I. Las primeras gestiones
1. El proyecto para la puesta en marcha del régimen de democracia orgánica hacía más urgente que nunca la firma de un concordato con la Santa Sede. Era imprescindible algún tipo de documento que regulase las relaciones entre ambas potestades fijando así los ámbitos autónomos en que Iglesia y Estado tenían derecho a moverse. De una manera especial cuando en aspectos tan importantes como la custodia de la moral pública y la libertad religiosa estaban sirviendo de acicate a verdaderos enfrentamientos de Franco con algunos obispos. Cuando, en octubre de 1950, el Generalísimo visitó Las Palmas, el obispo Pildain mostró una actitud descortés. El nuncio le llamó al orden y él solicitó audiencia de Franco y escribió una carta dando explicaciones: no era contra el Jefe del Estado, sino contra las autoridades de él dependientes que se dirigían sus resquemores. El nuncio le moderó: tampoco hay que exagerar. Basta con que en el B.O. de su diócesis publicase algún escrito que le permitiese manifestar «su respeto y aprecio a S.E. el Jefe del Estado».
Ruiz Giménez, en Roma, fomentaba en cambio la propaganda en torno al catolicismo de Franco y a su obediencia de las directrices emanadas de la Santa Sede. No ignoraba que el Gobierno español estaba interesado, sin embargo, en garantizar a sus presuntos aliados norteamericanos, el respeto a la libertad religiosa. En febrero de 1951 se produjo cierto escándalo internacional cuando la United Press difundió la noticia de que dos misioneras protestantes de origen cubano, María Bolet y Natividad Rodríguez, recibieron la orden de abandonar el país porque el obispo de Ávila se quejaba de que hacían propaganda no autorizada por la ley y ellas se negaron, diciendo que sólo abandonarían el país conducidas a la fuerza por la policía. Artajo ordenó consultar el asunto con la Santa Sede y descubrió entonces que ésta sostenía un punto de vista muy diferente del de ciertos prelados intransigentes españoles.
El tema del protestantismo en España se había tratado ya en la conferencia de metropolitanos de mayo de 1948, a la que el cardenal Segura negó su asistencia y de la que emanó la carta colectiva que en otro lugar hemos mencionado en relación con la unidad religiosa. Pero entonces también se había comentado que, teniendo esta cuestión implicaciones internacionales, pues podía afectar al status de minorías católicas en otros países, era conveniente no tomar ninguna decisión sin consulta con la Santa Sede. Y ahora Ruiz Giménez comprobaba que el Vaticano prefería aparecer como un protector de las minorías protestantes en España, buscando acaso la reciprocidad.
2. Una comisión especial de cinco personas se encargó de redactar lo que podía ser un primer borrador de concordato para su discusión con la Secretaría de Estado. Su trabajo estaba concluido el 27 de febrero de 1951, momento en que Ruiz Giménez estaba en Madrid. Al parecer Franco o Artajo, le pidieron que explicase al Papa que «cinco cristianos se habían sentado en torno a una mesa para redactarlo», como una advertencia de que no se esperaba otra cosa sino el servicio de la Iglesia. Mientras el embajador regresaba a Roma se producía el homenaje de la Organización Sindical al Papa (9 de marzo de 1951), el saludo de éste a los obreros españoles y el brote de huelgas en Cataluña.
El texto fue entregado por Ruiz Giménez en la Secretaría de Estado antes del día 14 de marzo, fecha ésta en que pidió a Franco que dirigiera a Pío XII una carta personal solicitando la apertura de negociaciones. Mientras llegaba, el embajador celebró una larga entrevista (15 de marzo de 1951) con Monseñor Montini, que se había convertido en su interlocutor principal. Hablaron de la satisfacción que produjera el mensaje del Papa, de las declaraciones de Franco sobre Gibraltar y sobre la postura que España adoptaba en relación con la O.T.A.N. Ruiz Giménez estaba interesado en saber si iba a reunirse un consistorio para promoción de cardenales pero Montini lo negó.
3. La carta de Franco a Pío XII llegó a Roma el 30 de marzo de 1951. El Generalísimo aparentaba responder tan sólo al envío que el Papa le hiciera, de la medalla conmemorativa del dogma de la Asunción; pero en realidad tomó pie para una larga exposición de las leyes y decretos que el Gobierno que él presidía, había promulgado en servicio de la Iglesia y del carácter católico que procuraba para sus actos. Ruiz Giménez fue el mismo día a llevársela a Montini y a solicitar una audiencia del Santo Padre. El monseñor aprovechó la ocasión para hacer al embajador español dos preguntas que le quemaban la lengua: ¿qué está pasando en Marruecos?; ¿cuánto hay de verdad en esas informaciones de prensa que dicen que España está ofreciendo una alianza militar a los Estados Unidos?
