I. La batalla política en el verano de 1942
1. Ninguno de los sectores de la oposición disponía de fuerzas suficientes para inquietar al Régimen. Ni siquiera los comunistas: Jesús Carreras, que llegó a España en junio de 1942, sería detenido a los pocos meses, con toda la plana mayor del Partido; de los guerrilleros la inmensa mayoría de los españoles desconocía prácticamente la existencia. Republicanos, monárquicos y nazis consideraban cuidadosamente la posibilidad de obtener ayudas en el exterior. Franco era consciente de esta situación y la aprovechaba: cada vez más representaba él la única fuerza que podía permitirse el lujo de ser exclusivamente española.
Desde el verano de 1942 comenzó a jugar con ella para dar un salto adelante en la creación de instituciones. Esta vez se trataba, nada menos, que de transferir el poder legislativo desde el Consejo de Ministros a las Cortes, es decir, a la nación y no al Partido.
En estas circunstancias le sirvió de gran ayuda la presencia de un nuevo embajador de los Estados Unidos, Carlton J. H. Hayes. Franklin D. Roosevelt le había escogido porque era historiador, católico, hablaba español y era un consciente defensor de la democracia, en sus virtudes y sus defectos. Durante la guerra civil española su convencimiento era que la dictadura se presentaba como un hecho inevitable y, para el mundo occidental, era preferible la de Franco a la de los comunistas que se hubiera implantado con la victoria de la República. La consigna del Presidente era mantenerle cuidadosamente informado y lograr que España permaneciese neutral. Presentó sus cartas credenciales el 9 de junio de 1942. Hubo, en la ceremonia, un significativo intercambio de frases. «No tratamos de imponer nuestro sistema de gobierno a ningún país», dijo el embajador. Y Franco respondió: «ningún pueblo de la tierra puede vivir normalmente de su propia economía y todos ellos se necesitan».
El nombramiento de Hayes fue acogido en España en términos muy favorables: «personalmente Franco le trató con la mayor cortesía y ordenó al Gobierno español que dispensara al nuevo embajador especial consideración». Había llegado con el convencimiento de que España era aliada del Eje al que esperaba sumarse pronto: en seguida comprendió su error. Franco defendía a toda costa la neutralidad y, sabiéndose demasiado débil, extremaba sus deferencias hacia el vencedor con la esperanza de evitar lo que no podía ser sino una catástrofe. En la medida en que los aliados aumentasen su poder, el Generalísimo se acercaría a ellos. Era casi lo mismo que el embajador en Washington, Cárdenas, estaba intentando.
2. La batalla política interior se estaba polarizando en torno a este punto: ¿cuál debe ser el órgano supremo de legislación en el nuevo Estado? Existía el Consejo Nacional del Movimiento, que presidía Ramón Serrano Súñer y del que José Luis de Arrese era Secretario general, con categoría de Ministro. Franco le había reunido aproximadamente una vez al año, como auditorio para el anuncio de algunas de sus principales decisiones, pero nunca admitió que sus deliberaciones tuviesen fuerza de ley. Serrano Súñer y Arrese intentaban ahora convertirlo en Cámara legislativa única: esto significaba el establecimiento de un régimen de Partido totalitario y único, pues el Consejo no representaba más que a FET y de las JONS.
Franco pensaba de un modo diametralmente opuesto. En marzo de 1942, mientras definía una vez más al Movimiento nacional como «una revolución… que tiene la permanencia de los grandes acontecimientos nacionales», anunció que ésta «necesita vivificar todas nuestras instituciones, que ya no pueden tener la frialdad burocrática inoperante de la neutralidad de los regímenes liberales». En este momento, no cabe duda, estaba decidido a que el gran órgano de legislación naciese fuera del Partido, como instrumento del Estado y, en cierto modo, aplicación de los criterios de equilibrada síntesis que había utilizado al formar Gobierno. No se trataba tampoco de eliminar a la Falange. Pero esta Cámara legislativa iba a resucitar el nombre tradicional de Cortes españolas, evitando la palabra Congreso, y a imponer un criterio distante de los Parlamentos liberales. Los partidos tenían que ser desterrados. Pero tampoco se trataba de sustituirlos por un partido único.
Detrás de esta conducta aparece un contenido ideológico. El 29 de mayo de 1942, hablando en una concentración en Medina del Campo, muy poblada de camisas azules, el Generalísimo dijo muy significativamente: «Nuestra política se apoya en estas tres verdades. Primero en los principios de la ley de Dios, indiscutibles para cuantos nos llamamos católicos; segundo, en el servicio de la Patria, inseparable de la existencia de la propia nacionalidad; y tercero, en el bien general de los españoles, postulado indeclinable de toda política». Volverá a repetir estas palabras en el mes de julio al presentar la Ley que establecía las Cortes. Su pensamiento se inserta, sin duda, con el tradicionalismo de Víctor Pradera.
