INTRODUCCIÓN
Entre febrero y julio de 1936, España vivió uno de los periodos más tensos y decisivos de su historia contemporánea. La victoria electoral del Frente Popular devolvió el poder a una coalición de fuerzas republicanas y de izquierda en un contexto marcado por la polarización política, el recuerdo aún vivo de la insurrección de octubre de 1934 y una creciente conflictividad social. El nuevo gobierno se enfrentó a enormes dificultades para garantizar la gobernabilidad, la seguridad pública y la aplicación de un ambicioso programa de reformas, mientras tanto la oposición de derechas cuestionaba la legitimidad del proceso y los sectores más radicales de la izquierda presionaban para acelerar una transformación social profunda. Este artículo recorre, a través de documentos, discursos y datos, los principales acontecimientos y tensiones que caracterizaron los meses del Frente Popular inmediatamente anteriores al estallido de la Guerra Civil.
2.1. LA VICTORIA DEL FRENTE POPULAR
El Frente Popular es lo que es y lo que nosotros queremos que sea, no lo que quieran los demás. No es la revolución social ni es la labor de entronizamiento del comunismo en España; no es eso. Es otra cosa más fácil, más llana, más inmediata y más hacedera: es la reinstauración de la República en su Constitución y en los partidos republicanos en los que la creamos, en los que la defendemos y estamos dispuestos a seguirla defendiendo y a crearla todos los días.
[Manuel Azaña, Discurso en las Cortes, 16 de abril de 1936].
A la altura de febrero de 1936 resultaba difícil cumplir las intenciones de Azaña de reinstaurar la República a sus orígenes. En cinco años habían pasado demasiadas cosas y había crecido demasiado el rencor. Pero, sobre todo, fueron los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 los que dejaron profundamente marcada a la sociedad española. El reguero de sangre, el odio y la provocación que dejaba tras de sí no se podía olvidar con facilidad en amplios sectores de la sociedad española.
La conocida como Revolución de Asturias, por ser en esa región donde llegó a su máxima incidencia, se había concebido como un intento de coacción sobre los poderes públicos para forzar una crisis política que alejase a las derechas del poder, escamoteándoles así su anterior victoria electoral. Desde noviembre de 1933, el gobierno del radical Lerroux venía contando con el apoyo parlamentario de la CEDA, siendo apreciable el freno a los avances sociales de los primeros años republicanos, mientras en el entorno europeo el auge del fascismo en Alemania e Italia y la eliminación del socialismo en Austria respaldaban el giro de la política española.
La entrada en el Ejecutivo de tres miembros de la CEDA, el 4 de octubre, fue la señal esperada por los socialistas para iniciar la huelga general y la revolución que impidiese a la derecha culminar la destrucción del régimen republicano desde sus mismas entrañas, según el líder socialista y promotor de la insurrección obrera, Francisco Largo Caballero. Pretendía sustituir al Gobierno por uno socialista que procurara las mayores ventajas para la clase trabajadora.
La revolución llegó también a otros lugares de España, adquiriendo cierta trascendencia en Madrid, Cataluña y el País Vasco. En la capital de la República, los insurrectos pasaron del desconcierto a la derrota en menos de una semana. El Comité Revolucionario esperaba que, tras la entrada de la CEDA en el Gobierno, las masas de la UGT, a las que se sumarían otras fuerzas obreras por contagio, irrumpieran en las calles provocando la paralización de la ciudad y la dimisión del Ejecutivo. No lograron ninguno de los objetivos. En Cataluña, la rebelión catalanista abanderada por Lluís Companys, presidente de la Generalitat, fue un fiasco que duraría poco más de un día. El 9 de octubre estaba sofocada en todo el país salvo en Asturias, donde persistió hasta el día 20. Allí, y de la mano de socialistas, comunistas y anarquistas, se instauró un verdadero poder obrero y se vivió una auténtica revolución social.
El balance fue trágico: unas cinco mil víctimas entre muertos y heridos de ambos bandos, tanto durante los enfrentamientos como durante la represión posterior. Las cifras oficiales eran menores: 1.335 muertos y aproximadamente el doble de heridos. Las tres cuartas partes de unos y otros pertenecían a los insurrectos; el resto, a las guarniciones militares, guardias civiles y de asalto y a policías locales. Los daños materiales fueron notables, viéndose afectados sesenta edificios públicos, cincuenta y cuatro iglesias, treinta y dos fábricas y setecientas cuarenta casas particulares. Las consecuencias políticas también fueron cuantiosas e importantes[2].
