INTRODUCCIÓN
La violencia en la retaguardia durante la Guerra Civil Española no fue un fenómeno homogéneo ni idéntico en todos los territorios. En numerosas localidades, los comités revolucionarios y las milicias vinculadas a partidos y sindicatos asumieron el control del orden público, dando lugar a procesos de represión selectiva contra personas identificadas como adversarios políticos o sociales. Cabeza del Buey, en la provincia de Badajoz, constituye un ejemplo especialmente revelador de cómo se articuló esa violencia en determinadas zonas bajo control republicano.
El contraste entre las cifras de víctimas registradas durante el periodo de dominio del Frente Popular en la localidad y las ejecuciones posteriores tras la entrada de las tropas nacionales plantea un debate relevante sobre la naturaleza, la organización y los objetivos de la represión en la retaguardia. Este artículo analiza el caso de Cabeza del Buey como estudio concreto para reflexionar sobre los mecanismos de control revolucionario y la lógica de la violencia política en el contexto de la guerra.
Los crímenes en la retaguardia republicana obedecieron a una estrategia clara para asesinar a todos los contrarrevolucionarios
Uno de los mitos que viene acuñando la historiografía de izquierdas, y que ha tomado como verdad absoluta la Ley de Memoria Histórica, es que la represión republicana fue espontánea y descontrolada, mientras que la nacional fue organizada por el ejército sublevado. También vienen adoctrinando con la idea de que los nacionales cometieron una represión muy superior a la de los republicanos y que, cuanto más dura fue la de comunistas y anarquistas, mayor fue la de los franquistas.
Sin embargo, el estudio documental de los hechos nos demuestra que esto no fue así y que la represión republicana estaba organizada por las formaciones políticas del Frente Popular. Hoy vamos a estudiar un caso, elegido de entre muchos, que demuestra la falsedad de los mitos elaborados por la izquierda. Es lo ocurrido en la localidad de Cabeza del Buey (Badajoz), considerada como el cuartel general del ejército republicano en la provincia tras la conquista de Yagüe de la capital. Allí se estableció la base operativa del VII cuerpo de Ejército al mando del coronel Mena.
Desde el comienzo de la Guerra Civil, la localidad vivió una convulsa situación. Primero por los sucesos que terminaron con la detención y muerte de algunos mandos militares bajo la falsa acusación de su vinculación con los sublevados. Después, por la lucha entre los viejos militantes anarquistas y comunistas y los jóvenes miembros de las organizaciones, partidarios de hacer una revolución que acabase -léase asesinase- con la presencia de cualquier persona sospechosa de ser contrarrevolucionaria. Y, en tercer lugar, por la lucha entre anarquistas y comunistas por controlar el comité revolucionario. Una pugna que acabó con el triunfo de los comunistas que establecieron un sistema de represión organizado y nada espontáneo que acabó con la vida de, al menos, 113 personas.
Un número que contrasta con la represión perpetrada por las tropas nacionales, tras su conquista del municipio, que ascendió a 11 ejecuciones. En su mayor parte en 1939, tras el final de la guerra y como consecuencia de la depuración de responsabilidades de quienes habían cometido la matanza durante la etapa de dominio frentepopulista.
La represión comunista y anarquista estaba muy organizada. Así lo demuestra el hecho de que las profesiones y adscripciones ideológicas de las víctimas fueran muy similares.
En Cabeza del Buey fueron asesinados 41 propietarios e industriales, tres funcionarios, 8 abogados, 9 médicos, dos maestros, cinco sacerdotes y 13 estudiantes. Todos ellos a manos de los milicianos republicanos. Ideológicamente pertenecían principalmente a Acción Popular, el Partido Radical y Falange.
Llama la atención que la mayoría de los miembros de Acción Popular, el partido liderado por José María Gil-Robles. De esta formación eran 89 de las víctimas. Una circunstancia que solamente es explicable si tenemos en cuenta que era el único partido político de derechas con sede en la localidad y los asesinos pertenecientes a las milicias marxistas se incautaron de sus archivos para localizar a todos los miembros de la formación conservadora.
