El fraude de las elecciones de Febrero de 1936

INTRODUCCIÓN

Las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 constituyen uno de los episodios más controvertidos de la historia contemporánea española. Celebradas en un clima de extrema polarización ideológica, violencia política creciente y desconfianza mutua entre bloques irreconciliables, aquellos comicios no fueron únicamente una confrontación electoral: se convirtieron en una prueba crítica para la supervivencia del régimen republicano.

La campaña se desarrolló bajo una tensión acumulada durante años de inestabilidad, estados de excepción y enfrentamientos callejeros. Aunque la jornada de votación transcurrió con relativa normalidad, el proceso posterior de escrutinio, proclamación de actas y transferencia de poder estuvo marcado por dimisiones precipitadas, abandono de autoridades, presiones en la calle y denuncias de manipulación electoral. La caída anticipada del Gobierno de Portela Valladares antes de completarse el proceso y la asunción inmediata del poder por el Frente Popular generaron una profunda fractura en la legitimidad del resultado.

Más allá del debate historiográfico sobre el alcance real de las irregularidades, lo indiscutible es que el proceso electoral de febrero de 1936 evidenció el colapso de la autoridad del Estado y la incapacidad del sistema para garantizar un desenlace aceptado por todos. Aquel episodio no fue un simple relevo político: fue el síntoma definitivo de una República que había perdido el consenso básico necesario para sostenerse.

El adelanto electoral trajo como primera consecuencia notable el restablecimiento de las garantías constitucionales, suspendidas durante casi toda la legislatura por la vigencia de los estados de guerra y alarma, en aplicación de la Ley de Orden Público a la que dedicamos un epígrafe en estas páginas. La prensa celebró el fin de la censura [1], además del retorno a los derechos de reunión, manifestación y asociación, con la reapertura de las sedes políticas y sindicales clausuradas desde la sublevación de octubre de 1934. No podía hablarse propiamente de sorpresa, habida cuenta del ritmo mortecino con el que se movía la vida política de los últimos meses y la insistencia de toda la izquierda en exigir la disolución del Parlamento. Los partidos políticos hacía tiempo que habían comenzado a engrasar sus maquinarias electorales y se deducía de las declaraciones de sus dirigentes que, en general, se apostaba por formar coaliciones amplias, singularmente entre las fuerzas de izquierda. Recordemos que el PSOE había abandonado unilateralmente la Conjunción con los republicanos del primer bienio, para acudir en solitario a las elecciones de 1933. A partir de la primavera de 1935, Indalecio Prieto expresó en múltiples artículos en prensa su criterio favorable a una alianza electoral amplia que abarcase desde los partidos republicanos de la izquierda burguesa hasta las organizaciones proletarias. Así, en marzo de 1935 respondió por carta desde París a la Comisión Ejecutiva del PSOE que le consultaba sobre una alianza circunstancial con partidos republicanos y otras organizaciones obreras:

«Se preconiza la conveniencia de un bloque obrero, señalándose como uno de sus inmediatos objetivos el de concurrir unidos los elementos que lo formen -socialistas, comunistas e incluso sindicalistas- a una contienda electoral que se considera próxima. A mi juicio, si nos equivocamos lamentablemente en 1933 cuando el Partido Socialista se aisló en la mayor parte de las circunscripciones, nos equivocaríamos también ahora al dejar limitada la alianza, en sus aspectos electorales, a los componentes del bloque obrero. Considero indispensable la inclusión en tal alianza de elementos republicanos, si estos se mostraran propicios (…) [2]».

