INTRODUCCIÓN
La madrugada del 13 de julio de 1936 no fue simplemente una fecha más en el calendario convulso de la Segunda República. El asesinato de José Calvo Sotelo constituyó un punto de inflexión político e institucional cuya gravedad trasciende la figura de la víctima y las interpretaciones ideológicas posteriores. No se trata únicamente de un crimen político más en una etapa marcada por la violencia, sino de un acontecimiento que revela con nitidez el deterioro extremo del Estado de Derecho.
Cuando agentes de la autoridad utilizan los medios del propio Estado para secuestrar y ejecutar a un diputado en ejercicio, la cuestión deja de ser partidista para convertirse en estructural. La quiebra no es solo moral o política: es jurídica. Este episodio permite analizar hasta qué punto las instituciones republicanas habían dejado de garantizar los principios básicos de legalidad, inmunidad parlamentaria y responsabilidad penal, elementos esenciales en cualquier sistema democrático moderno.
Con toda seguridad, el lector tiene ya referencia detallada del crimen perpetrado en Madrid durante la madrugada del 13 de julio de 1936. Será así, aunque cabe tener presente que las probabilidades decrecen en razón directamente proporcional a la edad de los lectores individualizados, pues si la sociedad establece clases en función del estatus económico, las víctimas de aquella época desdichada son clasificadas según su pedigrí ideológico. Ciertamente, el de Calvo Sotelo no figura hoy entre los más cotizados cuando su nombre hace muchos años que desapareció de los callejeros urbanos y las referencias en libros de texto escolares apenas rebasan una línea de extensión. Doctor en Derecho, monárquico conservador, maurista en su primera juventud, ministro durante la dictadura de Primo de Rivera. Encausado por la Comisión de Responsabilidades, se exilió en París donde tuvo ocasión de conocer la Acción Francesa y las obras de su fundador, Charles Maurras. Obtuvo acta de diputado en 1931, aunque la Comisión de Responsabilidades vetó su toma de posesión, y nuevamente la ganó en 1933. Un año después regresó a España, tras ser amnistiado por el gabinete Lerroux. Desde su escaño combatió sañudamente el régimen republicano y el propio sistema democrático y parlamentario; defendía una nueva instauración monárquica en la persona de Juan de Borbón, Príncipe de Asturias, como cabeza de un Estado corporativo. Sus postulados coincidían en gran medida con los de la Comunión Tradicionalista, excepción hecha de la cuestión dinástica. Reelegido por Orense, aunque su escaño y el de Gil-Robles estaban entre los que la Comisión de Actas valoró anular, extremó su hostilidad hacia la República y el Gobierno del Frente Popular. Protagonizó durísimos enfrentamientos con Santiago Casares Quiroga, jefe del gabinete. Su protagonismo político y popularidad estaban en franco crecimiento entre el público conservador, en paralelo al relativo decaimiento de Gil-Robles. Fue abierto partidario de una intervención militar que derrocase al Gobierno y de forma casi explícita lo manifestó en sede parlamentaria el 16 de junio. En realidad, aquellas Cortes republicanas ya guardaban poca semejanza con la idea que tenemos en Europa de una cámara parlamentaria:
«Gran parte de los trabajos parlamentarios de aquel período se caracterizan por una aversión despectiva, por una extrema agresividad de los representantes del Frente Popular hacia los diputados de la derecha, y especialmente hacia sus dos líderes. La Pasionaria había definido a Gil-Robles como “un histrión ridículo salpicado con la sangre de la represión”; la socialista Margarita Nelken había interrumpido a Calvo Sotelo diciéndole: “Los verdugos no tienen derecho a hablar”; y Bruno Alonso González, también él socialista, lo había llamado “asalariado del capitalismo”, desafiándolo a salir de la Cámara para ajustar cuentas [1]».
Y de las palabras se pasó a los hechos. El teniente José Castillo, de la Guardia de Asalto, era miembro de la Unión Militar Republicana Antifascista, instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas y de «La Motorizada» (grupo de pistoleros guardaespaldas de Indalecio Prieto). Fue responsable por disparos a quemarropa de la muerte de un joven carlista desarmado y él mismo resultó asesinado en la noche del 12 de julio. Algunos de sus compañeros decidieron tomar represalias. En el cuartel madrileño de Pontejos esa misma noche se celebra una reunión en la que toman parte guardias de asalto, el capitán Fernando Condés, de la Guardia Civil y también miembro de la UMRA e instructor de «La Motorizada», así como varios militantes de las milicias socialistas, como Luis Cuenca y Santiago Garcés. Organizaron varios grupos con el propósito de detener a militantes rivales y uno de ellos, a bordo de una camioneta oficial y al mando de Condés, partió en busca del jefe de la CEDA, José María Gil-Robles, que salvó su vida al estar ausente aquella noche de su domicilio. Decidieron entonces encaminarse al de José Calvo Sotelo, al que sacaron de su cama, obligaron a vestirse y engañaron con una supuesta orden de José Alonso Mallol, director general de Seguridad. Sentaron en uno de los asientos de la camioneta a Calvo Sotelo y, al poco de iniciada la marcha, Luis Cuenca Estevas le descerrajó dos tiros en la nuca. Abandonaron su cadáver ante las puertas del depósito del cementerio del Este.
