Juan Carlos I, Adolfo Suárez y Carlos Arias Navarro, protagonistas del relevo político que marcó el inicio de una nueva etapa en la España de 1976.
El 1 de julio, algunos de los ministros y más próximos colaboradores del presidente del Gobierno, Arias Navarro, lo invitan a un almuerzo para festejar su paso del ecuador al frente de su Gabinete ministerial. Caída la tarde, el Presidente recibe una llamada de Zarzuela para que vaya a visitar al Rey. La entrevista tiene por objeto pedirle que presente la dimisión. Así lo hace Arias Navarro. De inmediato, se reúne el Consejo del Reino, que acepta la decisión, dándose por enterado y comunicándoselo al Rey. Carlos Arias Navarro sale, para siempre, de la política española.
A última hora del día, la noticia es conocida en todos los mentideros políticos de Madrid. La crisis está abierta. Silva Muñoz se entrevista con Enrique de la Mata Gorostizaga, quien le informa de que, en la reunión del Consejo del Reino que se va a celebrar mañana, es probable que salga la terna que se va a presentar al Rey sin más demora, y que en ella figuran su interlocutor, Areilza y Suárez. Para el confidente de Silva Muñoz, el elegido será Suárez y se lo advierte con anticipación para que esté prevenido y no le coja por sorpresa.
En el cese de Arias Navarro no sólo influyeron los propios errores políticos cometidos durante su etapa de mandato. Es cierto que, desde un principio, estuvo abocado a ella por la voluntad del propio monarca, pero hay quien piensa que en la gestación de los graves sucesos de Vitoria y Montejurra, que tanto quebrantaron su prestigio político ante la opinión pública, estuvo implicada la masonería. No hay que olvidar que Arias Navarro, en 1937, ejerció en Málaga el cargo de fiscal, con el grado de capitán, en muchos de los consejos de guerra allí celebrados, solicitando numerosas penas de muerte contra reos acusados de crímenes perpetrados en Málaga por el Frente Popular, y en persecución de los masones. Además, entre 1957 y 1965 había sido director general de Seguridad.
De esa opinión era Gonzalo Fernández de la Mora, que aprecia en la dimisión de Arias Navarro graves deficiencias técnicas, al haberse producido precipitadamente y sin un dictamen favorable a su cese del Consejo del Reino, que según la Ley Orgánica del Estado era preceptivo.
El 2 de julio se reúne el Consejo del Reino para debatir y decidir la terna de candidatos que se va a presentar al Rey para que elija al presidente del Gobierno. Abre la sesión Fernández Miranda haciendo la exposición de motivos de la reunión. A continuación, toma la palabra Miguel Primo de Rivera proponiendo fijar las condiciones personales que deben reunir los candidatos. Siguen después las intervenciones de monseñor Cantero Cuadrado, Dionisio Martín Sanz, Antonio María de Oriol, Álvarez Molina, Girón, Viola, González Álvarez, Araluce, Íñigo de Oriol, Lora Tamayo y el general Fernández-Vallespín. La sesión termina así, ya que no ha habido tiempo para empezar a proponer nombres de candidatos.
El 3 de julio se abre la segunda sesión de deliberaciones del Consejo del Reino. Comienza ahora la carrera para entrar en la terna. Fernández Miranda abre la sesión y va directamente a plantear la elección de candidatos. El tiempo apremia. Para ello propone que cada consejero escriba tres nombres en una papeleta, y luego se obtendrá una lista general que recogerá a todos los elegibles para la terna. Se procede a ello de inmediato y resultan 32 nombres del escrutinio: Álvarez de Miranda, Areilza, Azcárate Bustamante, Barrera de Irimo, Cabello de Alba, Calvo-Sotelo, Castiella, De la Fuente, De Oriol y Urquijo, De Santiago, Fernández-Cuesta, Fernández de la Mora, Fernández Sordo, Fraga Iribarne, Galera Paniagua, García Hernández, Lamo de Espinosa, López Bravo, López Rodó, Martínez Esteruelas, Monreal Luque, Oñate Gil, Osorio, Pérez de Bricio, Rodríguez de Valcárcel, Romeo Gorría, Ruiz-Giménez, Sánchez Cortés, Silva Muñoz, Solís Ruiz, Adolfo Suárez González y Fernando Suárez González.