Dicho criterio táctico fue precisamente el adoptado por la Komintern (III Internacional, de orientación comunista) a partir de su VII congreso, celebrado durante el verano de 1935 en Moscú bajo la presidencia del búlgaro de ciudadanía soviética Georgi Dimitrov. El auge de los fascismos abrió paso a la política de frentes populares, auspiciada insistentemente por Stalin, donde los comunistas buscarían aliarse con otros grupos de izquierda [3]. En cuanto a los partidos burgueses (Izquierda Republicana, Unión Republicana y Partido Nacional Republicano), su predisposición al acuerdo era incuestionable desde el descalabro sufrido en 1933, que prácticamente los había barrido de las Cortes. Manuel Azaña, a finales de mayo de 1935, pronunció un memorable discurso en Valencia, en el estadio de fútbol de Mestalla, ante un auditorio nunca antes congregado en tan elevado número, en el que abogó por una coalición electoral de fuerzas afines. Otro tanto repitió en sendos actos públicos multitudinarios en Baracaldo y Comillas. Por su parte, Francisco Largo Caballero había sido juzgado por un delito de provocación a la rebelión militar, pero los hechos probados resultaron anteriores a la fecha del 14 de abril de 1934 y por tanto amparados por la Ley de Amnistía; del resto de los delitos fue absuelto por falta de pruebas fehacientes. Al recobrar la libertad, reinició su campaña en favor de las alianzas obreras y, en noviembre de 1935, aceptó el proyecto de coalición amplia que hasta entonces había rechazado sistemáticamente, con la condición de que incluyese también al Partido Sindicalista y al Partido Comunista de España. Finalmente, el pacto del Frente Popular quedó sellado el 15 de enero de 1936 con la renuncia del diminuto Partido Nacional Republicano y, en cambio, la inclusión del POUM [4]. La versión catalana de la coalición incluía a Esquerra Republicana y varias pequeñas organizaciones de extrema izquierda. Su programa de mínimos se resumía en:

1. Amnistía para delitos políticos y sociales (incluidos aquí los cometidos durante la sublevación de octubre de 1934).
2. Readmisión de los funcionarios públicos sancionados.
3. Reparaciones económicas para las familias de víctimas de la violencia política.
4. Depuración del Tribunal de Garantías, reforma del Reglamento de las Cortes y organización de «una justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política».
5. Depuración de responsabilidades de militares y guardias civiles participantes en las operaciones de 1934.
6. Protección y estímulo de la actividad agropecuaria. Los republicanos se negaron tajantemente a incluir cualquier mención de la nacionalización de las tierras, como quería el PSOE.
7. Protección de la industria y el pequeño comercio.
8. Los republicanos rechazaron el subsidio por desempleo y la nacionalización de la banca que proponía el PSOE, pero aceptaban una reforma tributaria de carácter progresivo.
9. Potenciación de la enseñanza pública en todos sus niveles.
10. Restablecimiento de la legislación autonómica.

Verdaderamente, el programa de la alianza de izquierdas, que pronto recibiría la denominación de Frente Popular, distaba de poder ser tildado de subversivo. Salvando la alusión a la nueva justicia -que hoy sabemos cómo devino en una parodia de tribunales populares con jurados designados por los partidos de la coalición, pero que entonces no podía ni sospecharse- parecía muy poco inquietante y, en el plano económico, era manifiesta la influencia determinante de la izquierda burguesa. Sin embargo, el principal integrante de la coalición, el PSOE, sustentaba criterios e intenciones bien diferentes y en absoluto disimuladas. Tal vez Indalecio Prieto fuese menos propenso al lenguaje desgarrado, pero no podía participar en actos públicos por hallarse prófugo: huyó a París tras la sublevación de octubre, aunque era vox populi que realizaba ocasionales y discretas visitas a España. De este modo, Francisco Largo quedó como estrella indiscutida entre los dirigentes socialistas; el día 12 protagonizó su primer acto público de propaganda tras abandonar la prisión, en el cinema Europa de Madrid:

«Cuando yo hablo de socialismo no hablo de socialismo a secas: hablo del socialismo marxista. Y al hablar del socialismo marxista hablo del socialismo revolucionario.(…) La clase burguesa y su representantes entienden que se ha llegado ya a la meta de las instituciones políticas en nuestros país, y tenemos que decirles que no: la República burguesa no es inmutable; la República burguesa no es una institución que nosotros tengamos que arraigar de tal manera que haga imposible el logro de nuestras aspiraciones. ¿De qué manera? ¡Como podamos! Nuestra aspiración es la conquista del poder político. ¿Procedimiento? ¡El que podamos emplear! (…) A nosotros el año 30 se nos llamó y no era para predicar la doctrina cristiana, sino para realizar todo lo que hubiera que realizar, al margen de la Constitución y de las leyes [5]».

