España en 1977: violencia, terrorismo, tensiones políticas, matanza de Atocha y acuerdos de la Moncloa en un año decisivo de la Transición, entre esperanzas democráticas y profundas contradicciones.
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Comprender 1977 es comprender una parte esencial de la España actual. Y para conocer verdaderamente nuestra historia, conviene recordar tanto aquello que se celebró como aquello que se prefirió olvidar.
Los acontecimientos mundiales de este año no van a tener ninguna repercusión sobre España, o si la tienen, ésta es muy escasa. Y es que no van a tener por sí mismos una entidad suficiente a nivel global ni local. España, además, ha empezado a homologarse con las democracias occidentales y parece dejar olvidado aquello de: «España como problema, Europa como solución». El club de las naciones ricas contempla con esperanza la democratización de su régimen político y el completo desarme de los restos de originalidad política que España poseía y de ciertos vestigios autocráticos que aún conservaba. España, por fin, se rinde a Europa sin condiciones.
El 21 de enero se produce una noticia de trascendental interés en Italia, cuando el Parlamento italiano aprueba la despenalización del aborto bajo determinadas circunstancias o, si se prefiere decir con hipocresía, la interrupción voluntaria del embarazo. La aprobación de la ley que lo autoriza se ha conseguido por una amplia mayoría, a la que han colaborado numerosos diputados de la democracia cristiana.
El 7 de junio, los ingleses, fieles a sus tradiciones, celebran el silver jubilee de la reina Isabel II en el trono a los 25 años de reinado.
El 11 de agosto, Estados Unidos y Panamá llegan a un acuerdo, por el cual esta última nación se hará cargo del denominado Canal de Panamá en el año 2000.
El 18 de octubre se difunde una noticia que produce sorpresa en el mundo, así como comentarios e interpretaciones de todo tipo: el Gobierno de la República Federal Alemana comunica que tres miembros de la banda terrorista Baader-Meinhof han amanecido muertos en la prisión de Stuttgart. Sus nombres son: Andreas Baader (fundador de la banda), Jan Carl Raspe, muertos a tiros, y Gudrun Ensslin, que ha fallecido por ahorcamiento. Lógicamente la afirmación atribuye las muertes a suicidio. Hay que recordar que el 9 de mayo de 1976, Ulrike Meinhof, confundadora de la banda, también apareció muerta en su celda de la prisión donde se encontraba, al parecer por haberse suicidado. Parte de la prensa alemana habla de asesinato de Estado. No se han registrado protestas ni incidentes por este suceso. Las acciones terroristas en territorio alemán parece ser que han quedado eliminadas por largo tiempo.
El 1 de noviembre, el Gobierno francés confirma a España su decisión de negar asilo político a los exiliados vascos.
En España continúa la fresca generada por dos acontecimientos políticos que se han producido en menos de un mes: la aprobación por las Cortes de la Ley para la Reforma Política y el abrumador apoyo recibido en el referéndum de diciembre. Por parte de los más destacados procuradores opuestos a la ley se insiste en destacar los aspectos más negativos de la misma, así como el procedimiento puesto en práctica para conseguirlo, al que tachan de ilegal.
En relación con todo ello, reafirman su rechazo apoyándose en los siguientes argumentos:
La ley se fundamenta en el relativismo conceptual de la democracia liberal, poniendo en entredicho la legitimidad de las instituciones del Estado del 18 de julio y de su legado económico y social.
La ley viene a consagrar a la democracia inorgánica como un fin y no como un simple método de gobierno.
La ley, en su artículo 2, apartado 6, establece un procedimiento para el nombramiento del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, que es contradictorio con la letra y el espíritu de la propia ley.
La Ley, en su artículo 3, apartado 1, desarrolla de forma incompleta y desatiende las iniciativas de reformas constitucionales, mientras que, en el apartado 2 del artículo 3, opta por las mayorías simples para un asunto de tal importancia como son las reformas constitucionales, abandonándolas al arbitrio del partido político más poderoso en cada momento. Asimismo, en el apartado 3 del mismo comentado, se transfiere al Rey la opción de convocar o no un referéndum de reforma constitucional, lo que vuelve a resultar contradictorio con el mencionado propósito perseguido.
Se abunda así en las graves deficiencias de la ley aprobada, y se manifiesta la gran responsabilidad asumida por quienes están liderando el cambio de régimen político, ante la historia de la patria y ante las generaciones venideras. No cabe duda al respecto de que, en todo el proceso desarrollado hasta el momento, el principal promotor de las reformas ha sido el Rey, secundado por el Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, las dos instituciones lideradas por Fernández Miranda, los Gobiernos de Arias Navarro (anterior y posterior a la muerte de Franco), el Gobierno de Adolfo Suárez, el Consejo Nacional de Movimiento, los Ejércitos y finalmente, el menos responsable de todos los elementos citados: el pueblo.
Pero, ¿qué urgentes razones han existido para acometer de inmediato la demolición del Estado existente? ¿Tan insegura y débil se encuentra la monarquía, si continuara apoyándose sobre las instituciones y las Leyes Fundamentales del régimen político del que procede? ¿No será que los compromisos o pactos de familia, muerto el General, exigen hacer borrón y cuenta nueva? ¿Influiría el recuerdo de Alfonso XIII y el temor a repetir la historia? ¿Tan fuertes eran los lazos atados en Munich 62 y tan impresionantes fueron las amenazas de republicanos, marxistas y socialdemócratas?
En enero aparecen ya definidas varias asociaciones o partidos políticos, formados por personalidades del prácticamente fenecido Régimen. Destacan las siguientes: Alianza Popular, en la que figuran Fraga, Martínez Esteruelas, De la Cierva, Fernández de la Mora, Silva Muñoz, López Rodó y Thomas de Carranza, llamados los siete magníficos. Está, por otro lado, el Partido Popular de Areilza y Pío Cabanillas, que incorporan a José Luis Álvarez, Osorio Arévalo, Otero Novas, Herrero de Miñón y Pérez Llorca, una compleja amalgama de políticos de significado e intenciones absolutamente indescifrables. Parece tener algún vigor Fuerza Nueva, encabezada por el formidable orador y patriota Blas Piñar, al que la propaganda del Gobierno y de la izquierda han situado en una descalificadora extrema derecha, sin que nadie acierte a explicar con claridad qué significado tiene tal adjetivación.
Por parte del Gobierno, el Presidente no olvida que, según la hoja de ruta que debe seguir, dispone de escaso tiempo para crear su propia plataforma política que le permita mantener el privilegiado liderazgo político del que disfruta; a tales efectos, ordena a Marcelino Oreja y a Rodolfo Martín Villa que se encarguen de la tarea de preparar el lanzamiento de un nuevo partido político.
Por parte de la izquierda tradicional y la nueva izquierda, la abundancia de partidos en ciernes es fabulosa. En todos ellos, la ideología queda tapada por los deseos de revancha. Viejos rencores, que han sido represados durante años, se desbordan ahora bajo el siempre socorrido grito de: ¡Libertad! Aquella derrota del año 1939, pese al resentimiento, no hay Borbón que la transforme en victoria.
De todas estas fuerzas de izquierda destaca el renovado PSOE salido de Suresnes, con su secretario general, el abogado laboralista sevillano Felipe González Márquez, que tiene a su lado a Alfonso Guerra, José Bono, Javier Solana, Enrique Múgica Herzog, Gregorio Peces-Barba, José María Maragall, Luis Yáñez y Guillermo Galeote.
En la recámara de la posible legalización está el PCE de Santiago Carrillo Solares, Dolores Ibárruri, Simón Sánchez Montero, Marcelino Camacho, etc. En estos primeros compases del año 1977 hay tres personajes de la vida política española que saben de la próxima legalización del PCE: el Rey, Suárez y Carrillo.
Otra formación que pretende ejercer su influencia sobre la izquierda, tendiendo puentes y dejándose ver, es la encabezada por el catedrático de Derecho Político Enrique Tierno Galván, el Partido Socialista Popular. No se debe olvidar a los socialdemócratas reunidos en el partido fundado por Dionisio Ridruejo, la Unión Social-Demócrata Española (USDE), dirigida ahora por el ideológicamente poliédrico Francisco Fernández Ordóñez.
En este recuento de fuerzas políticas se ha de mencionar a las agrupaciones falangistas amparadas bajo el nombre común de Falange Española: la de Raimundo Fernández-Cuesta, poseedora del nombre original de FE de las JONS; la llamada Falange Española de las JONS Auténtica, de Narciso Perales y Pedro Conde, y la Falange Española Independiente (FEI), de Sigfredo Hillers. Las tres agrupaciones están enrocadas en sus posiciones, haciendo el juego a sus enemigos sin necesidad de que éstos se ocupen excesivamente de ellas, ya que son los propios falangistas quienes se encargan de anularse entre sí.
Desaparecido Franco, la acción falangista residual aún existente en el Régimen, representada por la Sección Femenina, va a ir desapareciendo. Sin la protección política del sistema y sin ningún apoyo económico, se agota en luchas intestinas, manteniéndose viva gracias al empuje y la ilusión de muchos jóvenes que confían en el deslumbrante mensaje político de José Antonio.
El escenario político se completa con la presencia activa de los grupos representativos de los nacionalismos separatistas: vasco, catalán y gallego. El primero está reforzado por el terrorismo de ETA. Pero el problema vasco, que tiene sin duda solución, se agrava por el cínico proceder del PNV y su continuo chantaje político, protagonizado por personajes como Arzallus, Garaicoechea, Anasagasti, etc., un letal equipo de antiespañoles que es apoyado por el Gobierno. No le van a la zaga los catalanistas de Jorge Pujol, el político de turbia biografía en sus relaciones con Banca Catalana; un separatista en estado puro, que pretende conducir a Cataluña a la secesión, por el camino de la imposición de su lengua vernácula, en una evolución apartada de la brusquedad de la Esquerra Republicana de Luis Companys y sus actuales continuadores.
Éste es, más o menos, el panorama político que se vislumbra en el mes de enero. Ya veremos en el inmediato futuro quiénes van a sentarse en los 350 escaños del Congreso de los Diputados, avalados por el sufragio universal, y qué beneficios políticos van a reportar a España y a los españoles. Todos ellos han de afrontar la tarea partiendo de una fabulosa herencia social y económica. En el terreno político ya han podido comprobar la bondad de un pueblo apolitizado, pero educado en el cumplimiento de la diaria obligación gracias al pleno empleo, el esfuerzo por la mejora de su nivel de vida, la seguridad ciudadana, el sacrificio para que las generaciones futuras alcancen mayores altas cotas de formación y progreso social, y el valor añadido de una institución familiar sólida como garantía de una sociedad apegada a la esperanza.
