1. Desde sus antiguos días de África, Francisco Franco había dado respuesta a las presiones suprimiendo toda clase de gestos amables y nada más como si quisiera mostrar la energía que, llegado el caso, se sentía capaz de desplegar. Por eso anunció el 7 de febrero la ejecución de los jefes comunistas que habían sido enviados para combatirle. Lo hará también viajando a Asturias y Andalucía, lugares conflictivos a finales de mayo, para hablar a los mineros del carbón y recordarles que un día ya lejano, aquel mismo general a quien honraran después los comunistas como uno de los suyos, le había dado la orden que, desde luego, no cumplió, de «cazarlos como alimañas». La situación de Asturias en esta época, era inquietante: un gironista convencido, Daniel Zarzuelo Polo, acababa de ser cesado de forma fulminante. Los montes albergaban «huídos» y «bandoleros» que de cuando en cuando efectuaban golpes de mano.
El Caudillo estaba informado, por los servicios secretos del Ejército francés, de que un intento de desembarcar guerrilleros en Asturias por medio de un barco fletado en Bayona por los nacionalistas vascos acababa de ser desbaratado por la flota francesa, y también de que las unidades comunistas armadas con el material de la Resistencia, a las órdenes de Modesto, Líster e Hidalgo de Cisneros —miembros todos del Comité Central del Partido Comunista— pensaban servir en Asturias como en la base fundamental para sus operaciones. Pero el Generalísimo quería demostrar que las guerrillas no eran suficientes para perturbar su vida oficial.
Artajo recomendaba a los embajadores no sólo que mostrasen serenidad sino también algunas actitudes gallardas: España no está a la defensiva ni tiene que hacerse perdonar. Cuando Bulnes, desde Buenos Aires, le preguntó si podía asistir a una comida íntima en honor de sir Samuel Hoare en casa del encargado de negocios británico, el Ministro contestó: «Le digo que acepte y aproveche la ocasión para mostrarle el disgusto que nos producen sus inexactas memorias». En este mismo orden de cosas, cuando el Gobierno belga reclamó la entrega de León Degrelle, sin duda para condenarle a muerte, Martín Artajo se entrevistó con el encargado de negocios en Madrid y solicitó previas garantías procesales y jurídicas, pues la experiencia obtenida en el caso de Laval inducía a afirmar que España no iba a prestarse a cooperar a una nueva ejecución política. El Gobierno belga dijo a Gullón, embajador español en Bruselas que la demanda española hería «la dignidad nacional y a la democracia belga» pues las garantías estaban en la Constitución. Vagamente prometió que si le era entregado el fugitivo, Bélgica no se sumaría a las censuras en la O.N.U. El hecho concreto es, sin embargo que las garantías no se dieron y el Gobierno español no entregó a Degrelle.
2. El 14 de mayo de 1946 fue inaugurada la segunda legislatura de las Cortes. Algunos días antes, la embajada española en Washington había distribuido a la prensa norteamericana una gran fotografía mostrando al adhesión de la población española al Caudillo el 1 de abril. Reuter se encargó de distribuir el discurso resaltando las alusiones al buen comportamiento español con Francia y el injusto de ésta. Algunas otras frases fueron más contundentes. «Los dos grandes pecados de España son el haber suprimido la Masonería que la traicionaba y el haber batido al comunismo en nuestro territorio». Refiriéndose a las demandas hechas por el Reino Unido durante la guerra, dijo también: «existe en nuestros archivos constancia formal de estas peticiones».
Había algunas renovaciones en los escaños, predominio de los leales a Franco, apertura de sectores que en otros países se estaban denominando democracia cristiana. Franco aprovecharía esta ocasión para, en un largo discurso, definir y defender el Régimen que había creado, el que todavía estaba creando. Sus juicios acerca del sistema liberal parlamentario, desde 1810 a 1936, fueron extraordinariamente duros, pero no contienen ni una sola palabra que no responda a datos históricos. Procedía desde un orden de valores que eran opuestos a los de sus enemigos. Guerras civiles frecuentes, pérdida sin compensaciones de todo un Imperio colonial, Gobiernos efímeros, pobreza generalizada tal es el balance. En un siglo justo, España había conocido 109 Gobiernos diferentes.
Concluyó con un ataque violento a la Segunda República:
«La República que va de abril de 1931 a julio de 1936, compendia todas las alteraciones, revoluciones y anarquía de todas las épocas anteriores. En poco más de cinco años hubo dos Presidentes, doce Gobiernos, una Constitución constantemente suspendida, repetidos incendios de conventos, iglesias y persecuciones religiosas; siete intensos movimientos de perturbación del orden público, una revolución comunista, el intento de separación de dos regiones, y el asesinato, por orden del Gobierno, del Jefe de la oposición. El balance no puede ser más desdichado. Si para otros puede constituir el régimen democrático inorgánico y de partidos una felicidad o, al menos, un sistema llevadero, ya se ve lo que para España constituyó y lo que ha representado a través de la Historia lo que hoy, sin derecho y con torpeza, se le ofrece».