La represión institucional resultó dolorosa, sobre todo la suspensión de la Generalitat y de 1.134 ayuntamientos de toda España en los que alcaldes y concejales fueron acusados de participar en el movimiento. Las repercusiones en los partidos de izquierda fueron evidentes. El líder de Izquierda Republicana, Manuel Azaña, en contra de la voluntad del propio Lerroux, salió reforzado y convertido en principal e indiscutible interlocutor del republicanismo tras su experiencia carcelaria. Fue detenido durante los sucesos de Barcelona y permaneció prisionero en dos buques fondeados en su puerto hasta el 29 de diciembre de 1934, cuando el Tribunal Supremo ordenó su liberación.
En el Partido Socialista ya nada sería igual. De las dos corrientes existentes antes de octubre de 1934 se pasó a tres: a la reformista de Besteiro y a la radical de Largo Caballero (que incluso radicalizaría su discurso contra la democracia burguesa) se sumaría la centrista encabezada por Indalecio Prieto, quien haría posible una de las más importantes consecuencias de octubre: la formación del Frente Popular. Los meses de cárcel y la derechización del gobierno producida por el efecto revolucionario unieron más a socialistas y comunistas que veinte años de propaganda.
2.2. CONFLICTO Y REVOLUCIÓN: EL AMBIENTE SOCIAL
La victoria del Frente Popular creó muchas expectativas de cambio en la izquierda, al mismo tiempo que generaba una amenaza para la derecha. Unos y otros contribuyeron intencionadamente a generar y propagar un cierto ambiente de crispación. La derecha no aceptaba la derrota electoral; la izquierda más radical exigía una política más social de la que no quería hacerse responsable Azaña, líder de un partido republicano moderado. Luego, a simple vista, no había solución, porque además el Partido Socialista no quiso ningún grado de compromiso con el Ejecutivo. Al Gobierno le dejaron solo hasta sus propios aliados, porque los objetivos de cada formación firmante del Frente Popular eran tan dispares que resultaba imposible mantener una política de consenso. Todos tenían sus razones para desconfiar del Ejecutivo, pero quizá el problema estaba en la propia firma de la coalición electoral, aunque si esta no se hubiera llevado a cabo, a buen seguro el Gobierno hubiera sido muy distinto.
Pero las consecuencias fueron evidentes. La conflictividad social y el ambiente prerrevolucionario fueron utilizados por los extremos en interés propio, sirviendo a unos para acercar más adeptos a la conspiración y a otros para alejarlos de la República, por considerar que frenaba las legítimas aspiraciones populares y que el Ejecutivo traicionaba la revolución social.
Las derechas hicieron de la conflictividad el campo de batalla contra el Gobierno del Frente Popular. El diputado José Calvo Sotelo, exministro de la dictadura de Primo de Rivera y líder de Renovación Española, partido de tendencia monárquica, se convirtió en el azote del Ejecutivo. Intervino en todos los debates más importantes del período (reforma agraria, amnistía y constitución del Tribunal Especial para exigir responsabilidad a los jueces, magistrados y fiscales), en los que aprovechó la tribuna de oradores para realizar una campaña continua, machacona, contra la conflictividad social y, especialmente, contra la pasividad del Gobierno ante ella.
En la sesión del Congreso del 15 de abril, Calvo Sotelo respondía al programa de gobierno de Manuel Azaña, presentado el 3 de abril, hablando ya de “Guerra Civil” al calificar la situación social del momento, advirtiendo en tono amenazador que sería imposible mantener la calma por mucho más tiempo:
Tabla 5. La concentración marxista-leninista del domingo en Ciudad Real (junio de 1936)
El acto del domingo fue eso: claridad, luz, esperanza de un día luminoso que se acerca deslumbrando a las mentes tenebrosas y atrasadas, que no conciben desde sus ancestrales prejuicios que la vida camina, que la vida no puede detenerse porque algunos quieren vivirla a estilo Luis XVI. Piensen, pues, que ya pasaron para no volver aquellos privilegios que absurdamente disfrutaban los menos con el perjuicio de los más.
No, no se hagan ilusiones las clases acomodadas, las clases patronales, porque ya no habrá quien detenga la revolución que con movimiento acelerado se acerca. Quien pretenda oponerse a su marcha será aplastado de manera fulminante sin que nada valgan las plañideras voces de los eternos seres que, en el fango de una sociedad podrida, pretenden erigirse en vestales de un templo que se derrumba estrepitosamente.
Hay unas fuerzas ya completamente preparadas para ir sentando los cimientos del más grandioso de los templos: el Templo del Trabajo.
Las milicias comunistas y socialistas que, con marchosería andaluza y férrea pujanza vasca fundidas por el sol manchego, desfilaron el domingo por la Plaza de Toros y calles de Ciudad Real, dicen bien a las claras que la juventud española no se dejará engañar por falsos apóstoles que quieran desviarla del camino que se propone recorrer. Que viven ya una vida llena de pujanza y de valoración física y espiritual que no se podrá torcer por las enseñanzas arcaicas que los privilegiados de la fortuna quisieran infiltrarles.