Hay en la lista figuras eminentes, con auténticos méritos, condiciones y experiencia pública, pero sin más ambición personal que el servicio a la patria. También hay otros que no reúnen tales condiciones, pero que las suplen con la osadía y la ambición de trepar a lo más alto en la política. ¿Quiénes han incluido en la lista a Adolfo Suárez? Dos personas han movido sus influencias sobre los restantes miembros del Consejo del Reino: Torcuato Fernández Miranda y Miguel Primo de Rivera.
A partir de los 32 nombres, se establece un sistema eliminatorio por rondas de votación, de manera que en primer lugar se va leyendo, uno a uno, los 32 nombres; si ninguno de los consejeros apoya al nombrado, éste queda eliminado. Asimismo, si uno de los nombrados obtiene el apoyo de un solo consejero, se pasa a votarlo en secreto, y si obtiene ocho votos como mínimo, pasa a la siguiente eliminatoria. Comienza la criba: Fraga, sorprendentemente, queda eliminado porque no obtiene apoyo de ningún consejero. Areilza cae en la primera, al no conseguir los ocho votos preceptivos, y lo mismo les ocurre a otros 21 candidatos; por lo tanto, quedan para una segunda eliminatoria nueve candidatos: Álvarez de Miranda, Fernández de la Mora, García Hernández, López Bravo, López Rodó, Pérez de Bricio, Rodríguez de Valcárcel, Silva Muñoz y Adolfo Suárez. En la tercera eliminatoria quedan seis candidatos: Álvarez de Miranda, Fernández de la Mora, López Bravo, Rodríguez de Valcárcel, Silva Muñoz y Suárez. En la cuarta y última ronda quedan los tres candidatos que se presentarán al Rey: Federico Silva Muñoz, que obtiene 15 votos sobre un máximo de 16; Gregorio López Bravo, que consigue 13 votos, y Adolfo Suárez, con 12 votos. El objetivo se ha cumplido. Al terminar las votaciones, el Presidente del Consejo del Reino pronuncia estas palabras ante los periodistas que le aguardan a la salida: «Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido». Frase lapidaria que contiene al menos un cuádruple significado: en primer lugar, que ha cumplido con su deber como presidente del Consejo del Reino. En segundo lugar, que la terna lleva los nombres votados por los consejeros, marcando claramente sus preferencias, puesto que entre el primero y el último hay tres votos de diferencia, es decir un porcentaje del 18,75%, lo que no es despreciable. En tercer lugar, que ha cumplido con el mandato del Rey: Adolfo Suárez, que es el favorito del monarca, ha sido incluido en la lista. Y en cuarto lugar, que no va a ser el responsable directo del nombramiento y de sus consecuencias. A pesar de todas esas cautelas, Fernández Miranda ignora todavía que va a ser la próxima víctima de una nueva pinza: la formada por el Rey y el nuevo valido, Adolfo Suárez.
A las 20 horas y 30 minutos del día 3 de julio, TVE da la noticia de la designación de Adolfo Suárez González como presidente del Gobierno de España, leyendo una nota de la Casa del Rey que dice: «De acuerdo con la Ley Orgánica del Estado, previa propuesta en terna del Consejo del Reino, S. M. el Rey ha designado presidente del Gobierno a don Adolfo Suárez González, a quien recibió esta tarde en el Palacio de la Zarzuela. El Boletín Oficial del Estado publicará el lunes el correspondiente Real Decreto, fijándose ese mismo para la ceremonia de juramento del nuevo Presidente del Gobierno.
Silva Muñoz se entera de que la terna la han formado, en primer lugar, él mismo, seguido de López Bravo y, finalmente, Adolfo Suárez. Y también se entera de que si hubiera obtenido los 16 votos sobre 16, el Rey no hubiera tenido otro remedio que designarlo presidente del Gobierno. Para evitar tal unanimidad, Fernández Miranda había pedido a Miguel Primo de Rivera que en su papeleta, en la última ronda de votaciones, no figurara el nombre de Federico Silva Muñoz.
