1.
En el origen, como base de partida, estaba el Movimiento, con mayúscula. José Antonio había definido a la Falange como un movimiento, un anti-partido. Pero ahora el Movimiento Nacional, que se definía con el título largo de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, era algo más que un anti-partido porque intentaba definirse como una expresión abierta que, conservando los fundamentos ideológicos, pudiera acomodarse a las circunstancias políticas cambiantes. Esta misma apertura, a veces, conducía a ambigüedad, como cuando se manejaban las frases que sonaban deliciosamente en los oídos proclives a la admiración del fascismo y del nacional-socialismo: «Nuestro Estado será instrumento totalitario del servicio de la integridad patria».
La Patria, «unidad de destino en lo universal», es decir unidad heredada para la convivencia, es un concepto que nada tiene que ver —más bien se opone— al de un partido que se declara totalitario.
El 5 de agosto de 1937 la Junta Política aprobó los Estatutos de FET y de las JONS, elaborados por Ramón Serrano Súñer. Franco los sancionó con su firma.
En el Movimiento se incluían tres clases de miembros activos: militantes, que eran todos los afiliados a las formaciones unificadas en el momento de la publicación del Decreto de Unificación (un modo de fundir las camisas «viejas» con las «nuevas» y a éstas con los tradicionalistas); militares, pues todos los generales, jefes, oficiales y clases en activo se consideraban miembros de pleno derecho; adheridos, que eran los que nuevamente se inscribían y a los que no se reconocería la calidad de militantes mientras no hubiesen acreditado capacidad de servicio.
Imitando en esto al Partido nacional-socialista, se creó —fuera de los Estatutos de 1937— una Falange del exterior, para agrupar a los españoles que vivían fuera de España.
El artículo 47 colocaba en la cumbre del Movimiento a un Jefe Nacional, un Caudillo que «personifica todos los valores y todos los honores», «autor de la Era histórica» que «en su entera plenitud, asume las más absolutas autoridades» y «responde ante Dios y ante la Historia».
Cerraba el texto una previsión altamente significativa y, en cierto modo, contradictoria con la asfixiante retórica de señalamiento personal: «corresponde al Caudillo designar a su sucesor, quien recibirá de él las mismas dignidades y obligaciones». Hay en el texto una contradicción, como si la segunda parte obedeciera a una voluntad diferente, pues es bien claro que este sucesor no puede ser ya autor de la Era histórica ni asumir las más absolutas autoridades.
2.
Con sus expresiones excesivas, el texto de los Estatutos contenía más de un compromiso entre los dos conceptos de Estado a que antes aludimos. El exceso y la retórica no deben atribuirse a Franco. Estaban en el ambiente y eran alimentados de modo especial por los grupos intelectuales falangistas muy inclinados a la imitación de lo que primaba en Europa, aquellos mismos que desde las revistas juveniles invitaban a los miembros de su Organización a corear frases como esta: «vosotros los alemanes tenéis a Hitler Führer; nosotros tenemos a Franco Caudillo».
También contenían un intento de crear servicios equivalentes a los distintos Ministerios, y esto es algo que Franco mismo yuguló. Leyendo atentamente y con cierta malevolencia el texto, descubrimos la voluntad deliberada de impedir un enfrentamiento o dicotomía entre Ejército y Partido, como sucedía en Alemania: todo el Ejército, con su Generalísimo al frente, se integraba en el Movimiento y le dominaba.
Por otra parte no era la Junta Política quien podía dar a Franco un sucesor; sólo él tenía reconocida la facultad de transmitir sus mismos poderes a la persona por él mismo designada. Acabará por ejercer de hecho esta potestad, pero al final de un proceso institucional que, mediante recurso a las Cortes, aseguraba una legalidad superior a la de la Segunda República, nacida en la calle.
Los Estatutos fueron obra de Serrano Súñer. Ignoro absolutamente qué modificaciones haya podido introducir Franco o alguna otra persona consultada. Ni siquiera sabemos si al Generalísimo le gustaban. En sus declaraciones, dentro de este mismo año de 1937, no aparece como demasiado fiel a la letra ni al espíritu que les informaba.
