1969: Estalla el Caso Matesa

1.

En el discurso leído por el Príncipe de España ante las Cortes, se contenían frases que, en la emoción del momento solemne, pasaron desapercibidas a la mayoría de sus oyentes pero que presentaban a la Monarquía como «instrumento eficaz», para «mantener un equilibrio real y justo», apoyada en «la voluntad del pueblo». Hacia ellas llama la atención precisamente uno de sus autores, López Rodó. Anunciaban sin duda un respaldo a los proyectos de apertura, cuyos defensores patrocinarían la candidatura de don Juan Carlos. Podía creerse que se trataba de apertura controlada. También Solís tenía su propia versión aperturista, y el Consejo Nacional comenzó a estudiar ya en 1969 el esquema de unas posibles «asociaciones de opinión pública» que podían constituirse dentro del Movimiento.

Un sector importante del Régimen sentía, pues, la necesidad de retornar a los partidos políticos, más o menos sometidos a control, para que el sistema pudiera ser pluralista: admitía por tanto que el pluralismo era superior a la unidad, como Franco había proclamado siempre. A esta concepción se sumaron sectores muy diversos: Pío Cabanillas, colaborador de Fraga, era uno de los patrocinadores de Asociaciones; Blas Piñar también, porque imaginaba en ellas el procedimiento para defender una radical fidelidad a los principios del Movimiento. No cabe duda de que la meta final perseguida consistía en obtener una democracia un poco menos orgánica. Las Asociaciones —púdico nombre para que no aparecieran los denostados partidos— cumplirían también otra misión: la de conservar protagonismo para relevantes políticos cuando habían dejado de ostentar cargos.

El Príncipe, que conservaba las íntimas relaciones con Estoril, entendía la apertura también de otro modo: el de ensanchar la base de la Monarquía. Comentó con algunos de sus colaboradores que Franco le había aludido a una transmisión de poderes apenas hubiese transcurrido un plazo prudencial, y deseaba prepararse ya para esta eventualidad. Así, por ejemplo, evitó asistir a los Consejos de Ministros; de este modo quedaba clara la intención de separar radicalmente la Jefatura del Estado de la Presidencia del Gobierno y, también, que las decisiones que ahora los Ministros adoptasen no le afectarían en modo alguno. Dos hechos pueden expresar mucho mejor esta línea de conducta.

Desde el primer momento manifestó su decidida intención de celebrar una entrevista con el arzobispo de Toledo, Vicente Enrique y Tarancón, uno de los eclesiásticos más adversos al Régimen —ahora, pero no antes— al que, sin embargo, se consideraba como portavoz de los proyectos del Vaticano y de la nunciatura. Cumplió este propósito el 5 de setiembre de 1969, ausente el Generalísimo, y después de haber pasado algunos días con él y su familia en el Pazo de Meirás. El cardenal Enrique le dijo que la designación era indudablemente un primer paso, pero que habría que dar otros muchos antes de que se consumase la apertura. Poco después, don Juan Carlos hizo un viaje a Francia invitado por el Presidente, Georges Pompidou. La prensa extranjera comenzó a dibujar la imagen del Príncipe como de quien se proponía modificar las instituciones del Régimen español, pero ignoraba aún en qué sentido o de qué forma. En realidad el aperturismo era entonces, en quienes lo patrocinaban, más un sentimiento que un programa.

2.

Los actos del 22 al 24 de julio de 1969 estaban reclamando un reajuste en el Gobierno. Todo el mundo lo sabía. La petición de Camilo Alonso Vega para ser relevado en sus funciones reclamaba un nombre nuevo en el Ministerio del Interior, probablemente el más difícil, dadas las circunstancias. Un antiguo comisario político, converso del comunismo, acababa de ser elegido presidente de las HOAC. Se discutía con aspereza la política económica y el Plan de Desarrollo. Como hemos indicado, algunas de las líneas de la política exterior estaban ya gastadas. Desde mucho antes del verano, el almirante Carrero Blanco insistía en la necesidad de algunos relevos; y apuntaba a Solís, Fraga, Castiella y Menéndez Tolosa. Antes de que el Generalísimo hubiera adoptado una decisión, estalló el escándalo Matesa. Los historiadores no poseen todavía datos suficientes para medir la verdadera naturaleza de este asunto ni para precisar hasta qué punto hubo en él pretextos de naturaleza política.

Se estaba discutiendo a fondo la idoneidad del Plan de Desarrollo, no en sus resultados inmediatos, demasiado evidentes, sino en las perspectivas de futuro y en la justicia distributiva del esfuerzo y la prosperidad. El Régimen había heredado —y en su primera etapa mantenido— una estructura de producción industrial con un centro, Madrid, y seis vértices, Vigo-Coruña, Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia-Alicante y Cádiz-Sevilla. El resto de la nación se encontraba con endémicas dificultades que obligaban a la emigración. Los polos de desarrollo eran precisamente un intento para corregir las desigualdades, pero con excepción del de Valladolid, ninguno alcanzó el éxito que de ellos se esperaba y esta limitación sirvió de pauta para quienes deseaban criticar al Plan, en su conjunto. En el simplismo que caracteriza a la opinión pública española, se recurría con facilidad a identificar a los hombres del Desarrollo con el Opus Dei, como si este —entonces— Instituto, hubiera de identificarse con López Rodó, o con cualquiera de sus miembros dedicados a la política.