La Falange Española Independiente (FEI) lanza un manifiesto político que ha preparado entre febrero y octubre del pasado año, pero que, por razones de su precaria economía, no ha podido publicar antes. De su publicación, en forma de un breve y pulcro manual, se ha encargado Ediciones FES (Fondo de Estudios Sociales del Círculo Doctrinal Ruiz de Alda). El manifiesto es todo un programa político que contiene los siguientes epígrafes: Introducción; Dignidad Humana; Libertad; Derechos del Hombre; Trabajo, Huelga, Reforma de la Empresa; Familia, Divorcio y Aborto; Política Demográfica y Control de Natalidad; Mujer; Vivienda, Suelo Urbano; Democracia; Forma de Gobierno; Administración Pública; Administración de Justicia; Ejército y Milicia, Defensa Nacional, Servicio Militar Obligatorio, Ejército Estable, Ejército Movilizable, Apoyo a la Defensa Activa; Orden Público; Terrorismo; Amnistía; Regiones; Relaciones de Iglesia y Estado, Bienes Eclesiásticos; Relaciones Internacionales, Política Exterior, Hispanoamérica, Europa, Países de Régimen Comunista, Países Árabes; Transformación del Sistema Fiscal; Crédito-Banca-Ahorro; Educación; Deporte, Turismo; Sanidad, Salud Moral.
Al final del manifiesto se incluye una Declaración Programática desarrollada en 27 puntos, igual que la Norma Programática Fundamental de Falange Española de las JONS de 1934. Para la FEI, los 27 puntos de su programa son una síntesis del manifiesto: 1. Nuevo Régimen; 2. Revanchismo; 3. Misión del Estado; 4. Autoridad; 5. Libertad; 6. Participación Política; 7. Familia; 8. Sistema Económico; 9. Trabajo; 10. Propiedad Privada; 11. Reforma de la Empresa; 12. Crédito, Banca; 13. Reforma Fiscal; 14. Política de Precios; 15. Reforma Agraria; 16. Política Marítima, Trabajo en el Mar; 17. Vivienda; 18. Sanidad; 19. Deporte; 20. Educación; 21. Investigación; 22. Política Exterior; 23. Ejército, Milicia; 24. Patria; 25. Juventud; 26. Salud Moral; 27. Ética Política.
Este grupo político falangista se fundó en 1963 con el nombre de FES (Frente de Estudiantes Sindicalistas), fuera de la disciplina del Movimiento Nacional. Los falangistas independientes militan en diversas organizaciones derivadas de su tronco principal, en función de sus edades y actividades, como son el Círculo Doctrinal Ruiz de Alda, la Asociación Juvenil Octubre y el FES.
El manifiesto es un trabajo muy estimable e interesante que aborda problemas existentes en todas las sociedades, pero observados y tratados desde su específica manifestación en la sociedad española. Naturalmente, su texto tiene carácter de anotaciones, denunciando cada cuestión al amparo de su correspondiente epígrafe. Es de suponer que el trabajo publicado sea un resumen de un estudio más completo y detallado, acompañado de las soluciones ideadas por FEI para cada problema.
El Rey y los nacionalistas
Al plantearse la legalización de los partidos políticos, superado ya el escollo de la reforma política, es prioritario dar al futuro arco parlamentario un contenido concreto, proporcionando una solución al número de partidos que se va a autorizar y, sobre todo, si el sistema se va a apoyar sobre dos o, como máximo, tres grandes formaciones: una de derechas, otra de izquierdas y una tercera de centro. Pero los compromisos y antecedentes obligan a aceptar la fórmula multipartidista, puesta la esperanza en que las sucesivas consultas electorales sirvan para drenar y depurar el sistema. Sin embargo, hay que dar entrada a los partidos nacionalistas para que tengan una importante representación parlamentaria y sirvan de bisagras o complementos a los grandes partidos, cuando éstos no obtengan en los comicios mayorías absolutas que les permitan gobernar sin otros compromisos. La idea les parece excelente a sus creadores, porque puede ser el procedimiento para canalizar las apetencias nacionalistas, sin desbordamientos independentistas. De momento, no parece que, en la mente de las altas jerarquías de la nación, existan intenciones de ir, paso a paso, hacia un Estado federal o confederal; al menos, de momento. Pero hay que encontrar fórmulas que sirvan de puente y transacciones que permitan pasar, sin traumas políticos, del Estado nacional, unitario y solidario, a un Estado descentralizado donde las regiones adquieran un importante protagonismo.
En este punto va a intervenir el Rey llamando a consulta a un eminente jurista, Eduardo García de Enterría, especialista en Derecho Administrativo, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que nunca ha ocultado su filiación monárquica y liberal; siendo partidario de adoptar como solución política para España el modelo federal, lo que ha dejado patente en diversos ensayos y artículos publicados en la Revista Española de Derecho Administrativo, de la que es fundador y director. De la entrevista con el Rey va a salir el encargo a García de Enterría de un dictamen proponiendo una solución al problema, sin llegar al federalismo.
Y, efectivamente, García de Enterría cumple con el compromiso adquirido y, pasado un corto plazo, hace entrega al Rey del dictamen que contiene la solución más acorde con sus deseos que es, ni más ni menos, la del llamado Estado de las Autonomías. Por eso, la posterior Constitución de 1978, especialmente en su título VIII, va a estar impregnada de la doctrina de García de Enterría sobre la materia, tanto en su espíritu como en su forma.
Sobre este asunto, se cuenta que el Rey, satisfecho con el dictamen, llama a diversos especialistas para hacerles partícipes de la «buena nueva» y conocer sus comentarios sobre el particular. Uno de ellos es Jesús Fueyo Álvarez, ex director general del Instituto de Estudios Políticos y catedrático de Derecho Político en excedencia. Una vez informado sobre la solución autonómica, el Rey pide la autorizada opinión de Fueyo sobre ella. Fueyo responde, con un gesto entre sorprendido y escéptico, que él personalmente conoce tres soluciones tradicionales: la unitaria existente, la federal y la confederal, pero que la autonómica es inédita para él, y se calla. Parece ser que el monarca, visiblemente contrariado por el gesto y la respuesta de Fueyo, da por terminada la entrevista con cierta brusquedad, agradeciéndole su opinión al respecto.
El 11 de enero, la Comisión formada por la oposición para entablar negociaciones con el Gobierno, llamada «Comisión de los Nueve», y que está compuesta por: Felipe González, Tierno, Carrillo, Sánchez Montero, Ordóñez, Pujol, Satrústegui, Jáuregui y Canyellas, pide comenzar cuanto antes las conversaciones con el Ejecutivo. Ese día, Suárez recibe en el Palacio de la Moncloa a cuatro miembros de la Comisión: González, Satrústegui, Jáuregui y Canyellas, quienes le piden a Suárez una nueva amnistía política y la inmediata legalización de los partidos políticos. El Presidente del Gobierno se compromete a lo segundo en brevísimo plazo.
El 17 y el 18 de enero se celebra en Madrid la I Asamblea General de FE de las JONS, presidida por Raimundo Fernández-Cuesta. En ella se han presentado y debatido ponencias sobre la organización política del partido, la acción electoral y el programa político que se va a desarrollar.
El 21 de enero, a petición del Gobierno, se nombra a Felipe de Borbón como príncipe de Asturias.
El 24 de enero, hacia las 23 horas, en el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras, sito en la calle de Atocha, 55, entran tres individuos y tirotean a las nueve personas que se encuentran en él: siete abogados, un estudiante de Derecho y un administrativo. Según uno de los heridos, Alejandro Ruiz, los asaltantes los pusieron contra la pared, disparando a continuación sobre ellos, con el resultado de que asesinan a cinco y hieren a cuatro de ellos. Los muertos son los siguientes: Luis Javier Benavides, Enrique Valdevira Ibáñez, Ángel Elías Rodríguez, Francisco Javier Sauquillo y Serafín Holgado.
El execrable crimen se atribuye a un grupo de sindicalistas de extrema derecha, procedentes de los Sindicatos Verticales. Las causas podrían estar relacionadas con la huelga del transporte privado de viajeros, en curso durante esos días, con posiciones muy distantes y radicalizadas entre obreros en huelga y patronos. El despacho asaltado estaba asesorando a la parte obrera en conflicto. Sea cual sea la causa del enfrentamiento entre las partes, el brutal crimen, de carácter terrorista, no tiene ninguna clase de paliativos.
Una de las inexplicables consecuencias inmediatas del acto es que se trata de implicar a Raimundo Fernández-Cuesta en el crimen, mediante la acción ejercida por los abogados de la acusación privada: Cristina Almeida, José María Mohedano, Jaime Sartorius y Jaime Miralles; viéndose obligado a comparecer ante el juez Chamorro para declarar, y quedando luego libre de toda sospecha.
Ya ha quedado expresada la calificación que merece este trágico suceso, un disparate condenable, fueran quienes fueran los autores; ahora bien, situándonos ante las consecuencias políticas del hecho, ¿aportaba a la llamada ultraderecha algo positivo el hecho de cargar con la autoría de los cinco asesinatos y de los cuatro frustrados, amén del asalto? Indudablemente no. Si de aquel trágico suceso alguien obtuvo réditos políticos fue el Gobierno y el PCE, y en poco tiempo se va a poder comprobar. Y aún cabe preguntarse: ¿Qué fuerzas paralelas tuvieron intervención en los hechos? La inmediata acusación vertida sobre Fernández-Cuesta y la Falange, sin base ni fundamento de ninguna clase, apunta a conseguir, de paso, el descrédito de ambos.
El mismo día, horas antes del luctuoso suceso comentado, GRAPO había secuestrado en Madrid al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Villaescusa Quilis.
El 26 de enero se celebra el entierro de los cinco abogados asesinados el anterior día 24, constituyendo una imponente y tensa manifestación de duelo, desarrollada sin ningún incidente.
El mes de febrero va a traer la novedad de la legalización de los partidos políticos con excepción del PCE. La secuencia de acontecimientos es la siguiente:
El 8 de febrero, el BOE publica la modificación de la Ley de Asociaciones referida a su inscripción en el Registro Oficial sin previa autorización gubernamental o, dicho de otro modo, la autorización para que dichas asociaciones se inscriban directamente en el Registro Oficial como partidos políticos. Al mismo tiempo se publica un decreto-ley por el que se regulan y restringen las actividades políticas de los miembros de las Fuerzas Armadas.
El 9 de febrero comienza la inscripción legal de los partidos políticos. El primer partido en hacerlo es el PSOE.
España reanuda plenamente sus relaciones diplomáticas con la URSS, Checoslovaquia, Hungría y Méjico, a nivel de embajadores.
