INTRODUCCIÓN
La Transición española ha sido presentada durante décadas como un proceso ejemplar que permitió el paso pacífico de la dictadura a la democracia. Este relato, ampliamente difundido por la política y los medios de comunicación, ha construido la imagen de un modelo modélico basado en el consenso y la reconciliación nacional.
Sin embargo, con el paso del tiempo han surgido interpretaciones críticas que cuestionan algunos de los fundamentos de aquel proceso. Según estas visiones, muchas de las decisiones adoptadas durante los años iniciales de la Transición respondieron más a acuerdos políticos y a equilibrios de poder que a un verdadero diseño institucional pensado para el largo plazo.
El debate sobre la naturaleza de la Transición ha vuelto a cobrar fuerza décadas después, especialmente al analizar las consecuencias políticas, territoriales y económicas que han marcado el desarrollo del sistema surgido de la Constitución de 1978.
En la Transición todo será negociable, excepto un detalle: no se podrá hacer un referéndum sobre monarquía o república, ni cuestionar la figura del Rey, y cuando llegue el momento de votar en referéndum (que en realidad era un plebiscito cerrado) la Ley de Reforma Política de diciembre de 1976, la monarquía irá incluida en el pack de la democracia. Pero ahora tras 40 años, la compra de voluntades a la oposición republicana, regada en la Transición con una subasta de cargos políticos y estatutos de autonomías, todo a cuenta del contribuyente, resulta un modelo que parece haberse agotado, al mismo tiempo que parece haberse agrietado el silencio de los medios de comunicación sobre los trapos sucios de la monarquía y su vida licenciosa, aunque la propaganda siga con el discurso oficial sobre lo “ejemplar” que fue la Transición y lo brillante que fue el rey Juan Carlos I y el presidente Suárez.
Hoy tras los errores de la Transición, que posteriormente no han sido corregidos por los diferentes gobiernos, nos encontramos con que han vuelto los guerracivilistas de la Ley de Memoria Histórica, y la izquierda sectaria y marxista de los partidos antisistema, además de los separatistas sin caretas que han ido construyendo sus nacioncitas a costa de España y en el marco autonómico durante estos años; y que se han revelado como los separatistas que nunca dejaron de serlo, sólo disimularon estratégicamente mientras iban reeducando a sus poblaciones en el odio a España.
Así que podemos concluir que si Juan Carlos de Borbón, el rey “campechano”, ha podido vivir plácidamente “como un rey” durante 40 años, comprobamos que la herencia que deja a su heredero, el rey Felipe VI, es una España en que han eclosionado los graves problemas que se gestaron en la Transición, como es la inestabilidad de su futura unidad, el fuerte desempleo de un país que se ha desindustrializado y el padecimiento de una población saqueada a impuestos por una vasta clase política parasitaria que vive del presupuesto y que además va recortando libertades. Una España muy diferente a la que heredó Juan Carlos de Borbón en 1975, con pleno empleo, impuestos bajos y con el mínimo de deuda del estado. La diferencia estriba también en que Felipe VI no cuenta con el poder casi absoluto que heredó su padre de Franco para capitanear otra Transición que corrija los errores de la primera.
Las bases del inviable Estado autonómico se pusieron en los primeros años del reinado de Juan Carlos, con su hasta ahora “Santa Transición” reverenciada por todos los mansos a sueldo durante 40 años, aquella que inauguró la política de concederlo todo, puesto que el rey heredó casi todos los poderes de Franco, excepto su prestigio y la adhesión con los que contaba el viejo general tras haber sido el líder de un pueblo en armas que ganó una guerra.
