INTRODUCCIÓN
Durante décadas se ha repetido la idea de que la democracia española nació como una ruptura total con el régimen anterior. Sin embargo, un análisis detallado del proceso histórico muestra una realidad más compleja. La transición hacia el sistema democrático no fue dirigida por la oposición al franquismo, sino por figuras surgidas del propio régimen que impulsaron un proceso de reforma política desde dentro.
En los años previos a la muerte de Franco ya existían planes para ordenar la sucesión política del Estado. El propio general era consciente de que España evolucionaría hacia un sistema con mayores libertades políticas, aunque esperaba que ese cambio se produjera de forma gradual y manteniendo la estabilidad institucional del país.
Tras su fallecimiento en 1975, el proceso de transformación política fue liderado por el rey Juan Carlos I, junto a políticos formados dentro del sistema franquista como Adolfo Suárez o Torcuato Fernández Miranda. Mediante el principio de “de la ley a la ley”, el régimen se reformó desde sus propias estructuras para abrir paso a un sistema parlamentario que culminaría con la Constitución de 1978.
El título completo de este capítulo debería ser “la democracia viene del franquismo, del Frente Popular viene la revolución, la guerra civil y la ruptura de la unidad nacional”.
El proceso de tránsito democrático se inició años antes de morir Franco. En 1972, como ya vimos en un capítulo anterior, llegaba a España el general Vernon Walters, enviado por el presidente Nixon. La administración de EE.UU quería sondear a Franco sobre el futuro de España, entonces el caudillo contaba con más de 80 años. Y cuenta el general americano en sus memorias que tras preguntar a Franco sobre la delicada cuestión, este le respondió: “la sucesión será ordenada porque no hay alternativa. España marchará un largo tramo hacia la democracia pero no hasta el final, porque España no es USA, Gran Bretaña o Francia”. Lo que demuestra que el viejo general ya se hacía a la idea de que el país tras su muerte caminaría a una suerte de democracia, que él deseaba que fuera de manera conservadora y respetando los Principios del Movimiento Nacional.
Después la Transición fue realizada por franquistas de segunda generación que no habían hecho la guerra y desarrollaron la línea aperturista marcada por el rey Juan Carlos de Borbón, el cual fue elegido sucesor por Franco en 1969, y que a grandes rasgos siguió el plan diseñado por el gobierno de los EE.UU para traer una democracia similar a los países mediterráneos, basada en un bipartidismo entre democristianos y socialdemócratas. La manera de llevarlo a cabo y pasar de la ley a la ley, fue diseñado por el catedrático en derecho Torcuato Fernández Miranda, que fue ministro, vicepresidente y presidente de los gobiernos de Franco, y al que el rey le colocó estratégicamente al inicio del proceso como presidente de las cortes franquistas para después introducir en aquella terna a Adolfo Suárez, un político falangista de trayectoria en el franquismo, que había sido gobernador civil, incluso Ministro Secretario General del Movimiento Nacional de Franco y que el rey eligió como primer Presidente del Gobierno para acometer el cambio.
Por lo tanto, los protagonistas y promotores del cambio democrático fueron todas personas del régimen franquista, pero que cometieron graves errores en la redacción de la Constitución de 1978, como fue la creación del Estado autonómico, el definir a España como “nación de nacionalidades”, o la posibilidad de transferir cualquier competencia a las autonomías. Por otro lado, es cierto que el presidente Suárez era un hombre bien intencionado, pero hombre de escasa cultura y poco conocimiento de la Historia de España, permitió enormes dislates como, a mi juicio, fue la legalización de los viejos partidos marxistas y nacionalistas con sus nombres y apellidos en vez de pasar página y haber creado nuevos partidos a derecha e izquierda sin conexión con los sangrientos sucesos de la Guerra Civil Española, y evitar a posteriori el revanchismo que estamos viendo ahora y que sacaron a relucir en cuanto se sintieron seguros de la situación. Además la ley electoral debería haber prohibido al mismo tiempo la creación de nuevos partidos totalitarios y separatistas como sucede en Alemania, estando prohibidos tanto el partido nacional-socialista como el comunista, y en Francia donde están prohibidos los partidos separatistas. Lo más lamentable de la Transición fue la excesiva generosidad que se tuvo con el germen del nacionalismo, materializado en el Estado autonómico que después ha ido engordando hasta convertirse en un verdadero problema para la estabilidad del país.
El desconocimiento de la Historia de España por el presidente Suárez le hizo legalizar a los partidos marxistas y separatistas responsables del hundimiento de la II República y del estallido de la Guerra Civil, en vez de a nuevos partidos socialdemócratas sin la influencia de la genocida filosofía marxista, como sí hizo la derecha de entonces que se regeneró en nuevos partidos políticos. La izquierda marxista entonces dio muestras de buen comportamiento, el PCE de Santiago Carrillo salió ante los medios con la bandera rojigualda, aceptando la monarquía y la economía de mercado, con el propósito de acallar las voces que se oponían a su legalización y debido a las circunstancias de inferioridad de las que partían, pero no por ello olvidaron su revanchismo solamente lo aparcaron estratégicamente, ni tampoco su sectarismo que después han ido imponiendo tras décadas de agitprop, llegando a que sea ahora cuando los viejos partidos marxistas son los que aplican la censura cultural y política a los demás. El PSOE también tuvo que renunciar formalmente al marxismo en 1979, como exigía el plan de Transición diseñado para España por los EE.UU, y durante el felipismo la idea funcionó hasta que llegó ZP, menos inteligente y rescató el histórico espíritu marxista de Largo Caballero y del PSOE.