Creemos digno de ser expresamente resaltado que Francisco Largo en el cinema Europa aludió al Pacto de San Sebastián y a los acontecimientos del 14 de abril en términos muy similares a los que usamos para expresarnos en el primer capítulo de esta obra, si acaso de modo más conciso pero no menos categóricamente. Si algo no pudo ser reprochado al insigne dirigente socialista fueron la ambigüedad y la hipocresía. El lector ya habrá comprobado que el PSOE de 1936 y las masas de trabajadores que arrastraba tras de sí se dirigían hacia una revolución de corte bolchevique. Una revolución como la de octubre de 1934, de la que se enorgullecían, contando con el acompañamiento coreográfico de los partidos republicanos. Un último y expresivo ejemplo: durante un acto de campaña del PSOE en el Teatro Monumental de Alicante, afirmó Francisco Largo:

 «Si triunfamos el 16 de febrero continuaremos nuestro camino sin titubeos, hasta la transformación social. Y si triunfan las derechas no crean que vamos a estar quietecitos, pues continuaremos nuestra marcha con más vigor. Si triunfamos en las elecciones cumpliremos nuestro deber con los aliados. Y si triunfan las derechas, aunque la labor sería doble, no habría remisión. Tendríamos que ir directamente a la guerra civil declarada. No son amenazas; son advertencias [6]».

Será difícil encontrar manifestaciones políticas donde explícitamente se muestre un desprecio tan rotundo hacia la legalidad y el orden institucional, así como un aprecio tan morboso por la violencia y la coacción para la consecución de objetivos políticos.

De otra parte, las fuerzas políticas conservadoras se mostraban desconcertadas, tomado el término en su cuarta acepción del diccionario de la R.A.E.: sin concordia ni conformidad. Sin la menor duda eran conscientes de las ventajas que el sistema electoral brindaba a las grandes coaliciones y de la penalización que recaía sobre la dispersión de candidaturas, como decíamos al explicar el complejo sistema híbrido republicano. Tanto José María Gil-Robles como José Calvo Sotelo se encontraban predispuestos al pacto, singularmente el segundo por creerse con menos respaldo electoral, pero razones tácticas y el excesivo optimismo que se respiraba en la CEDA complicaban la coalición. Gil-Robles había sufrido la campaña de denuestos con que se le descalificaba por monarquizante y filofascista. En realidad, aceptaba de buena fe la legalidad republicana en un ejercicio de puro accidentalismo al primar los principios sustantivos del régimen por encima de su forma concreta de gobierno: por ello, prefería desentenderse del dilema entre monarquía y república para preconizar la reforma constitucional. Precisamente por huir del estigma con el que se le señalaba, no era propenso a formalizar una alianza clara y expresa con Renovación Española y su apéndice de facto, la Comunión Tradicionalista. Calvo Sotelo despreciaba la democracia liberal y el parlamentarismo merced a su acelerada aproximación a los principios del tradicionalismo carlista, aunque siempre fidelísimo al exiliado Alfonso XIII y paladín incansable de una nueva restauración:

«Yo estoy seguro de que a España vendrá de nuevo la Monarquía (…) La Corona no se sentará sobre un charco de sangre o sobre un detritus, sino sobre el fundamento sólido de la difusión de la propiedad cristiana: es decir, con la tradición española (…) El sufragio universal inorgánico es absurdo, inconcebible, y lo que es más triste, es la absoluta soberanía, y este afán de sufragio universal inorgánico se ha clavado de tal forma en las entrañas del pueblo que incluso algunos partidos de las derechas españolas lo quieren [7]».