Las respuestas de Ruiz Giménez son importantes. En cuanto a la primera pregunta afirmó que reinaba paz completa en la zona española y que eran los franceses quienes estaban cometiendo errores y que comprometían las relaciones con los árabes. Para la segunda es mejor que incluyamos aquí la relación que, en telegrama cifrado, el 31 de marzo, hizo el embajador a su ministro:
«En la audiencia de ayer con Monseñor Montini desmentí directamente, según instrucciones de V.E. núm. (blanco) las informaciones periodísticas sobre pretendidas declaraciones de S.E. el Jefe del Estado y V.E. de ofertas de España a los Estados Unidos. Aproveché para precisar nuevamente la verdadera actitud de España, subrayando especialmente la voluntad de paz de España y su decisión de la propia defensa, sin otros compromisos inoportunos. Monseñor manifestó explícitamente por esto su complacencia por las aclaraciones, ya que la actitud de la Santa Sede es igualmente de intensivos esfuerzos en defensa de la paz, por estimar que la guerra, aún después de la victoria de las naciones occidentales produciría daños incalculables y favorecería el posible triunfo de las ideas marxistas en los países europeos. En este sentido deben interpretarse las últimas declaraciones de la Santa Sede, en cartas de monseñor Montini a la Curia y en el discurso de Su Santidad. Sin embargo la Santa Sede desea rechazar la interpretación de ‘pacifismo a ultranza’ que se atribuye a esta declaración, pues Su Santidad reiteró la doctrina tradicional de la Iglesia de paz basada en la justicia y en el respeto a la dignidad e independencia de cada pueblo».
Mientras Ruiz Giménez aguardaba la audiencia, que le fue señalada para el 6 de abril —es decir, en plazo muy corto— la agencia Associated Press distribuía la noticia de que el arzobispo de Toledo, Plá y Deniels, en el discurso inaugural del Concilio provincial que presidía, había ratificado su tesis de Cruzada, justificando el Alzamiento porque el Gobierno de la República había llegado a convertirse en «tiránico, ilegal e ilegítimo».
II. Comienza la negociación
1. El 6 de abril de 1951, Ruiz Giménez fue recibido por Pío XII al que, oficialmente, hizo entrega del texto español que el Papa ya conocía, y recibió de él autorización para que visitara al cardenal Tardini e iniciaran las negociaciones. Pero la visita tocó un tema de mayor urgencia: el de las comunidades protestantes. El embajador español comunicó al Santo Padre que su Gobierno estaba decidido a aplicar a estas comunidades todos los beneficios de tolerancia contenidos en el Fuero de los españoles, interpretando éste del modo más amplio posible, aunque sin arriesgar la unidad de fe. El Papa aprobó la respuesta que Franco diera a Stanton Griffis, el 14 de marzo.
Por segunda vez fue recibido el 7 de abril, esta vez para explicar —como en otro lugar indicamos— el sentido de la agitación social en Cataluña. Tardini aprovechó la ocasión para volver sobre la cuestión protestante. «Sigue creyendo necesario defender la unidad católica española, sin perjuicio de respetar el requisito y culto privado de las confesiones disidentes en la línea del Fuero de los Españoles y del convenio con la Santa Sede». Aplaudió Tardini la decisión española de que su cónsul no asistiera a la toma de posesión del Gran Guardián de Jerusalem nombrado por Jordania, y pidió el no reconocimiento, al menos por ahora, del régimen de Mao Tse-tung, en China, por la persecución que ejecutaba en los misioneros católicos.
Dos meses más tarde se recibiría en Roma un documento, procedente de Suiza —uno de los países más conflictivos para los católicos— en que se acusaba al Gobierno español de persecución a los protestantes. Ruiz Giménez protestó: no sólo se estaba cumpliendo, como antes se dijo, la autorización del culto privado sino que se estudiaba por el Ministerio de Justicia la actualización de las leyes reguladoras del matrimonio civil para dar pleno amparo a los protestantes también en este aspecto. Declaraciones como éstas encolerizaban de una manera especial al cardenal Segura que, tras su paso por Roma, en 1951, preparaba ya una contraofensiva sonora.