En el último instante, parece que Ramón Serrano Súñer intentó jugar con fuerza sus cartas, comprendiendo que estaba ya al final de su carrera. Llamó a Madrid al embajador en Washington, Juan Francisco de Cárdenas, que era considerado como proclive a los aliados. No llegó, sin embargo, a sustituirle. A principios de julio ordenó a Ramón Garriga que abandonase Berlín porque pensaba encargarle de un Gabinete Diplomático para control de la Prensa, semejante al que von Ribbentrop empleaba. Tampoco tendría tiempo a organizarlo.
3. El 17 de julio de 1942, al cumplirse los seis años del Alzamiento Nacional, Franco hizo leer ante el pleno del Consejo Nacional su proyecto de Ley sobre las Cortes. Serrano y Arrese se batieron en retirada: el primero comunicó a Garriga que olvidase por ahora los proyectos. En general los historiadores intentan explicar la creación y evolución de las Cortes desde sus propios puntos de vista que, desde luego, no coinciden con los de Franco. De ahí la cantidad de errores y falsedades que se acumulan. Se parte del hecho de que un Parlamento debe ser fuente única de poder, campo de batalla en el que un partido o varios, en coalición, impone su dominio: a las minorías no se reconoce otra función que la de protestar. Monopartido o pluripartido, en cualquier caso, el resultado es el mismo: el Gobierno no es otra cosa que instrumento ejecutivo de esa fuente de poder, que se impone además sobre el conjunto de los ciudadanos y de las instituciones naturales, bien en forma de monopolio —en el caso del partido único— bien en forma de mayoría triunfante.
Franco, que, como acababa de explicar, acomodaba su pensamiento a un tradicionalismo monárquico moderado, pensaba de un modo radicalmente diverso. Su régimen político había nacido de las cenizas de una catástrofe total, guerra civil en que se desintegrara el Estado. Al principio no había sino la plenitud de poderes, transferida y compartida desde 1938 con un Consejo de Ministros. Ahora había que crear el órgano de legislación, no para satisfacer ambiciones, ni encauzar políticas, sino para producir justas leyes, bien elaboradas y eficientes. No quería unas Cortes para deliberar, discutir o derribar gobiernos, sino para hacer leyes. Condición indispensable es conseguir que lleguen a sentarse en ellas hombres capaces de hacerlas.
En la exposición de motivos de la Ley se asignaron a las Cortes españolas cuatro funciones específicas: «el contraste de pareceres dentro de la unidad del régimen»; «la audiencia de aspiraciones»; «la crítica fundamentada y solvente»; «la intervención en la técnica legislativa». Es cierto que el Jefe del Estado —no el Gobierno, como después abusivamente se ha hecho— retenía la potestad de promulgar decretos-leyes a refrendar por las Cortes. Pero resulta significativa la escasez de decisiones de esta naturaleza que Franco llegó a tomar en sus largos años de mandato. El Generalísimo tenía intención deliberada de crear un cuerpo especializado y renovable de legisladores, que aportasen conocimientos técnicos y jurídicos, pero sin interferir en las tareas de gobierno, que eran exclusivas de la Administración. Se mantenía en la línea de separación entre poderes que el liberalismo presentaba —aunque no lo practicase— como indispensable para el mantenimiento de la libertad.
Se solicitó a cada uno de los sectores importantes de la nación —Movimiento, Sindicatos, Universidades, Academias, Administración, Iglesia— que proporcionasen los expertos legisladores que el país necesitaba. Cada uno de los procuradores —título que se desenterró por puro tradicionalismo— llegaba a las Cortes a título personal, sin ninguna vinculación con partidos o sectores. El número no era muy importante: cualquier orador, cargado de razones, tenía posibilidades de hacerse escuchar, aunque no formase parte de ningún grupo numeroso. Lo que importaba era hallar el acento de convicción para arrastrar a los colegas de la ponencia o de la comisión. Las Cortes de Franco funcionaban en comisiones, a las que preceptiva o voluntariamente se incorporaban los procuradores: cualquiera de ellos que tuviese alguna enmienda que proponer, tenía derecho a hacerlo y a intervenir, sin que mediasen portavoces ni jefes de fila.
Los plenos, en cambio, eran meras reuniones protocolarias en que se escuchaban discursos y se proclamaban leyes que de hecho habían sido aprobadas. En cualquier momento, el Gobierno podía retirar un proyecto de Ley que hubiera presentado: era la salvaguardia indispensable, porque la mayor parte de los textos presentados sufrían correcciones de tal envergadura que podían convertirse en instrumento contrario de lo imaginado. También servía para cubrir púdicamente el rechazo de una proposición. Esto no significa que no se produjesen, algunas veces, auténticas negativas.
