El 9 de febrero de 1939, incluso antes del final oficial de la guerra, el régimen franquista aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, destinada a castigar a quienes hubieran apoyado a la República desde 1934. Esta ley permitió la represión legalizada, con confiscaciones de bienes, sanciones económicas y penas de prisión.