2. Desde antes del cambio de Gobierno de julio de 1951 Franco esperaba que las negociaciones para el concordato coincidiesen con un relanzamiento de su posición como gobernante católico. En 1951 se acarició el proyecto de poner en marcha, a través del Instituto de España, la candidatura del Sumo Pontífice al Premio Nobel de la Paz, con gran escepticismo por parte de monseñor Montini que «teme resulte vana la propuesta, dado el ambiente reinante en los sectores de adjudicación de dicho premio». El anuncio de una solemne clausura del Año Santo, en Fátima y Zaragoza simultáneamente, llenó de alborozo a los gobernantes españoles. Les aguardaba una decepción, pues finalmente, el Papa redujo la ceremonia a sólo Fátima.
Había una cuestión, ya examinada con anterioridad, en la que España podía presentarse como eficaz colaboradora de la Santa Sede: los Santos Lugares. La Secretaría de Estado no olvidaba —no olvidaría nunca— el proyecto de internacionalización. Y no deseaba, por tanto, que los países católicos tomasen decisiones definitivas al respecto. Cuando el embajador de la República de Irlanda consultó qué le parecería al Papa el reconocimiento, por su parte, del Estado de Israel, monseñor Montini «sugirió que su país podía inspirarse en España, que mantiene representación consular en Jerusalem sin haber reconocido al Gobierno de Israel».
Por ahora los Santos Lugares se hallaban, casi en su totalidad, en poder de Jordania que aspiraba a hacer de Jerusalem la capital de un Reino, desde el desierto al mar, tras la expulsión de los judíos. El embajador de Portugal ante la Santa Sede, sin duda aleccionado por ésta, propuso a Ruiz Giménez actuar simultáneamente, pero no conjuntamente, sobre el representante de Jordania en favor de una internacionalización.
Pero Artajo tenía una nueva propuesta que transmitir. El 22 de mayo de 1951 telegrafió a Ruiz Giménez para que éste comunicara con monseñor Montini, lo siguiente:
«En nueva visita, ayer, del ministro de Jordania, ha manifestado interés en que sepa V.E. que el rey de Jordania estaría dispuesto a firmar con la Santa Sede un convenio en el que Jordania otorgara a perpetuidad todas las garantías que la Santa Sede juzgase necesarias para el libre acceso al ejercicio de culto a los Santos Lugares, incluso llevando los preceptos de ese convenio a la Constitución política del reino de Jordania. Parece que en una conversación que sostuvo el actual ministro de Jordania en Madrid, en 1949, con el Padre Santo y monseñor Montini, les hizo saber aquella postura del rey de Jordania, añadiendo que, a pesar de que la Santa Sede seguía manteniendo el principio de la internacionalización, como Jordania estaba convencida de que ese principio no tendría efectividad alguna ya que, además, en un plazo de diez años el Estado de Israel habría dejado de existir, el reino de Jordania no tenía inconveniente en esperar, y dentro de esos diez años volver a hacer el mismo ofrecimiento a la Santa Sede de conclusión de un convenio con plenas garantías. Parece que monseñor Montini le contestó que dentro de esos diez años, si la situación era tal como la presentaba el ministro de Jordania, entonces la Santa Sede no tendría inconveniente en realizar la negociación. Señalo a V.E. todo ello a título de información confidencial».
La opinión de Montini era bien clara: no aceptar ninguna modificación del actual status mientras no se hubiese logrado la internacionalización de Jerusalem.
3. En todas partes la panorámica que ofrece el año 1951 es la misma: España multiplica las muestras de afecto con la Santa Sede y es correspondida por ésta; la diplomacia española estaba, en todas partes, al servicio de la Iglesia. Monseñor Casimiro Morcillo, obispo de Bilbao, acompañado por el canónigo de Pamplona, Santos Beguiristain, hizo este año un largo viaje por Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Méjico y Cuba, con un vasto proyecto de cooperación sacerdotal, que debía poner al servicio de una nueva evangelización del Continente americano los recursos sacerdotales, que entonces se consideraban abundantes, de las diócesis españolas. La ponencia encargada de defender la nueva Ley de Enseñanza Media en las Cortes, se mostró muy sensible a una instrucción impartida por los obispos. Todas las Ordenes e instituciones religiosas acudían a Franco con sencilla confianza. En el caso de los Santos Lugares, España consiguió del emir Talal, que sucedió a Abdullah por breve tiempo, una promesa de apoyar la internacionalización que deseaba la Santa Sede con algunas condiciones no importantes.
