del ciudadano, que la conciencia jurídica del mundo civilizado considera inviolables por los Estados, han sido aplicados a los que profesan la religión católica, ni colectivamente a la Iglesia se le ha concedido siquiera el trato de minoría religiosa, que los tratados internacionales otorgan a grupos confesionales sin posible comparación con lo que ha sido y es la Iglesia en nuestro país, a la cual pertenecen la mayoría de los españoles como religión única profesada por sus ciudadanos».
Prolongado arbitrariamente el período de vigencia de las Cortes Constituyentes con posterioridad a la aprobación del texto constitucional, en la misma Cámara de mayoría socialista-republicana se aprobarán las leyes que, unidas a las disposiciones del Gobierno, vienen a poner en práctica el programa laicista previamente diseñado. Podemos citar la disolución de la Compañía de Jesús, el divorcio, la supresión de las clases de religión y, sobre todo, la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que mereció la intervención del papa Pío XI en su Carta sobre la injusta situación creada a la Iglesia Católica en España titulada Dilectissima Nobis (3 de junio de 1933).
Los incendios de iglesias y edificios religiosos continuaron aún durante mucho tiempo y se hicieron especialmente frecuentes en los años sucesivos, al tiempo que los asesinatos de sacerdotes, religiosos y seminaristas cometidos en Octubre de 1934 demuestran, una vez más, que la persecución religiosa no fue consecuencia de la Guerra Civil y sí, con toda certeza, una de sus raíces históricas.