Como buen militar, Franco intentó buscar un procedimiento objetivo, casi jerárquico, para la composición de las Cortes. Ciertos magistrados, ciertos presidentes de corporaciones o de sindicatos, militares de mayor graduación u obispos de mayor rango, huyendo de cualquier afección de persona. Por ejemplo: el cardenal don Pedro Segura. El arzobispo se tomó cierto tiempo en responder. Lo hizo el 25 de febrero de 1943 en una carta manuscrita extraordinariamente afectuosa rogando al Generalísimo que mantuviese en suspenso el nombramiento hasta que efectuase consulta en Roma sobre la compatibilidad entre el escaño y su condición de cardenal. No fue, sin duda, Franco, quien prescindió del cardenal Segura.
II. Las bombas de Begoña
1. Había llegado el mes de agosto de 1942. En los periódicos nada anunciaba aún la derrota alemana. Erwin Rommel seguía frenado en El Alamein, la línea de fortificaciones que protegía Egipto, pero las divisiones alemanas habían cruzado el Don y se dirigían victoriosas hacia los campos petrolíferos de Bakú. En España, calmadas las primeras angustias, comenzaban a vivirse vacaciones. Franco desesperaba a veces a sus colaboradores, incapaces de comprender la importancia esencial de la regularidad de sus descansos. El 3 de agosto se hallaba en el pazo de Meirás, la antigua residencia de la condesa de Pardo Bazán, sin interrumpir la vigilancia ni suspender los Consejos de Ministros. José Luis de Arrese también escogió Galicia para sus vacaciones. Los embajadores de Inglaterra y Alemania aprovecharon la pausa para realizar un viaje a sus países de origen. En una breve visita a El Ferrol, su ciudad natal, Franco fue acompañado por el general Vigón.
Horas lentas las de agosto, como de tregua y no de paz. Los hombres de la conspiración monárquica parecían haberse dispersado. Eugenio Vegas Latapié, guiado por José Antonio Ansaldo y acompañado por Areilza, pasó la frontera de Cataluña rumbo a Lausanne, para unirse al séquito de don Juan. Pedro Sainz Rodríguez, en Lisboa, sin perder el contacto con la embajada española, comenzó inmediatamente a trabajar, junto a Gil Robles, en un proyecto de cambio de régimen en España. Serrano Súñer escogió para sus vacaciones la villa mediterránea de Peñíscola donde, al pie del castillo, flota siempre la memoria de aquel gigante derribado que fue don Pedro de Luna, Papa Benedicto XIII.
El 13 de agosto —dice Ramón Garriga—, olvidándose mencionar que en aquel momento era jefe en funciones del Gabinete Diplomático, Serrano Súñer le llamó para pedirle que demorase su marcha de Madrid unos días, hasta que el Ministro regresara de sus cortas vacaciones. Mientras tanto le envió la «traducción revisada de una declaraciones germanófilas que había hecho a la revista Macht und Wille (Poder y Voluntad)». «Recorrí personalmente las redacciones de los periódicos madrileños para que se insertara esta literatura en las ediciones del día 15».
Los informes de la policía dicen otra cosa. A las dos y cuarto de la madrugada del día 15, Santillana y Garriga se presentaron en las oficinas de la Agencia Cifra para exigir que, sin perder momento, se ordenase a los periódicos publicar la noticia de que Serrano se hallaba en Peñíscola, y a Arriba el artículo firmado por el Ministro que no era sino la traducción mencionada. Los funcionarios de la Agencia telefonearon a la Vicesecretaría de Prensa pidiendo aclaraciones ante la irregularidad de la visita y la orden; casi al mismo tiempo desde el Gabinete Diplomático se ordenaba por teléfono al personal de la Vicesecretaría enviar un coche para recoger el texto. La nota estaba redactada en tres folios: dos llevaban la firma de Ramón Garriga; el tercero estaba sellado, pero sin firma.
El artículo contenía una radical declaración de germanofilia. «Podemos afirmar que ideológicamente formamos, con propia personalidad, en el bloque de los Movimientos revolucionarios (socialistas o sindicalistas), en oposición a la democracia y al comunismo. Históricamente pertenecemos al bloque de aquellos pueblos que reclaman lo suyo frente a la injusticia y la expoliación. Vitalmente en el de lo matinal y nuevo, frente a lo crepuscular y viejo».
2. Tenemos derecho a preguntarnos por la causa de tanta premura. ¿Fue iniciativa de Garriga o tuvo algo que ver el Ministro con el hecho de que la declaración apareciese casi a la misma hora en que estallaba la bomba de Begoña? ¿Intención o casualidad? No tengo respuesta. Que algo se preparaba lo sabían ciertos canales del Movimiento. El 15 de agosto es la fiesta de la Virgen de Begoña, en Bilbao, comienzo de su semana grande. En aquel mismo lugar, más de un siglo antes, Tomás Zumalacárregui recibió la herida que causó su muerte. El ministro del Ejército, José Enrique Varela, y el de Justicia, Esteban Bilbao, iban a presidir una misa solemne cargada de añoranzas carlistas.