Por ejemplo: la Revue belge, en su número de 15 de agosto, publicó un artículo firmado por Franco, el primero que desde 1932 enviaba a un periódico, en el cual dice lo siguiente:
«La nueva España será fiel a sus tradiciones milenarias pero se desarrollará progresivamente. No basaremos el régimen futuro en sistemas democráticos —es importante advertir que aquí no hay ninguna coma— que decididamente no convienen a nuestro pueblo. Se ha hecho la prueba y Dios sabe que no ha faltado buena voluntad para ensayarlos por espacio de cerca de un siglo: lo asentaremos sobre ideales más fielmente democráticos y mejor adaptados al carácter peculiar de la raza española.»
En sus declaraciones al New York Times Magazine, el 26 de diciembre de 1937, completó este pensamiento diciendo:
«Todos los españoles participarán en el Estado a través del desempeño de sus funciones municipales y sindicales, pero no como representantes de los partidos políticos, porque hemos abolido implacablemente el viejo sistema parlamentario de múltiples partidos políticos con sus males conocidos: sufragio inorgánico y lucha entre grupos políticos».
3.
Inútilmente buscaríamos en los discursos del Caudillo por esta época expresiones que recuerden la «voluntad de poder» nietzscheana. Todo lo contrario. Desde mediados de 1937 Franco parecía haberse decidido a manifestar con toda claridad las bases ideológicas sobre las que proyectaba levantar toda su obra política.
«Debe ser un Estado católico, tanto desde el punto de vista social como del cultural, puesto que la verdadera España ha sido siempre, continúa siéndolo y será profundamente católica».
Frente al fallido intento de definición de cultura marxista en el Congreso de escritores de Madrid, levantaba el estandarte de la cultura católica.
Es verdad que a veces confundía, como lo hacía ya la inmensa mayoría de los españoles y lo sigue haciendo, forma de Estado y Régimen político, aplicando a Monarquía y República condiciones que no les son propias, sino de los métodos de Gobierno a que una y otra acudieron en un determinado momento. De este modo la República, que era para él esencialmente identificable con el régimen liberal parlamentario, fue descartada como solución para el nuevo Estado.
«Nuestro régimen —declaró en la entrevista antes mencionada en el New York Times— revivirá, bajo una forma moderna, aquellas instituciones que el Gobierno liberal repudió».
De este modo, en el momento en que se promulgaban los Estatutos de Falange, tan revestidos de ropaje fascista, Franco estaba sosteniendo en público que la Monarquía era la institución política más adecuada al carácter español.
«Ya lo he dicho: si los españoles expresan el deseo de volver al régimen que dio a España su grandeza pasada, y que duró más de mil años, la decisión les pertenece».
No pretendía, en modo alguno, retornar a 1931 ni a 1876. «Tomará de los autoritarios el principio jerárquico… pero tendrá al mismo tiempo características nacionales bien definidas».
Frente al socialismo, esgrimía la justicia social. «La España nacional mantendrá las mejoras sociales» pero «habrá de imponer la ley tanto a los obreros como a los patronos» y deberá «colocar la noción del deber junto a la del derecho».
Los Estatutos de Falange Española Tradicionalista y de las JONS constituyeron un elemento fundamental para comprender la configuración política del bando nacional durante la Guerra Civil y el posterior desarrollo del régimen franquista. Su contenido muestra el intento de dotar de una estructura común a las distintas fuerzas integradas en el Movimiento y de establecer una organización capaz de adaptarse a las circunstancias políticas de la nueva España.
El texto también revela las contradicciones entre la retórica falangista y la evolución real del proyecto político de Franco. Mientras determinados sectores aspiraban a construir una organización inspirada en los modelos totalitarios europeos, Franco fue consolidando progresivamente su propia posición como autoridad superior, subordinando el Movimiento a la estructura del Estado.
Los Estatutos de 1937 deben entenderse, por tanto, no sólo como un documento organizativo, sino como una pieza esencial para analizar la transformación política que se produjo en la España nacional durante la Guerra Civil y la construcción del régimen que surgiría de ella.