Llegados hasta aquí, las mentes “podemitas” que repiten bovinamente lo de las «banderas preconstitucionales», contraatacarán con el argumento de que nuestra democracia está trabada por las rémoras del franquismo, pero resulta que esta es la gente que nos quiere hacer enlazar directamente con el gobierno del Frente Popular de 1936, el que estaba formado por gentes nada democráticas como socialistas marxistas que luchaban por la «dictadura del proletariado», comunistas estalinistas, sicarios anarquistas, golpistas republicanos como Azaña o racistas separatistas del PNV. De haber pilotado la izquierda el cambio democrático en 1975, aquella que pretendía la ruptura y no la transición, no hubiera habido democracia sino una república sectaria y liberticida, pero afortunadamente ni entonces tenían fuerza para imponer nada ni la dirección del proceso dependió de la izquierda. Por otro lado en 1975, el pueblo español era ya maduro para aventurarse en nuevos procesos revolucionarios, también era más rico y no sufría el desempleo, tan sólo demandaba mayores libertades y el espíritu de conciliación.
Han manipulado tanto los acontecimientos históricos que los han hecho irreconocibles, pues basta recordar que en tiempos de la II República la izquierda la denominaba como la “república burguesa” y la entendía como una oportunidad y un paso previo hacia la república socialista y la dictadura del proletariado, como en la Rusia de Lenin. El separatismo también vio a la República como una oportunidad para ir construyendo las naciones independientes para sus “razas superiores” al resto de españoles. Ambos en su momento detestaban a la II República, y realmente la izquierda no la hizo suya hasta que junto a la masonería no la dominó y la hizo un espejo revolucionario y anticlerical de sí misma, especialmente tras las elecciones de 1936. Antes que la sublevación de los nacionales, la izquierda protagonizó diferentes conatos y sublevaciones revolucionarias contra las leyes de la República como el de 1934, e ilegalidades como el fraude electoral en 1936 y el quebranto continuo del orden, recurriendo a la persecución y al asesinato, lo que terminó inevitablemente en una guerra civil. Por lo tanto resulta cuanto menos llamativo que ahora la izquierda reclame a la II República para enlazarnos con ella, saltándose la Transición y el Régimen constitucional de 1978.
Se trata de la misma izquierda que llegada a 1975 quiere la ruptura, no la transición de la ley a la ley, aunque con la boca pequeña al carecer entonces de la fuerza necesaria. Sin embargo las Cortes franquistas, por su parte, sí votaron mayoritariamente a favor de la Ley para la Reforma Política el 18 de noviembre de 1976, fueron 435 procuradores a favor de un total de 531. Eran los mismos procuradores franquistas de antes, pero que votaron en un 81% por su propia disolución, sabiendo que la mayoría ya no tendría encaje en la nueva realidad política, podían haber rechazado la ley pero apostaron por el futuro democrático del país, tal y como solicitaba el gobierno del presidente Suárez, elegido por Juan Carlos de Borbón. Es el momento que la historiografía oficial llama como el “harakiri” para mofarse de lo que es un acto de grandeza que estoy seguro que los diputados actuales jamás llevarían a cabo: votar una reforma que les moviese de su puesto en las cortes.
La Ley para la Reforma Política tras ser aprobada por las Cortes franquistas, se decide llevar a plebiscito en diciembre de 1976 y así caminar hacia la democracia, pero la izquierda solicita al pueblo que se vote por la abstención, sin atreverse a adoptar una postura más radical Ba favor del «no» que hubiera arruinado todo el proceso. Afortunadamente el pueblo español votó en un 77% a favor del cambio dirigido por Suárez, un porcentaje algo menor que los procuradores franquistas.
Lamentablemente el presidente Suárez fue también el que en la derecha inauguró la política de no dar la batalla de las ideas, y en definitiva inauguró un conjunto de errores que irá erosionando al país paulatinamente, pero no menos cierto es que la responsabilidad de enmendar aquellos errores de la Transición fue también de los gobiernos posteriores que en realidad hicieron todo lo contrario.
Es por todo esto, que ha llegado el momento de que los sectores de la derecha, que fueron quienes trajeron algo parecido a una democracia con todos los errores que se quiera, se rearmen ideológicamente y eliminen en primer lugar la infausta “Ley de Memoria Histórica”, y dejen de ceder a la continua manipulación histórica e ideológica, puesto que si el espíritu de la Transición fue el de hacer una España para todos los españoles, tras 40 años de ir cediendo terreno, nos encontramos con que han construido nuevamente una España sólo para el homenaje de unos españoles y no de los otros, en la que se retiran calles a Millán Astray para dedicárselas a Largo Caballero, Carrillo o la Pasionaria.
CONCLUSIÓN
La transición política española fue un proceso singular en la historia contemporánea de Europa. A diferencia de otros países donde la democracia surgió tras rupturas revolucionarias o derrotas militares, en España el cambio se realizó mediante una reforma institucional impulsada por dirigentes procedentes del propio régimen anterior.
Este proceso permitió evitar nuevos conflictos internos y facilitar un tránsito relativamente ordenado hacia un sistema democrático. Sin embargo, también dejó cuestiones abiertas que han sido objeto de debate político e historiográfico durante las décadas posteriores.
Comprender el origen de la democracia española exige analizar con perspectiva histórica el papel que desempeñaron las instituciones, los actores políticos del momento y las decisiones adoptadas durante la Transición. Sólo a partir de ese análisis se puede entender cómo se configuró el sistema político que rige España desde finales del siglo XX.