Sin embargo las huelgas de marzo y abril de 1951 anunciaban ya los primeros roces, que no dejarían de crecer. Los exiliados vascos en París aprovecharon esta ocasión para multiplicar las acusaciones contra el Gobierno español. Resultaba además indudable la participación de las HOAC en el movimiento. Ruiz Giménez fue a ver a Montini llevando un paquete de ejemplares del Boletín Oficial de la diócesis de Bilbao para demostrar el grado de libertad de que gozaba la Iglesia en España. «Monseñor Montini expresó su grata sorpresa y satisfacción por la amplitud de espíritu por parte de las autoridades, a título personal». Curioso diálogo entre personas que jugarían más tarde papeles tan dispares. El cardenal Tardini se mostró muy comprensivo en el tema de las HOAC y ofreció su intervención.
4. Casi todos los telegramas de Ruiz Giménez repiten la noticia de que se seguía trabajando en el concordato, en medio de impenetrable secreto. El embajador comentó con su Ministro que el paso de Fernández Ladreda y José Antonio Girón por Roma, en mayo, con ocasión de una ceremonia de canonización, había sido utilísimo. Coincidió el Ministro de Trabajo con el cardenal Segura y se trataron con absoluta corrección. La entrevista con Pío XII fue, en cambio, un tanto fría, aunque no trataron de las HOAC. Según el embajador, Girón sostuvo con monseñor Montini «un diálogo a fondo y muy alentador». Advirtió a Tardini de la infiltración marxista en las Hermandades Obreras.
A punto ya de abandonar Roma para asumir la cartera de Educación en el Gobierno de 1951, Ruiz Giménez mantuvo una conversación con monseñor Montini, el 6 de julio, motivada por la protesta que se le había ordenado presentar a causa de la actitud antiespañola de un periódico católico de Montevideo, El Pilar, y por el agradecimiento con que se había acogido en España el mensaje radiofónico para la Acción Católica femenina. En el curso de esta entrevista hizo, además, dos indicaciones muy significativas:
«Según instrucciones de V.E. en mi último viaje a Madrid, expresé a Monseñor Montini la importancia de que en los discursos oficiales en Roma, durante el Congreso de Apostolado Seglar del próximo octubre, intervenga, en nombre de las organizaciones de católicos españoles, un prelado o un seglar verdaderamente representativo de nuestros movimientos católicos, no bastando lo haga el actual secretario de los Movimientos Intelectuales de Pax Romana, Lanburgo, que conoce V.E. Monseñor Montini apoyará la petición ante los organizadores del Congreso. Sugiero a V.E. la oportunidad de que el cardenal primado haga análoga petición al presidente del Comité de organización, señor (ilegible)».
«Aproveché mi audiencia de ayer con Monseñor Montini para expresarle las perspectivas cada día más favorables a España en el orden internacional y en el orden interior y la plena superación de los incidentes de la pasada primavera, que produjeron favorable reacción nacional en torno al Gobierno. Insistí en la conveniencia de que las autoridades eclesiásticas y las organizaciones católicas cooperen constructivamente con el Gobierno en medidas para mejorar gradualmente la situación económica y social y facilitar normas jurídicas que el Gobierno pueda ir orientando según las circunstancias. Subrayé la difusión facilitada por las autoridades civiles a recientes instrucciones pastorales de los metropolitanos sobre deberes de justicia y caridad. Montini me reiteró nuevamente plena comprensión y conformidad con estas orientaciones y deseo de una postura de paz y unidad íntima en España».
III. La pastoral anti-protestante del cardenal Segura
1. Sustituyó a Ruiz Giménez en Roma, y en las negociaciones para la firma del concordato, Fernando María Castiella, católico ferviente, candidato como vimos a la embajada de Londres y también a alguna cartera ministerial. La Santa Sede no dejaba de mostrarse preocupada por el progreso de la negociación entre España y los Estados Unidos que había tropezado, a finales del año 1951, con un obstáculo previsto e importante. El Presidente Truman hizo pública su opinión de que «las relaciones entre Estados Unidos y España mejorarían muchísimo si el Gobierno español concediese una mayor libertad de culto a los protestantes». No podía plantear simultáneamente el tema de la masonería pero se hallaba, sin duda, implícito. El 8 de enero de 1952 el embajador Stanton Griffis presentó una carta muy clara. Ciertos sectores de la prensa norteamericana comenzaban a difundir la tesis de que el Gobierno español era, en esta cuestión, víctima de las presiones del Vaticano.
El 1 de enero de 1952 Castiella se entrevistó con Pío XII para garantizarle que tanto el Caudillo como Martín Artajo —y entregó como prueba el discurso que éste pronunciara el 12 de octubre anterior— estaban absolutamente decididos a mantenerse firmes en la defensa de la unidad religiosa. No se cedería en ningún punto fundamental a cambio de ventajas materiales. El Papa asintió. Pero —continuó el embajador— ¿qué conducta observar con los protestantes? y ¿qué respuesta dar a Truman, que sea equitativa y conveniente para la Iglesia? Castiella discutió el tema con monseñor Tardini (7 de enero) y con su adjunto Montini (22 de enero de 1952) casi en vísperas de la llegada del cardenal Spellman a Roma. Y por primera vez, Castiella descubrió cierta «nuance» en el futuro Pablo VI.