Propugnaba un Estado corporativo, aunque eventualmente llegó a aceptar la posibilidad de una dictadura militar como medida quirúrgica para reorganizar la sociedad. No se recataba en manifestar que las próximas Cortes habían de ser constituyentes y esto último, especialmente, incomodaba sobremanera a Gil-Robles, mientras Calvo Sotelo urgía insistentemente en unir fuerzas frente a la anunciada coalición de izquierdas. Calvo Sotelo comprendía que el principal obstáculo era la Ley Electoral, aunque su maximalismo ideológico era contemplado con inquietud por Gil-Robles, mucho más preocupado por la táctica de campaña y por no facilitar a la izquierda una imagen susceptible de ser caricaturizada de modo grotesco. Tanto la CEDA como el Bloque Nacional (denominación de nuevo cuño para la suma de los monárquicos alfonsinos, carlistas y el Partido Nacionalista Español, conducido por José María Albiñana) erraron en el tono de su propaganda: excesivamente negativa y poco propositiva. Jugarlo todo a la baza contrarrevolucionaria seguramente fidelizaba a los ya fieles, pero difícilmente ilusionaría a nuevos sectores del electorado. El 23 de enero afirmaba en un acto de campaña en Toledo:

«¿Quiénes entran en el frente contrarrevolucionario? Yo podría definirlo con una frase muy gráfica que ya ha llegado a la opinión pública: para mí comienzan las alianzas contrarrevolucionarias en el límite mismo en que acaban los contubernios revolucionarios para oponer una barrera infranqueable a la revolución. Ahí entran partidos de derecha, partidos beneméritos que podrán haber tenido con nosotros diferencias y discrepancias (…) Son hombres que creen lo que yo creo, que aman lo que yo quiero y que están luchando por España y por Dios, y para mí no hay dificultad ninguna en estrecharlos en un abrazo de hermanos [8]».

En el ámbito centrista, poco puede apuntarse del Partido Radical: humillados sus dirigentes, abatido y desprestigiado Alejandro Lerroux por los escándalos Straperlo y Nombela concurrían a las elecciones como el partido de la corrupción institucional, por más que sus irregularidades nos parecen en el siglo XXI poco más graves que travesuras de colegial al compararlas con las tramas de financiación ilegal, de sobrecostes en la contratación pública, de vasos comunicantes entre los poderes del Estado y las grandes empresas y de redes clientelares donde apresar y retener el electorado cautivo. En cualquier caso, la convicción manifiesta en el cuerpo electoral apuntaba hacia el fin de la vida de la organización lerrouxista [9]. Desde el Gobierno en funciones, Manuel Portela Valladares se afanaba cuanto podía para disponer su recién constituido Partido de Centro Democrático, obra predilecta del Presidente de la República; en algunas provincias elaboraba listas propias y optaba en otras por colocar a sus notables en listas conservadoras. Finalmente, los partidos derechistas experimentaron todas las posibilidades que brinda la matemática combinatoria, ante la lógica extrañeza de la opinión pública conservadora. Circunscripciones hubo -como la ciudad de Madrid- donde figuraban en una sola lista candidatos de la CEDA, Partido Radical, Comunión Tradicionalista, Centro Democrático y Renovación Española que comparecían coaligados bajo el rótulo de Frente Nacional Contrarrevolucionario. En otros lugares se presentaron en candidaturas separadas. Las combinaciones eran muchas si tenemos en cuenta que los partidos mencionados podían coaligarse en diferentes candidaturas, dependiendo de sus relaciones y vinculaciones locales. En Cataluña el rótulo elegido fue Front Català d’Ordre y lo integraban la Lliga Catalana, Partido Radical, Comunión Tradicionalista, Renovación Española y Acción Popular. Sin temor a exagerar podemos hablar de candidaturas caleidoscópicas, o bien de variaciones de X elementos tomados de Z en Z.