El 11 de febrero, el PCE presenta en el Registro Oficial su solicitud de legalización. Suárez se encuentra así ante un problema: no puede autorizar su legalización, porque ha prometido a las Fuerzas Armadas que no lo hará, pero, por otro lado, también están las conversaciones y compromisos, extraoficiales, de los enviados regios a Rumanía, etc. La solución será enviar la solicitud al Tribunal Supremo para que, cuando proceda, emita su dictamen; mientras tanto, mantendrá los contactos con Carrillo a través de José María Armero.
El mismo día, los Servicios Especiales de la Dirección General de Seguridad, en colaboración con la Guardia Civil, consiguen liberar a Antonio María de Oriol y Urquijo y al teniente general Villaescusa Quilis, secuestrados por el GRAPO en los días 11 de diciembre y 24 de enero, respectivamente. La noticia se ha dado a conocer en la misma jornada del 11 de febrero.
El 14 de febrero, como consecuencia de la acción del día 11 de febrero, son detenidos 38 miembros del PCE(R)-GRAPO, dejando al grupo prácticamente desarticulado.
El 17 de febrero, Dolores Ibárruri, La Pasionaria, solicita el pasaporte español. De momento, la petición queda pendiente de resolución.
El 22 de febrero, oficialmente, el Registro de Asociaciones Políticas deniega al PCE su solicitud de inscripción; por instrucciones del Gobierno, el asunto es derivado al Tribunal Supremo.
El 27 de febrero se entrevistan en secreto el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y Santiago Carrillo. Este último se compromete a aceptar las nuevas reglas democráticas establecidas por la Ley para la Reforma Política y admite que: «España ha cambiado mucho desde su ausencia». La reunión sirve para sellar el compromiso de legalización del PCE en el plazo de unos 40 días. Las Fuerzas Armadas no se enteran de la negociación, pero sí la conoce su Jefe Supremo.
Adolfo Suárez decide volar sólo
El mes de marzo comienza a marcar el distanciamiento entre Adolfo Suárez y Fernández Miranda, y más discretamente el distanciamiento del Rey con respecto a Torcuato.
Efectivamente, el distanciamiento entre Fernández Miranda y Suárez se origina casi en el mismo momento de la aprobación por las Cortes de la Ley para la Reforma Política, el famoso bara-kiri que, como hemos visto, no fue tal ni mucho menos. A partir de ese instante, Adolfo se va independizando de la tutela política de Torcuato, porque se siente fuerte y cree que ya puede volar solo. Pero no olvidemos que Suárez ha tenido puesto, en todo momento, un ojo en Torcuato y el otro en el Rey, y algo ha visto en el monarca que le ha hecho pensar que los servicios de Fernández Miranda ya se han cumplido con creces y que, por lo mismo, sólo queda esperar la oportunidad de despacharlo con todos los honores, en agradecimiento a los servicios prestados.
Al mismo tiempo, es lógico pensar que un hombre de la sagacidad y la experiencia de Torcuato, no haya perdido de vista el suelo que pisa y tenga previsto su «licenciamiento».
De cualquier manera, hay que advertir que parte del distanciamiento entre ambos políticos se debe a que Fernández Miranda no está de acuerdo con Suárez en el espectacular y arriesgado giro que está dando a su política de gobierno, particularmente en dos aspectos:
La idea de extender la descentralización territorial, más allá de Vascongadas y Cataluña, y en estos dos casos concretos, dejándola en unos límites estrictamente administrativos, despojados con transparente claridad de cualquier concesión independentista.
Las veleidades centro-izquierdistas de Suárez, quizá con la intención de crear un partido político a semejanza del PRI mejicano, que le permitiera ejercer una larga hegemonía política.
Fernández Miranda se oponía rotundamente a ambas directrices políticas. Ya veremos pronto qué destino le han reservado a Torcuato tanto el Rey como Suárez, al sostener ideas contrarias a ambos en una materia tan reservada como es la autonómica. Y también veremos cómo la pretensión de Suárez de hacerse fuerte en el poder va a ser una de las causas para el comienzo de su ocaso político y de la pérdida de su «valimiento» con el monarca.
El 4 de marzo se publica un decreto-ley regulador del derecho de huelga, cierre patronal y despido laboral.
El 10 de marzo, según un estadillo de FE de las JONS, el partido cuenta en España con un total de 27.634 afiliados. Destacan, por su número, la provincia de Madrid, incluida su capital, con 3.987 afiliados; a la que siguen: Asturias, con 1.889 afiliados; Murcia, con 1.499 afiliados; Badajoz, con 1.494 afiliados, y Toledo, con 1.048 afiliados. En el resto de las provincias, los afiliados no llegan al millar. En las provincias vascas, el número de afiliados es el siguiente: Álava, 44 afiliados; Guipúzcoa, 117 afiliados, y Vizcaya, 562 afiliados. En Cataluña, con excepción de Barcelona, los números son éstos: Tarragona, 111 afiliados; Lérida, 81 afiliados, y Gerona: 4 afiliados. En Andalucía, entre las ocho provincias, el número total es de 2.894 afiliados. Las cuatro provincias de Galicia arrojan un total de 1.493 afiliados. Santander cuenta con 892 afiliados, y una provincia como Valladolid, con fama y solera jonsista, tiene 655 afiliados.
El 17 de marzo, el BOE publica un real decreto ampliando los términos de la amnistía concedida en julio del pasado año. Los condenados por pertenecer a la UMD son indultados de las penas de prisión, pero no podrán reingresar en el ejército.
El 18 de marzo se aprueban las normas que regirán los procesos electorales y la base del sistema adoptado para la adjudicación de escaños, que se regirá según las reglas de la ley D’Hont.
El 19 de marzo comienza a celebrarse en Madrid el Congreso Nacional de FE de las JONS Auténtica, que se va a prolongar hasta el día 21 de marzo. Asisten más de 500 delegados provinciales que proceden a nombrar un Consejo Nacional de 21 miembros, de los que 7 de ellos constituyen la Junta Política del partido. Como presidente del Consejo Nacional es elegido Narciso Perales y para secretario general de la Junta Política se nombra a José María Gussoni. El nombramiento de jefe nacional de la organización recae, por elección, en Pedro Conde Soladana.
El 21 de marzo, Falange Española Independiente (FEI) se inscribe en el Registro Oficial de Asociaciones como partido político.
El 30 de marzo se promulga la Ley Sindical que disuelve la Organización Sindical vertical, que transitoriamente pasa a depender de Presidencia del Gobierno; se legalizan las centrales sindicales socialista, comunista y anarquista: UGT, CC OO y CNT.
Una Semana Santa inolvidable
El mes de abril entra prácticamente con la Semana Santa; el día 1, que es antiguamente la conmemoración de la victoria de 1939, es en ese año viernes de Dolores. Y el día 9 va a ser recordado por otro acontecimiento que no es santo ni glorioso.
El 1 de abril, el Gobierno disuelve oficialmente el Movimiento Nacional por medio de un decreto; con él desaparecen todos sus organismos políticos, sociales, asistenciales y sindicales. Sus funcionarios son distribuidos entre otros ministerios.
Pilar Primo de Rivera presenta su dimisión como delegada nacional de la Sección Femenina, pero propone a Vicky Eiroa para sustituirla y pide, por conducto oficial, entrevistarse con Adolfo Suárez para hacer efectiva ante él su irrevocable decisión y la propuesta a favor de Eiroa.
Ese mismo día, el Tribunal Supremo contesta al Gobierno en relación con la legalización del PCE, inhibiéndose de la misma. En esos momentos ya han sido legalizados en España 80 partidos políticos.
Comienza la Semana Santa, pero Adolfo Suárez no sale de vacaciones, sino que se queda en Moncloa, reteniendo con él a Gutiérrez Mellado, Martín Villa y Landelino Lavilla; es decir, Fuerzas Armadas, Gobernación y Justicia, lo que es toda una premonición. De esta manera, empieza a poner en marcha su maniobra política por sorpresa. Una vez que ha dispuesto el «dispositivo logístico»: solicita urgentemente un informe del fiscal general del Reino, Eleuterio González Zapatero, acerca del PCE y su legalización. Eleuterio reúne a la Junta de Fiscales, emitiendo un informe jurídicamente aséptico, y diciendo que, en la solicitud presentada por el PCE, no se observan defectos de forma y que, en los Estatutos del partido, adjuntos a la solicitud, tampoco se aprecian propósitos que atenten de alguna manera contra la normativa de los artículos 172 y 173 del Código Penal, recientemente reformados.
Así, Adolfo Suárez ya tiene en su poder lo que necesita.
El 8 de abril, en la madrugada del Viernes Santo, se desmonta y descuelga el gigantesco emblema de FE de las JONS, de la fachada de la calle Alcalá, 44, que ha dejado de ser la sede de la Secretaría General del Movimiento.
El 9 de abril, el informe de la Fiscalía General del Reino se entrega puntualmente, a primera hora de la mañana de ese día, al ministro de Justicia, Landelino Lavilla. El fiscal González Zapatero, que antes de la Guerra Civil ha pertenecido a Renovación Española y durante la contienda ha combatido con los nacionales, alcanzando el grado de capitán, ha cumplido a la perfección su papel. Landelino Lavilla entrega el informe a Suárez, y éste se lo remite a Martín Villa para que, amparándose en la Fiscalía General del Reino, adopte la resolución de aprobar la inscripción del PCE en el Registro Oficial de Partidos Políticos, haciendo efectiva su legalización. Es Sábado Santo, casi toda España está de vacaciones y es el momento de sentir la emoción de practicar la política de hechos consumados, olvidando el «puedo prometer y prometo», y dejando en fuera de juego al 84% de sus ministros. En aquel instante, Suárez saborea con deleite la importancia de su toma de decisión y piensa en la satisfacción que acaba de proporcionar al Rey.
El PCE ha quedado legalizado en España, oficial y públicamente, siendo las 21 horas y 45 minutos del 9 de abril de 1977.
El 11 de abril, en el lunes de Pascua, el ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga, dimite de su cargo, manifestando al Rey y al Presidente del Gobierno que lo hace por la legalización del PCE; y expresa a Suárez, con la máxima energía, su protesta por faltar a sus promesas y por el subrepticio procedimiento empleado para hacerlo, mostrándole su indignación por el trato recibido como ministro del Gobierno de España.
Suárez, que ha recibido la admonición del marino aguantando el chaparrón, se pone a la tarea de encontrar sustituto, encontrándose con la sorpresa de que ni uno de los almirantes en activo acepta el puesto, negándose en redondo a hacerse cargo del ministerio. Para resolver el problema ha de recurrir a un almirante en reserva voluntaria, Pascual Pery Junquera, que acepta el nombramiento con fecha de 12 de abril.
