En la negociación tensa entre Franco y la Santa Sede no aparece ninguna alusión en favor o en contra de una de las decisiones más importantes tomadas por el Generalísimo, la cual esperamos respetuosamente para ver si es posible la provisión de las 17 diócesis. Asimismo que esperamos aún la respuesta a la nota del 9 de enero para poderle contestar a su propuesta (insidiosa y por sorpresa) de que se nombren de modo provisional los 17 obispos, sin que esto sirva de precedente y sin prejuzgar la cuestión de principios. Creo que debería llamarse a Yanguas y dejar allí un encargo de negocios solamente, quedando prudencial para que decidan.
Los eclesiásticos, en el interior, aplaudieron calurosamente la medida recordando que se trataba de un enemigo radical de la Iglesia, solemnemente excomulgado desde el siglo XVIII. En realidad la persecución contra masones había comenzado ya en los primeros meses de la guerra —aunque no eran pocos los iniciados que cooperaban con el Alzamiento, por temor al extremismo rojo— pero aplicando tan sólo las leyes de Responsabilidades políticas y de Depuración de funcionarios. En enero de 1937, desde el Cuartel General de Salamanca, se cursó una orden para que todos los jefes, oficiales y suboficiales pertenecientes a la Masonería fuese expulsados y procesados.
El Capitán General de Canarias elevó una consulta, tratando de ganar tiempo: ¿se trataba sólo de castigar a los masones activos o también a los durmientes o a los que hubiesen obtenido plancha de quita? La respuesta final fue que a todos, salvo a quienes hubiesen dado pruebas fehacientes de enmienda. A lo largo de la guerra civil la documentación acumulada mediante incautaciones en las Logias, proporcionaron un material abundante que acrecentó, en el Generalísimo, la convicción de que la Masonería era una fuerza formidable, sostén fundamental de la República y uno de los dos peligros esenciales para el nuevo Régimen. El otro era el comunismo, que sostenía, en determinadas zonas, una lucha armada que los demás partidos políticos parecían haber abandonado. Entre la democracia liberal, que Franco repudiaba sólo en cuanto medio, y la Masonería y comunismo, expresamente excomulgados por la Iglesia, establecía diferencias de raíz: su organización, su ideología, su recuerdo incluso tenían que ser borrados para que España recobrase el pulso. En algunas conversaciones con personas próximas a él, Franco comentó que no descartaba la idea de que la Masonería fuese útil a otros países, pero que esta era una razón más para que la considerase perniciosa para España. En diciembre de 1939 creó un Servicio de Información especial antimasónico.
De todas formas resulta muy difícil precisar las razones profundas del odio de Franco a la Masonería, que le impulsó a emprender una batalla cuyas dificultades e implicaciones no se le ocultaban. Hemos visto de qué modo la política internacional española en los años 40 se apoyaba en el argumento de que sólo la Unión Soviética, plataforma del comunismo internacional, constituía un verdadero peligro para Occidente. En este plano cabía defender la postura de amistad con Alemania e Italia, campeones contra la III Internacional, y de apertura hacia los aliados que, hasta marzo de 1940, parecían decididos a acudir en socorro de Finlandia y Rumanía, amenazadas de muerte por los soviéticos. Meter a la Masonería y al Comunismo en el mismo saco era sin duda enajenarse la buena voluntad de los países anglosajones. Incluso después de que el extraordinario cambio de la Iglesia a causa del Concilio Vaticano II hiciera caer en desuso las leyes españolas, la Masonería internacional siguió considerando a Franco como a su mortal enemigo —«el gran inquisidor»—, estimulando a todos los sectores que luchaban contra él. Nunca Harry S. Truman le perdonó la persecución a los masones.
Pero Franco sabía que en octubre de 1937 una Gran Asamblea celebrada en Valencia, el Grande Oriente, que no se hacía ilusiones acerca del resultado de la contienda civil inmediata —«agonía de la santa República de nuestras libertades, la más masónica que quepa concebir»— había decidido aceptar el reto. No ignoraba que los propósitos de la Masonería como «sistema de Filosofía práctica» se dirigían a una fraternidad universal en que desapareciesen las religiones, los partidos y las nacionalidades. Pero esto era precisamente lo que le asustaba: una victoria de la Masonería, si algún día llegaba a darse, no podría significar sino la destrucción de aquellas cosas que más quería en este mundo: el patriotismo con que amaba a su nación, España, el Ejército encargado de sostenerla y la religión católica que no puede disolverse en el vago teísmo de una teosofía. Pocas veces aparece el Generalísimo tan consciente del dramatismo de su empresa como en esta batalla en la que tomó directamente la pluma y bajó al estrado para combatir.
3.