La víspera de los comicios José Calvo Sotelo, molesto por haber sido sus candidatos postergados por los cedistas en diversas provincias y por haber sido imposible coordinar un programa conjunto con la CEDA (pero tampoco y ni siquiera con los carlistas), decidió publicar un manifiesto de contenidos maximalistas y aprovechó tan inoportuna ocasión para el ajuste de cuentas internas con los demás conservadores. Una decisión francamente torpe cuando faltaban veinticuatro horas para que los colegios electorales abrieran sus puertas:

«La candidatura antirrevolucionaria es en muchas provincias deficiente o insuficiente, al no conceder representación alguna al sector monárquico (…) A pesar de ello, y acallando quejas fundadas en extremo, Renovación ha sellado su unión con las demás fuerzas afines (…) Renovación Española obstruccionaría la vida del Parlamento si se intentase reanudar ese vicioso estilo, que prosperó durante el último bienio, porque quienes podían no se decidieron a cortarlo de raíz: Renovación Española procurará que se adopten sin pérdida de tiempo fórmulas jurídicas eficientes para situar extramuros de la legalidad al socialismo revolucionario y al separatismo antiespañol.

Renovación Española gestionará igualmente aquellos módulos legislativos que permitan facilitar y apresurar la substitución total de la Constitución de 1931 (…) Renovación Española aplicará el esfuerzo de sus propagandas y campañas, sean o no parlamentarias, a imbuir en el país la convicción de que esta contienda, en sus vuelos y alcance, tiene que ser la última por mucho tiempo, lo que supone estructurar un nuevo Estado de bases corporativas y autoritarias [10]».

Si algo puede asegurarse con certeza es que lo menos democrático de aquellas elecciones fue el ánimo de los partidos en liza. Izquierdas y derechas concurrían con ánimo distinto del que se presupone en democracia al disponerse las urnas. Todos se aprestaban a luchar contra el «enemigo» y el triunfo de uno de los bandos había de implicar necesariamente la muerte civil del otro.

Aquel 16 de febrero: la hora de la verdad.

Veíamos en el Capítulo 2 que el Gobierno provisional de 1931 introdujo novedades sustantivas en la normativa electoral mediante decreto y posteriormente, en 1933, el gabinete Azaña elaboró una Ley Electoral que vino a sustituir aquel decreto y a reforzar el carácter mayoritario del sistema [11]. El sistema de elección preveía la celebración de dos vueltas, en la modalidad que hoy llamamos balotaje con mecanismo compuesto de acceso. Posiblemente se trate de una denominación complicada, pero puede explicarse sucintamente y de modo muy sencillo. La elección en primera vuelta se consideraba válida cuando por lo menos uno de los candidatos obtuviera el 40% de los sufragios. Los demás candidatos ganaban su escaño al obtener más del 20 % de los votos. Si ningún candidato llegaba al 40% de respaldo de los votantes, se consideraba nula la votación y habría de repetirse dos semanas más tarde. A esta segunda vuelta concurrían únicamente aquellos partidos cuyas listas incluyeran algún candidato con al menos un 8% de los votos de la primera vuelta. Así sucedió en 1936, cuando los españoles acudieron a las urnas el 16 de febrero y el 4 de marzo.

La campaña electoral había discurrido salpicada de incidentes: desde el momento en que Alcalá-Zamora procedió a disolver el Parlamento hasta la primera vuelta del 16 de febrero, se registraron cuarenta y una víctimas mortales y ochenta heridos, en diferentes sucesos de violencia política: reyertas callejeras entre grupos de ideologías rivales, choques de militantes políticos con las fuerzas de seguridad, agresiones con armas diversas y otros incidentes [12]. Lo habitual en una España desgarrada por la violencia política, el terrorismo y las represalias sin fin entre grupos rivales. La jornada del 16 de febrero transcurrió con bastante tranquilidad y casi no hubo incidentes dignos de mención: «las elecciones fueron, al menos hasta la jornada de las votaciones inclusive, competidas y todo lo limpias que podían ser en la España de entonces [13]». La sensación más extendida apuntaba hacia un resultado muy ajustado en el que habría que esperar hasta el final del recuento para saber hacia qué lado se inclinaba la balanza. El horario de votación en aquella época se extendía desde la apertura de los colegios electorales a las 7:00, hasta su clausura a las 16:00. Desde las primeras horas de la noche, en las plazas principales de distintas ciudades se concentraron grupos de seguidores del Frente Popular, en número creciente conforme pasaba el tiempo y con ánimo cada vez más efervescente, pues daban por segura la victoria del bloque de izquierdas. La participación electoral llegó al 72%, la cifra más alta de las tres elecciones parlamentarias celebradas en la II República [14].