A pesar de la propaganda, la España de 1975 estaba abocada a caminar hacia la democracia, este era el plan trazado por la administración de EE.UU para un país, entendido como un aliado estratégico que se debía integrar en la OTAN en plena Guerra Fría; era también la pretensión de los poderes fácticos españoles que querían integrar al país como un socio de pleno derecho en la CEE (algo por lo que después el gobierno del PSOE pagará un absurdo precio). La España de 1975, había dejado atrás el año 1936 en el que se había enfrentado la contrarrevolución a la revolución marxista, había superado la guerra civil y era por primera vez una sociedad de clases medias con el 80% de la renta de los países europeos occidentales, y por tanto era natural la evolución hacia la democracia.
De hecho la democracia hubiera venido de uno u otro modo con el rey y Suárez o sin ellos, lo que se puede criticar es la manera en que se hizo la Transición y el campo minado que abonaba el futuro de España, porque precisamente lo que va a distinguir a Suárez como chambelán del monarca, va a ser la compra de voluntades, aplicando la política de continua cesión y el reparto de numerosos cargos entre la naciente y exponencial clase política. Suárez va a ser el gran concesionista, y cuando ya no haya más qué conceder y haya que gestionar la rutinaria administración se descubrirá como el desastre político que en realidad fue, por lo que acabará aborrecido por todos, incluido por el propio rey que dará su visto bueno para un golpe de estado, que en realidad lo era de gobierno, organizado por un sector del CESID y por generales monárquicos como Armada y Milans del Bosch.
El rey que sentía al principio de su reinado que carecía no sólo de legitimidad sino también de popularidad, tanto entre la izquierda republicana como entre los propios sectores de la España franquista, entendía a su vez que la España conservadora no iba a ser un obstáculo para garantizarse un reinado tranquilo, pues al morir el general Franco había quedado descabezada y dividida, y además porque contaba a su vez con la obediencia del ejército, pese a la propaganda sobre el 23F que fue en realidad organizado con el consentimiento del rey, ya que el propio Franco había solicitado en su testamento a sus partidarios y al ejército que “rodeéis al futuro Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”, y Juan Carlos de Borbón era, y no hay que olvidarlo, el sucesor que Franco había elegido a título de rey.
Por tanto el rey entendería que los elementos que podían turbar su reinado vendrían de la izquierda y del nacionalismo, lo que explica la política de continua cesión de la Transición encaminada al apaciguamiento. Una política que ha funcionado durante unas décadas, justo los años que ha durado el reinado de Juan Carlos I. Pensemos que el Estado autonómico se hizo para zanjar un problema muy minoritario del nacionalismo a finales de los 70, pero que tras el balance vemos como en realidad ha sido aprovechado para ir construyendo estructuras de estados independientes que se encaminan hacia la secesión.
Por otro lado el estado partitocrático con su clase política privilegiada, protagonista de todas las corruptelas, dio paso a un inimaginable gasto y derroche, a una con presión fiscal continuamente al alza, y a la previsible y futura quiebra del estado español dado su continuo endeudamiento. El régimen partitocrático ha provocado también el surgimiento de partidos antisistema de extrema izquierda que ya estaban superados por la historia; de extrema izquierda puesto que lo que ha distinguido a España en este período desde la Transición, es la renuncia de la derecha a dar la batalla de las ideas, lo que ha dado vía libre a estos grupos políticos que dominan la agitación y la profusión de sus valores en todos los ámbitos socioculturales.
La Transición se hizo sin pensar en la experiencia histórica, su modelo siguió a grosso modo el esquema bipartidista entre democristianos y socialdemócratas que había ideado la administración de los EE.UU, que por otro lado demostraba un gran desconocimiento de la sociología española, pensando, por ejemplo, con que bastaría descafeinar al marxista PSOE y hacerlo pasar por una socialdemocracia que desterraría el guerracivilismo (algo que sólo se cumplirá en parte durante el felipismo). La Transición firmada por Suárez con el beneplácito de Juan Carlos de Borbón, legalizará a los partidos marxistas y separatistas que habían perdido la guerra civil y que no habían hecho oposición al franquismo sino que sus personajes vivieron y prosperaron dentro de él, es decir, que al mismo tiempo que se sepultaba a las fuerzas del Movimiento Nacional, y mientras la derecha se organizaba razonablemente en nuevas fuerzas políticas sin vinculación directa con el trágico pasado no ocurriría igual con la izquierda y el separatismo a los que se resucitaban con las mismas siglas. Por tanto no nos puede extrañar que años después vuelva el espíritu guerracivilista y revanchista, y los pocos separatistas que había en 1975 se hayan multiplicado exponencialmente, gracias al acceso al presupuesto y al continuo adoctrinamiento en las tesis separatistas que se imparten en las escuelas y medios de comunicación regionales, con sus grandes dosis de manipulación y propaganda subvencionada.