Fuente: Orientación. Semanario de Izquierda Republicana, Valdepeñas.
«Cuando la garantía de la vida es en la calle una cosa inexistente, cuando por todas partes se pasea la amenaza de la disolución social y se grita, como se gritaba ayer por muchedumbres uniformadas: “¡Patria, no; Patria, no!”, cuando al grito de “¡viva España!” se contesta con vivas a Rusia y cuando se falta al honor del Ejército y se escarnecen todas las esencias de la Patria, cuando todo eso está ocurriendo durante seis, siete u ocho semanas, yo me pregunto: ¿es posible tener calma?»[12].
Cerraba su intervención presentando las cifras de la conflictividad social entre el 16 de febrero y el 2 de abril, muy discutidas oficialmente, con 74 muertos y 345 heridos.
Gil Robles, líder de la CEDA, también solicitaba al Gobierno que abandonara su política impasible ante los acontecimientos, exigiendo que acabara con todas las provocaciones, vinieran desde donde vinieran, pues si no le quedaría al Sr. Azaña el triste privilegio de presidir la liquidación de la República democrática. Párrafos más adelante solo hablaba del peligro de las masas de izquierda y del Ejecutivo incapaz de controlarlas:
«La guerra civil la impulsan, por una parte, la violencia de aquellos que quieren ir a la conquista del Poder por el camino de la revolución; por otra, la está mimando, sosteniendo y cuidando la apatía de un Gobierno que no se atreve a volverse contra sus auxiliares, que tan cara le están pasando la factura de la ayuda que le dan»[13].
En la sesión del 7 de mayo, Calvo Sotelo hacía un ruego al Gobierno para que tomara medidas conducentes al restablecimiento de la paz ciudadana ante el agravamiento de la situación del orden público durante las últimas semanas, ofreciendo una detallada relación de los sucesos, perturbaciones y desórdenes públicos acaecidos entre el 1 de abril y el 4 de mayo[14]. Unos días después, el 19 de mayo, denunciaba la falta de autoridad del Gobierno, a pesar de la dureza manifestada verbalmente por su presidente. Calvo Sotelo añadía una frase que causó protestas airadas en la oposición y comentarios de que se estaba invitando a la indisciplina militar al señalar que el deber militar «consiste en servir lealmente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la Patria»[15].
El 16 de junio se trataba en las Cortes una proposición no de ley del día 11 de junio, firmada por varios diputados y encabezada por Gil Robles, que pedía al Gobierno «la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España». Calvo Sotelo, en su intervención, tachaba al Ejecutivo de haber ejercido el poder con arbitrariedad e ineficacia, acompañando sus palabras con unos datos estadísticos comprendidos entre el 16 de febrero y el 15 de junio, en los que señalaba la muerte de 269 personas y 1.287 heridos de gravedad.
Calvo Sotelo anunciaba que era la cuarta vez que intervenía en el transcurso de tres meses sobre el problema del orden público, reconociendo que lo hacía sin fe y sin ilusión. Acusaba al Ejecutivo de hablar mucho y de hacer poco, llevando al país a la deriva:
«Esos propósitos podrán ser sinceros, pero os falta fuerza moral para convertirlos en hechos».
«Para que elaboréis esos propósitos de mantenimiento del orden han sido precisos 250 o 300 cadáveres, 1.000 o 2.000 heridos y centenares de huelgas. Por todas partes, desorden, pillaje, saqueo, destrucción»[16].
José Calvo Sotelo, como después haría la historiografía franquista, se esforzó en hacer ver una auténtica “caza de brujas” sobre las derechas y los católicos. Sin embargo, un reciente estudio viene a desmontar en gran parte esta teoría. Para el profesor Cruz[17], que hace un recuento exhaustivo y por provincias de las víctimas por la violencia política durante el período del Frente Popular, donde las cifras no difieren mucho de las anteriores (262 muertes producidas en 183 incidentes), la mayoría de las víctimas pertenecían a organizaciones de izquierda. Las distintas policías del Estado —Vigilancia y Seguridad, guardias de prisiones, Guardia Civil, de Asalto, guardias locales— y el Ejército regular causaron el 43 % de todas las víctimas mortales (de ellas, el 58 % fue por la Guardia Civil). Los autores identificados de manera pública como izquierdistas, anarquistas, comunistas o socialistas, todos juntos, el 20 %; y falangistas y derechistas en general, el 17 %. Más del 56 % de los 262 muertos eran jornaleros agrícolas, obreros, izquierdistas o presos; el 19 % comprendía derechistas, propietarios y patronos; el 7 % policías y militares, y el resto jueces, concejales, niños, bomberos y un nacionalista vasco.