El 14 de agosto el jefe de Milicias de Bilbao, comandante Churruca, envió al jefe regional, comandante Murga, residente en Burgos, un informe lleno de alarma. Los nacionalistas vascos se preparaban a provocar incidentes en la misa mayor de la basílica; habían distribuido armas y también boinas rojas para hacerse pasar por tradicionalistas. Le parecía importante un refuerzo de la guarnición. Mientras Churruca comunicaba su informe al comandante militar de Bilbao, Murga hacía lo mismo con el Capitán General. Prácticamente demasiado tarde porque era 15 de agosto por la mañana.
Formaron la guardia, fuera de la basílica, mozos carlistas de uniforme caqui y boina roja. Cuando las autoridades salían se cruzaron gritos e insultos entre ellos y grupos de falangistas que repetían ¡Arriba España!, mientras sus interlocutores respondían ¡Viva el Rey! o ¡Viva España! De pronto uno de los falangistas, Juan Domínguez Muñoz, arrojó dos bombas que causaron varios heridos: faltó muy poco para que alcanzase al general Varela. Este habló inmediatamente con Franco y le tranquilizó: en aquel primer momento estaba lejos de pensar que se tratase de un atentado directo contra su persona. En las horas siguientes las declaraciones obtenidas de los detenidos cambiaron mucho las ideas. Se comprobó que Domínguez y Calleja, principales responsables, excombatientes de la División Azul, habían llegado de Alemania muy poco tiempo antes. Todo apuntaba pues hacia Berlín, en donde se hallaba ya a salvo Ramón Garriga y a los grupos pro-nazis de Falange. Entre otras cosas existía al parecer el proyecto de cortar el cable submarino para la comunicación con Inglaterra.
3. La actitud de Varela se hizo más áspera. No se puede atentar contra la vida de un Ministro del Ejército y permanecer impune. Estableció inmediato contacto con el Ministro del Interior, Valentín Galarza, y exigió la entrega de los detenidos a la jurisdicción militar, a fin de que se hiciera en ellos castigo ejemplar. Una nota en su nombre fue enviada a los Capitanes Generales diciendo que se había atentado contra el Ejército como Institución. El gobernador civil de Castellón reforzó las medidas de seguridad en torno a Serrano Súñer porque parecía a punto de producirse un enfrentamiento entre falangistas y militares. Este puede haber sido perfectamente el objetivo propuesto por quienes fraguaron el complot. Serrano y Arrese regresaron a Madrid y, reunidos con Girón, decidieron hacer cuanto fuese posible para evitar la condena y ejecución de los dos falangistas. De acuerdo con sus instrucciones, José Miguel Guitarte se trasladó a Bilbao.
Hasta este momento, el Generalísimo Franco se había mantenido en actitud pasiva, como si los instigadores o maquinadores del suceso quisieran presentarle ante hechos consumados. Jamás toleró que los miembros de su Gobierno se enfrentaran como enemigos. Destapando lentamente sus cautelas decidió que había llegado la hora de intervenir para apagar el fuego. Pero sin prisa: las infecciones necesitan también tiempo de maduración. Entre los días 20 y 23 recorrió Galicia inaugurando obras, como si nada hubiera ocurrido: pero en los discursos que con tal ocasión pronunciaba, había un único tema, el de la unidad. Luego llamó a Varela por teléfono (24 de agosto); habían transcurrido nueve días.
La conversación tiene rasgos muy sintomáticos. En ella Franco, que adoptó el tono de un compañero de armas, llamando al Ministro «Varelita», como en las salas de banderas de Marruecos, intentó desarmar los argumentos de este insistiendo en que los falangistas habían sido provocados por los que gritaron ¡Viva el Rey! con propósito subversivo. Parecía tímido y vacilante, casi a la defensiva. Varela se mantuvo tenso llegando a culparle por consentir que se sustituyese el ¡Viva España! por ¡Arriba España! como reclamaban los falangistas. Y no quiso ceder: se había producido un atentado contra su persona y sólo había escapado con vida gracias a la presencia de ánimo de alguien que desvió la bomba con el brazo. Ante esta actitud no quedaba a Franco otra opción que ceder. «Que se haga todo dentro de la mayor equidad, porque ya tratándose de una provocación las cosas varían y ya los hechos no son lo mismo». Domínguez fue condenado a muerte y ejecutado. Su compañero Calleja salvó la vida. Muy poco tiempo después el Gobierno alemán procedería al relevo de su embajador, Eberhard von Stohrer, a quien sustituiría en enero de 1943 el conde Hans Adolf von Moltke, de ilustre prosapia, pero en quien jamás se pensara para este puesto.