El 12 de abril, a las 18 horas, se reúne el Consejo Superior del Ejército, presidido por el teniente general jefe del Estado Mayor, Vega Rodríguez, que, junto con el general Ibáñez Freire, son los que están en menor desacuerdo con la legalización del PCE. El general Álvarez Arenas, como ministro del Ejército, debería haber presidido la reunión, pero está enfermo. De esta reunión se emite una nota, hecha pública el día 13, que en su punto primero se limita a recoger «la repulsa del Ejército por la legalización del PCE»; sin embargo, el informe emitido para asuntos internos es más explícito, duro y enérgico.
Al mismo tiempo que se reúne el Consejo Supremo del Ejército, la Junta Nacional de FE de las JONS se reúne con urgencia y lanza un manifiesto titulado: «Falange contra el Comunismo», que dice así:
Falange Española de las JONS, a la vista de la legalización del Partido Comunista Español, declara ante la opinión pública que tal reconocimiento constituye un fraude histórico, político y jurídico, en virtud de las siguientes consideraciones:
El Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936, esencialmente protagonizado por el Ejército, tuvo como denominador fundamental salvar al pueblo de la dominación comunista, finalidad, no sólo perseguida por las fuerzas nacionales de España, tanto dentro como fuera de ella, con la División Azul, sino, incluso, al final de la contienda, por muchas otras fuerzas políticas, militares y sindicales, que habían luchado al lado de la República.
Durante los cuarenta años últimos ha sido fundamento de la actividad política española, lograr, como se ha logrado, con realizaciones sociales de inspiración falangista, avanzar en la implantación de la justicia social entre los españoles, lo que jamás ha conseguido el comunismo.
Que al discutirse en las Cortes el proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, en el punto relativo a la ilicitud penal de las asociaciones políticas, el ponente defensor de dicho proyecto de ley dijo textualmente: «Que en el artículo 172, en su punto 3, se castigaban no sólo las asociaciones que persiguiesen la subversión violenta, sino también la destrucción, sea violenta o no, del orden jurídico, político, social o económico», y se pregunta «si cabía imaginar un partido comunista que no se proponga la destrucción de ese orden». Y añadía, además, que «con la redacción sugerida por la Comisión de Justicia, y aprobada por el Pleno del órgano legislativo, podía obtener la más absoluta tranquilidad, en el sentido de que el sistema que se propone no sólo es el más técnico, sino el más seguro y el más eficaz, y que si el ponente que os habla creyese lo contrario, sería el primero en votar no».
Declaraciones que fueron corroboradas por el Ministro de Justicia, al decir que: «El Gobierno asume el dictamen que nos ofrece la Comisión de Justicia, y que en cuanto a la sugerencia, acepta de antemano la decisión que el Pleno adopte al respecto».
Falange Española de las JONS, por las consideraciones expuestas, estima que el reconocimiento del Partido Comunista Español es una decisión que no sólo tiene los vicios señalados, sino que pone en gravísimo peligro la convivencia nacional y la paz entre los españoles, con tanto esfuerzo y sacrificio conquistada, por lo que manifiesta su total desacuerdo en esta decisión política del Gobierno.
Ni la dimisión de Pita da Veiga, ni lo oído y escrito en la reunión del Consejo Superior del Ejército, ni el manifiesto de FE de las JONS, ni otras actitudes, escritos, etc., de distintos organismos y personalidades valdrán para resolver el asunto.
Lo cierto es que la mayor parte de la población acepta la decisión con resignada calma. La política de la chapuza y los hechos consumados seguían su marcha triunfal, sin impedimentos.
El 12 de abril, el Jefe Provincial del Movimiento de Madrid, que acaba de cesar en sus funciones, remite la siguiente carta al resto de los jefes provinciales cesantes:
A fin de ser coherentes con el Decreto recientemente promulgado, con la necesaria discreción, y para evitar que en estos momentos nadie pueda apropiarse indebidamente de los emblemas y símbolos del Movimiento, deberás adoptar las siguientes medidas:
En las dependencias de la Jefatura Local y en cualquier otra similar, habrá de izarse sólo, cuando proceda, el Emblema Nacional. (Esto significa no izar las banderas de Falange y del Requeté).
En dichas dependencias habrán de suprimirse, con sumo cuidado y discreción, los Emblemas del Movimiento, especialmente los que pudieran figurar en el exterior.
Asimismo los carteles a la entrada de los pueblos deberán retirarse con necesario cuidado, para evitar cualquier tipo de publicidad.
Todo ello habrá de depositarse en lugar seguro en espera de las instrucciones sobre su destino posterior, para ser tratados en todo momento con la dignidad y el respeto que los mismos merecen.
Pese a las buenas palabras del escrito, el material retirado no se conservó, ni se trató con dignidad ni respeto. En la mayoría de los casos fue destruido o, en contados casos, se quedó en manos de algunos particulares.
El 15 de abril, el PCE hace pública una nota de su Comité Central, aceptando la bandera española roja y gualda, los principios de unidad nacional y la monarquía.
Se convocan en esa fecha las elecciones generales que se celebrarán el 15 de junio; asimismo, se informa de que el plazo para presentar candidaturas se cerrará el 8 de mayo.
De cómo Adolfo Suárez entendía la lealtad
Hacia mediados de mes, Pilar Primo de Rivera acude a la mediación de Torcuato Fernández Miranda para conseguir que Adolfo Suárez la reciba, ya que pese a su insistencia no lo ha conseguido todavía. Por fin, Suárez recibe a Pilar, y ésta le presenta su dimisión y propone a Vicky Eiroa como su relevo, tal y como había previsto desde el día 1 de ese mes. Ante la propuesta de Pilar respecto a Eiroa, Suárez reacciona con sorpresa porque él había pensado para el puesto en Carmen Llorca, que había sido compañera de Suárez en TVE y jamás había pertenecido a la Sección Femenina y ni por asomo sentía simpatía alguna por la Falange. Pilar hace ver a Suárez, con cierta ironía, que en el momento del «desmantelamiento» de la Sección Femenina, conviene que a su frente esté «una camarada» que pueda salvar aquello que merece la pena conservar.
Al terminar la entrevista, Pilar le hace entrega a Suárez de la propuesta de nombramiento de Vicky Eiroa para que la recoja y la firme en el momento, pero Suárez, señalando una mesa, le dice: «Déjala ahí».
Pilar Primo de Rivera sale de la reunión muy molesta, ya que el trato recibido nada tiene que ver con el de otros tiempos de camaradería y de camisa azul. Por eso mismo, y porque no se fía de Suárez, pasados unos días, y en vista que no recibe noticias sobre su sustitución, firme en su propósito del nombramiento de Vicky Eiroa, acude a visitar a la reina Sofía.
La gestión da el resultado favorable y el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio, cita a Pilar en la sede del paseo de la Castellana, 3, para efectuar el relevo.
El 22 de abril, en cumplimiento de las disposiciones del 1 de abril y de la desaparición de los símbolos y emblemas oficiales del Movimiento Nacional, el diario Arriba y el resto de los órganos de prensa del extinto Movimiento, suprimen de sus cabeceras el yugo y las flechas. Los periódicos y las publicaciones pasan a ser editados por Medios de Comunicación Social, un ente público controlado por el Gobierno.
Llega el día señalado por Alfonso Osorio para el definitivo cese de Pilar Primo de Rivera como delegada nacional de la Sección Femenina. Han sido más de cuarenta años de entrega y de servicios a una causa, la de España y la de su hermano José Antonio. Así, se acepta la renuncia de Pilar y se da posesión a Vicky Eiroa, pronunciando unas breves palabras de bienvenida. Alfonso Osorio aporta al acto una gélida frialdad; pese a todo, la emoción se palpa en el ambiente. Pilar ha dejado narrada esta escena, con emotiva sencillez, en su libro Recuerdos de una vida. La despedida de Osorio a Pilar es de antología, y se reduce a dos palabras: «Gracias, Pilar».
Los asistentes al acto se quedan estupefactos y abochornados; hasta el cronista de El País dirá: «¿Cómo se pueden liquidar cuarenta años con dos palabras?».
El anuncio de celebración de elecciones generales en España, las primeras elecciones generales desde febrero de 1936, es decir, desde hace cuarenta y un años, despierta la expectación de la mayoría de los españoles que no han vivido ese espectáculo. Para los partidos políticos ha llegado la hora de preparar su entrada en el Palacio de las Cortes, de la carrera de San Jerónimo, que pasará a llamarse Congreso de los Diputados.
Al conocerse la noticia de la convocatoria a elecciones generales para el 15 de junio, la Confederación Nacional de Ex Combatientes presidida por José Antonio Girón, propone a FE de las JONS y a Fuerza Nueva concurrir a ellas formando una coalición electoral con el nombre de Alianza Nacional 18 de Julio.
El 2 de mayo, Raimundo Fernández-Cuesta y Blas Piñar presentan ante la Junta Electoral Central el escrito de constitución de la Coalición Electoral; en dicho documento se designan como representantes solidarios de la misma a: José María Gutiérrez del Castillo, Ramón de Sabater Martínez y Francisco Guinea Gauna, solicitando la aceptación de la Coalición Electoral para la presentación de candidatos.
El 3 de mayo, los partidos políticos preparan la campaña electoral. Su principal problema es la financiación; en realidad, dinero para la campaña no les va a faltar, pues la poderosa banca privada, instruida convenientemente para colaborar en la fiesta electoral, va a facilitar generosamente la concesión de créditos blandos.
Los principales grupos de la izquierda son PSOE, PCE y PSP. El PCE estrena su flamante legalización, cuya inscripción figura en el libro de Registro de Asociaciones Políticas, con el número 126 del tomo I, folio 56.
Las derechas están representadas por Alianza Popular. El centro lo ocupa el partido creado con rapidez por Adolfo Suárez, que cuenta con la mayoría de los ministros de su gabinete, e inscrito a última hora con el nombre de Unión de Centro Democrático (UCD), partido que en realidad nace a partir del Partido Popular de José María de Areilza y Pío Cabanillas.
Por último, están los partidos nacionalistas como el PNV, ERC, la Unión de Centro-Democracia Cristiana Catalana, Euskadiko Eskerra y otros grupos muy minoritarios y mínimamente representativos, pero ansiosos de pescar en el río revuelto del festejo democrático.
Y, por supuesto, está también en las listas electorales Alianza Nacional 18 de Julio. Asimismo, en solitario se presenta FE de las JONS Auténtica.
Continúa la legalización de partidos de extrema izquierda, siendo el último partido legalizado el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC).
