1. Probablemente constituyó una sorpresa para Franco y sus inmediatos colaboradores el estallido de violencia laboral que se produjo en la primavera temprana de 1951; el fin del aislamiento y la penuria, significaba también el retorno de las inquietudes. En realidad los fuertes movimientos marxistas, que recibían del exterior consignas y ayudas, habían decidido retirar las guerrillas, que consideraban fracasadas, para pasar a la fase de la agitación urbana. Sulzberger, uno de los observadores políticos mejor preparados, a quien, según compromiso que antes mencionamos, Lequerica y Proper de Callejón proporcionaban datos que se consideraban confidenciales, publicó en el New York Times, el 17 de febrero de 1951 un extenso artículo en que advertía a sus compatriotas lo que Franco deseaba que supieran: que él no había cambiado en absoluto y que Inglaterra y Francia seguían mostrándose distantes y frías, lo cual presagiaba nuevas dificultades. Por otra parte el New York Times seguía sosteniendo en Madrid como su directo corresponsal a Sam Pope Brewer, enemigo radical de Franco, a quien Stanton Griffis calificaría de «verdadera pesadilla».
Los directores de la política social del Régimen habían abusado —como el propio Franco— de promesas de bienestar y se encontraban ahora con las manos atadas. La apertura de comunicaciones con el exterior incidía desfavorablemente en los precios, provocando inflación. Cualquier subida de tarifas, por módica que fuese, podía ser presentada como un fracaso del Régimen. Se abría una fisura por donde los agitadores podían comenzar a perforar las minas contra la sólida fortaleza del Estado. El invierno de 1950 a 1951 contempló mejoras en tres ámbitos: aumentaron las exportaciones un 13 %, estimulando la producción industrial; las lluvias abundantes permitieron, por primera vez, llenar los pantanos; hubo una excelente cosecha de cereales que permitió disminuir el recurso a las importaciones. El dinero comenzaba a moverse. Y entonces sobrevino la huelga.
2. Las huelgas, en Cataluña, Vizcaya y Madrid estuvieron políticamente preparadas. En la reunión de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) dependiente de la O.N.U. que tuvo lugar en Santiago de Chile, los representantes de la U.G.T. pretendían lograr una condena en regla contra el sistema sindical español, pero no pudieron conseguir sino una declaración bastante anodina, porque sindicatos únicos eran norma precisamente en aquellos países que se denominaban a sí mismos socialistas: «el Consejo económico social pide al Secretario de la O.N.U., a consecuencia de la comunicación recibida de la U.G.T. en el exilio que señale a la atención del Gobierno español los alegatos referentes a supuestas violaciones de derechos sindicales».
Ese mismo día Barcelona estaba llena de pegatinas, repartidas por estudiantes —pagados, según la policía española— incitando a no utilizar los tranvías a partir del 1 de marzo, como protesta por una minúscula subida de tarifas que había tenido lugar dos meses antes. El Gobernador civil, Eduardo Baeza, publicó una nota el 3 de marzo de 1951, denunciando el carácter político de la maniobra.
El boicot a los tranvías resultó ser tan sólo una preparación para violencias —un vehículo fue incendiado— y para un intento de huelga general cuyo slogan era el elevado coste de la vida. La prensa del mundo entero, que estaba alerta, publicó el 12 de marzo la noticia, al mismo tiempo que tenía lugar el hecho. Radio Moscú habló de 300.000 huelguistas. Aguirre de Cárcer avisó desde París que grupos de militantes rojos se dirigían hacia la frontera española. Sam Pope Brewer aprovechó la ocasión para convertir a su periódico, el New York Times en beligerante. Bajo un titular de gran espectáculo —«la serie de huelgas en España es el acontecimiento español más impresionante desde la segunda guerra mundial»— se contenían las siguientes informaciones: «La oposición va directamente contra el dictador». «El ritmo se apresura y aunque no puede decirse que esté en marcha un fuerte movimiento para desembarazarse de Franco, las tornas empiezan, por lo menos, a cambiar. Nadie desea otra guerra civil. Pocos quieren el comunismo. Pocos desean siquiera desembarazarse de Franco a costa de amplios desórdenes. Pero muchos españoles quisieran ver cómo se hacía pasar a las páginas de la Historia a Franco y su repugnante régimen, con suavidad, pero con firmeza».