A las 22:30, el subsecretario del Ministerio de Gobernación informaba del triunfo de Esquerra Republicana en Barcelona y en casi toda Cataluña. Justo en ese momento el gobernador general de la región, Félix Escalas [15], hace pública su dimisión por entender «que debía pasar a quien interpretara mejor el resultado de las elecciones [16]». Se trató de una manifestación de espíritu pusilánime, propia de quien reacciona con cobardía ante la adversidad y se desentiende de las responsabilidades que le fueron confiadas, a pesar de que manifiestamente nunca fuera digno de ellas. Como veremos seguidamente, fue el primero de los gobernadores que abandonó y su ejemplo fue imitado por otros varios.

En un buen número de provincias se registran manifestaciones ante las sedes de los gobiernos civiles y ante las cárceles; las primeras para conminar al traspaso de poder al Frente Popular y las segundas para exigir la liberación de los presos. Gil-Robles se entrevistó con Portela -abatido, paralizado, confuso- para exhortarle a declarar el estado de Guerra, pues las turbas parecían dispuestas a asaltar varios ayuntamientos y gobiernos civiles. Gil-Robles manifestó al presidente del Gobierno que los disturbios ya iniciados ponían en riesgo la validez de los comicios; Portela, no obstante, decidió aguardar hasta el día siguiente [17]. Cuando varios gobernadores ya habían abandonado sus puestos, el jefe del Estado Mayor Central, general Francisco Franco, telefoneó esa noche al general Poza, Inspector General de la Guardia Civil para advertirle sobre la deriva subversiva que estaban tomando los acontecimientos; Pozas restó importancia a los incidentes y los atribuyó a las lógicas celebraciones de los simpatizantes frentepopulistas ante las primeras noticias del recuento que parecían favorecerlos. Franco llama al ministro, General Molero, y le aconseja que sea declarado inmediatamente el estado de Guerra.

A las diez de la mañana del día 17 de febrero, se reúne el Consejo de Ministros y opta por declarar el estado de alarma, aunque el Presidente de la República autoriza a Portela Valladares para establecer el de Guerra si en algún lugar lo considera necesario; horas después, Alcalá-Zamora se arrepiente y anula la medida. El Consejo también nombró a Joan Moles, de ERC, como gobernador general de Cataluña para sustituir al huido Escalas.

Conviene recordar que en 1936 no existían los medios técnicos con los que hoy cuentan las administraciones públicas y que facilitan el recuento acelerado de los sufragios. Adicionalmente, la ya explicada dificultad añadida de un sistema de listas abiertas y sufragio restringido, con la exigencia de superación de determinados porcentajes sobre el voto emitido, ralentizaban el cómputo. A las 12:00 el subsecretario de la Presidencia afirma que el Frente Popular cuenta con doscientos diputados electos, del total de cuatrocientos setenta y tres escaños. En la noche del 17 distintos gobernadores civiles huyen y abandonan las actas electorales en manos de las turbas que se apoderan de los edificios y dependencias oficiales. El desbarajuste es total, las autoridades están perdiendo el control de la vía pública en buena parte del territorio nacional y, lo que es más grave, incluso de la propia administración electoral.

La confusión aparece reflejada también en la prensa: el diario Ahora anunciaba el día 18 de febrero el «triunfo indiscutible de las izquierdas» y adjudicaba en su primera plana unos 240 diputados al Frente Popular y 120 para la CEDA, sin especificar otros partidos de la derecha; por su parte, ABC no publicaba un desglose de escaños pero negaba que las izquierdas hubieran alcanzado la mayoría. El Heraldo de Madrid daba por segura la victoria arrolladora del Frente Popular, hasta el punto de asegurar que Gil-Robles y Calvo Sotelo no habían obtenido acta de diputado. También publicaba un comunicado de las organizaciones socialistas y comunistas por el que se exigía la liberación de los presos políticos y sociales, el retorno de los exiliados y la entrega inmediata del Gobierno al Frente Popular. El diario El Liberal establecía en su portada de aquel día 18 un paralelismo entre el triunfo del 12 de abril de 1931 y el del 16 de febrero de 1936 y en su página 7 publicaba una estimación de resultados facilitada por la coalición de izquierdas: 270 escaños para el Frente Popular y 146 para los partidos del centro y la derecha. Por su parte, La Nación negaba en portada el triunfo que las izquierdas se atribuían y calculaba 208 diputados del Frente Popular y 231 de la derecha y el centro. En Barcelona, La Vanguardia daba por hecho el triunfo del Frente Popular: en Cataluña y también en el resto de España. El diario El Socialista aventuraba la cifra de 260 diputados de izquierdas, 163 de derechas y 22 de centro.