Al conocerse en la calle y en los medios políticos la designación de Adolfo Suárez, las reacciones son variadas y contradictorias: la oposición moderada de izquierda y de centro se muestra decepcionada; la derecha del Régimen reacciona con cierta satisfacción e, incluso, reacciona así Arias Navarro, que al terminar el Consejo de Ministros extraordinario que convocó el día 1 para informar de su dimisión-cese, se despide de Suárez diciéndole: «Gracias, Adolfo, porque tú eres de los que no me han traicionado». Y es que poco conocían, unos y otros, a Adolfo Suárez.
De la carrera política del Presidente del Gobierno ya conocemos buena parte, que ha quedado reseñada en los capítulos de este libro.
Pero de su relación con el Rey conocemos menos datos. Al parecer, todo comenzó cuando Adolfo era gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Segovia, con su amigo Fernando Abril Martorell como alcalde de esa ciudad. Por entonces, Suárez recibía con cierta frecuencia instrucciones de organizar en los fines de semana las reuniones que el Príncipe de España celebraba con determinados invitados, en la finca que el Ministro de Educación había facilitado a su preceptor el Duque de la Torre, un verdadero ejemplo de lealtad a España, un caballero honesto e intachable y un excelente militar, en un lugar de la Sierra de Guadarrama, próximo a Segovia. Estas reuniones eran celebradas con suma discreción y resultaban poco conocidas.
Fue el príncipe Juan Carlos quien, para corresponder a la lealtad de Adolfo Suárez, pidió a Carrero Blanco que lo nombrara director general de RTVE, al formar Carrero su primer y único Gobierno, en el que Alfredo Sánchez-Bella había sido elegido para ser ministro de Información y Turismo.
En consecuencia, el Rey ha escogido al candidato que mejor se va a ajustar a sus planes y deseos, lo que no hubiera sucedido con Silva Muñoz ni con López Bravo.
El 4 de julio, Adolfo Suárez jura ante el Rey, en el Palacio de la Zarzuela, y toma posesión de su cargo.
El 5 de julio entra en pleno vigor la Ley de Asociación Política, que es legalizadora de los partidos políticos.
El 6 de julio, en la madrugada, Silva Muñoz recibe la llamada de una persona de gran relevancia política, pidiéndole una urgente entrevista para informarle de un asunto de suma importancia. Recibe Silva a su informador, quien le comunica que hace pocas horas, en la tarde del 5 de julio, el Rey, Fernández Miranda y Suárez se han reunido en el Palacio de la Zarzuela para tratar sobre la formación del nuevo Gobierno. El confidente le da a Silva los nombres de los elegidos y le dice: «Éste es el momento de que seas ministro de Asuntos Exteriores».
Silva Muñoz comprende inmediatamente la «gracia» que se le ofrece, en virtud de la lúcida votación que ha obtenido en la elección para la presidencia del Gobierno.
Entonces le responde a su interlocutor de que, antes ha de informar a la Comisión Gestora de la asociación política que preside, la UDE, y que si la respuesta es afirmativa estará de acuerdo con la proposición que se le hace. En definitiva, es una elegante forma de decir que «no». Y efectivamente, su visitante le responde que con esa condición su nombramiento es imposible. Finalmente, Silva, tranquilamente, le replica: «Pues muy bien, entonces no lo seré». Éste es un ejemplo más de la categoría personal de quienes habían ostentado altas responsabilidades políticas en Gobiernos de Franco, por méritos propios, y no por apoyos circunstanciales.
Horas más tarde, Adolfo Suárez pronuncia una alocución televisada, dirigida a establecer los principios generales de la política que va a seguir.
El mismo día, 6 de julio, siete partidos políticos solicitan su legalización.
El 7 de julio, Adolfo Suárez tropieza con dificultades para formar gobierno, que tiene que superar pidiendo ayuda a Alfonso Osorio. La razón principal para encontrarse con reticencias es que toda la clase política española, con la que Suárez puede contar en esos momentos, sabe que la tarea esencial que abordará el nuevo Gobierno es la presentación de la Ley para la Reforma Política, y no están dispuestos a cargar con esa responsabilidad, viendo hacia dónde se encaminan las reformas.