Estos dos aspectos inciden en el asunto Matesa, que a muchos pareció un buen asunto para combatir al mismo tiempo al Desarrollo y al Opus Dei. Algunas personas, que nada sabían del asunto, se vieron envueltas en él porque eran colaboradores del Desarrollo o socios de la Obra, lo que contribuyó a aumentar la confusión.

3. MATESA (Maquinaria Textil del Norte de España) era una empresa radicada en Pamplona y creada por un financiero catalán, Juan Vilá Reyes, que tenía gran fama por su honradez y por su decisión al asumir riesgos. La empresa se proponía explotar un nuevo telar sin lanzadera, Iwer, especialmente apto para la disminución de costos de producción en industrias textiles no demasiado capitalistas. No se trataba de vender en España sino sobre todo en el exterior, porque sus clientes se hallaban potencialmente dispersos en varios países. Pero estos clientes tenían que ser previamente estimulados mediante un esfuerzo de acreditación del producto. Aprovechando las facilidades crediticias que el Gobierno otorgaba para fomento de la industria, y las desgravaciones fiscales a la exportación, Vilá Reyes había obtenido una financiación gigantesca. Pero los mercados exteriores se mostraron poco receptivos: eran pocos los telares que se vendían y muchos en cambio los que se quedaban en depósitos o que eran adquiridos por empresas filiales de la propia Matesa.

Pero si no se declaraban importantes salidas, los créditos y las desgravaciones no se obtendrían y todo el edificio se vendría abajo. El creador de la empresa, que se estaba convirtiendo en multinacional, creía que si ganaba el tiempo suficiente, el telar Iwer se acreditaría y los stocks serían reabsorbidos. Comenzó en consecuencia a exportar pesetas —a veces ilegalmente— para adquirir divisas con las que las empresas filiales hacían las compras y proporcionaban los números para los nuevos créditos y las exenciones. Vilá pagaba sus deudas a base de contraer deudas mayores: una serpiente que se envolvía en su propia cola.

El 6 de diciembre de 1968 el director general de Aduanas, Víctor Castro San Martín, presentó al Ministro de Hacienda, Espinosa, una denuncia que contenía ocho puntos, recomendando sobre ellos una investigación:

a) Matesa no fabrica los telares, sino que los monta, importando la mayor parte de las piezas, incluso las más complicadas; cuenta con muy escaso personal y carece por ello de bienes suficientes de garantía.

b) Los telares, que tienen un precio de costo de 200.000 pesetas, se facturan a 430.000.

c) No parece que exista en la empresa una contabilidad honrada y leal.

d) Los contratos que se presentan para obtener los créditos oficiales, luego no se cumplen sino en parte, con notables rectificaciones.

e) Matesa se encuentra de tal modo vinculada a sus clientes del extranjero que puede decirse que se vende a sí misma.

f) Hay muchos telares depositados en las aduanas de Portugal y de Estados Unidos que no tienen salida y acabarán por perderse.

g) La empresa se resiste a las inspecciones aduaneras.

h) Los pagos que se hacen con absoluta puntualidad al Instituto de Moneda Extranjera proceden de un dinero que proporciona a sus clientes la propia Matesa.

Esta denuncia puso en marcha lentamente los mecanismos de vigilancia. En realidad, Matesa estaba cumpliendo hasta aquel momento sus compromisos, sin retrasarse en el pago de las obligaciones; había que moverse con cautela. La primera señal de alarma no se dio hasta principios del mes de julio de 1969, cuando en la junta de accionistas del Banco de Crédito Industrial se anunció que no iban a otorgarse nuevos préstamos a Matesa mientras no se hubiese aclarado la situación. El Ministerio de Hacienda y los organismos dependientes no querían comprometer las inversiones realizadas. Vilá Reyes, que en enero de 1969 fue recibido por Franco, aceptaba la existencia de irregularidades, pero las consideraba como correcciones imprescindibles que una empresa moderna tiene que introducir en relación con leyes demasiado rígidas y arcaicas. Todavía el 21 de julio, en la misma sesión del Consejo de Ministros en que se aprobó la designación de don Juan Carlos y el programa de actos, se otorgaron nuevos créditos oficiales dentro de una lista de meros asuntos de trámite.