Y detrás de la temeridad y las cesiones a los nacionalistas del presidente Suárez estarán también los motivos que expliquen por qué Torcuato Fernández Miranda, el cerebro gris del cambio democrático, quien abogó por pasar “de la ley a la ley a través de la ley”, se retire definitivamente de la política tras varios desencuentros.
La Constitución del 78 fracasará en el intento de crear una auténtica democracia, al traer una oligarquía de omnipotentes partidos políticos que controlarán, por ejemplo, el poder judicial, una casta parasitaria llena de privilegios y de sueldos vitalicios a costa del contribuyente. Unos partidos que en su funcionamiento carecen de democracia interna, con listas cerradas y con una ley electoral que hace complicado la entrada de otros partidos al panorama político. Una democracia con graves deficiencias de diseño y con enormes concesiones al separatismo, mal que le pese a la propaganda que nos ha machacado durante décadas con la patraña de lo bien que se hizo aquella Transición.
EL DESASTRE DE ADOLFO SUÁREZ
Cuando murió Adolfo Suárez asistimos a una saturación de medios machacándonos durante días con las alabanzas al que fue primer presidente de esta democracia. Más curioso resultó ver a toda la clase política desfilar ante el féretro de su fundador, para rendirle un agradecimiento, que entiendo que se debe por haber sido el creador del sistema partitocrático y autonómico. Políticos de todos las tendencias nos repitieron aquellos dones de Suárez, que cuando estuvo en el gobierno no supieron verle, porque entonces todos llegaron a aborrecer a Suárez hasta el punto de conspirar contra él y de hacerle la vida imposible, pero como digo, pasado el tiempo lo que le agradecían en realidad era el haber creado el régimen ruinoso del 78 en el que parasitan nuestros políticos.
Para empezar, Adolfo Suárez era “un pobre hombre ignorante”, en palabras de García Trevijano, y que en alguna ocasión presumió de no haber leído un libro. Precisamente por esta debilidad intelectual, su acentuado arribismo y su servilismo para escalar en el aparato hasta entonces franquista, fue por lo que Juan Carlos de Borbón, la otra mediocridad en la reciente jefatura del estado, lo eligió para acometer las directrices del cambio democrático, pues requería a alguien que se le presumía dócil, para que aquel proceso de transición llevase la firma del monarca. Lo mismo debió pensar el cerebro gris del cambio, el catedrático en derecho Don Torcuato Fernández Miranda, que diseñaba el proceso entre bambalinas como presidente de las cortes. Pero tanto al rey como a Torcuato, el joven Suárez se les fue de las manos, y ante el creciente y preocupante tinglado autonómico, Fernández Miranda abandonó la política y se fue a Londres, y el rey después hizo todo lo posible para que su anteriormente elegido dimitiese, incluido llegar hasta el golpe de estado, asunto que trato con detalle en el siguiente capítulo.