El 7 de mayo se celebra en el Castillo de la Mota una concentración en homenaje a la Sección Femenina, en la persona de Pilar Primo de Rivera. Al emocionante acto asisten unas 15.000 personas. Se pronuncian varios discursos, destacando la inolvidable actividad de la Sección Femenina y la discreta abnegación de su impar delegada nacional. De todos ellos recordamos las memorables palabras del director general de Asistencia y Servicios Sociales, José Farré, merecedoras de ser recogidas aquí:
En el creciente guirigay de revanchas y denuestos en el que está entrando nuestro país, la Sección Femenina se salva. Surgirán tentativas —¡qué duda cabe!— de enlodar su obra, pero nadie podrá presentar argumentos, mínimamente sólidos, que puedan ensombrecerla, porque nadie tiene títulos suficientes para enfrentarse con la honestidad, con la eficacia, con el rigor, con la austeridad, con la abnegación y con el bien hacer con que han trabajado —y seguirán trabajando— las mujeres que Pilar ha formado, promoción tras promoción. La Sección Femenina ha sido la excepción, probablemente la única excepción, de estricta identidad con la que José Antonio había soñado para nuestro pueblo.
Al acto han asistido los siguientes personajes: fray Justo Pérez de Urbel, Raimundo Fernández-Cuesta, Juan Velarde Fuertes, José María Gutiérrez del Castillo y Agustín Aznar, entre otras personalidades e, incluso, jugándose el puesto, han acudido los gobernadores civiles de Valladolid y Álava.
El 9 de mayo, en el madrileño pueblo de Valdemoro es asesinado Ramiro Figueroa Ruiz Ugarrio, secretario local de FE de las JONS, a manos de Vidal Justo Bello, militante del Partido Comunista. El crimen, cometido al parecer con premeditación y alevosía, durante la celebración de las fiestas locales, se ha perpetrado en presencia de la esposa de Ramiro. El asesino, días antes, le había dicho ante sus compañeros de partido que: «Estaba dispuesto a acabar con todos los fascistas». Justo Bello ha sido inmediatamente detenido.
El 10 de mayo, en el momento de suceder el crimen anterior, es gobernador civil de Madrid Juan José Rosón, que es ahora un convencido demócrata «de toda la vida», y dando lecciones de «reconciliación nacional», manda publicar una nota oficial sobre el suceso, tratando de quitarle toda connotación política y atribuyéndolo a una riña callejera.
Rosón, un antiguo suevista, ha ocupado puestos de responsabilidad en el antiguo Régimen; por ejemplo, ha sido director general de TVE, siendo ministro Pío Cabanillas en el primer Gobierno de Arias Navarro; pero ahora, haciendo gala de un despreciable y oportunista autoritarismo, se distingue por un furibundo antifalangismo que prolongará cuando sea nombrado por Adolfo Suárez como ministro del Interior.
La nota de Rosón es contestada por otra de la Jefatura Provincial de FE de las JONS, dejando claro que el crimen cometido en Valdemoro ha obedecido, única y exclusivamente, a móviles políticos. Gracias a esta nota de la Falange de Madrid, los medios de comunicación puntualizan la realidad de los hechos, obligando al PCE a publicar una información en la que manifiestan lamentar los hechos y condenar el desarrollo de los incidentes y su desenlace.
El 11 de mayo, Ramiro Figueroa es enterrado en su pueblo natal, Ocaña. El sepelio es una auténtica manifestación de duelo, con asistencia de falangistas de las provincias de Madrid y Toledo; al frente de ellos, se sitúa Raimundo Fernández-Cuesta que, a título póstumo, impone al camarada caído la Palma Roja de la Falange que le ha concedido.
Con fecha 10 de mayo, Torcuato Fernández Miranda, harto de sospechosos olvidos y desaires por parte del Rey y de Adolfo Suárez, presenta su dimisión como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino y auténtico autor del procedimiento que llevó a la aprobación de la Ley para la Reforma Política. La noticia no se hará pública hasta final de este mes. Lo sustituye en su cargo Antonio Hernández Gil. De Fernández Miranda se pueden emitir numerosas y contradictorias opiniones sobre su ejecutoria política, pero nadie podrá poner en tela de juicio su lealtad al Rey, muy por encima de la fidelidad que guardó a Franco. Sin embargo, el monarca no respondió en la misma medida, utilizando a Torcuato para conseguir sus propósitos.
¿Y qué decir de la gratitud de Adolfo Suárez? Aupado sobre su mentor, Suárez le devuelve los favores recibidos de éste, ignorándolo con medida frialdad. Pero Suárez, andando el tiempo, sentirá en su orgullo el lacerante dolor que produce la ingratitud real. Todavía falta algún tiempo para ello. Ambos, Fernández Miranda y Adolfo Suárez, son personajes de nuestra reciente historia que deberían servir de modelos, para valorar el «sí» o el «no» del poder político y el «borboneo» ejercido por Juan Carlos I en España, gobernando en la sombra como un auténtico monarca absoluto, oculto tras las espesuras de las Leyes Fundamentales de Franco primero, y la Constitución de 1978 después.
En todo el proceso recorre varias etapas: la primera se puede acotar entre su nombramiento como sucesor de Franco, en julio de 1969, hasta la muerte del General en noviembre de 1975. La segunda, desde su juramento como Rey en las Cortes, el 23 de noviembre de 1975, hasta la promulgación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978. La tercera, desde el 6 de diciembre de 1978 hasta el 23 de febrero de 1981. La cuarta, y más breve de todas, desde el 24 de febrero de 1981 hasta el 29 de octubre de 1982. Y la quinta, desde el 30 de octubre de 1982 hasta el fallecimiento de su padre, el 1 de abril de 1993.
Durante estas cinco etapas ha compartido todas las decisiones políticas importantes con su progenitor, el conde de Barcelona, Juan de Borbón y Battenberg.
A partir de ese momento, la quinta etapa se prolonga hasta la victoria electoral del Partido Popular en 1996; la sexta dura desde ese momento hasta el triunfo socialista del 14 de marzo de 2004, y ha iniciado su séptima etapa con la peligrosa proximidad de un presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, socialista, republicano, rojo y antiespañol que puede situar a su dinastía ante dos bochornosos espectáculos: permitir que, durante su reinado, España desaparezca como entidad nacional, transformándose en una confederación de Estados independientes y, después, que la familia reinante reinstaurada por Franco vuelva al exilio.
El 14 de mayo, Juan de Borbón renuncia a sus derechos a la Corona de España que nunca ciñó, a favor de su hijo Juan Carlos I, sucesor designado por Francisco Franco.
El 21 de mayo, ETA continúa atentando y secuestrando. Ese día secuestra en Neguri (Vizcaya) a Javier de Ibarra y Bergé, ex presidente de la Diputación de Vizcaya.
El 30 de mayo se hace oficial la dimisión de Torcuato Fernández Miranda.
El 31 de mayo, el Rey le concede a Torcuato Fernández Miranda el Toisón de Oro y el ducado de Fernández Miranda, en reconocimiento a los servicios prestados. Adolfo Suárez, sin embargo, no tendrá hacia el ex Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino el más mínimo gesto de agradecido reconocimiento y amistad. No volverán a producirse invitaciones a cenar al matrimonio Fernández Miranda. Tanto es así que cuando Torcuato fallezca en Londres, el 19 de julio de 1980, a los cuatro años y un día de la aprobación por las Cortes de Franco de la Ley para la Reforma Política, Suárez no asistirá a su funeral ni le dará el pésame a su viuda.
Unas Elecciones Generales a la carta
Llega por fin el mes de las elecciones generales y el derecho de los españoles a ejercer el sufragio universal directo y secreto, creyéndose el sarcasmo democrático de la «soberanía popular», que es inexistente sobre la faz de la Tierra.
El 3 de junio se registra una fuerte explosión en la central nuclear de Lemóniz (Vizcaya), debido a un atentado terrorista de ETA. Está claro que no sólo era Franco el problema para ETA, como la oposición al Régimen franquista jaleaba en todos y cada uno de los actos terroristas producidos hasta el 20 de noviembre de 1975. Ha llegado la hora de sentir la inseguridad y el temor que produce el terrorismo. Pero, además, ETA sabe muy bien lo que hace y cuál es su objetivo final, como también conoce la importancia de los servicios que ha prestado a los enemigos del antiguo Régimen, y el importe de la factura a pagar por ellos.
El 15 de junio se celebran en España las primeras elecciones generales al Congreso de los Diputados desde el año 1936, así como también para elegir a los miembros del Senado. La jornada ha transcurrido sin incidentes.
El 16 de junio, los resultados de los comicios celebrados el día anterior son los siguientes:
Porcentaje de votantes: 78,4%.
Abstención: 21,6%.
Votos válidos: más del 77%.
Respecto al Congreso de los Diputados, su número total es 350 escaños; por lo tanto, para conseguir la mayoría absoluta se necesita la mitad más uno; o sea, 176 escaños. El partido de UCD consigue 165 escaños, venciendo en las elecciones, pero no consigue la mayoría absoluta. Por lo tanto, podrá gobernar en precario con su mayoría simple, o pactar con otra fuerza política a fin capaz de darle los 11 votos que aún le faltan (34,72%). Los resultados obtenidos en estas elecciones generales son las siguientes:
UCD: 165 escaños (34,72%).
PSOE: 118 escaños (29,25%).
PCE + PSUC: 20 escaños (15,87%).
AP: 16 escaños (8,34%).
PDC: 11 escaños (2,78%).
PNV: 8 escaños (1,6%).
PSP-FPS: 6 escaños (4,46%).
DCC: 2 escaños (≈,95%).
ERC: 1 escaño (0,75%).
EE: 1 escaño (0,33%).
Independientes: 2 escaños (0,95%).
TOTAL: 350 escaños.
A continuación, se da la referencia completa de los nombres de algunas de las agrupaciones políticas que se acaban de mencionar:
PDC: Partido Democrático de Cataluña, de Jorge Pujol.
PSP-FPS: Partido Socialista Popular, de Tierno Galván.
DCC: Partido Democracia Cristiana de Cataluña.
EE: Euskadiko Eskerra.
En el Senado se obtuvieron los siguientes resultados electorales:
UCD: 106 senadores.
PSOE: 48 senadores.
AP: 2 senadores.
EE: 1 senador.
Otros grupos: 51 senadores.
De designación real: 40 senadores.
TOTAL: 248 senadores.
Como los famosos 40 consejeros nacionales de Franco, «los cuarenta de Ayete», el Rey mantiene de momento la prerrogativa de designar libremente 40 senadores, de conformidad con el artículo 2, punto 3, de la Ley para la Reforma Política.
Los senadores de designación real han sido los siguientes:
Fernando Abril Martorell.
Julio Angulo Montes (catedrático de Derecho).
Juan de Arespachoga y Felipe (ingeniero de Caminos).
