Uno de los factores que se subrayan como particularmente importante a la hora de explicar el crecimiento durante el franquismo es el de la emigración.
El pleno empleo de aquellos años no se debería a las bondades del sistema o a medida alguna adoptada por el régimen, sino a factores de otra índole, explicables, en último término, por causas exógenas.
Dos se citan como claves: la ausencia de la mujer del mercado laboral y la emigración. En cuanto a lo primero, no se insiste demasiado, ya que la situación de la mujer no era muy diferente de la de la mayoría de países europeos de su tiempo. Pero la emigración se ha querido explicar como una especie de especificidad del franquismo, como algo consustancial al régimen, que responde satisfactoriamente a la inquietante cuestión que plantea su éxito económico.
Nada más contrario a la verdad. Una emigración nutrida había sido parte del panorama social español desde hacía casi un siglo. De modo que no era ni mucho menos exclusiva de este periodo histórico; de hecho, España se incorporó a la oleada de movimientos migratorios que tuvo lugar desde la década de 1880 y, hasta 1914, en el sur y este de Europa, hacia Hispanoamérica.
El crecimiento de la población unido al hecho de que la economía no experimentaba una mejora apreciable, a la escasez de transformaciones y a lo parco de la modernización, así como a la mejora de la navegación que acortaba considerablemente el viaje, impulsó a millones de españoles al otro lado del océano.
Quienes emigraban eran principalmente hombres jóvenes con una baja cualificación educativa, procedentes de Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias, además de los catalanes que emigraron a Cuba. Junto al Caribe, Argentina, Méjico y Brasil fueron los destinos más frecuentes.
Entre 1900 y 1929 – con un descenso durante la IGM – emigraron más de un millón de españoles a América.
La emigración que tuvo lugar durante el tercer cuarto del siglo XX mantuvo algunas de esas características esenciales: fue la población más desfavorecida por los procesos de modernización la que emigró en mayor número, sumando en torno a un millón trescientos mil españoles, una cifra equivalente a la de principios de siglo (en proporción a la población).
Los mayores contingentes de emigrantes procedían de Galicia, como era tradicional, pero ahora otras regiones tomaban el relevo: Andalucía, Extremadura, Castilla y Murcia. También había variado el destino de la emigración, que ahora se dirigía sobre todo a Alemania, Bélgica, Suiza y Francia.
La emigración que se produjo durante el franquismo tuvo lugar, sobre todo, en los años sesenta. A partir de 1961 se convirtió en un fenómeno masivo que, al contrario de lo que había venido sucediendo históricamente, fue regulado desde el propio Estado emisor.
El Instituto Español de Emigración, creado el 18 de julio de 1956, gestionaba las demandas de trabajo, en primer lugar, y luego las tareas de asistencia y control de los emigrados allende nuestras fronteras. Se alcanzaron acuerdos bilaterales en forma de convenios de la Seguridad Social con los países de destino de los emigrantes, empezando por Francia en 1957, y siguiendo por Alemania y Suiza dos años más tarde, y que se aplicaron a los contratos de trabajo desde 1960.
Los emigrantes, prácticamente en todos los casos, marchaban con la idea de un retorno más o menos próximo, y recreaban en las sociedades de acogida vínculos de paisanaje y nacionalidad. Preservaban su identidad cultural, desde la que se relacionaban con la de los países que los recibían, de modo que no aspiraban a formar parte de ellos. El emigrante español de los años sesenta y setenta, pues, no se enfrentaba a la incertidumbre que tuvieron que hacer frente quienes les habían precedido en la expatriación décadas atrás.
La emigración era el reflejo de una sociedad que se estaba transformando desde una situación preindustrial, agraria, a otra plenamente moderna, en el espacio de muy pocos años.
En el ejercicio de 1960 –el año anterior al del despegue migratorio– la población del país alcanzaba los 35,5 millones de habitantes, con un crecimiento anual superior al 0,8%, producto de la bajada de la mortalidad y del incremento de la natalidad. Se combatió, sobre todo, la mortalidad infantil, cuyas pavorosas cifras multiplicaban por diez las que se conseguirían en 1975; para entonces, aquella era menor que la de la República Federal Alemana, y la esperanza de vida –que había ascendido desde los 50 años en 1940 hasta los 73 en 1975– superaba la de los EE.UU.