Las noticias sobre sustracción y manipulación de actas, procedentes desde diversos puntos de España contribuían a enrarecer el ambiente, por más que en aquel momento fuese sumamente difícil confirmar o desmentir su veracidad. En la tarde del 18, Manuel Portela recibe en su despacho la visita de Diego Martínez Barrio, diputado electo de Unión Republicana en la lista del Frente Popular, quien le exhorta a dimitir [18]. Esa misma noche se rinde a lo que parece inevitable y comunica su renuncia al Presidente de la República: Alcalá-Zamora se indignó ante lo que solamente podía calificarse de deserción. De hecho, al día siguiente se celebró el último Consejo del gabinete Portela y por la tarde se hizo pública una nota informativa en la que se hacía referencia expresa a la contrariedad de don Niceto:

«Se ha planteado la crisis por dimisión irrevocable del Gobierno, aunque el parecer y deseo del jefe del Estado era contrario, entendiendo éste que debía esperarse no sólo a la proclamación de diputados y segunda votación donde la haya, sino a la reunión de las Cortes. Pará resolver la crisis con toda rapidez se ha reducido el número de consultas en armonía con la composición, ya dibujada, de minorías parlamentarias, y se ha encargado la respuesta urgente por escrito o por teléfono para dejar constituido el nuevo Gobierno esta misma tarde [19]».

Singularmente atinada fue la portada del diario El Liberal del día 18, a la que nos referíamos líneas arriba, al destacar las semejanzas entre la jornada del 12 de abril de 1931 y la del 16 de febrero de 1936. En ambos casos, los respectivos gobernantes se sintieron incapaces de resistir la presión de una masa adversa, movida por dirigentes políticos que no desdeñaban la intimidación ni se sentían vinculados por el cumplimiento de la legalidad constitucional. En 1931 el último ejecutivo monárquico, la entera clase política de la Restauración, se rindió y abandonó tan apresuradamente como Manuel Portela su Gobierno en 1936, provocándose en ambos casos un peligroso vacío de poder. Manuel Portela, jefe del Gobierno, el elegido y protegido del Presidente de la República, desmoralizado, humillado por el fracaso de su peregrina aventura centrista, abatido en lo político y en lo personal, no vacila en abandonar su gravísima responsabilidad cuando aún queda por celebrarse la segunda vuelta de las elecciones. No le detiene su obligación legal de velar por la limpieza del proceso, ni siquiera cuando ya tiene constancia de las irregularidades que se están produciendo en varias provincias por el abandono igualmente cobarde e irresponsable de los gobernadores civiles. La precipitada dimisión del Gobierno en funciones el 19 de febrero suponía una gravísima irregularidad del procedimiento constitucionalmente previsto, pues aún no se habían constituido las nuevas Cortes y por tanto se hacía imposible que el nuevo ejecutivo de izquierda recabara su confianza [20]. Además, aquel relevo improvisado y de urgencia implicaba una alteración de los usos democráticos universales, según los cuales el gabinete que convoca las elecciones se encarga de supervisar el proceso hasta su conclusión, proclama los resultados y -en su caso- es sustituido tras la votación del nuevo Parlamento. Sobrado de razón exclamó poco después Azaña ante las Cortes: «Nosotros nos hemos encontrado el día 19 de febrero del año treinta y seis con un país abandonado por las autoridades [21]». El miedo es mal consejero siempre, pero de los hombres de Estado es enemigo letal.