III. La decisión de Carrero
1. El 27 de agosto de 1942, interrumpiendo sus vacaciones, Franco regresó a El Pardo. Junto a él se hallaba Carrero Blanco, que le informaba con detalle sobre la solución idónea para la crisis. La decisión de sustituir a Valentín Galarza fue conocida muy pronto, así como el nombre del nuevo Ministro, Blas Pérez González, catedrático de Derecho y magistrado, amigo de Girón, camisa nueva, pero recomendable por su eficacia. Los falangistas acogieron el rumor con entusiasmo: parecía un golpe decisivo a los sectores monárquicos. Varela se resistió a abandonar el Ministerio, ejerciendo presiones sobre otros generales para que no aceptasen el nombramiento. Pero al cabo, también se efectuó el cambio.
Franco mostró cierta vacilación en cuanto al relevo de Serrano Súñer, no tanto por los lazos de parentesco cuanto por la trayectoria política de éste en un momento en que todavía estaba el Reich en la onda de los éxitos militares. Carrero Blanco salió entonces del disciplinado silencio para decirle que «si después de lo sucedido no sale del Gobierno Serrano Súñer, los españoles dirán que quien manda en este país es él y no vuestra Excelencia». En relación con la actitud de los generales, el almirante recomendó que se hiciese la designación de Ministro del Ejército como si se tratase de un destino militar cualquiera. Pero la presencia del general Asensio y el retorno del conde de Jordana al Consejo de Ministros como sustituto de Serrano Súñer, bastaron para apagar los incipientes entusiasmos de los falangistas.
Aquella fue la primera ocasión para que Carrero ejerciese su protagonismo. Protagonismo de servicio y no de presencia. Los españoles tardarían muchos años en darse cuenta de que Franco había encontrado al fin el hombre de confianza plena a la medida de su programa. Hasta su muerte, el almirante permanecerá en el despacho de Castellana 3, sin buscar el relieve, acuñando fidelidad indiscutible e indiscutida al Generalísimo, convencido de que su misión era defender las raíces católicas del Régimen y preparar el desemboque final en la Monarquía. el disentimiento de raíz respecto a los postulados del nacional-socialismo.
Franco asumió personalmente la presidencia de la Junta Política de FET y de las JONS. A pesar de que el jefe de Milicias José Luna Meléndez se apresuró a declarar, el 26 de agosto, en Santander, su inquebrantable lealtad al Generalísimo, también fue relevado: le sustituyó Manuel Mora Figueroa.
2. Los nombramientos se publicaron el 3 de setiembre de 1942 y causaron gran sensación. El omnipotente Serrano Súñer era enviado a la vida privada y no a un nuevo cargo, aunque fuese honorífico, según costumbre. Los aliados, que preparaban su primera operación ofensiva —El Alamein y «Antorcha», esto es, desembarco en Marruecos— experimentaron una sensación de alivio: el cambio político significaba sin la menor duda refuerzo de la neutralidad. Las fuentes británicas pueden, por esta causa, inducir a error a los historiadores, como ya sucediera con Arnold Toynbee y sus colaboradores: Jordana explicó cuidadosamente a Carlton Hayes, pocos días más tarde, la realidad exacta de que los relevos respondían a razones de política interna y no exterior. Probablemente no fue creído. Con Carrero, Asensio y Jordana, la no beligerancia en favor del Eje había perdido su virtualidad. España retornaba a posiciones de paz, a propuestas de negociación.
Aparentando una tranquilidad que probablemente no sentía, el Generalísimo se trasladó a Asturias, por unos pocos días, para completar el descanso que se había visto obligado a interrumpir. Aranda figuraba entre los altos mandos militares que le acompañaban. En esta ocasión se abstuvo de pronunciar discursos. Pero, mientras tanto, Jordana hacía un sutil tanteo cerca de Muñoz Grandes: era, a fin de cuentas, el único general español que mandaba entonces una división en armas, equipada y avituallada por los alemanes, inserta en la poderosa maquinaria de la Wehrmacht. La oportunidad fue brindada por la concesión de la Medalla Militar. Muñoz Grandes tardó bastante tiempo en contestar, «desde algún lugar de Rusia» (27 de octubre de 1942). Sus palabras eran amargas y desabridas:
«No quiero escribir para no irme de la pluma, pero crea, mi general, que estoy muy preocupado; vivo muy alejado de la Patria, pero noto que la propaganda anglo-bolchevique se infiltra más y más en España y eso me tiene muy disgustado; me explico, aunque no comparta su opinión, que haya gentes que no quieran a Alemania, pero ¿ser anglófilos? no lo entiendo, y esta, mi General, es la cuestión primordial que hace que yo no esté contento. Mucho celebraré que Vd. contribuya, desde ese puesto, a enderezar la nave y, sobre todo, a que el Ejército adquiera la vitalidad necesaria para hacer frente a lo que la Patria exija en un día quizás no lejano. ¡Si viera Vd. cómo llegan los contingentes de relevo! sin ninguna instrucción, ¡qué difícil es así todo! Pero la fe no me falta y no me aburro, se saldrá adelante».
Jordana pasó esta carta a Franco. El efecto de las bombas de Begoña aún no había terminado.