Justino Azcárate (ex ministro de la II República).
Gloria Begué (catedrática de la Universidad de Salamanca).
Jaime Carvajal y Urquijo (banquero).
Camilo José Cela Trulock (escritor).
Luis Díez Alegría (teniente general del Ejército de Tierra).
Alfonso Escámez (presidente del Banco Central).
Torcuato Fernández Miranda y Hevia (catedrático de Derecho Político).
Enrique Fuentes Quintana (catedrático de Economía).
Marcial Gamboa Sánchez-Barcáiztegui (almirante).
Ignacio García López (ministro del Gobierno).
Domingo García Sabell (doctor en Humanidades).
Antonio González y González.
Julio Gutiérrez Rubio.
Antonio Hernández Gil (catedrático).
Belén Landáburu González (ex procuradora en Cortes).
Landelino Lavilla Alsina (ministro de Justicia).
Guillermo Luca de Tena Brunet (director de ABC).
Julián Marías (catedrático y académico de la RAE).
Rodolfo Martín Villa (ministro del Gobierno).
Luis Olarra Ugarte (empresario).
Carlos Ollero Gómez (catedrático).
Marcelino Oreja Aguirre (diplomático y ministro del Gobierno).
José Ortega Spottorno (presidente de El País).
Alfonso Osorio García (vicepresidente del Gobierno).
Antonio Pedrol Rius (presidente del Consejo de la Abogacía).
Manuel Prado y Colón de Carvajal (financiero).
Miguel Primo de Rivera y Urquijo (ex procurador).
Andrés Ribera Rovira (empresario).
Martín de Riquer (académico de la RAE y escritor).
Ángel Salas Larrazabal (teniente general del Ejército del Aire).
José Luis Sampedro (académico de la RAE y escritor).
Luis Sánchez Agesta (catedrático de Derecho Constitucional).
Víctor de la Serna y Gutiérrez de Répide (periodista).
Mauricio Serrahima Bofill (escritor).
Valentín Silva y Melero (magistrado del Tribunal Supremo).
José Luis Socías Humbert.
Fermín Zelada de Andrés Moreno (consejero de la Editorial Católica).
En cuanto al apoyo recibido por la Falange, no se puede decir que haya sido ni siquiera aceptable. La realidad no puede ocultarse en cuanto a cifras. Otra cuestión es las causas originadoras de los malos resultados: escasez de recursos económicos, bloqueo casi total del acceso a los medios de difusión, deficiente utilización de los medios propagandísticos disponibles y, en consecuencia, una mediocre campaña electoral; y, para colmo, dos opciones electorales para elegir: FE de las JONS y FE de las JONS Auténtica, amén de la Alianza del 18 de Julio.
¿Cómo ha sido posible que FE de las JONS se haya dividido en dos candidaturas, si había pactado su adhesión a la citada Alianza? Algunas agrupaciones provinciales de la Falange de Fernández-Cuesta habían decidido por su cuenta concurrir a las elecciones con su nombre original, rompiendo la disciplina de partido e ignorando la decisión tomada por el Jefe Nacional. Tal muestra de rebeldía no fue motivo de sanción disciplinaria por parte de los mandos nacionales del partido, dando muestras de una debilidad muy perjudicial para los fundamentos esenciales de un partido político basado en los valores de disciplina y respeto a la jerarquía.
En total, Falange Española de las JONS, en solitario o en alianza, ha estado presente en 27 provincias. Por su parte, Fernández-Cuesta ha encabezado la lista de la Alianza 18 de Julio en Guadalajara. Pero todo ha sido inútil, los votos obtenidos han resultado escasos y no han servido para conseguir ni un solo escaño, lo que es imposible con un porcentaje del 0,21%.
Por su parte, FE de las JONS Auténtica ha presentado candidaturas en 29 provincias. En total ha conseguido unos 40.000 votos. Es otro esfuerzo inútil no sólo desde el punto de vista electoral, sino también desde el de la propia cohesión interna del partido, que va a salir seriamente dañada de estas elecciones.
El 22 de junio se cumplen los peores augurios en el secuestro de Javier de Ibarra y Bergé, vilmente asesinado por ETA, cuando aparece su cadáver en un lugar del puerto de Barázar.
Terminado el proceso electoral, el mes de julio trae consigo dos acontecimientos políticos de gran importancia: la formación de un nuevo Gobierno, compuesto por hombres de partido y algún independiente, y la solemne reunión de las nuevas Cortes Españolas, Congreso de los Diputados y Senado, en la misma sesión.
El 1 de julio se suprime la obligatoriedad de la cotización sindical abonada por los trabajadores a los Sindicatos Verticales, a través de las nóminas de sus respectivas empresas, y que éstas liquidaban a la Seguridad Social para que a su vez fuera revertida a la Organización Sindical, en los plazos estipulados legalmente. Cuando los Sindicatos Verticales quedaron desactivados y en trance de disolución, llegaron al Banco Rural y Mediterráneo, propiedad de aquellos sindicatos, unos 36.000 millones de pesetas destinados a la cuenta de la Organización Sindical, procedentes de las cuotas recaudadas durante los últimos meses de su existencia. De ese dinero, más el existente en el saldo de la cuenta, nadie pidió explicaciones acerca de su destino final. El ámbito político no se pronunció al respecto: Gobierno, Congreso, Senado, partidos políticos y, naturalmente, las centrales sindicales. Previamente, el Presidente del Gobierno había nombrado a uno de sus colaboradores como presidente del Banco Rural para ir preparando su absorción por el Banco Exterior de España. Producida la absorción, desaparecieron el Banco Rural, la documentación relacionada con la cuota sindical existente en la entidad bancaria y el dinero. ¿Adónde fueron a parar la documentación y el dinero? Los papeles, muy probablemente, fueran destruidos, pero el dinero indiscutiblemente no. Evidentemente, de tan sospechoso asunto pocas personas tuvieron noticia, pero fueron las suficientes como para haber pedido explicaciones o una investigación dirigida a conocer la verdad del caso. ¿Quiénes fueron los beneficiarios del dinero escamoteado? El Gobierno de aquella época, partidos políticos y centrales sindicales quizá sepan algo de todo ello.
Algo semejante sucedió con los fondos de reserva de las Mutualidades Laborales, una de las más importantes obras del Régimen del 18 de julio, llevada a cabo por iniciativa de un falangista, José Antonio Girón.
Las mutualidades, encargadas de gestionar las jubilaciones y otras prestaciones asistenciales, sirvieron además para la concesión a los mutualistas de préstamos a bajo interés, destinados a la adquisición de viviendas, etc., y fueron una de las fuentes de financiación utilizadas para la construcción de las Universidades Laborales.
De todo este oscuro asunto ha dejado una cumplida e interesantísima información un sindicalista de verdad, Ceferino Maestú Barrio, en su libro La vida que viví con los demás.
El nuevo Régimen, el de la transparencia democrática, nace así lastrado por la absoluta opacidad que ha rodeado al destino de multimillonarias cantidades de dinero, volatilizadas entre el estruendo ensordecedor puesto al servicio de los fastos democráticos. Pero, mientras tanto, el pueblo sigue sin enterarse de nada.
El 4 de julio, el Rey le encarga al jefe de la minoría más votada, Adolfo Suárez, la formación de nuevo Gobierno.
La UCD va a contar con el apoyo o la abstención de AP por lo que va a poder gobernar en minoría, sin graves contratiempos para abordar con garantías los problemas pendientes: un pacto social de todas las fuerzas políticas y una Constitución acorde con la nueva época.
El 5 de julio, Suárez da a conocer la lista del nuevo Gobierno, que es el tercero de la monarquía y el primero de la partitocracia:
Fernando Abril Martorell, primer vicepresidente del Gobierno.
Enrique Fuentes Quintana, segundo vicepresidente.
Manuel Gutiérrez Mellado, tercer vicepresidente.
Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores.
Landelino Lavilla Alsina, ministro de Justicia.
Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior.
Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda.
Íñigo Cavero Lataillade, ministro de Educación.
Pío Cabanillas Gallas, ministro de Cultura y Bienestar Social.
Enrique Sánchez de León, ministro de Sanidad y Seguridad Social.
Alberto Oliart, ministro de Industria y Energía.
Joaquín Garrigues Walker, ministro de Obras Públicas.
José Lladó y Fernández-Urrutia, ministro de Transportes y Comunicaciones.
Antonio García Díez, ministro de Comercio y Turismo.
Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo.
Ignacio Camuñas, ministro de Relaciones con las Cortes.
José Manuel Otero Novas, ministro de Presidencia.
El 12 de julio regresa a España Manuel de Irujo, el miembro del PNV que fue ministro de Justicia con Largo Caballero, durante el Frente Popular.
El 13 y el 14 de julio se celebra, en el Hotel Mindanao de Madrid, la Asamblea General de FE de las JONS, convocada para hacer balance de los resultados electorales, así como someter a debate y votación una propuesta presentada por un grupo de camaradas para renovar los mandos del partido y establecer un sistema de mando colegiado. Con esta finalidad, el grupo renovador ha presentado una moción, solicitando el voto aprobatorio de la Asamblea General e incluir en los Estatutos del partido un artículo 13 bis que diga lo siguiente:
Artículo 13 bis:
a) La Asamblea General o el Consejo General podrán decidir para un periodo de tiempo concreto que las funciones de la Jefatura Nacional sean asumidas colegiadamente, por cuatro camaradas afiliados elegidos entre sus miembros. Si la Asamblea o Consejo General hiciere uso de la facultad que le otorga el párrafo anterior, podrá dejar sin efecto el párrafo B del artículo 17.
b) Que la Junta Nacional dé la máxima información posible a todas las provincias de que, para la próxima Asamblea o Consejo General de FE de las JONS, se procederá a la elección total y completa de la Nueva Junta Nacional, y de que va a proponer al órgano soberano el mando colegiado de la Falange como vía aglutinadora de todas las generaciones falangistas.
El citado artículo 17, dice así:
El Consejo General de la Asociación elegirá, de entre sus miembros, a los siguientes cargos que, a su vez, lo serán del Consejo General y de la Junta Directiva Nacional:
a) El Presidente de la Asociación.
b) Cuatro Vicepresidentes (el párrafo que se solicita dejar sin efecto).
c) El Secretario General.
d) El Vicesecretario General.
e) El Tesorero General.
f) El Vicetesorero General.