3. Se trataba de provocar una represión violenta por parte del Gobierno. Por eso se escogió la fecha del lunes 12 de marzo, porque el domingo 11 Franco había recibido el homenaje de la Organización Sindical en el Patio de la Armería del Palacio de Oriente, acto en el que se escuchó un mensaje radiofónico de Pío XII que era de completo apoyo al Régimen. Sobre la mesa del despacho de Franco se acumularon los informes más dispares, desde una nota manuscrita de Franco-Salgado hasta una denuncia de origen desconocido, diciendo que Alejandro Casona estaba en Barcelona invitado por el Instituto de Cultura Hispánica. Pero el Generalísimo decidió no incurrir en represiones que, indiscriminadas, hubieran constituido probablemente un error: se rebajaron de nuevo las tarifas, dimitió el alcalde de Barcelona, y el Gobierno publicó una nota afirmando que todo era producto de la agitación comunista.
Esto último se apoyaba en informaciones muy confidenciales. El Gobierno peruano interceptó un mensaje con las órdenes de la Kominform, desde Praga, al estudiante comunista Luis Hugo Dupeyrat, para que organizase en Lima actos de protesta y solidaridad, y lo comunicó a la embajada española. El F.B.I. proporcionó también mensajes confidenciales dirigidos a Hoover y a Truman, que apuntaban a Germán Durán, a quien se acababa de señalar como responsable de actividades antiamericanas desde el Departamento de Estado.
En general puede decirse que las representaciones diplomáticas españolas fueron capaces de contrarrestar la propaganda antiespañola, gracias en gran medida a que demostraron que no se habían producido las anunciadas represiones. Aguirre de Cárcer envió en París una nota a la prensa con datos correctos: la policía francesa rodeó la embajada en previsión de un asalto, pero cuando un diputado comunista, León Billoux, intentó llevar el asunto a la Asamblea, no encontró apoyo ni siquiera entre los diputados socialistas. Ruiz Giménez explicó detenidamente a Montini cuanto había sucedido.
4. Cuando parecía que el movimiento de huelgas se había sosegado, Artajo pasó una noticia a Blas Pérez (27 de marzo): el corresponsal del Daily Telegraph está comunicando a su periódico que los movimientos huelguísticos van a recomenzar el lunes 2 de abril. Así sucedió. Esta vez la inquietud se extendió a Madrid, donde los estudiantes emprendieron también contra los tranvías a pesar de que en ellos disfrutaban de tarifas especiales más baratas y tuvo especial incidencia en la industria textil. El 18 los rumores eran de preparación de una jornada nacional de protesta en toda España que debía tener lugar un mes más tarde. El 23 hubo huelga en Bilbao y en Guipúzcoa.
El Gobierno tuvo la sensación de que se trataba de una resistencia programada, que contaba con el apoyo de una prensa internacional que proclamaba el buen comportamiento de los obreros y comenzaba a impacientarse porque no se producía la represión bárbara que había anunciado. Se inventó un muerto en Pamplona, que nunca existió. Por eso se tomó una decisión: la de publicar noticias detalladas de las huelgas e incluso de la detención de algunos enlaces sindicales en Guipúzcoa como responsables de organizar los paros. El 25 de abril, Martín Artajo ordenó cursar a todas las embajadas una nota informativa que debía servir de base para sus comunicaciones con la prensa:
«El Gobierno se propone ante todo elevar el nivel de vida de la población española. Se han vencido dificultades de todo tipo pero ya están en marcha realizaciones como SEFANITRO, que producirá fertilizantes (120.000 toneladas), antibióticos y penicilina, Rodamientos a Bolas, Nitratos de Castilla e Ibérica del Nitrógeno, todo ello para aumentar los rendimientos agrícolas. Pero las principales importaciones son de alimentos. De 30 millones de dólares en 1944 hemos pasado a 95 en 1949. Como no tenemos divisas ni reservas de oro que robaron los rojos el comercio de importación ha de ser atendido únicamente con la venta de nuestros productos».