Adolfo Suárez terminó su gobierno, totalmente desprestigiado y aborrecido hasta por el propio rey que lo eligió; y su partido, la UCD, más tarde desapareció. Lo mejor que se podría decir de Suárez es que era un hombre honrado y bienintencionado, al que no se le conocen casos de corrupción material, y comparado con los políticos que después hemos padecido, bien se le podría confundir con Winston Churchill y Adenauer juntos, pero no es así si lo comparamos con los políticos de gran valía salidos del franquismo y que el rey no les llamó para liderar aquel proceso de cambio desde la presidencia. Fueron los mismos políticos que después intuitivamente tampoco quisieron participar como ministros en el gobierno de Suárez, quedando sólo para hombres de segundo nivel y que la prensa de entonces los bautizó con el sobrenombre de “gobierno de penenes”. Veamos los errores de Suárez en los siguientes puntos, errores que los posteriores gobiernos tampoco se molestaron en corregir, sino simplemente siguieron la inercia y la filosofía del padre fundador del régimen partitocrático:
1) El presidente Suárez es responsable de poner las bases para el estado pseudodemocrático de una oligarquía de partidos. Un estado coronado por una monarquía partitocrática instalada en el presupuesto. Y si antes existía una dictadura barata, la Transición trajo una democracia muy cara.
2) Una pseudodemocracia plagada de trampas y trabas electorales, y que Suárez pactó a través del “consenso” y en reuniones previas y secretas con la oposición que entonces carecía de fuerza. Aquel gobierno sólo ofreció al pueblo español, plebiscitos no referéndums, en los que la clase política sólo le daba opción a votar lo que ella ya había elegido antes, como la monarquía de partidos sin opción a votar en referéndum por una república presidencialista, como haber adoptado el sistema proporcional, o Ley D´Hondt, en vez del mayoritario, lo que agradaba al nacionalismo y a la izquierda, y que primaba al primer partido, respetaba al segundo y castigaba al tercero, además de favorecer a los nacionalistas que concentraban su votos en unas pocas circunscripciones electorales. Para cuando los españoles fueron convocados a las urnas tuvieron que votar una lista cerrada que les privaba de un representante directo, lo que provocaba la burocratización de los partidos.
3) El presidente Suárez fue responsable, con el apoyo e indicaciones del rey, de haber vuelto a legalizar a los marxistas y a los separatistas que antes habían llevado al país a la guerra civil, individuos que en 1976 eran 4 gatos que no habían hecho oposición al franquismo o muy escasa, porque de lo que se trataba era de comprar a la oposición dándoles cargos para que pastasen en el presupuesto y así el monarca se asegurase una monarquía sin sobresaltos, no como le sucedió a su abuelo Alfonso XIII. Además Suárez engañó a la cúpula del ejército en la reunión mantenida el 8 de septiembre de 1976, al asegurarles que no legalizaría al Partido Comunista. Basta recordar que el Partido Comunista estaba prohibido en la República Federal Alemana, como los partidos separatistas lo estaban en Francia. Se podía haber caminado hacia la democracia, prohibiendo los partidos de ideología marxista (el PSOE renunciaría a él, por indicación de la CIA en el congreso de 1979) y de los separatistas que ahora tan gravemente han vuelto a comprometer la estabilidad de la nación.
4) El presidente Suárez fue responsable de iniciar ese camino en el que la derecha, por ignorancia y oportunismo, renuncia a sus ideas y se dice de centro, después el PP recogerá el testigo. Basta pensar que Suárez nunca tuvo una ideología definida, sólo una gran ambición política lo que le llevó a hacerse un falangista que alagaba a los gerifaltes del régimen franquista, como Herrero Tejedor o el ministro López Rodó, para después hacerse un demócrata con pedigree que ponía el cliché de “franquistas” a los miembros de Alianza Popular. El culmen de la desfachatez del gobierno Suárez se alcanzó el 24 de noviembre de 1978 cuando por Real Decreto 2749/1978 se prohibió a los españoles el ostentar su bandera de España en las manifestaciones y actos públicos, cuando los nacionalistas catalanes y vascos ya tenían legalizadas sus banderas. Y de aquellos polvos, tenemos 40 años después estos lodos…
5) El presidente Suárez fue responsable de haber creado el Estado autonómico. Antes de la Constitución del 78 se pusieron en marcha los “entes preautonómicos” con la Generalidad en 1977, después vendrían Vascongadas, Galicia o Andalucía, y se ofreció una barra libre general para todas las regiones españolas, sería el famoso “café para todos”, y la idea de España y sus símbolos pasaron a ser diabolizados y tachados de franquistas. La carrera autonomista será lo que finalmente haga al estado español inviable, traiga su ruina económica y su crisis de unidad.