El 8 de julio, por fin se puede cerrar la lista de ministros del nuevo Gobierno. Pese a los complacientes deseos del Rey, ni Fraga ni Areilza figuran en ella. El primero no aparece porque se ha negado rotundamente. Y el segundo porque, a pesar de estar dolido y decepcionado, ha terminado por aceptar el ofrecimiento, pero se ha encontrado con la oposición de Alfonso Osorio, y Suárez no puede enfrentarse con quien ha sido su principal auxilio para elaborar la lista ministerial.
El nuevo Gobierno se reúne con el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Bajo la presidencia de Adolfo Suárez González, este Gobierno está formado por:
Vicepresidencia: Alfonso Osorio.
Asuntos Exteriores: Marcelino Oreja.
Gobernación: Rodolfo Martín Villa.
Vicepresidente para Asuntos de Defensa: Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil.
Ejército: Félix Álvarez Arenas.
Aire: Carlos Franco Iribarnegaray.
Marina: Gabriel Pita da Veiga.
Vicepresidencia de Asuntos Económicos: Fernando Abril Martorell.
Hacienda: Eduardo Carriles Galarraga.
Comercio: José Lladó Fernández-Urrutia.
Industria: Carlos Pérez de Bricio.
Educación: Aurelio Menéndez.
Obras Públicas: Leopoldo Calvo-Sotelo.
Justicia: Landelino Lavilla Alsina.
Trabajo: Álvaro Rengifo Calderón.
Información y Turismo: Andrés Reguera Guajardo.
Relaciones Sindicales: Enrique de la Mata Gorostizaga.
Vivienda: Francisco Lozano Vicente.
Secretaría General del Movimiento: Ignacio García López.
A primera vista, el equipo ministerial dista mucho de ser homogéneo. Aparecen en él personalidades que, supuestamente, son falangistas o proceden de sus filas: el mismo Suárez, Martín Villa y García López; pero es evidente que nada tiene que ver las imágenes de estos tres personajes con la realidad: Suárez jamás fue falangista; Martín Villa, lo fue, pero hacía tiempo que había purgado sus «pecados de juventud». ¿Y acaso no lo habían hecho otros, como por ejemplo Dionisio Ridruejo? Y qué decir tiene del inefable García López, nombrado para liquidar lo que aún quedaba del Movimiento y descolgar el emblema de la Falange de la fachada de la calle Alcalá, 44.
Poco después de su nombramiento, Adolfo Suárez nombra como jefa de su Gabinete a María del Carmen Díez de Rivera, y como director de Información y portavoz del Gobierno, a un político de largo recorrido: Alberto Aza, que parece estar muy bien relacionado con Santiago Carrillo. Ya entonces Carmen Díez de Rivera está coqueteando con la izquierda, de momento con Enrique Tierno Galván y su PSP. Carmen durará en el cargo hasta el 13 de mayo de 1977, fecha en la que presenta la dimisión y se marcha después de haber cumplido con los deseos de Suárez, aunque el diario El País atribuirá su dimisión a una decisión del Presidente del Gobierno, al conocer que su cercana colaboradora pertenecía secretamente al PCE.
Lo que resulta evidente es que no pueden ser casualidades los nombramientos de Díez de Rivera y Aza, ni tampoco lo que va a suceder en la Semana Santa del año 1977.
Pero, sin adelantar los acontecimientos, veamos una de las primeras tareas que acomete el nuevo Gobierno, después de celebrar su primer y protocolario Consejo de Ministros, el mismo día 9 de julio: retomar la modificación del artículo 172 del Código Penal, cuya reforma había sido rechazada el pasado 9 de junio por el Pleno de las Cortes. Ahora se trata de conseguir levantar todas las barreras de la ilegalidad y autorizar a los partidos políticos.
El problema se presenta ante la legalización del PCE y si la modificación del texto del famoso artículo incluirá o no a ese partido. En esa ocasión, la defensa de la modificación la asume el nuevo ministro de Justicia, Landelino Lavilla, que prepara un texto ambiguo y lleno de registros legales por donde, en cualquier momento, pueda colarse la legalización del PCE.
El 13 de julio se somete al Pleno de las Cortes la modificación del artículo 172, en su punto 5, para legalizar a los partidos políticos. Se aprueba por 245 votos a favor y 175 votos en contra. El Gobierno se ha abstenido en bloque para evitar el voto contrario de los cuatro ministros militares, lo que hubiera supuesto un probable vuelco de la votación, creándole al Gobierno recién estrenado una situación muy difícil.