De hecho desde el 25 de abril las huelgas remitieron así como los movimientos de protesta en el exterior, que nunca fueron fuertes. La jornada nacional del 20 de mayo dejó a los corresponsales de prensa desconcertados: estaban preparados para mostrar al mundo un Madrid paralizado y tuvieron que conformarse con decir que había habido algunos movimientos de huelga en pequeños barrios de la periferia. Franco había ganado esta vez la batalla sin tener que recurrir a despliegues policiales ni alardes de fuerza.
IV. Las consecuencias
1. Las organizaciones clandestinas consideraron la agitación de marzo-abril, pese a su limitada incidencia sobre la economía, como un éxito: habían podido demostrar que la población estudiantil y obrera estaba dispuesta a quejarse y precisamente en el momento en que el crecimiento de la renta per cápita se había situado entre el 4,5 y el 5 %. Se cumplían los vaticinios de Pitirim Sorokin: una sociedad satisfecha es mucho más sensible a los argumentos de la demagogia que una sociedad obligada a luchar por su existencia; el demagogo cuenta siempre con la ventaja de que es creído por lo que afirma pero no tiene que responder con hechos, salvo cuando es demasiado tarde para rectificar. En adelante bastaba con ahondar en los mismos argumentos para renovar la agitación.
Franco era consciente de estas maniobras, aunque nada pudiera hacer para impedirlas. Aquel domingo 11 de marzo en que recibió a los representantes de los trabajadores en el patio de la Armería, víspera de la fecha escogida para la huelga de Barcelona, hizo una de esas afirmaciones simplistas y contundentes a las que tanto le gustaba recurrir. Nadie puede repartir una riqueza que todavía no ha producido y quien reclama para los trabajadores mejoras en la retribución que no han podido alcanzarse sólo consigue hipotecar el futuro a una pobreza todavía mayor. «Existen naciones ricas y naciones pobres y España no es de las ricas». «La generación que nos precedió nos legó una pobre herencia», a pesar de lo cual «hemos sabido multiplicar la riqueza y en la medida de lo humano hemos empujado y aumentado la producción española en todos los órdenes».
2. La consecuencia más grave desde el punto de vista del Régimen eran las concomitancias políticas o religiosas. El 11 de junio de 1951, en su emisión de las once de la noche en lengua española, Radio Moscú dijo que las huelgas eran una consecuencia del sometimiento de Franco a los Estados Unidos y del hambre imperante en España. En Barcelona la policía comprobó las relaciones de la HOAC, cuya revista Tú hubo de ser suspendida, con los huelguistas. Entre los 20 ó 25 enlaces sindicales detenidos en Guipúzcoa se encontraba el presidente de Acción Católica de Eibar. Ruiz Giménez tuvo entrevistas muy largas con Montini y con el Papa Pío XII (7 de abril de 1951) que le tranquilizó diciendo que tenía a través del nuncio y del obispo de Barcelona informes objetivos. A primeros de junio el doctor Modrego, obispo de Barcelona, visitó a Artajo, en el curso de sus gestiones para la organización del Congreso eucarístico: según él había intervención masónica en la primera fase de la agitación; según el ministro no debía descartarse las HOAC.