Resulta evidente que la moción presentada va dirigida a la sustitución de Fernández-Cuesta, con la pretensión de atraer al resto de las formaciones falangistas a FE de las JONS. El debate es largo y tiene momentos de tensión, pues no en vano Raimundo y varios miembros de la Junta Directiva Nacional vienen de sufrir serios reveses políticos durante el año 1976 y en las recientes elecciones; por lo tanto, perder ahora el único asidero político que les queda, tanto por razones sentimentales como por cualquier otra razón, les parece el final de sus vidas. Raimundo entonces saca a relucir su oratoria, pronunciando un discurso del que destaca la siguiente frase: «Una Falange que se deje dominar por tendencias inorgánicas o demoliberales, dejaría de ser la Falange fundada en 1933». Palabras que son más que discutibles y que serán pronunciadas para replicar a los renovadores. A continuación, Raimundo, haciendo alarde de una seguridad un tanto arriesgada, presenta su dimisión. De inmediato, se procede a votar la moción renovadora, que es derrotada por 54 votos en contra, 29 votos a favor y 4 abstenciones. La mayoría invita entonces a Fernández-Cuesta a que retire la dimisión y continúe al frente del partido como jefe nacional. Raimundo aprovecha la oportunidad que le brindan y acepta la invitación, condicionada a que
los 29 votantes a favor de la moción se unan a la petición que se le formula, consiguiendo así resultar elegido por aclamación, un propósito que finalmente consigue.
De esta Asamblea que ha reconocido el fracaso electoral, sale la iniciativa de modificar los Estatutos, adaptándolos a la Ley Reguladora del Derecho de Asociación Política.
El 14 de julio, el Congreso acuerda establecer en 15 el número de diputados para poder constituir grupo parlamentario, siendo 10 senadores para constituirlo en la Cámara Alta.
El 15 de julio, el PCE cierra la emisora Radio Española Independiente, más conocida por Radio Pirenaica que, durante años, emitió sus noticias desde territorio francés, contra el Régimen de Franco.
El 21 de julio se deniega a Acción Republicana Democrática de España (ARDE) su inscripción y legalización como partido político.
El 22 de julio, el Rey preside la solemne sesión de apertura de las Cortes, en la carrera de San Jerónimo. Allí se reúnen, por primera vez en su vida, personajes tan encontrados u opuestos como deberían ser Leopoldo Calvo-Sotelo y Santiago Carrillo o Marcelino Oreja y Dolores Ibárruri.
El 26 de julio, Adolfo Suárez se asegura la posibilidad de gobernar por decreto, al ser derrotadas en el Congreso las propuestas para impedirlo, presentadas por PSOE y PCE.
El 28 de julio, España presenta su solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea.
Las Cortes y el Gobierno recién estrenados han de ponerse a trabajar para cerrar definitivamente el marco de la ruptura con el Régimen anterior, conviene cuanto antes ponerse manos a la obra, incluso conjugando las tareas con las vacaciones parlamentarias de agosto.
Como la redacción de un texto constitucional va a llevar tiempo, el día 1 de ese mes el Gobierno propone a los principales grupos parlamentarios: UCD, PSOE, PCE, AP, catalanes y vascos, que vayan pensando en elegir los diputados o senadores más idóneos para formar parte de la Ponencia constitucional, que será la encargada de ir elaborando el anteproyecto de texto que habrá de ser sometido a debate.
Pero el asunto no es tan sencillo, pese a las impunes irregularidades cometidas durante el proceso de voladura de las leyes e instituciones del anterior Régimen.
Régimen. Desde el punto del Derecho Constitucional, ¿formaban el Congreso de los Diputados y el Senado, elegidos el reciente 15 de junio, unas Cortes constituyentes? ¿Acaso se le había dicho al pueblo que, al votarlas y elegirlas, se les estaba entregando un mandato constitucional por obra y gracia de la soberana voluntad popular?
No, eso no había sido de tal manera, y si la intención subyacente en la consulta electoral era ésa, ¿por qué se le había ocultado a los votantes?
Ahora bien, todos los superdemócratas recién llegados al sistema político de partidos estaban convencidos de que el pueblo, escasa o nulamente experimentado en leyes, y mucho menos de carácter constitucionalista, no les iba a pedir cuentas; si acaso, lo haría una exigua minoría.
De lo que no iba a caber ninguna duda es de que a partir del momento de entrar en la elaboración de una nueva Constitución, las Cortes se autoproclamaban constituyentes.
El 22 de agosto comienzan a darse los primeros pasos en el Congreso de los Diputados hacia la elaboración de un texto constitucional. A tales efectos, queda nombrada una Ponencia formada por los siguientes diputados: Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca, por UCD; Gregorio Peces-Barba, por el PSOE; Jorge Solé Tura, por el PCE-PSUC; Manuel Fraga Iribarne, por AP, y Miguel Roca Junyent, por los nacionalistas catalanes; por su parte, el PNV ha declinado la invitación para tomar parte en los trabajos. Ostenta la presidencia Emilio Attard, perteneciente al partido del Gobierno.
El 30 de agosto, el grupo parlamentario progresista del Congreso pide la aprobación de una ley que derogue la potestad real para devolver leyes a las Cortes.
El 31 de agosto, el PNV propone a las Cortes la adopción, por parte de la Constitución en vías de estudio, de un Estado confederal como solución al problema vasco.
El mismo día, el Gobierno y José Tarradellas llegan a un acuerdo sobre el inmediato futuro de la Generalidad de Cataluña.
Una vez puesto en marcha el proyecto constitucional, el Gobierno va perfilando, en septiembre, la convocatoria de la reunión para alcanzar su anhelado Pacto Social.
El 3 de septiembre, el presidente del PSOE histórico, José Prat, presenta la dimisión al no haber prosperado su propuesta para conseguir la unidad de los socialistas. Un ejemplo que debería servir a otros para evitar males mayores o el desastre total.
El 6 de septiembre, el etarra Miguel Ángel Apalategui, Apala, consigue su propósito de salir de la cárcel, tras permanecer en huelga de hambre durante 34 días, estableciendo un precedente que seguirán otros miembros de la banda terrorista.
El 8 de septiembre, como respuesta de ETA a la tierna aptitud del Gobierno con Apalategui, el presidente de la Diputación de Vizcaya, Augusto Unceta Barrenechea, y dos guardias civiles de su escolta, son asesinados en ese día por pistoleros de la banda.
El 9 de septiembre, el poeta Rafael Alberti dimite como diputado del PCE y deja su escaño en el Congreso, una vez satisfecho su resentimiento y rencor.
El 11 de septiembre, Barcelona ha celebrado la Diada Nacional que, según sus organizadores, ha concentrado a cerca de un millón de personas en demanda del autogobierno para Cataluña.
El periódico italiano La Repubblica, editado en Roma, publica unas declaraciones del presidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, realizadas a uno de sus periodistas, y de ellas destaca el siguiente párrafo: «España está saliendo gradualmente, pero con absoluta firmeza de la larga y triste vicisitud de la Dictadura».
Hace menos de dos años, el mismo Adolfo Suárez, en una de las últimas audiencias de Franco pronunciaba ante él estas palabras, en octubre de 1975:
Seguimos en esto vuestra lección: España ha alcanzado en los treinta y nueve años de vuestra jefatura más de cuanto soñaron los españoles en siglo y medio de demagogias y de promesas, porque todo desarrollo y todo progreso es cambio y por ello no nos encerramos en el puro continuismo que no puede resolver los problemas nuevos, ni tampoco en el cambio por el cambio que pretende alterar en su propia esencia nuestro sistema político, cuyos logros son absolutamente evidentes, y han transformado radical y positivamente la vida española en pocos años.
Entre ambos párrafos queda reflejada la verdadera personalidad de Adolfo Suárez, y los principios políticos y éticos sobre los que la alza. No parece admisible que un presidente del Gobierno de España tenga esos «lapsus» y adapte sus convicciones y palabras a las circunstancias, dando un claro ejemplo de incoherencia política y ambición personal.
El 29 de septiembre, el Gobierno español restablece, por medio de un decreto-ley, la Generalidad de Cataluña.
En esos últimos días de septiembre, Vicky Eiroa, que había sustituido a Pilar Primo de Rivera al frente de la Sección Femenina, cesa en sus funciones porque ya no cabe en el sistema tal institución, desaparecida en realidad el 1 de abril.
Gracias al esfuerzo y trabajo de las últimas camaradas que quedaban durante la corta gestión de Eiroa, se salvará el archivo de la Sección Femenina. Todos los documentos que la organización había reunido durante su dilatada y ejemplar actividad, perfectamente clasificados y archivados, serán transportados en veinte camiones, desde la calle Almagro, 36, hasta un archivo dependiente de Presidencia del Gobierno, en Alcalá de Henares.
El Pacto Social de la Moncloa
El mes de octubre va a pasar a la historia de la democracia liberal española por dos hallazgos simultáneos: cómo llegar por «consenso» a un «Pacto Social». Los hallazgos son los términos entrecomillados.
El 7 de octubre se celebra en Bilbao una manifestación con asistencia de unas 100.000 personas, en demanda de un Gobierno vasco con gran poder de autonomía.
El 8 de octubre comienzan en el Palacio de la Moncloa las reuniones para alcanzar el «Pacto Social» tan deseado por Adolfo Suárez y su Gobierno.
La representación política es muy numerosa por parte de los partidos con presencia parlamentaria, pero no asisten representantes de la patronal ni de las centrales sindicales por la sencilla razón de que no han sido invitados, lo que exhala un cierto aroma a chapuza política, teniendo en cuenta que se abordarán temas relacionados con la economía. A Moncloa han llegado ese día los siguientes personajes: Santiago Carrillo, Antonio del Valle, Fraga Iribarne, Tierno Galván, Felipe González, López Rodó, Fernando Morán, Jorge Pujol, Raventós, Silva Muñoz, Ramón Tamames, etc. Los aguarda Adolfo Suárez como anfitrión, acompañado de Fernando Abril Martorell y Enrique Fuentes Quintana.
Suárez es consciente del grave deterioro político sufrido por España, en los años de aceleradas reformas, pero lo más grave es la situación que empieza a presentar la economía, con datos muy alarmantes, como son: la inflación, alrededor del 26,4% a finales de 1977, y la balanza de pagos con un fuerte déficit exterior.
Por lo tanto, el Presidente ha de tratar de solucionar el problema económico a través de un pacto político, con las fuerzas políticas de izquierda sobre todo, para que controlen a las masas impidiéndoles un desbordamiento laboral en forma de una huelga general, en función de las drásticas medidas económicas que se van a tomar, todas ellas impopulares y dirigidas a que los más desfavorecidos se aprieten el cinturón. Las izquierdas van a tener que aceptar el principio de libre mercado; la precariedad en los contratos de trabajo y el ascenso vertiginoso de la tasa de paro, sin oponerse a la reducción de plantillas en las empresas públicas y privadas, así como una severa congelación de los salarios y el aumento de los impuestos. En relación con esto último, en España ya nadie se va a librar de hacer anualmente la declaración de la renta porque «Hacienda somos todos».