Montini dijo: «debemos tener muy presente esta situación en que se encuentra el Gobierno de España… por otra parte debemos, también, tener en cuenta lo que importa, para España, unas buenas relaciones con los Estados Unidos». Al margen del despacho en que Castiella daba cuenta de sus gestiones, y precisamente en esta frase, alguien —Franco o Castiella— puso un signo de interrogación. No cabe duda de que fue tenida en cuenta al redactarse la carta de respuesta del Generalísimo a Truman, que se envió, en febrero —aunque luego se pusiera fecha de 17 de marzo— como una prenda de seguridad tras el exabrupto del Presidente: «I am not fond of General Franco».
2. No sabemos quien proporcionó al cardenal Segura la información pertinente. El arzobispo decidió emprender una cruzada en defensa de la fe, amenazada por el protestantismo. Para ello tomó una publicación oficial, La situación del protestantismo en España, que distribuyera en 1950 la Oficina de Información diplomática para demostrar que los protestantes eran pocos y se hallaban protegidos por la Ley, y empleó párrafos enteros para, dar la voz de alarma en una pastoral que proclamaba: «el proselitismo protestante, rotos los diques de la tolerancia, no duda en avanzar a campo abierto hacia la libertad religiosa, en nuestro país». Segura, campeón del integrismo, declaraba que la libertad religiosa era un mal insoportable al que quedaría unida, inevitablemente la desintegración de España.
La pastoral fue leída el 9 de marzo de 1952 en las iglesias de Sevilla. Aquella misma noche la B.B.C. de Londres publicaba un comentario que, evidentemente, demostraba que el documento era conocido de antemano. La prensa británica como la francesa se prepararon a explotar a fondo el tema que podía hacer naufragar los pactos bilaterales con los Estados Unidos. También amenazaba, aunque menos de cerca, las negociaciones con la Santa Sede. El Gobierno español tuvo noticia de la pastoral por lo menos el día 8, sábado, por la mañana: inmediatamente Artajo puso un telegrama a Lequerica ordenando suspender la entrega de la carta del Generalísimo. El embajador arguyó: esto es muy inconveniente pues los norteamericanos conocen algo de su existencia. Artajo tuvo que explicar que necesitaba ganar tiempo para que Castiella presentase en Roma una información y protestara directamente al Papa y para frenar el escándalo: la policía ha tenido que detener en Sevilla a un grupo de jóvenes que se proponían nada menos que asaltar e incendiar la capilla evangélica de la calle de Relatores.
No cabe duda de que es a partir de este momento cuando la Curia vaticana comenzó a madurar la idea, que tardaría dos años en llevar a la práctica, de sustituir al intranquilo arzobispo de Sevilla. Don Pedro Segura es una persona digna del mayor respeto, pero que se empeñaba en una lucha arcaica contraviniendo los deseos de la Santa Sede y oponiéndose a lo que era ya doctrina común de la Iglesia antes de que el Concilio Vaticano II la afirmase con solemnidad. Presentarle como un defensor de la libertades eclesiásticas frente a Franco, como alguna vez se hace no deja de ser un contrasentido pues entre ambos, el Generalísimo era obediente a Roma y el cardenal no. Exageraba su catolicismo como los integristas del siglo XIX que soñaron una Cruzada para liberar al Papa. Mostraba especial preocupación por la moral de los espectáculos y no dejaba de lanzar sus coléricas censuras cuando una compañía de revistas asomaba por los teatros sevillanos. El 25 de abril de 1953, en una alocución que hizo leer en todas las iglesias, solicitó el cierre de todas las casetas de la Feria, porque las bailarinas enseñaban las piernas más de lo debido. El protestantismo constituía su verdadera obsesión.
3. Aunque Arriba hizo, obedeciendo órdenes superiores, un comentario elogioso de la pastoral, no quiso publicarla. Se trata de un diario madrileño, no sevillano. De ahí tomó pie el cardenal para protestar ante Arias Salgado de que sus documentos fuesen censurados. Franco, que se encontraba entre dos fuegos —muchos de los enemigos del exterior que le combatían como intransigente aplaudían ahora al cardenal Segura porque se le mostraba enemigo— extremó siempre sus gestos de paz. A principios del verano Gabriel Arias estuvo en Sevilla y visitó a don Pedro para quejarse de la escasa oportunidad de la pastoral, no de su contenido. Encontró al arzobispo muy dolido porque Franco no se había dignado a contestar a su carta. Pero el Generalísimo replicó que no sabía de qué carta se trataba, que enviase una copia y le daría respuesta. Segura hubo de reconocer que todo era oficiosidad de Arias Salgado porque él no había escrito a Franco.