Para la Iglesia comenzaban las dificultades. No podía mostrarse indiferente ante problemas como el del escaso poder adquisitivo de los salarios porque incidían sobre la moralidad. Pero tampoco brindar sus organizaciones a una penetración que lentamente iría mostrando las concomitancias marxistas. El 3 de junio de 1951 la Conferencia de metropolitanos hizo pública una instrucción en la que exhortaba al Gobierno a extremar la vigilancia sobre los acaparadores y sobre el alza de precios, las dos principales causas de descontento. En realidad la Instrucción contenía más respaldo a la política del Estado que críticas al mismo; condenando simultáneamente al totalitarismo y al liberalismo, los obispos reclamaban contratos de trabajo permanentes, salarios justos, precios estables y austeridad por parte de los más beneficiados. Como diría poco después el arzobispo de Valencia, Olaechea, en carta pastoral de julio de 1951: nadie tiene derecho a negar, como hacen ciertos empresarios, ese jornal mínimo que ha establecido el Ministerio de Trabajo, cincuenta pesetas diarias.
La agitación en el País Vasco se iniciaba, como en los viejos tiempos, bajo el signo de un clericalismo separatista. Las influencias vascas en el Vaticano, que contaban con el apoyo de monseñor Larraona, se movilizaron hasta conseguir un decreto que, ocupándose en apariencia de cuestiones disciplinares, tenía un trasfondo político: el convento de los capuchinos de Basurto se apartaba de la provincia de Castilla para pasarla a la de Navarra (22 de junio de 1951); de este modo los frailes que no hablasen vascuence serían sustituidos por otros vasco-parlantes. Al mismo tiempo los obispos del País Vasco tenían que prohibir una revista, Egiz, porque se había comenzado a publicar sin licencia.
El convento en cuestión era de fundación privada, por parte de una antigua y acaudalada familia bilbaína, Novia de Salcedo, que donaron terrenos y edificio con la condición de que perteneciese siempre a la provincia de Castilla. La situación había sido respetada desde 1889 con una sola excepción: en 1936 el Gobierno vasco expulsó a los capuchinos del convento porque «era un foco de monárquicos que había que exterminar». La representante entonces de la familia, Jesusa Verástegui, advirtió a Franco de lo que estaba ocurriendo y escribió al general de los capuchinos (17 septiembre 1951). La respuesta del fraile fue desabrida —la cosa estaba hecha y no iba a ser rectificada porque gustase o no a la familia fundadora. La del Generalísimo cautelosa: ordenó abrir un informe y pasó al embajador ante la Santa Sede la orden de que apoyase las demandas de Verástegui para que le fuese devuelta la propiedad que de este modo se le arrebataba.
3. Franco utilizó, en mayo de 1951 la Asamblea española de Hermandades del Campo y el Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social para hacer una exposición de sus ideas. El tono entusiasmado de diciembre ya no aparece aquí. Volvió a acusar a la Masonería de ser la instigadora de las guerras civiles españolas del siglo XIX, «arma secreta» que se empleó «contra nuestra Patria», y a las que el Movimiento Nacional vino a oponer «el saneamiento de la nación, con la unidad y el espíritu de todos los hombres y de todas las tierras de España». Los españoles, que soportaban la inveterada pobreza cuando no eran más que diez o doce millones de almas, no pueden seguir tolerándola cuando suman veintiocho millones. Pero nosotros —decía refiriéndose a los hombres del Movimiento— «no somos milagrosos» y «tenemos que lograr las cosas con nuestros trabajos y sacrificios, con la colaboración de todos los españoles, con el aumento de producción, con la multiplicación de las fuentes de riqueza».
Franco no parecía dispuesto a admitir en este momento que hubiese errores en la conducta que tuviesen que ser rectificados y sí sólo deficiencias en cuanto al esfuerzo que no alcanzaba todavía las cotas reclamadas. Insistió en el no a los partidos políticos, por debajo de los cuales se movían intereses económicos y extremó la dureza de juicio contra la huelga, «ley de la selva», «que a todos afecta y arruina». Sus conclusiones seguían siendo invariablemente, las mismas de doce o quince años atrás: «si queremos que España sea una nación rica, si queremos cambiar el signo de España, hemos de producir más en todos los órdenes».