[1] «Hoy publica la »Gaceta» los decretos restableciendo la normalidad constitucional en toda España» (8-1-1936). Madrid, Diario La Libertad, p. 3.

[2] Carta de Indalecio Prieto, desde París a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (23-3-1935) Archivo de la Fundación Pablo Iglesias, AH-23-19, Alcalá de Henares (Madrid). Citada por SALA GONZÁLEZ, Luis María (2015) Memoria para optar al grado de doctor defendida ante la Universidad del País Vasco, pp. 230-231.

[3] «Termina sus deliberaciones el Congreso Comunista de Moscú» (22-8-1935). Madrid, diario Ahora, p. 10

[4] «El pacto electoral de los partidos de izquierda» (16-1-1936). Madrid, El Socialista, p. 1.

[5] «Largo Caballero ocupa de nuevo la tribuna pública» (14-1-1936). Madrid, El Liberal, pp. 5-7.

[6] «Largo Caballero, en Alicante» (27-1-1936). Madrid, Heraldo de Madrid, p. 3.

[7] «El párrafo más clamorosamente ovacionado del discurso de ayer del señor Gil Robles» (24-1-1936). Madrid, ABC, p. 20.

[8] Ibidem, p. 19.

[9] GIL PECHARROMÁN, Julio (1984) «El alfonsismo radical en las elecciones de febrero de 1936». Madrid, Revista de Estudios Políticos (42), pp. 103-104.

[10] «Un manifiesto de Renovación Española» (15-1-1936). Madrid, diario La Época, p. 3.

[11] Ley Electoral (28-7-1933). Gaceta de Madrid, (209), p. 635.

[12] ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto (2017). 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Barcelona, Espasa, pp. 255-256.

[13] ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto (2017). Ibidem, p. 519.

[14] ORTEGA VILLODRES, Carmen (2002).Op. cit., pp. 35-53.

[15] Tras la suspensión del estatuto de autonomía en 1934, se creó la figura del gobernador general. Se trataba de un cargo de designación directa por el Gobierno, que asumió las funciones del presidente de la Generalidad de Cataluña y de su consejo ejecutivo (N. del A.).

[16] ARRARÁS IRIBARREN, Joaquín (1969). Op. cit., Vol. IV, pp. 49-50.

[17] GIL-ROBLES Y QUIÑONES, José María (1968). No fue posible la paz. Barcelona, Ariel, p. 479.

[18] «El Sr. Martínez Barrio sostiene una detenida conferencia con el Sr. Portela en el Ministerio de la Gobernación». Madrid, ABC, p. 17.

[19] «Crisis total. Consultas rápidas y esta tarde nuevo Gobierno». Madrid, La Voz, p. 1.

[20] Constitución de la República Española, artículo 75: «El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno, y, a propuesta de éste, a los Ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza».

[21] Diario de Sesiones de las Cortes (3-4-1936), (14), p. 223.

CONCLUSIÓN

Las elecciones de febrero de 1936 no pueden entenderse únicamente como una victoria ajustada del Frente Popular ni como un simple episodio de alternancia política. Representaron el punto de no retorno en una dinámica de deslegitimación mutua donde ningún bloque aceptaba plenamente las reglas del juego democrático.

La dimisión anticipada del Gobierno en funciones, el abandono de gobernadores civiles, la presión callejera durante el escrutinio y las denuncias de manipulación de actas contribuyeron a sembrar una duda estructural sobre la limpieza del proceso. Esa percepción —independientemente de su cuantificación exacta— fue políticamente devastadora. La autoridad del Estado quedó erosionada y el nuevo Gobierno nació en medio de una crisis de confianza que minó cualquier posibilidad de reconciliación nacional.

En un sistema democrático, la aceptación del resultado electoral es el pilar esencial de la estabilidad institucional. En febrero de 1936 ese principio quedó gravemente dañado. Lo que siguió en los meses posteriores —radicalización, violencia creciente y ruptura definitiva— no puede desligarse de aquella crisis de legitimidad. Las urnas, lejos de cerrar la confrontación política, la agudizaron hasta hacerla irreparable.