INTRODUCCIÓN
La existencia de campos de concentración en el contexto de la Guerra Civil Española ha sido tradicionalmente asociada, en el imaginario colectivo, a la etapa posterior al conflicto y a la represión del bando vencedor. Sin embargo, la documentación oficial y los decretos publicados durante la propia contienda muestran que la creación de campos de trabajo y de internamiento comenzó en la zona republicana en los primeros compases de la guerra, como parte de un sistema de control y represión de los considerados “desafectos” al régimen.
La implantación de estos campos se produjo en un contexto marcado por la saturación de las cárceles, las sacas de presos y la presión internacional tras las matanzas ocurridas en la retaguardia. Lejos de ser una medida coyuntural, estos centros se integraron en una estructura de poder que buscaba canalizar la represión mediante mecanismos administrativos y judiciales específicos. En este artículo se analizan el origen, la organización y el funcionamiento de los campos de concentración republicanos y su relación con las sacas de Paracuellos.
El bando republicano construyó los primeros campos de concentración de la Guerra Civil. Los historiadores progresistas siempre han ocultado su existencia.
Otro de los logros de la propaganda del buenismo político de la izquierda es la de hacer creer que los primeros campos de concentración construidos en España datan de la inmediata posguerra y fueron una creación de los vencedores para someter a los vencidos. Sin embargo, esto no es sino otra de esas mentiras que la izquierda “intelectual” y política ha repetido miles de veces hasta convertirla en una realidad incuestionable para la mayoría de los españoles.
La verdad es muy diferente a esta historia edulcorada que nos han contado. Los campos de concentración, en el marco de la Guerra Civil, nacen en la zona republicana en diciembre de 1936. La Gaceta de la República recoge, el 27 de diciembre de 1936, un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, firmada por el presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, en el que se recoge la creación de “campos de trabajo para los condenados”.
El texto del decreto explica que la creación de estos centros de trabajos forzados surgen por la gran cantidad de presos condenados por los Tribunales Especiales Populares y por los Jurados de Urgencia. Estos órganos judiciales se encargaban de condenar a todas aquellas personas consideradas como desafectas a la causa republicana y por lo tanto eran condenados por el mero hecho de pensar diferente a los sindicatos y partidos que formaban parte del Frente Popular.
El mismo decreto reconoce que la gran cantidad de sentencias dictadas había hecho que se saturasen los centros penitenciarios. Además, tras varias semanas de sacas de prisioneros en Madrid, Barcelona o Valencia, los organismos internacionales habían presentado sus quejas por matanzas como las de Paracuellos, donde entre el 7 de noviembre y la primera semana de diciembre habían sido asesinados entre cinco y siete mil personas por ser desafectos a la causa republicana.
Estos campos de concentración se crearon, como señala el decreto, para internar a los “condenados por desafección al régimen”, es decir, para condenar a trabajos forzados a todas aquellas personas que no pensaban como los partidos miembros del Frente Popular. Esta medida se toma en el bando que la historiografía progresista insiste en calificar como el que defendió la democracia frente al totalitarismo. Por eso oculta sistemáticamente informaciones como esta, en la que queda claro el carácter soviético de sus medidas que se pueden calificar de cualquier manera menos democráticas.
Los internos en estos campos de concentración fueron obligados a realizar trabajos forzados, con unos índices de mortalidad que, como en el caso de Albatera (Alicante), superaban el 20% de los reclusos allí ingresados.
Para la gestión de estos campos de concentración se creó un patronato, dominado por los partidos y sindicatos izquierdistas, los mismos que en la retaguardia republicana estaban cometiendo los más terribles crímenes en las checas y las matanzas sistemáticas para reducir el número de presos que pudieran sumarse a una inexistente quinta columna.
Así, en ese patronato, junto al ministro de Justicia y el director general de prisiones, se encontraban dos miembros del sindicato anarquista CNT (Confederación Nacional del Trabajo), dos de la socialista UGT (Unión General de Trabajadores), un representante del Partido Comunista, otro del PSOE, otro de Izquierda Republicana y otro de Unión Republicana.