3. El Consejo de Ministros, reformado de esta manera, celebró una sesión extraordinaria de varios días entre el 17 y el 21 de setiembre de 1942. Se trataba de establecer las directrices de la nueva política y de examinar las circunstancias internacionales. Se publicó una declaración, casi a modo de programa en términos que, para los enemigos del III Reich, resultaban evidentemente tranquilizadores. Se fijaron como propósitos sustanciales del Gobierno el de mantener «estrecha amistad con Portugal», «solidaridad histórica con los países hispano-americanos» —muchos de los cuales se encontraban ya en guerra con el Eje— y reforzar el «sentido anticomunista de nuestro Movimiento». De los beligerantes ni una palabra. En la orden interior se «adopta la firme decisión de mantener la unidad espiritual de los españoles». El Gobierno aprovechó la ocasión para anunciar que las dos terceras partes de los presos que existían al término de la guerra civil, habían recobrado ya la libertad.
El Gobierno español no estaba tranquilo. Había concluido la expansión del Eje. Los japoneses habían sido derrotados en Midway y Guadalcanal (junio-agosto). Los alemanes estaban definitivamente a la defensiva en El Alamein y no conseguían apoderarse de la fortaleza clave del Volga en Stalingrado. Algo importante preparaban los aliados. Cuando el 19 de septiembre el conde de Jordana presentó a sus colegas el primer informe de situación, se limitó a decir que, en relación con España, la coyuntura podía calificarse de «muy grave». Aquel mismo día, un telegrama comunicó que el carguero español Monte Gorbea había sido hundido en aguas del Caribe por los torpedos de un submarino alemán. Aunque el Gobierno de Berlín respondió a la nota de protesta con excusas —el comandante del submarino fue víctima de un error— los españoles sospecharon que el embajador en Berlín, conde de Mayalde, comunicaba informes contrarios a España y rumores insistentes de que cuando se hubiese concluido la campaña del Volga se pondría en marcha la operación Félix.
Para tantear los ánimos se insinuó una compra de armas en Alemania, ahora que las circunstancias económicas lo permitían, pero esta demanda quedó sin respuesta.
Hitler se mostraba fríamente hostil. Pero las cosas en el otro bando no mejoraban. Una fuerte y extensa campaña de prensa, ante la que Cárdenas se mostraba impotente, estaba presentando a los exiliados republicanos como verdaderos demócratas. Se falseaba deliberadamente la guerra civil. El número de «maquisard» españoles, sobre todo comunistas, iba creciendo; también había combatientes de esta nacionalidad en las fuerzas del general De Gaulle. El comandante Pérez Bueno, antiguo jefe de la defensa aérea de Barcelona, estaba enrolando exiliados para constituir una fuerza de liberación. Jordana explicó que seguía existiendo el peligro de un desembarco en Canarias para constituir allí un Gobierno provisional republicano. Su recomendación definitiva era armarse en silencio, esperar y negociar.
Como interlocutor preferente, el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores escogió a Carlton Hayes: trataba de convencerle de que a los Estados Unidos no convenía que España se viese mezclada en la guerra por una acción de los exiliados. España no era un enemigo importante, pero sí un obstáculo; el recuerdo de Napoleón resultaba aleccionador. El 29 de setiembre, Jordana visitó la embajada norteamericana —un gesto de deferencia que contrastaba con los de Serrano Súñer— a fin de entrevistarse con Myron Taylor, el embajador especial de Roosevelt en el Vaticano. Taylor era, como Hayes, católico y una de las figuras más representativas del catolicismo en su propio país.
4. La entrevista obedecía a un propósito deliberado. Desde su entrada en el Ministerio, José María Doussinague, Director General de Política Exterior, se ocupaba de elaborar un plan de acción netamente español. Las dos condiciones fundamentales de España, en estos momentos, eran su catolicismo y su neutralidad. Se debería utilizar una y otra para lograr un entente superior a la del Pacto Ibérico —con Portugal, Irlanda y Hungría, países católicos, y con Suiza y Suecia, países neutralistas. A esto es a lo que en términos de estricta diplomacia se denominaba «plan D». La clave debía encontrarse en el Papa Pío XII, cuyas exhortaciones a la paz eran incesantes.
El 30 de setiembre, Franco recibió a Myron Taylor en su despacho de El Pardo: le acompañaban Hayes y Jordana. Con su voz más tranquila y aguda, el Generalísimo explicó a los interlocutores su teoría de las tres guerras, que Taylor se negó a admitir. Pero ahí estaba el verdadero pensamiento de Franco, la explicación de muchos aspectos en su conducta. En la guerra del Pacífico su simpatía estaba desde luego en favor de Norteamérica y de Filipinas, como todas las naciones hispano-americanas. Pero en Europa la situación era diferente: había un enemigo común a todos, el comunismo; mientras las naciones siguiesen enfrentadas en una lucha demoledora, no se haría otra cosa que favorecer la expansión soviética. Se debía negociar una paz, como solicita el Papa, antes de que las defensas europeas frente a la URSS se derrumbasen.