4. Contra la voluntad de Franco, Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo, presentó el asunto Matesa en el Consejo del Pazo de Meirás del 14 de agosto de 1969. El día antes, el diario ABC —la prensa dependía de su Ministerio— había publicado un artículo aludiendo a la cuestión. El Ministro quería que se diese una nota aclaratoria a la prensa en que se mostrasen con nitidez las cuentas: Matesa había recibido 9.655 millones de pesetas del Banco de Crédito Industrial, obteniendo 540 millones como desgravación; de aquella suma había restituido hasta ahora 3.774 millones. Vistas las cosas así no parecía existir motivo de alarma: bastaba con hacer un balance preciso y permitir la continuación de las ventas y la realización de las letras concertadas para equilibrar activo y pasivo. Este sería el argumento que esgrimiría luego Gil Robles. Pero, advertía Fraga en el informe que se basaba en la denuncia de Castro, de los 20.381 telares Iwer que teóricamente debían haberse fabricado, sólo se montaron 13.450, de los que se exportaron 10.636; de estos últimos se vendieron 2.321. Había una malversación de fondos porque los créditos otorgados a la empresa se habían gastado en atenciones distintas de aquellas que figuraban en la documentación. La exportación de pesetas constituía además un delito monetario.

Fraga consiguió que se le encargara la redacción de la nota informativa que debía darse a la prensa, moderando el escándalo. El Consejo de Ministros acordó por su parte pasar el asunto al Ministerio Fiscal con la recomendación de que pusiera el máximo celo en el esclarecimiento de la verdad y recuperación de los fondos públicos. La nota contenía tres aspectos esenciales:

a) que el gobierno no había visto en principio motivos de alarma porque la empresa presentó documentación correcta al solicitar los créditos para fomento de la exportación, habiendo cumplido siempre sus obligaciones de pago en las fechas debidas;

b) que la irregularidad descubierta procedía del hecho de que algunos de los telares vendidos lo fueran a filiales de la misma empresa mientras que la mayor parte de los exportados permanecían en los depósitos francos sin vender;

c) y que el Gobierno tenía la sospecha de que una parte del dinero concedido —es decir los casi diez mil millones de pesetas, de las que un tercio largo se había devuelto— se había empleado, no en la fabricación de telares, sino en compra de acciones en el exterior.

El asunto Matesa era, en el fondo, un escándalo financiero y requería, como primera providencia, que se procediese por parte del Gobierno, con la mayor prudencia, a asegurar los créditos otorgados con el activo de la sociedad. Pero algunos Ministros y también sectores políticos dentro del Régimen —Fraga, Solís, Castiella y Nieto Antúnez, que es posible que conociesen o barruntasen el señalamiento de Carrero para su relevo— trataron de servirse de él como de un arma política contra los «tecnócratas» y también contra el Opus Dei, sin pararse a aclarar las vinculaciones de cada uno de los implicados, en uno y otro bando, con el Instituto. La Universidad de Navarra había recibido donativos, no muy importantes, de Vilá Reyes y su empresa, como de otros muchos miles de personas y empresas que consideraban obra importante y útil. Aislando el hecho, se pretendía también comprometer a la Universidad.

El 23 de agosto de 1969 la revista del Movimiento, SP, lanzó un furibundo ataque contra Faustino García Moncó, Juan José Espinosa y Mariano Navarro Rubio, gobernador del Banco de España, que entonces comenzaba a tener noticia de la existencia de Matesa. No se trataba de establecer responsabilidades, sino de provocar el escándalo.

5.

La campaña pareció muy mal a Franco y a Carrero, aunque estuviesen a cubierto de la acusación que, por aquellos días, se hacía más frecuente: pertenecer al Opus Dei. Los «azules» estaban muy interesados en presentar como socios del mismo a cuantos tuviesen relación con Matesa, directa o indirecta —aunque en muchos casos les constaba la falsedad de la atribución—, y silenciaban la condición de miembros de la Obra de algunos que habían tomado el protagonismo de denunciar y detener el fraude.

Se pidió al Instituto de Crédito a medio y largo plazo un informe de situación. El 13 de setiembre de 1969, ausente Fraga, de viaje en el extranjero, la Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, aprobó la incautación de Matesa. El Consejo de Ministros no confirmó la propuesta, cambiándola por otras tres acciones, excluyentes de embargo: acelerar los trámites de la comisión nombrada para regular la situación de Matesa; recabar informes acerca de las acciones alternativas para resolver el asunto; autorizar al Ministerio de Hacienda para que ordene al Banco de Crédito Industrial una liquidación razonable y ordenada de los créditos en la forma acostumbrada. Se admitía incluso que, con arreglo a criterios estrictamente comerciales y técnicos, el Banco pudiera facilitar créditos y efectuar pagos, en defensa de sus intereses.

El 24 de setiembre de 1969 el Instituto de Crédito a medio y largo plazo, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros, presentó su informe. Los créditos otorgados a Matesa lo habían sido por orden del Gobierno, de acuerdo con la orden ministerial de 14 de febrero de 1963. Estos créditos se cubrían con el Seguro de crédito a las exportaciones: en el caso de Matesa la Compañía Española de Crédito y Caución, SA, era la que se encargaba de este seguro. El 22 de febrero de 1968 se había producido una reunión, presidida por el subgobernador del Banco de España, en que se pidió a los representantes de la Banca privada que interviniesen también. Toda la documentación era correcta, las pólizas de seguro eficientes y los créditos se cumplían en sus condiciones. Pero entonces, ¿dónde estaba el mal? Cuanto más tiempo transcurría, más confusas resultaban las noticias.