Esto no era la bomba atómica de Ocaña, cuyo solo nombre movía a risa a cualquier español sensato —hombre, ¿en Ocaña?— sino un conjunto de recuerdos inmediatos que cualquier español podía entender. De la pesimista descripción del siglo pasado, Franco exceptuaba a la Dictadura, pero no a la Monarquía. Por primera vez traslucía en público la irritación ante expresiones usadas por el conde de Barcelona. «Se ha intentado crear al Régimen español un concepto de provisionalidad o de falta de estabilidad, para pretender impresionar a los elementos temerosos o intelectualmente débiles». Sucedía sin embargo que su análisis de las causas de la caída de la Monarquía estaba mucho más próximo de la realidad histórica que los recursos al humanitarismo del Soberano que esgrimían los consejeros de don Juan. «Vosotros visteis una Monarquía secular sucumbir por unas elecciones municipales, deslucidas solamente ante las grandes capitales. Ni lo secular de la Institución, ni el logro de una mayoría favorable en la totalidad de los sufragios, permitieron superar el hecho de la debilidad a que había llegado la Institución bajo aquel sistema. Salió a luz en aquel momento la falta de unidad en el sentimiento público y la ausencia de fe en quienes nos regían». «No hay estabilidad sin la unidad en la asistencia pública».
3. Las acusaciones de la O.N.U., inútiles en su propia desmesura, coincidían en un aspecto con la nota tripartita del 4 de marzo: negaban al Régimen de Franco un carácter democrático que, al parecer, debía ser reconocido a Polonia y a la Unión Soviética. El Generalísimo no pretendió excusarse. «A esa democracia convencional nosotros oponemos una democracia católica y orgánica, que dignifica y eleva al hombre, garantizándole sus derechos individuales y colectivos, que no admite su explotación por medio del cacicazgo y de los partidos políticos profesionales». «El primer error que se comete consiste en querer presentar nuestro Régimen… como dictadura». Se sentía orgulloso de haber comenzado a crear un Estado de derecho a partir de la ruina de la Monarquía, del desorden de la República y de las espantosas destrucciones de la guerra civil. Era poco tan poco proclive a imponer sus recomendaciones, creía que sus subordinados lo eran también.
Es importante también el orden en que colocaba su tarea de institucionalización del Régimen. En la base estaba la justicia independiente, «desempeñada por unos magistrados y jueces de carrera, con muchos años de servicio, que han ejercido sus funciones bajo la Monarquía y la República». Franco no quiso nunca mezclar a esta Justicia los problemas de defensa del Estado y seguridad contra el terrorismo. Luego venía «el Consejo de Estado, que ha ampliado incluso sus funciones», el «Fuero de los españoles, que encierra los derechos naturales y sociales de la persona humana», la «Ley del referendum, cuyo censo se encuentra en período avanzado de elaboración», «las elecciones sindicales y corporativas» y «el nuevo Código de Administración local». La culminación, por ahora, de toda esta reforma institucional era ofrecida por las Cortes españolas. Invertía los términos en que normalmente se sitúan quienes alaban la publicidad de los debates explicando que en ellas «las discusiones y batallas de pareceres se habían librado en el seno de las Comisiones, en las que su menor publicidad permite la discusión en toda su libertad y eficacia, al suprimirse la postura vanidosa ante el público, que anula ese espíritu de colaboración, de trabajo y de imperio de la razón que ha de presidir la elaboración y el perfeccionamiento de las leyes». Algo que se cumplió todavía en su propio Régimen: a medida que se ampliaron las funciones de la prensa, los procuradores tendieron a hablar más y más para atención de los periodistas y menos para sus propios colegas.
4. El liberalismo económico, en la exposición de Franco, con sus inevitables derivaciones hacia los dos extremos, capitalismo y materialismo dialéctico, han contribuido a crear una de las paradojas más dolorosas de nuestro tiempo. Se multiplican los bienes y, a la vez, se multiplica la miseria porque los progresos técnicos y materiales no han sido acompañados de «progresos morales, que nos hubiera llevado a una más justa y equitativa distribución de la riqueza». La huelga, que se presenta como instrumento idóneo por quienes preconizan la lucha de clases, resulta el peor medio para restablecer esa justicia: destruye la riqueza y altera la producción por lo que no puede provocar otra cosa que el aumento en el número de pobres. «Aceptado el principio del sacrificio del interés particular al interés general, no puede explicarse en forma alguna la aceptación de la huelga como instrumento coactivo para el logro de la justicia. Un Estado moderno ha de estar totalmente impregnado de un sentido de justicia social y ha de tener sus magistrados, sus instituciones y sus medios establecidos de arbitraje. No puede ser indiferente a que la producción se pierda o se merme, que las industrias se arruinen o que la economía se menoscabe, que la libertad de un sector ataque y dañe la libertad de toda la nación. La justicia por la mano es la ley de la selva, fenómeno de sociedades atrasadas y no de la civilización». Las obras públicas emprendidas tenían, en este contexto, dos objetivos, uno social, la supresión del paro, y otro económico, elevar la producción y la riqueza global del país porque esta refluía luego sobre sus habitantes.
El final del discurso, como era en él costumbre, fue dedicado al anuncio de la Monarquía. «Llegado el momento, cuando nadie nos empuje y nada pueda destruir el edificio levantado, ni poner en peligro lo que a tanta costa se ha alcanzado, yo traeré a vuestra deliberación —dijo dirigiéndose a los procuradores— las líneas finales de la coronación del edificio». Pero advirtió también, sin duda con el pensamiento puesto en los aprendices de brujo que empezaban a reunirse en Estoril, que no se empieza nunca a construir una casa por la techumbre.