Segura no quiso asistir al Congreso Eucarístico de Barcelona a pesar de que el legado pontificio, Tedeschini, estaba presente, junto al cardenal Spellman y la totalidad de los obispos españoles. También asistió el general Anders, jefe de la resistencia polaca a quien los aliados abandonarían. El 1 de junio de 1952, día de la clausura, Franco hizo solemne profesión de «fe católica, apostólica y romana de la nación española, su amor a Jesús Sacramentado y al insigne pastor S.S. Pío XII». Sus palabras procedían del catolicismo militante. Aprovechó la ocasión para elevar a Dios también una oración: «derramad sobre los pueblos que sufren tribulación, la protección y bienes que en hora similar derramasteis sobre nuestra Patria».
Por su parte Alberto Martín Artajo, al tiempo que pedía al nuncio que interviniese cerca de las autoridades vaticanas en relación con el caso del cardenal Segura, ordenaba a la Oficina de Información Diplomática, el 16 de mayo de 1952 que distribuyera dos documentos en relación con la pastoral del arzobispo sevillano. Se trataba de un artículo de fondo publicado en Ecclesia el 10 de mayo del mismo año, redactado, al parecer, por el primado Plá y Deniels, y de un comentario elaborado por colaboradores de Ángel Herrera Oria, ligados a la ANDP. Ciertos sectores de la prensa católica norteamericana se habían apresurado a defender a los protestantes temerosos de que repercutiera desfavorablemente sobre ella la actitud de la Iglesia española. A este temor se trataba de dar respuesta.
Con diferencias de matiz muy apreciables, ambos documentos recordaban sin embargo la doctrina ya expuesta por los metropolitanos españoles el 28 de mayo de 1948: no pueden los católicos dejar de afirmar que el protestantismo es una doctrina errónea y, como tal, condenada por la Iglesia; la verdad y el error no son términos equivalentes. Pero la intransigencia en la doctrina, intransigencia con el error, no significa intolerancia con las personas que le profesan ni obstáculo para «la comprensión, humildad y verdadera caridad hacia nuestros enemigos». Los colaboradores de Herrera llegaban más lejos en sus expresiones censurando «al terco y fanático cardenal que, con su intemperancia, ha dado a nuestros enemigos material para utilizarlo contra nosotros».
IV. El concordato y su contenido
1. Toda la negociación para la firma del convenio con la Santa Sede se llevó con tanta reserva que, fuera de su resultado final, nos resulta hoy absolutamente desconocida. Pero el 20 de enero de 1953, cuando Franco impuso la birreta cardenalicia a tres nuevos miembros del Colegio, Cicognani —que cesaba por esta razón como nuncio, regresando a Roma— Arriba y Castro, arzobispo de Tarragona, y Quiroga Palacio, que lo era de Santiago, se conocía que los trabajos de redacción estaban prácticamente concluidos y que se iba a distribuir el texto a los obispos, con idéntica reserva, para que formulasen sus observaciones. A principios de mayo el pro-nuncio en Madrid tenía casi todas las respuestas, que eran favorables. El clima para las relaciones con la Iglesia era inmejorable. Esto no desarmaba al cardenal Segura. Más bien al contrario: en el momento de la llegada de Franco a Sevilla, el 14 de abril de 1953, el arzobispo le escribió que se había ido de ejercicios espirituales a San Juan de Aznalfarache y que no saldría hasta el 4 de mayo.
El concordato se firmó el 27 de agosto del mismo año. «Fue celebrado profusamente por la prensa nacional y la vaticana, y tuvo importante efecto en las cancillerías de Europa y América». Ecclesia, órgano oficial de la Acción Católica, lo calificó de «concordato modelo entre la Santa Sede y un Estado católico en el siglo XX». Gonzalo Fernández de la Mora escribió en cambio que se trataba del respaldo moral por parte de la Iglesia a un régimen político que se estaba abriendo camino en el mundo. Entre otras cosas se trataba del primer concordato que la Santa Sede firmaba desde la Segunda guerra mundial como una graciosa concesión en una línea que la Iglesia deseaba abandonar.