A partir de esta aprobación, Suárez y un reducido grupo de sus más íntimos colaboradores aceleran los contactos y conversaciones para legalizar al PCE en un corto plazo de tiempo. En el grupo están Carmen Díez de Rivera, Alberto Aza y un invitado muy especial, Enrique Tierno Galván.
El 16 de julio, Suárez realiza públicamente la declaración programática del Gobierno, proclamando su propósito de llevar adelante, trabajando colegiadamente, la instauración de un sistema democrático en nuestro país.
Suárez, con el Rey y todavía con Fernández Miranda, pretende recorrer a la máxima velocidad política posible el camino democratizador, desmontando o volando las estructuras más sólidas del Régimen en el que aún permanece. De él solamente es aprovechable la solidez de la sociedad en su conjunto, asentada sobre una amplia clase media, esencialmente conservadora y, en su mayoría, con una ingenuidad política muy aprovechable, debida al apoliticismo cultivado durante la larga etapa de mandato de Franco. Pero eso no es todo lo aprovechable, también están los logros conseguidos por los trabajadores, gracias a la política social de Girón, y de otros nacionalsindicalistas que, con todas las limitaciones que se quieran, habían garantizado, entre otras cuestiones de gran calado, la estabilidad del empleo, una bajísima tasa de paro y una sólida seguridad social. Ahora bien, a partir de este momento, todo esto había que ocultarlo, para que cuando la fiesta partitocrática estuviera en todo su apogeo, pudieran atacarlo sin piedad y destruirlo, no en beneficio del mundo laboral, sino en beneficio del capitalismo. Las centrales sindicales de contenido teórico marxista y los partidos de izquierda colaborarían en la tarea de reducir plantillas, cerrar algunas empresas competidoras, desmantelar el INI y congelar los salarios. El secreto iba a estar en la suculenta herencia económica y social del sistema que iban a demoler. El resto era una tarea fácil, pues sólo consistía en homologarse con Europa y pedir el ingreso en la Comunidad Europea y la OTAN, que había sido tantas veces negado a Franco.
Los medios de comunicación en su práctica totalidad, con las dos o tres excepciones ya conocidas, están prestos a colaborar; todo es negociable y la publicidad institucional es el maná llovido del Estado.
La modificación del punto 5 del artículo 172 del Código Penal ha conseguido suprimir el siguiente texto: «Son asociaciones ilícitas las que, sometidas a una disciplina internacional, se propongan implantar un sistema totalitario», sustituyéndolo por: «Se considerarán asociaciones ilícitas las que, por su objeto, programa, actuación o circunstancias, atenten a la dignidad o a la libertad humanas, o sean contrarias al pluralismo asociativo como medio para la participación política».
Con esta redacción se ha conseguido un significado textual lo suficientemente ambiguo como para poder ser aceptado por los más reacios a la legalización del PCE. Sin embargo, al estar lleno de agujeros legales, abre la vía para que, en su momento, el Gobierno apele al dictamen del Tribunal Supremo.
Las reformas del Código Penal van a servir, además, para posibilitar una amplia amnistía que Fernández Miranda deja reservada y a disposición del Rey, para que haga uso de tal prerrogativa y el Gobierno refrende su concesión.
A finales de julio, Ignacio García López, como ministro secretario general del Movimiento –y que va a tener el dudoso honor de ser el último–, encarga a José Luis Graullera, a quien ha nombrado gerente de los servicios dependientes de la Secretaría General, que vaya procediendo a desmantelarlos e ir situando en otros departamentos ministeriales a sus funcionarios. Graullera, que no es falangista, va a proceder, con exquisita corrección y una ejemplar conducta personal, a tan ingrata tarea. Así, extrema sus atenciones, en particular, con la Sección Femenina de Pilar Primo de Rivera, como ella misma ha dejado expreso reconocimiento en su libro Recuerdos de una vida. De José Luis Graullera es la siguiente frase sobre los funcionarios falangistas: «Yo, que no soy falangista, tengo que reconocer la lealtad ejemplar de los funcionarios de la Secretaría General del Movimiento».