Suárez, a cambio, va a comprometer y pactar el turno gobernante con las izquierdas «sin trampa ni cartón», aunque no lo desee, amén de no perder de vista los compromisos contraídos con anterioridad —en los que él no había participado—, no sólo con las izquierdas, sino también con los nacionalismos periféricos. Sabe muy bien que una parte de lo que se pacte en Moncloa ha de quedar reflejado en el texto de la Constitución que está en preparación; por eso, los acuerdos que se alcancen tienen además el valor añadido de un pacto constitucional. Sin embargo, y aunque no revista demasiada importancia formal, algunos demócratas políticamente puros se podrían escandalizar por el hecho de que los representantes de la soberanía popular negocien acuerdos políticos fuera de la sede donde radican la democracia y esa soberanía: el Parlamento.
En definitiva, Adolfo Suárez ha recogido para las negociaciones el significado de una frase de Fuentes Quintana que se ajusta exactamente a la situación: «Una economía en crisis constituye un problema político fundamental». De las reuniones de Moncloa tendrá que salir la solución económica y la política. Pero Suárez ha de aportar a su iniciativa algo más, y es que ha aprendido en sus viajes por Europa una palabra que le cautiva: consenso, y la va a convertir en su palabra mágica, en una especie de poderoso objeto de culto verbal, que utilizará cuando sea necesario doblegar voluntades a prueba de acuerdos vidriosos.
La política del consenso establecida por Suárez va a traer cola en el futuro, porque en términos políticos significa ausencia de principios y primacía de la conveniencia. Se la ha rodeado de una aureola que evoca la armonía y la paz, cuando lo que en realidad quiere decir, en la práctica, es todo lo contrario. Alguien, acertadamente, ha definido el consenso como «una forma carísima de organizar la irresponsabilidad» y una garantía de dejar los problemas sin resolver o resueltos a medias. No es extraño entonces que consenso y chapuza vayan hermanados como términos componentes de una resultante oprobiosa. Algunos de los personajes que asistieron a aquellas memorables sesiones han dejado elocuentes muestras escritas de lo sucedido en ellas.
Resumiendo las impresiones obtenidas, la primera reunión es un auténtico despropósito de peticiones y cautelosos posicionamientos de los representantes de los partidos marxistas y separatistas. Todos ellos piden porque todos quieren sacar algún tipo de beneficio. Por eso, ninguno está dispuesto a romper el consenso, ya que los acuerdos que se alcancen van a suponer el logro de sus personales ambiciones de relevancia social y poder político. Por ejemplo, uno de los «padres de la Patria» que asiste a la reunión ha propuesto resolver la financiación de los partidos a base de encontrar la fórmula para que participen en el INI, la Seguridad Social y el Banco de España.
Esta primera sesión no da demasiado juego, desarrollada entre frecuentes y largas interrupciones, que sirven para el cambio de impresiones entre los participantes e, incluso, para el aburrimiento.
El 9 de octubre, a pesar de ser domingo continúan las reuniones en Moncloa; se ha fijado el comienzo de las conversaciones para las 10 horas y 30 minutos, pero no empiezan hasta las 12 horas y cuarto. Se comenta la ausencia de representantes de las centrales sindicales y de la federación de empresarios, pero Tierno Galván y Carrillo opinan que, al fin al cabo, ellos ostentan la representación de partidos militados por obreros; asimismo, por parte del empresariado se encuentran los diputados de Alianza Popular. O sea que capital y trabajo no están ausentes y, en todo caso, más adelante se llamará a sindicalistas y patronos.
La reunión se suspende hacia las 13 horas, por tener que ausentarse el Presidente del Gobierno. Por la tarde una parte de los reunidos continúa las conversaciones al objeto de redactar un comunicado. A última hora del día, aparecen con un borrador de acuerdo que, discutido superficialmente por todos los presentes, será aprobado. El documento refleja un principio de acuerdo económico que desarrollará una Comisión aún sin designar. De momento, se puede empezar a hablar de pactos y a utilizar a discreción la palabra «consenso». En esto se ha quedado la primera fase de los «Pactos de la Moncloa».
El 13 de octubre, las negociaciones que han empezado a celebrar los representantes diplomáticos de España y la Santa Sede para la renovación del Concordato quedan bloqueadas por dos escollos: el divorcio y la enseñanza.
El 18 de octubre se reanudan las conversaciones en Moncloa para llegar a los acuerdos políticos. Los asistentes han recibido in situ tres documentos. El primero trata de las reformas penales más urgentes para adaptar el Código Penal a la realidad democrática: se establecen medidas despenalizadoras de la libertad de expresión, en prensa y publicaciones en general; se modifica la Ley de Secretos Oficiales; se despenalizan el adulterio, el amancebamiento, la expedición de anticonceptivos, etc.; se suprime la Ley de Peligrosidad Social, que es semejante a la Ley de Vagos y Maleantes aprobada por la II República, etc. Por último, se modifica el Código de Justicia Militar, restringiendo el fuero militar.
El segundo de los documentos afecta a los derechos de asociación y reunión, y el tercer documento, al orden público.
Las conversaciones han girado también alrededor de la financiación de los partidos políticos. Socialistas y comunistas se oponen a la intención del Gobierno de eximir de tributación a las donaciones que se hicieran a los partidos políticos, pues entienden que la medida favorecería a los partidos financiados por capitalistas. El argumento ofrecido por los marxistas es falaz y evidentemente demagógico.
La reunión termina convocándose nuevas reuniones para los dos días siguientes.
El 19 y el 20 de octubre, las reuniones convocadas quedan suspendidas por tener que viajar el Presidente del Gobierno al Reino Unido.
El 21 de octubre se reanudan las conversaciones en Moncloa. Se trata de llegar sin más demora a unos acuerdos finales. Se continúa el debate político con las opiniones sobre las medidas que se deberían tomar para el mantenimiento del orden público. Las opiniones son divergentes, lo que viene a significar que el desacuerdo es total. Solé Tura, por ejemplo, dice que como «el aparato represivo vigente es total. Solé Tura, por ejemplo, dice que como «el aparato represivo vigente es el del Régimen anterior, lo primero que hay que hacer es desmontarlo totalmente»; además, es partidario de acabar con el terrorismo no mediante el empleo de los «cuerpos represivos», sino mediante una amplia amnistía que ponga en la calle a los terroristas de ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc. No le va a la zaga Trias Fargas, diciendo que el terrorismo se acabaría mediante la democratización del país y desarmando a la Policía y a la Guardia Civil, que «no deben llevar armas de fuego ni siquiera porras porque es humillante para los españoles».
Con opiniones como éstas, ¿cómo es posible haber llegado al grado de exaltación, elogio y asombrosa eficacia, dedicados por tirios, troyanos y medios de difusión en general, a los acuerdos conseguidos en las reuniones celebradas en Moncloa?
Finalmente, el documento económico consensuado es aceptado y firmado por todos. Pero el documento político no, porque AP se negó a firmarlo. No obstante, ya habían adquirido carta de naturaleza los Pactos de la Moncloa, pasando a formar parte de la mitología democrática del nuevo Régimen y uno de sus hitos imperecederos.
El 23 de octubre, José Tarradellas regresa a Barcelona como presidente provisional de la Generalidad de Cataluña.
El 27 de octubre tiene lugar la solemne firma de los Pactos de la Moncloa. El comentario final sobre ellos va dirigido a subrayar su verdadera razón de ser, que en el plano político concluye con la aprobación de la Constitución de 1978, y en el plano económico, con la firma del Estatuto de los Trabajadores. Resultados que no son precisamente tan ejemplares como la partitocrática dictadura se encarga de recordarnos.
El 27 de octubre se puede afirmar que los aires renovadores de la democracia producían devastadores efectos en los principios éticos y hasta estéticos de algunos políticos del anterior Régimen. Uno de ellos es Manuel Fraga Iribarne que, en ese día, sin previa consulta con los miembros de AP, presenta a Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI, para que el líder comunista pronuncie una conferencia ante el burgués auditorio, que ha sido objeto de sus preferencias tanto en el Madrid actual como en el de 1936.
El 29 de octubre, en Barcelona se constituye la Asamblea Unitaria Falangista, integrada por la Alianza del Trabajo Nacional Sindicalista, el Círculo Cultural Hispánico y el Círculo Eugenio D’Ors.
El proyecto constitucional calienta motores
Noviembre es un mes de transición después de la resaca política dejada por el consenso y los Pactos de la Moncloa. Los políticos dedican ahora su atención al proyecto constitucional.
El 8 de noviembre, los miembros de la Ponencia constitucional acuerdan por unanimidad la misión que desempeñarán las Fuerzas Armadas, y que será recogida por la nueva Constitución.
El 16 de noviembre, el Consejo de Europa aprueba por unanimidad el ingreso de España en este organismo.
El 17 de noviembre, Felipe González, en su visita a Estados Unidos, como principal líder de la oposición parlamentaria española, realiza unas declaraciones en las que rechaza expresamente el ingreso de España en la OTAN.
El 26 de noviembre, la jerarquía de la Iglesia católica española muestra su disconformidad con el borrador constitucional que ha conocido.
El 28 de noviembre, FE de las JONS actualiza los datos de su militancia en toda España, siendo el número total de afiliados de 26.734, lo que supone un descenso de 900 afiliados con respecto a los datos del mes de marzo pasado.
El 29 de noviembre comienza a negociarse un acuerdo sobre un posible Gobierno autonómico para la región valenciana, que estaría formada por las provincias de Valencia, Castellón y Alicante.
Diciembre presenta características similares al mes anterior con respecto a la actividad política.
El 9 de diciembre, el Gobierno remite a las Cortes la modificación de la Ley de Orden Público, así como la despenalización de los delitos contra el Movimiento Nacional y sus principios.
El 12 de diciembre, Felipe González, como líder del PSOE, viaja a Moscú y se entrevista con los líderes del Comité Central del PCUS.
El 16 de diciembre, la banda terrorista ETA asesina en Irún a Julio Martínez Ezkerro, concejal del Ayuntamiento, falangista y ex miembro de la Guardia de Franco.
El 18 de diciembre, las centrales sindicales UGT y USO se fusionan y Nicolás Redondo dimite de sus cargos en el PSOE para dedicarse exclusivamente a las tareas sindicalistas.
También tiene lugar un nuevo atentado de ETA contra la central nuclear de Lemóniz.
El 21 de diciembre, el Gobierno decreta la supresión de la fiesta del 18 de julio.
El 31 de diciembre se conoce el balance de atentados terroristas cometidos durante 1977: 43 asesinados, 140 heridos y 6 secuestros.