A pesar de las críticas que la sospechosa revista Vida Nueva haría años después, a través de plumas que, curiosamente, en 1953 también alabaron el concordato, éste era en realidad un acuerdo desigual. El Estado reconocía derechos de actuación a la Iglesia en sectores importantes de la sociedad a cambio de unos cuantos privilegios, más de honor que otra cosa, heredados desde tiempo remoto.
2. El largo texto del concordato de 1953 que fue oficialmente considerado por la Iglesia española en aquel momento como «el más completo en toda la historia de los acuerdos de este género» otorgaba a la Santa Sede, a su representante en España, a los obispos y a las asociaciones religiosas privilegios de tal naturaleza que podía decirse que el Código de Derecho canónico alcanzaba en España plena vigencia. En adelante, y mientras el concordato fuese cumplido, la Iglesia estaba en condiciones, si se lo proponía, de derribar al régimen político pues sólo ella disponía de instituciones independientes del Estado y de personas que, por virtud de concordato, resultaban invulnerables a la Ley civil. Incluso las fiestas religiosas que en el futuro desease establecer la Iglesia, serían de obligado cumplimiento por parte del Estado. Y cuando ésta decidiese la erección de nuevas diócesis, el Estado o las Corporaciones locales se obligaban a proporcionar los medios económicos necesarios, en especial para los edificios, palacios, oficinas y templos.
Lo que la Santa Sede reconocía al Estado, en virtud del concordato, era muy poco. Seguiría vigente el modus vivendi del 7 de junio de 1941 para la designación de obispos que —recordemos— era una capitulación otorgada por Serrano Suñer, con renuncia al patronato, sustituido por una complicada consulta que daba al nuncio el papel más importante en la selección de los candidatos y permitía al Papa, en último recurso, imponer en las seisenas nombres que no hubiesen sido contemplados en España. Además mantenía abierta la puerta de los obispos auxiliares, en cuyo nombramiento no había consulta y a los que, lógicamente, se procuraba después promocionar alegando el hecho de que ya habían sido consagrados. También podía la Santa Sede ejercer presión sobre el Estado prolongando vacantes en sedes episcopales indefinidamente.
Todos los sacerdotes tendrían que elevar diariamente preces por el Jefe del Estado. Muy pronto esto se convirtió, por vía de desobediencia, en precepto incumplido y no sancionado. Por otra parte la Iglesia tiene el deber de orar por todas las autoridades, independientemente de su credo. También se confirmaron los privilegios españoles en la basílica de Santa María la Mayor, puramente nominales aunque onerosos para el Estado, y en el tribunal de la Rota en donde habría siempre dos jueces de esta nacionalidad. Finalmente se admitió a la lengua española como uno de los idiomas utilizables en la Sagrada Congregación de Ritos.
3. Veamos ahora algunas de las más importantes concesiones por parte del Estado. El concordato se abre con una solemne declaración de confesionalidad de la nación —que arraiga y fundamenta la declaración anterior del Estado— y con una genérica confirmación de los «derechos prerrogativas» de que en tiempos pasados hubiese disfrutado la Iglesia. Cualquier costumbre podía ser invocada.
El Gobierno adquiriría además obligaciones consecuentes a esta declaración. Ya hemos indicado la obligación de proveer económicamente a las necesidades inmediatas a la erección de nuevas diócesis. Los clérigos gozaban ratione personae sin que se tuviese la precaución de limitar ratione materiae los casos—de inmunidad judicial: ningún eclesiástico podía ser sometido a juicio sin previa autorización del ordinario, la vista sería en todo caso secreta y el condenado cumpliría sentencia en cárceles especiales. Las instituciones eclesiásticas y los emolumentos del clero, así como toda clase de ingresos de las iglesias, gozarían de exención tributaria. El Estado, mientras no llegara a reconstruirse el patrimonio de la Iglesia, a cuya constitución debía coadyuvar, seguiría abonando los emolumentos al clero, considerándolos como rentas indemnizadoras de los bienes usurpados en la desamortización. Los hábitos eclesiásticos se equiparaban a los uniformes militares en cuanto a la protección en su uso o injuria.
La ayuda estatal a la conservación de monumentos eclesiásticos, la inviolabilidad de los lugares sagrados, la garantía a las organizaciones de Acción Católica, formaban parte de un conjunto de medidas destinadas a garantizar que la Iglesia, sociedad perfecta, tenía plena libertad y competencia para cumplir sus fines. Pero no existía ninguna precaución, impensable en la mente de los negociadores, para el caso en que esos lugares o instituciones se utilizasen para la creación y alojamiento de fuerzas políticas enemigas o de grupos armados para la guerrilla.