El Frente Nacional Español de Raimundo Fernández-Cuesta va preparando su asociación política, con vistas a la próxima decisión del Gobierno para conceder la utilización del nombre de Falange Española de las JONS a alguno de los grupos que lo han solicitado. El FNE ha justificado en su petición el derecho a reclamar para su grupo el histórico nombre, al estar avalada con la firma de camaradas supervivientes de los primeros afiliados a FE de las JONS o nombrados por José Antonio, como son: el propio Raimundo, Manuel Valdés Larrañaga, Agustín Aznar o Roberto Reyes, entre otros.
El FNE dispone de unos Estatutos asociativos que, lógicamente, tienen una cierta semejanza con los de FE de las JONS, en lo relativo a su organización piramidal y jerárquica. Asimismo, la financiación de la asociación se realiza a través de las cuotas de sus afiliados.
A finales de julio de 1976, el Consejo General del FNE está formado por 162 miembros, muchos de ellos de sonoros apellidos por haber formado parte de Gobiernos de Franco, o haber desempeñado cargos en la Administración General del Estado o en la Administración Local, o bien por haber pertenecido a las Cortes como procuradores o miembros del Consejo Nacional del Movimiento.
Se puede citar los nombres de: Jerónimo Almagro y Montes de Oca, Teresa Loring, Eugenio Lostáu Román, José Mora Figueroa, Armando Muñoz Calero, Alfonso Pérez Viñeta, Pilar Primo de Rivera, Tomás Romojaro Sánchez, José María Martínez Sánchez-Arjona y Jesús Suevos Fernández.
En la Junta Directiva figuran: Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo, como presidente; Manuel Valdés Larrañaga, como vicepresidente primero; Joaquín Gías Jovè, como vicepresidente segundo; José María Adán García, como vicepresidente tercero; Eduardo Villegas Girón, como vicepresidente cuarto; Eduardo Urgorri García, como secretario general; Elvira Hernández Pérez Moyano, como vicesecretaria general; Esperanza Labajos González, como tesorera general; José María Gutiérrez del Castillo, como vicetesorero general; y Agustín Aznar Gerner, Jesús Beladiez García, Vicente Budía Serrano, Enrique Catalán Tarco, Haraldo Dahlander Sola, José Fernández Ramírez, Alberto García Ortiz, Celso García de Tuñón San Román, María Gázquez García, Alfredo Jiménez-Millas y Gutiérrez, Manuel la Parra Ripio, Francisco López del Pozo, Joaquín López Ruiz, Jesús Martínez Trillo-Figueroa, José Antonio Peche Primo de Rivera, Luis de la Peña Torres, Indalecio Pescador Dueñas, Roberto Reyes Morales, Pedro Salvat Virgili y Josefina Veglison Jornet, como vocales.
Por número y categoría política de sus miembros, la asociación debería tener futuro político, siempre que incluya personas más jóvenes que, sin la experiencia política de la mayoría de los citados, sepan reunir en un solo haz a la dispersa Falange, pulverizada en múltiples y minúsculos grupos incapaces de entenderse entre sí. Si el FNE consigue la anhelada denominación para transformarse en FE de las JONS, su principal y casi única tarea va a ser alcanzar la unidad, por medio de la incorporación de la mayor parte de esos pequeños grupos o falangistas independientes e, incluso, sin necesidad de integrarlos momentáneamente. La existencia de corrientes o tendencias dentro de un partido político no tiene por qué significar su ruptura o fraccionamiento, siempre que sus líderes sepan templarlas y conducirlas al común objetivo principal: el servicio a la patria española y a su pueblo. Pretender la exigente unidad de España desde la discordia, la permanente lucha intestina y la existencia de una docena de grupos reclamando y exigiendo el derecho de ostentar el nombre de FE de las JONS, por creerse que son más aptos que el resto para llevar adelante la «revolución pendiente», dejará para siempre a la Falange embarrancada y lista para su final desguace. Pero ¿sabrá el FNE conseguir la unidad de los falangistas a través del Pacto de Matute?
El 30 de julio, el Gobierno celebra Consejo de Ministros en La Coruña, presidido por el Rey. Entre los principales acuerdos tomados destaca la concesión de una amplia amnistía por delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión, delitos de rebelión y sedición militar, así como otros tipificados en el Código de Justicia Militar; como, por ejemplo, la objeción de conciencia.