Esta era una versión que ni Estados Unidos ni la Gran Bretaña se hallaban dispuestos a admitir. Las propuestas de Franco les parecían ingenuas, o algo peor. Pero el Generalísimo se aferró a esta línea de pensamiento, sin abandonarla en modo alguno. Y acabó descubriendo un día que era también plataforma de seguridad. La expansión del comunismo por el mundo ha sido una consecuencia, la más importante, de la Segunda Guerra Mundial. Los errores se pagan y el de destruir a Alemania fue de los más graves; esto, y no otra cosa, era lo que Franco pretendía decir el 30 de setiembre.
IV. La palabra del Presidente
1. El nombramiento del conde de Jordana como Ministro de Asuntos Exteriores fue, probablemente, uno de los mayores aciertos de Franco. Los aliados le consideraban como «un hombre de grandes dotes de integridad, firmeza y buen sentido, cuyo principal propósito era evitar que España se viese arrastrada a la guerra por cualquiera de los beligerantes y que nunca estuvo sometido a la fascinación del Eje». Durante dos meses completos, setiembre y octubre de 1942, trabajó infatigablemente para convencer a los embajadores británico y norteamericano de que la neutralidad española era para sus respectivos países muy ventajosa y, sin mencionarlo claramente, que el proyecto de instalar un Gobierno republicano provisional en Canarias no iba a reportar ventaja alguna. Tuvo éxito. Ciertas ayudas, entonces desconocidas, estaban surgiendo de los sectores más inesperados: las organizaciones de ayuda a refugiados y judíos no querían que se cerrase la puerta de España; el general Eisenhower consideraba la neutralidad española parte fundamental para la operación «Antorcha».
De este modo entró España en una curiosa neutralidad y en una no menos curiosa guerra, la del wolfram. El Gobierno había fijado en 4.500 pesetas el precio de la tonelada y estaba elevando la producción hasta un total de 200 toneladas por mes. Un curioso contrabando se organizó en la frontera hispano-portuguesa porque resultaba más beneficioso vender en España que en Portugal. Rápidamente la deuda de guerra se extinguió y comenzaron a aparecer pequeñas cuentas remanentes. Como las exportaciones se hacían en virtud de licencias expedidas por el Ministerio de Comercio, éste comenzó a exigir la importación de bienes de reciprocidad. Alemania pagaba en oro o divisas extranjeras, Inglaterra en caucho. A finales de 1942, pese a los esfuerzos alemanes, eran los compradores ingleses los que se situaban en primera línea. Aunque los aliados no necesitaban tanto wolfram, estaban dispuestos a monopolizar las exportaciones para impedir a sus rivales el suministro.
La extraordinaria concentración de buques en Gibraltar reveló a los españoles que una operación de gran envergadura estaba a punto de producirse. Pero como se ignoraba hacia dónde se dirigía y como los servicios secretos estaban comunicando los contactos entre los aliados y los republicanos españoles, hubo momentos de gran alarma. Se cursaron instrucciones al duque de Alba para que procurase completar estos informes y recabar del Gobierno británico una declaración que asegurase el respeto a la neutralidad española. Lo mismo se pidió al embajador en Berlín. El 25 de octubre el duque confirmó la existencia de los contactos, aseguró que lo que se preparaba era una acción en el norte de África pero que Churchill le había prometido enfáticamente que Inglaterra no intervendría en la Península excepto si se repetían las circunstancias de 1808 cuando envió un ejército a combatir al invasor. Las seguridades alemanas fueron menos explícitas.
2. El 2 de noviembre de 1942, Carlton Hayes comunicó al Ministerio de Asuntos Exteriores que acababa de recibir una nota de su Gobierno que decía lo siguiente: «Los Estados Unidos no tienen ninguna intención de violar la soberanía de España ni de perjudicar sus colonias». Lo cual significaba que el embajador había tenido éxito en repetidas gestiones y las Canarias y el protectorado español de Marruecos quedaban fuera de los planes bélicos.
En la madrugada del 8 de noviembre, el ministro español fue despertado por una llamada urgente de la embajada de los Estados Unidos. Al mirar el reloj vio que era la 1 de la madrugada pero Hayes justificaba la premura porque tenía en su poder una carta personal del Presidente Roosevelt al Generalísimo Franco. Mientras el embajador recorría en automóvil el trayecto de la embajada al domicilio particular de Jordana, éste establecía su propia comunicación con El Pardo. El ministro ni siquiera se vistió para recibir a Hayes: la bata sobre el pijama contribuía a aumentar el gesto de ansiedad. Franco estaba ausente de Madrid —explicó a su interlocutor— se le ha avisado con toda urgencia pero será imposible verle hasta las primeras horas de la mañana. El buen Hayes se humanizó, como Jordana esperaba, y reveló que la carta contenía la seguridad personal del Presidente de los Estados Unidos de que España no corría peligro. En aquel momento los marines estaban preparándose para poner pie en Marruecos. Había comenzado a invertirse el signo en la marcha de la guerra.