El artículo 23 era sumamente importante. Reconocía «plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho Canónico» y, con ellos, exclusiva competencia de los tribunales eclesiásticos en todas las causas de nulidad, separación de cónyuges, dispensa de matrimonio rato y no consumado y aplicación del llamado privilegio paulino. Esto significaba que en adelante habría en España una forma de matrimonio principal y más solemne, al que tenían que recurrir siempre los católicos, y otra civil subsidiaria que no podría aplicarse sino a aquellas personas que previamente declarasen no ser católicos. Para los bautizados significaba una verdadera abjuración previa. La indisolubilidad del matrimonio no era contemplada porque el Estado había suprimido el divorcio con carácter general.
El Estado se comprometía no sólo a respetar y apoyar a todos los centros de enseñanza establecidos por la Iglesia, regulando la forma de acceso a los títulos oficiales, sino a establecer enseñanza religiosa católica en todos los sistemas, formas y niveles docentes, tanto si esta enseñanza se impartía en centros oficiales o privados. También estaba obligado a que en «las instituciones y servicios de formación de la opinión pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad religiosa». Era reconocido a la Iglesia el derecho de solicitar la prohibición de libros y publicaciones considerados contrarios a la fe y la moral. Y a la fundación de centros de enseñanza y de Colegios Mayores.
4. De muy diversas maneras el Papa mostró a Franco su agradecimiento por la firma de este concordato que era una de las mayores victorias que la Iglesia obtuviera nunca en sus relaciones con los Estados modernos. El 5 de agosto de 1953 Pío XII restableció en su persona los antiguos privilegios de honor ostentados por Felipe IV cuando era rey de Sicilia, entre otros el patronato sobre Catania y Mazzara lo que permitía al Generalísimo ser canónigo de San Liberato haciéndose representar en Roma por una persona escogida por el Papa de una terna que aquél presentara. También se ofrecía que en Santa María la Mayor hubiese un canónigo español, cuyo nombre sería comunicado al Gobierno por si éste tuviera objeciones graves, ya que se restablecía una subvención de 8.000 pesetas anuales, en oro, para distribuir entre los dos canónigos, los oficios de oraciones y la fábrica de las iglesias. El Papa otorgó a Franco el Gran Collar de la Orden de Cristo y el 21 de diciembre de 1953 le nombró Caballero de la Milicia de Cristo, exquisita Orden a la que pertenecían tan sólo otras cuatro personas: el archiduque Eugenio de Austria, el príncipe Félix de Borbón-Luxemburgo, el ex-rey Humberto II de Italia y el doctor Miklas Guglielmo de Austria. Podía sentirse, verdaderamente, hijo predilecto de la Iglesia a la que había tratado de servir.
Respondía con ello al sentir generalizado de los obispos de entonces. El 7 de diciembre de 1954 el obispo de Seo de Urgel, en el curso de negociaciones sobre Andorra, escribió: «Si mis venerados predecesores hubiesen contado, en los Gobiernos de España, con el apoyo moral con que yo afortunadamente he contado y cuento, seguramente no tendríamos ahora necesidad de discutir siquiera una cosa suficientemente clara». Franco respondió estableciendo en torno a la Iglesia y a sus obispos una cortina de seguridad muy firme que impedía que le sacudiese el menor escándalo. Así sucedió con el caso del obispo de Calahorra en 1952 y sucedería más tarde en momentos en que airear malas conductas de eclesiásticos hubiera constituido para él arma política muy poderosa. Es un rasgo de su carácter que, cualquiera que sea nuestro juicio, le pertenece.
Con la firma del concordato de 1953, que fue recibido con manifiesta hostilidad por algunos sectores de Falange Española, Franco cumplía el compromiso que tenía establecido con su fe católica. Es, exactamente, lo que venía prometiendo. Años más tarde se diría que el concierto era debido a su deseo de recobrar la intervención en el nombramiento de obispos, pero esto no es cierto porque la forma, buena o mala, en que este nombramiento se realizaba procede del año 1941 y no fue modificada. Si no hubiera habido concordato, la situación sería la misma. Todas las ventajas eran para la Iglesia que, separada del Estado, parecía destinada a ejercer sobre la sociedad un papel decisivo, el de su educación para y por el catolicismo. Era imprevisible que llegase un momento en que la propia Iglesia trabajara para derribar al Estado que le daba tanto poder a fin de que le sustituyera otro agnóstico cuando no ateo que la persiguiese. Parece que a la Iglesia le gustan las persecuciones. En aquel momento Martín Artajo y Joaquín Ruiz Giménez, que todavía se hallaba en fase ascendente de franquismo, consideraron el concordato como una victoria personal.