En el quinquenio previo (1956-1960), además, la tasa de natalidad sería la más alta de la historia de España hasta la fecha.
El fenómeno migratorio no fue en absoluto exclusivo de España; el resto de países del sur de Europa protagonizaron idéntico movimiento con carácter masivo y hacia los mismos destinos europeos. Las características eran las mismas: hombres jóvenes alojados en recintos poco adecuados (muchas veces se trataba de instalaciones militares de la Segunda Guerra Mundial), segregados de la población local y que recibían un tratamiento desabrido por parte de esta.
En la Suiza de los años cincuenta no era raro leer carteles en los parques públicos en los que se prohibía la entrada de perros e italianos. Griegos, portugueses, yugoslavos o españoles no estaban mejor considerados. En general, se domiciliaban en zonas urbanas, en las que constituían una parte sustancial de la población: en París, eran el 12%, el 16% en Bruselas y hasta el 34% en Ginebra.
Los países de recepción aceptaban esta emigración, que más o menos encajaba en su molde cultural, en primer lugar ante la demanda de trabajadores durante los periodos de auge económico en el sobreentendido de que sería solo temporal (lo que sucedía con los emigrantes del sur de Europa pero no con los turcos, indios o antillanos); se daba por supuesto que los primeros que pagarían el precio de una recesión serían los inmigrantes, con lo que protegían a los trabajadores locales.
Por eso, los contratos eran siempre a corto plazo: la permanencia o la expulsión del trabajador foráneo dependían de las necesidades del Estado.
El de la emigración es un argumento recurrente para sugerir que el crecimiento español de los años sesenta y setenta se debió a factores que nada, o muy poco, tienen que ver con la política del régimen. Se utiliza, así, a modo de complemento de la idea de que, mientras que la autarquía fue una decisión consciente y querida del franquismo por razones ideológicas, el desarrollismo no fue más que la consecuencia de una serie de factores que el régimen, en realidad, no controlaba.
Tal imagen es falsa. La autarquía, a la que nos hemos referido, se debió más bien a un cúmulo de circunstancias que se dieron cita contra la voluntad de la jefatura española de los años cuarenta, circunstancias entre las que la ideología jugó un papel más bien menguado.
Por el contrario, ni la ayuda americana fue verdaderamente sustancial en el despegue español —España quedó marginada de esa ayuda con respecto al conjunto de los países de Europa Occidental—, ni la emigración fue una especificidad franquista que explicaría, al menos en parte, el impresionante crecimiento de la segunda mitad del régimen de Franco.
La verdad es que la emigración a la que nos referimos presenta una clara continuidad con la que había venido produciéndose desde hacía casi cien años. Las cifras son similares, quizá algo menores en relación al conjunto de la población.
Si hay algunas diferencias con la emigración de otras épocas, son todas favorables para la que se produjo en estos años sesenta. Los lugares de destino en Europa eran mucho más cercanos que los países americanos a los que se dirigía la emigración española en decenios anteriores, lo que permitía que los expatriados lo fueran con un carácter más temporal y sin abandonar la pretensión de regresar a España en un lapso de tiempo razonablemente corto, algo que ayudaba a la economía nacional al introducir divisas en esta.
Además, el Estado regulaba por vez primera estos flujos migratorios y protegía a sus nacionales, asegurándoles unas condiciones mínimas en su estancia fuera de nuestro país, algo que nunca había ocurrido. Por tanto, el fenómeno migratorio no es en absoluto novedoso en el conjunto de nuestra historia, y las peculiaridades “franquistas” serían beneficiosas para los emigrantes.
Y tampoco presentó especificidad alguna al respecto de los países del sur de Europa, que llevaron a cabo sus propias migraciones hacia los mismos destinos y en las mismas fechas. La emigración española fue, incluso, menor que la de otros países europeos de su tiempo en relación a su población.
Pero, además, fue una emigración que no se debió, como había sucedido antes o como sucedía en algunos países durante los años sesenta, a la pobreza del país emisor, sino a su modernización: los emigrantes procedían del campo, de un campo en el que ya no tenían cabida y que se veía afectado en sus sectores menos desarrollados.