Las cifras vienen a demostrar que la violencia durante la primavera del 36 fue importante, por supuesto, y que afectó a buena parte del territorio español, aunque ni mucho menos se repartió de forma uniforme (al norte de una línea imaginaria que recorre las provincias de Cáceres, Toledo, Madrid, Albacete y Alicante se ocasionaron solo el 32 % de las víctimas). Sin embargo, no era un fenómeno nuevo en España ni extraño en el contexto europeo de crisis económica, enfrentamientos ideológicos, modernización económica y desarrollo social[18].
La Segunda República no logró que los mayores derechos ciudadanos derivaran hacia una institucionalización y pacificación de los conflictos sociales; no consiguió una reducción de la violencia colectiva. Quizá fuera porque esa mayor libertad permitió una mayor radicalización política de los grupos más ideologizados y una menor capacidad del Estado para controlar el orden público, aunque para Cruz las cifras demuestran lo contrario. O tal vez porque las expectativas generadas en una situación de cambio fueron tan grandes como la decepción que provocó el retroceso de las reformas abordadas sobre aspectos socioeconómicos clave, como el mercado laboral o la reforma agraria durante el segundo bienio republicano.
Esta peculiar situación de “privación respecto a las aspiraciones” se tradujo en un amplio ciclo de protesta cuando fue canalizado con diversa fortuna por las organizaciones obreras. La conjugación de la depresión económica, el malestar sociolaboral, el rearme reivindicativo de los sindicatos, la resistencia patronal y la falta de flexibilidad gubernativa desembocó en una conflictividad preocupante[19].
Tabla 6. Reivindicaciones obreras en Oviedo el 1.º de mayo de 1936
- Castigo para los culpables de la represión de octubre.
- Indemnización a huérfanos, viudas y damnificados de octubre.
- Destitución de jefes y oficiales del Ejército enemigos del régimen.
- Disolución de los Cuerpos de Asalto y Guardia Civil.
- Creación de milicias de obreros y campesinos.
- Subsidio para parados por Ayuntamientos y Estado.
- Desmilitarización de obreros de fábricas militares.
- Legalización del Sindicato de Comunicaciones.
- Restablecimiento de la Ley de Bases para empleados de Comunicaciones.
- Reconstrucción por el Estado de los centros obreros destruidos en octubre.
- Reconocimiento oficial de la URSS.
- Declarar fuera de la ley todas las organizaciones y sindicatos que no sean republicanos, marxistas y de la CNT.
- Anulación de la legislación adoptada por los ministros del “bienio negro”, especialmente las leyes de orden público y de maleantes.
- Separación de la Iglesia y el Estado, con confiscación de los bienes de la misma.
- Aceleración de la reforma agraria mediante confiscación, sin indemnización, de tierras de la nobleza y grandes terratenientes y su reparto entre campesinos pobres.
- Libertad inmediata de todos los militares condenados por participación en el movimiento de octubre por sus ideas republicanas.
- Reducción de la jornada laboral a treinta y seis horas.
- Nacionalización de la gran industria y de los bancos.
- Lucha internacional contra la guerra y el fascismo.
- Exigencia de libertad para Thaelmann, Gramsci, Rakosi y todas las víctimas de la represión fascista.
- Destrucción de los ficheros policíacos elaborados durante la represión de octubre.
- Construcción de viviendas urbanas y rurales.
- Acceso de las Juventudes a las aulas universitarias.
- Establecimiento de centros obreros en las industrias.
- Establecimiento de escuelas y cantinas escolares en barriadas obreras.
Fuente: Centro Documental de la Memoria Histórica, Sección Político-Social, Madrid, Leg. 2377.2, Carpeta 85.
Lo cierto es que, como ha pasado comúnmente en algunas democracias europeas, la República no fue capaz de entender que no hay verdadera libertad sin seguridad; este tal vez fue uno de sus mayores errores políticos.
CONCLUSIÓN
El breve periodo del gobierno del Frente Popular puso de manifiesto las profundas fracturas políticas, sociales e ideológicas de la España de la Segunda República. La incapacidad para articular consensos estables, la escalada de la violencia política y la desconfianza mutua entre las distintas fuerzas en conflicto contribuyeron a crear un clima de confrontación permanente. Más allá de interpretaciones partidistas, el análisis de estos meses revela un Estado debilitado, sometido a presiones desde ambos extremos y con escaso margen para reconducir una dinámica de radicalización que terminó desembocando en la ruptura del orden constitucional. Comprender el gobierno del Frente Popular no solo permite contextualizar el estallido de la Guerra Civil, sino también reflexionar sobre los límites de la convivencia política en sociedades profundamente polarizadas.