Del mismo modo, se creaba una guardia específica en estos campos de concentración en la que solamente podrían ingresar miembros de las milicias de los partidos anteriormente citados. Es decir, los mismos que durante los meses anteriores se habían dedicado a la detención, tortura y asesinato de cuanto derechista o católico encontraba a su paso.
Además, se dotaba un presupuesto para la construcción de estos campos de concentración. El primero en ser construido e inaugurado fue el ya citado de Albatera, en Alicante, con capacidad para entre 3.000 y 4.000 internos. Se inauguró en octubre de 1937 con la presencia de importantes personalidades republicanas: gobernador civil, inspector de prisiones, alcaldes de la zona y dirigentes socialistas, comunistas y anarquistas.
Según la documentación que obra en el Archivo General de la Administración (AGA), se construyeron siete campos de concentración en el territorio controlado por el Frente Popular. Complementaba la capacidad de las prisiones convencionales, las checas, los buques prisión y los centros incautados a los partidos políticos de derechas y a la Iglesia que fueron convertidos en cárceles. Solamente cuatro de ellos llegaron a entrar en funcionamiento. El denominado Campo de Trabajo n.º 1 de Albatera (Alicante), del que ya hemos hablado; el Campo de Trabajo n.º 2 en Hospitalet de l’Infant (Tarragona); el Campo de Trabajo n.º 3 en Alcalá de Henares (Madrid), que se acondicionó en un centro de reclusión para vagos y maleantes creado por Azaña en 1933; y el Campo de Trabajo n.º 4 en Concabella (Barcelona).
En total tenían una capacidad para veinte mil internos. Pero por ellos pasaron muchos más porque los índices de mortalidad se situaban en una media que superaba el 20%. Estas muertes se debieron a tres causas principalmente: desnutrición, malos tratos y asesinatos camuflados como fugas.
Es muy significativo el hecho de que estos campos de trabajo, que supuestamente debían albergar a los condenados por los Tribunales Especiales Populares y los Jurados de Urgencia, acabaron por ser el lugar al que eran trasladados los presos desde las cárceles de partidos políticos de izquierdas (checas) y desde las prisiones locales improvisadas. La mayoría de estos presos no habían sido condenados, pero eran enviados a estos centros para que allí fueran asesinados o muriesen por desnutrición o enfermedades.
Muchos de estos campos fueron reutilizados por el franquismo tras la Guerra Civil dándoles el uso de prisión para quienes habían participado en la guerra en el otro bando. Es decir, el mismo que había dado el Frente Popular, sin embargo, han corrido ríos de tinta sobre el uso que se hizo tras la guerra, pero se ha silenciado que fueron construidos y puestos en funcionamiento por los republicanos, también que su uso fue el de campo de concentración y, en muchos casos, de exterminio.
Mi agradecimiento al periodista e historiador Pedro Fernández Barbadillo por la información suministrada para la elaboración de este artículo.
CONCLUSIÓN
Los campos de concentración creados en la zona republicana durante la Guerra Civil forman parte de una realidad compleja y poco conocida del conflicto: la institucionalización de la represión en la retaguardia mediante estructuras de internamiento y trabajos forzados. La documentación oficial de la época evidencia que estos centros no fueron improvisaciones aisladas, sino el resultado de decisiones políticas adoptadas en un contexto de guerra total y de radicalización ideológica.
Abordar este episodio desde una perspectiva histórica rigurosa permite comprender mejor la continuidad entre las sacas de presos, las checas y la posterior creación de campos de trabajo como instrumentos de control. Reconocer la existencia y el funcionamiento de estos centros contribuye a una visión más completa del conflicto y de sus consecuencias humanas, alejándose de lecturas simplificadoras que impiden entender la profundidad de la tragedia vivida por miles de personas en ambos bandos.