Jordana avisó inmediatamente a Franco, fijando la entrevista para las 9 de la mañana. Al mismo tiempo advirtió a todos los ministros militares, para que nadie cometiese una tontería porque la noticia estaba ya corriendo por los hilos telefónicos. Según Hayes el Caudillo observó durante la entrevista una actitud serena y respondió con una carta personal aceptando la seguridad que se le ofrecía. Aunque haya sido publicada muchas veces, importa mucho recoger aquí el texto que Hayes entregó:
«Querido general Franco. Por tratarse de dos naciones amigas, en el mejor sentido de la palabra, y por desear sinceramente, tanto usted como yo, la continuación de tal amistad para nuestro bienestar mutuo, quiero manifestarle sencillamente las razones que nos han forzado a enviar una poderosa fuerza militar americana en ayuda de las posesiones francesas del norte de África.
Tenemos información precisa sobre el hecho de que los alemanes e italianos intentarían, en fecha próxima, la ocupación militar del norte de África. Su gran experiencia militar le hará comprender que es preciso que acometamos sin demora esta empresa en interés de la defensa de América del Norte y del Sur, para evitar que el Eje se adelante en esa ocupación. Envío un poderoso ejército a las posesiones francesas del norte de África y el protectorado francés de Marruecos con el solo fin de defender América y evitar el empleo de esas regiones por Alemania e Italia, confiando en que se verán de ese modo salvadas de los horrores de la guerra. Espero que usted confíe plenamente en la seguridad que le doy de que en forma alguna va dirigido este movimiento contra el Gobierno o pueblo español ni contra Marruecos u otros territorios españoles, ya sean metropolitanos o de ultramar. Creo también que el Gobierno y el pueblo español desean conservar la neutralidad y permanecer al margen de la guerra. España no tiene nada que temer de las Naciones Unidas. Quedo, mi querido general, de usted buen amigo. Franklin D. Roosevelt».
3. Retengamos esto: el Presidente Roosevelt dio su palabra y Franco la aceptó. «España no tiene nada que temer de las Naciones Unidas». Estas seguridades fueron confirmadas por Winston S. Churchill el 11 de diciembre, cuando en un banquete que ofrecía el lord mayor de Londres y al que asistía el duque de Alba, levantó su copa y dirigiéndose al embajador, dijo que «nuestro único deseo es que España y Portugal sean libres e independientes y gocen de paz». Al recoger esto que parecía promesa firme de los aliados, se cursaron órdenes para observar una actitud más favorable. Tras la caída de Serrano Súñer la censura de prensa española cambió también su orientación.
Como consecuencia de estas gestiones, el Gobierno español se abstuvo de cualquier movimiento que pudiera considerarse hostil en su frontera meridional. Pero cuando el 11 de noviembre los alemanes procedieron a ocupar el territorio francés administrado hasta entonces por el mariscal Pétain e invadieron Túnez, se ordenó suspender los licenciamientos de aquellos soldados que habían cumplido su tiempo de servicio y, discretamente —hasta donde puede calificarse de discreta una decisión de este tipo— volver a llamar a filas a los tres últimos reemplazos. Ya no se trataba sino de defender la frontera del Pirineo, en cuyos valles, del lado español, se estaba iniciando un paulatino despliegue.
El desembarco en Marruecos y la constitución del Comité presidido por el almirante Darlan, desmanteló enteramente la embajada de Francia en Madrid que, después del 11 de noviembre, se encontró desprovista de funciones: la carta de Pétain fue considerada como un abandono del poder. Algunos funcionarios, como Geoffrey de la Tour du Pin, huyeron para ponerse al servicio del Comité de Francia Libre. Los profesores de los Liceos de Madrid y Barcelona se declararon a favor de Darlan. El embajador Piétri invitó a Serrano Súñer a almorzar el 17 de noviembre a fin de procurarse información. El ex-ministro le dijo textualmente: «a pesar de los esfuerzos que hace el actual Ministro de Asuntos Exteriores para mantener a España alejada de la guerra, el final será que nuestra nación tendrá que entrar en guerra al lado de Alemania y que entonces él (Serrano) tendrá un papel muy importante que jugar».
No sabemos si Franco tenía noticia de los informes que von Stohrer había suministrado en Berlín ni del convencimiento de la Armada alemana de que la entrada de los aliados en España era inevitable, ni del plan entregado por Hitler a Raeder (19 de noviembre de 1942) para que, si tal eventualidad llegaba a producirse, las divisiones acorazadas entrasen en la Península convergiendo sobre Valladolid.
El 27 de noviembre Jordana comunicó al duque de Alba, sin duda para que la noticia llegara también al Gobierno británico, que los alemanes habían garantizado oficialmente «que no existía la menor intención de solicitar el paso de sus tropas por territorio español».