El 23 de febrero de 1940 el Consejo de ministros aprobó la Ley especial para la represión de la Masonería y del Comunismo. No se hizo ninguna distinción entre las varias ramas de iniciación masónica: en el preámbulo se incluía una declaración tajante de guerra contra «las sociedades secretas de todo orden y las fuerzas internacionales de índole clandestina». Se acusaba directamente a la Masonería de la pérdida de los reinos americanos, de las guerras civiles del siglo XIX, de la caída de la Monarquía y de colaboración con el comunismo para el establecimiento en España de una dictadura soviética. Se filtran, a través de la Ley, las preocupaciones del Régimen por las infiltraciones que había comenzado a detectar en los altos niveles de la Administración y del Ejército, y trataba de yugularlas. No cabe duda de cierta semejanza entre las previsiones de esta Ley y el régimen inquisitorial de la Monarquía tradicional española.
Todos cuantos hubiesen pertenecido o perteneciesen aún a logias masónicas estaban obligados a presentar una declaración retractándose; no quedaba claro si, a pesar de todo, iban a ser juzgados y, desde luego, se les consideraba inhábiles para ocupar cargos públicos o de confianza. Quienes no se retractasen o falseasen los datos de su declaración quedaban incursos en penas de reclusión menor, que podían pasar a mayor cuando se trataba de grados superiores —18 a 33— en la masonería o de mandos en el Partido Comunista. La Ley afirmaba tener en cuenta los servicios que muchos masones habían prestado al Movimiento a fin de eximirles de pena, pero esto no evitaba la exclusión de cargos de confianza. Un número indeterminado de militares perdieron su empleo y muchos masones que se hallaban en libertad vigilada, por falta de pruebas de actividades políticas, fueron de nuevo encarcelados, sometidos a proceso y condenados.
La Ley de represión de la Masonería y el Comunismo apareció orquestada desde la prensa, por suculentos artículos que hablaban de «conjura» o «contubernio» judeomasónico. Es evidente que la mezcla convenía mucho a los medios de propaganda nacional-socialistas, tan poderosos en España, porque permitía incorporar el hecho a su persecución contra los judíos, que Franco jamás compartió. Conviene precisar cuidadosamente la diferencia. Precisamente en este año de 1940 se iniciaba con timidez una protección, al principio pasiva y más tarde muy activa, en favor de los hebreos perseguidos en toda Europa. Franco y sus colaboradores no estaban pensando en divisiones étnicas sino en principios religiosos e ideológicos.
La propaganda periodística, los excesos de algunos eclesiásticos, verbales y escritos, e incluso la tendencia de algunos sectores de opinión a dar a la Masonería el aire fantasmagórico que ella misma estimulaba con su secreto riguroso y sus atuendos extravagantes, contribuyeron a hacer más dura la Ley, y más visibles algunas de sus contradicciones internas. Si se pretendía extirpar una idea, cosa siempre difícil, no era sin duda camino adecuado otorgar a las sanciones un efecto retroactivo, aspecto que siempre choca con un sentido riguroso de la justicia. Faltaban los estímulos para quienes estaban dispuestos a abandonar la Orden. Por otra parte condenar a reclusión en cárceles por plazos que no iban a suponer en ningún caso más de seis años, difícilmente podía producir otra cosa que un aumento de rencor contra el Régimen en las víctimas de las sentencias y en sus familiares y amigos, sin que pudiera alegarse en cambio valor de ejemplaridad.
Hubo una generalización contraproducente, a la que el mismo Franco se rinde en algunos de sus artículos: los defectos de algunos masones se atribuyeron a todos; si la Masonería es intrínsecamente mala no puede admitirse que sus miembros no lo sean también. Pero sucedía que, al revelarse nombres y circunstancias de algunos masones, esto no era así. Por tratarse de un sistema filosófico que, en sus primeros grados al menos, se presentaba como llamamiento a la Filantropía universal y a la Fraternidad, se incluían en él personas de conducta muy variada, desde ilusionados reformadores hasta políticos ambiciosos que se hacían iniciar con la esperanza de medro. Este es un problema que aqueja a todas las organizaciones, incluso las de fines más elevados. En el caso de la Masonería existe una barrera impenetrable, la de los secretos de iniciación en sus grados superiores.
Como consecuencia —o antecedente— la Masonería declaró a Franco la guerra. Era inevitable que así sucediera, porque el esquema que el Generalísimo se proponía para la reconstrucción del Estado y la plataforma de catolicismo militante sobre que se asentaba, resultaban incompatibles tanto con ésta como con la otra Internacional, comunista.
Como recordaría en 1941 Diego Martínez Barrios, Grande Oriente español, a sus seguidores, la Masonería se declaraba incompatible con quienes «colocan sus principios religiosos por encima de sus deberes de fraternidad» o «anteponen a esos deberes de fraternidad los ideales patrióticos». El Comunismo, por otra parte, proclamaba el sometimiento de los países a la Internacional y la destrucción de todo tipo de creencias espirituales. Franco defendía precisamente todo esto: con Ley de represión o sin ella era un combate que no podía ni quería eludir.