¿Por qué conferimos tanta relevancia a este asesinato, en relación con los fines que nos propusimos? No en absoluto por su repercusión inmediata, al haberse considerado el luctuoso suceso como auténtico catalizador de la incorporación del general Franco a la conspiración iniciada por Mola. Tampoco por la mitificación que de su figura se hizo como «protomártir de la Cruzada». Tales cuestiones ocupan a los historiadores y este libro, reiteramos nuevamente, no se ocupa propiamente de la historia de España, sino de las vicisitudes del Estado de Derecho español en una etapa muy concreta. Nos fijamos en este acontecimiento e invitamos al lector a hacer lo propio por las características peculiares que lo distinguen de los muchísimos asesinatos políticos que jalonaron los años de la II República:
- Los asesinos eran agentes de la autoridad, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que se sirvieron de la información a la que tenían acceso por razones profesionales para localizar los domicilios familiares de Gil-Robles y de Calvo Sotelo. Igualmente, hicieron uso de los medios materiales que el Estado les confiaba (uniformes, vehículo, armamento) para cometer el delito. Intentemos imaginar en nuestros días a un grupo de mandos y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en sus vehículos oficiales y con la sirena activada, cometiendo el secuestro y asesinato a sangre fría de un dirigente político.
- A su condición policial sumaban la de militantes socialistas, el mayor partido de los que integraban la triunfadora coalición en las elecciones de febrero y principal soporte parlamentario del Gobierno republicano. Sin extendernos en este punto el lector puede colegir fácilmente, a partir de la catadura moral de los instructores, el tipo de instrucción que impartían a las milicias del Partido Socialista y a la guardia personal de Indalecio Prieto. Figurémonos cuál sería nuestra sorpresa en la actualidad si descubriéramos que los delincuentes ficticios a los que aludíamos antes fuesen los escoltas personales de Adriana Lastra o de Patxi López, y además tuviesen a su cargo el adiestramiento de una fuerza paramilitar de militantes socialistas.
- La víctima era el dirigente de mayor notoriedad de Renovación Española y estuvo en trance de ser también asesinado el jefe de la CEDA. Ambos diputados y representantes del pueblo español en la Cámara de su soberanía. La detención ilegal, con violación de la inmunidad parlamentaria conferida por el ordenamiento jurídico, se reduce hasta la nimiedad en comparación con el asesinato, ciertamente. Pero fueron dos delitos, no uno solo, los cometidos por las fuerzas de seguridad de la República aquella noche de julio de 1936. Piense el lector en los titulares de la prensa española e internacional, y en las resoluciones de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, si la policía nacional intentara secuestrar a Pablo Casado y, tras fracasar, detuvieran ilegalmente a Santiago Abascal para acabar disparándole por la espalda y arrojando su cadáver a la vía pública.
- El capitán Fernando Condés se entrevistó a primera hora de la mañana con el diputado socialista Juan Simeón Vidarte, a quien relató el crimen perpetrado. Vidarte, legislador, no aconsejó al guardia civil que se entregara a las autoridades ni denunció él mismo el delito del que tenía noticia; muy al contrario, acordó con el asesino que buscase refugio en el domicilio de Margarita Nelken, también legisladora [2]. Condés finalmente fue detenido, interrogado y puesto nuevamente en libertad. Se incorporó como combatiente al frente de Somosierra tras estallar la guerra civil y allí encontró la muerte. El sumario del asesinato de Calvo Sotelo fue robado del juzgado a punta de pistola por una cuadrilla de milicianos y presumiblemente destruido: lo cierto es que nunca fue recuperado.
[1] RANZATO, Gabriele (2014) Op. cit., p. 21.
[2] VIDARTE Y FRANCO ROMERO, Juan Simeón (1978).Todos fuimos culpables. Barcelona, Grijalbo, Volumen I, pp. 213-217.
CONCLUSIÓN
La relevancia del asesinato de Calvo Sotelo no reside exclusivamente en su posterior utilización propagandística ni en su consideración como detonante definitivo del alzamiento militar. Su verdadera trascendencia radica en lo que revela sobre el colapso institucional previo a la Guerra Civil.
Cuando miembros de las fuerzas de seguridad, investidos de autoridad pública, secuestran y asesinan a un representante parlamentario; cuando legisladores conocen el crimen y no lo denuncian; cuando un sumario judicial desaparece a punta de pistola; lo que se erosiona no es solo un gobierno, sino la propia arquitectura del Estado de Derecho.
Más allá de debates historiográficos o interpretaciones partidistas, el 13 de julio de 1936 simboliza el momento en que la legalidad dejó de ser el marco común de convivencia para convertirse en un instrumento frágil, incapaz de contener la espiral de violencia. Y es precisamente por esa razón —no por la mitificación posterior ni por su efecto inmediato— por lo que este asesinato ocupa un lugar central en el análisis de la crisis institucional que precedió a la tragedia española