6) El presidente Suárez fue responsable de la redacción de la desastrosa Constitución de 1978. Por ejemplo, en el artículo 2, cuya paternidad se debe a Herrero de Miñón que estaba muy influenciado por su esposa nacionalista vasca, dice que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española (…) y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”… Artículo que entraña una contradicción evidente, reconoce nacionalidades que antes jamás existieron al mismo tiempo que habla de la unidad de la nación española. De este modo se allana el futuro hacia los deseos separatistas de esas supuestas nacionalidades. La constitución de 1978 también deja abierta la posibilidad de transferir cualquier competencia del estado a las autonomías, a través del artículo 150.2.
7) El presidente Suárez fue responsable de la ingenuidad que supuso el tratar a los terroristas como presos políticos. Pensando que la violencia política era una respuesta al estado franquista, e incluso que se movía en favor de la democracia, pensaron que cuando se produjera su advenimiento esa violencia desaparecería. De este modo el gobierno de Suárez liberó a cientos de etarras y a otros terroristas del FRAP, GRAPO y otros como el MPAIAC, con la amnistía del 6 de octubre de 1977. Lo que sucedió a continuación es que esos terroristas reingresaron en la banda terrorista ETA y en los siguientes años los españoles padecieron una violencia horrorosa, con cientos de muertos. La política de continua cesión que inauguró Suárez, y ha sido el modelo de estos 40 años, lejos de solucionar este problema, y otros problemas, lo que hizo fue alentarlos, porque los terroristas se radicalizaron esperando conseguir así mayores contrapartidas.
8) Hay que destacar también que el gobierno de Suárez entretenido en el disparate político de la continua cesión, hizo además una pésima gestión de la crisis económica de finales de los 70, con una inflación disparada de hasta el 40%, el cierre de numeroso tejido industrial, el aumento de la conflictividad laboral, el comienzo de la venta de las empresas estatales del INI y una tasa de paro que pasó del 3%, heredado del franquismo, al increíble 15% en 1981, situación que sólo con los gobiernos socialistas se agravaría. Además el régimen partitocrático empezó su loca escalada de endeudamiento del estado, que el franquismo dejó en su mínimo histórico, entre otras cosas por el recién creado Estado autonómico con su multiplicación de competencias, empleados públicos, y también de cargos políticos. A todo este ingente gasto parasitario le siguió la subida paulatina de los impuestos y la creación de otros nuevos. Después de Suárez todo se irá agravando paulatinamente durante los siguientes 40 años dentro del modelo estatal y de la metodología que Suárez, con el beneplácito de Juan Carlos de Borbón, y la colaboración de la izquierda y el nacionalismo trajeron a los españoles con la cacareada Transición y con su desastrosa Constitución de 1978.
CONCLUSIÓN
La Transición española fue un proceso complejo en el que confluyeron intereses políticos, presiones internacionales y la necesidad de evitar nuevos conflictos internos tras décadas de dictadura. El sistema político resultante permitió consolidar un marco democrático y garantizar la estabilidad institucional durante varias décadas.
No obstante, con el paso del tiempo también han emergido debates sobre los límites y las decisiones adoptadas durante aquel período. Cuestiones como el modelo territorial, el funcionamiento del sistema de partidos o el diseño institucional siguen siendo objeto de discusión política e historiográfica.
Comprender la Transición implica analizar tanto sus logros como sus controversias. Sólo mediante un examen histórico riguroso es posible entender el origen del sistema político actual y los desafíos que han surgido en España desde finales del siglo XX.
