«Justicia para el crimen y benévola generosidad para los equivocados», había recordado el Papa al Generalísimo.
En el revuelto mundo de la guerra civil, acabada de concluir, resultaba difícil no considerar estos deseos como utópicos. Los enemigos vencidos no estaban dispuestos a admitir la bondad de esta máxima: para ellos magnanimidad significaban amnistía completa, olvido del pasado, retorno a las posiciones antiguas. Ningún vencedor ha aceptado esto, que hubiera constituido un suicidio. En todos los países europeos, al final de la guerra las represalias y castigos constituyeron un capítulo importante. En Francia, en octubre de 1945 iban ya ejecutadas 1.500 penas de muerte y los juicios contra colaboracionistas continuaron durante largo tiempo. Por otra parte los familiares de las víctimas de la violencia republicana, y los supervivientes de ella, tampoco estaban dispuestos a tolerar que los crímenes quedaran sin castigo.
Las guerras civiles dejan terribles secuelas de odio; los que los contemplamos a distancia nos producen repulsión, pero los que viven inmersos están convencidos de que se trata de una cuestión de supervivencia.
En resumen que todos los vencedores estaban muy de acuerdo en la primera parte de la frase, «justicia para el crimen», pero se olvidaban con harta frecuencia de la segunda, «benévola generosidad para los equivocados».
En el interior del país la guerrilla seguía cobrándose víctimas. Conocería un recrudecimiento después de 1942. Las autoridades militares y de orden público tenían el convencimiento de que cualquier intento de aflojar la mano tendría consecuencias desastrosas. Franco, instalado en medio de la vorágine, convencido de que tenía que desarraigar Comunismo y Masonería, obligado a respetar la actuación de los tribunales militares, conocedor de muchas violencias, tenía que buscar la reconciliación, sin desentenderse del clamor de sus propios partidarios, y construir un futuro. Todo ello sin dinero, reservas ni riqueza alguna. Era una tarea estremecedora y gigantesca.
2. Empecemos por el dinero
Aunque las perspectivas mercantiles y crediticias en el exterior no eran desfavorables, las del interior resultaban sencillamente desastrosas. Se había vuelto a la renta nacional de 1914, esto es, de 18.000 millones de pesetas, cantidad que resultaba en absoluto insuficiente para emprender la reconstrucción del país. Cuando, a partir del 25 de agosto de 1939, siguiendo una orden del Ministerio de Hacienda, se procedió al examen de la situación financiera del país, se obtuvieron resultados muy pesimistas:
— Sin tener en cuenta los billetes emitidos por el Gobierno de Euzkadi, ni por el Consejo Soberano de Asturias, León y Palencia (los llamados comúnmente «belarminos» por referencia al presidente, Belarmino Tomás), ni los de los Ayuntamientos de Cataluña, ni los vales que improvisaban los más variados Comités, que no alcanzaron el final de la guerra, se había pasado de una masa de circulación en billetes de 5.452 millones de pesetas, en julio de 1936, a 18.661 millones. Del incremento el bando nacional era responsable en 2.000 millones, y el republicano en más de 13.000. Pero las cuentas de Tesorería, en el Banco de España, se habían elevado desde 500 millones de pesetas a 23.358.
— Las salidas al exterior eran también cuantiosas. Según datos proporcionados al Banco de España por Luis Araquistain, embajador de España en París, se habían enviado a Rusia 510.079 kilos de oro. El barco Tramontana llevó a Marsella 117.300 kilos, y el Campillo 120.100. Existía una remota esperanza de recuperar los depósitos en Francia cuando se normalizasen las relaciones mercantiles con este país, pero no los soviéticos. Se habían constituido en Francia diversas cuentas bancarias a disposición de los exiliados, como la de 130 millones de francos de Julio López Masegosa, la de varias decenas de millones de Pablo de Azcárate, y la de 40 millones del Patricio Azcárate. En Nueva York, Rafael Méndez tenía una cuenta de mil millones de pesetas. Alrededor de 2.000 millones de francos valía el cargamento del Vita, del que se hizo cargo Indalecio Prieto en Méjico.
De ahí se derivaba una doble perspectiva, por igual preocupante: el déficit monetario español, en dinero circulante y en reservas, era pavoroso; pero además los dirigentes republicanos en el exilio disponían de abundantes recursos. Podían desplegar fuerte actividad política.
3.
Inmediatamente, Franco pondría a su Gobierno a trabajar. Para lograr la movilización del capital imprescindible, se recurrió a la creación de un Instituto de Crédito para la reconstrucción nacional, a cuyo frente se instaló Joaquín Benjumea Burín. Esto significaba que se incrementarían los beneficios bancarios, cosa que a Franco no gustaba, pero que aceptó como un mal menor necesario, por consejo del Ministro de Hacienda.
Comenzó a los pocos meses la Segunda Guerra Mundial, que sumergió la economía internacional en un auténtico caos. España tuvo que admitir, con voluntad o sin ella, las directrices que imponían los beligerantes: una autarquía de pobreza.
El dirigismo estatal llevado hasta los últimos rincones. En 1939 se inició una etapa dura, de ruralización creciente, de insuficiente racionamiento interior y de «clearings» para el comercio exterior, agravada por el bloqueo a que los aliados sometieron pronto a Europa. Los precios, que no podían ser contenidos con el aumento de producción, tuvieron que ser combatidos con medidas intervencionistas que generaron un mercado negro. No había otra esperanza que la de un pronto fin de la guerra y restablecimiento de la normalidad en los mercados.
La realidad puede explicarse con muy pocas palabras: había que absorber la deuda de guerra y no bastaba para ello la renta nacional de diez años. 250.000 casas destruidas en los combates, al sumarse a la escasez inveterada de alojamientos y a la penuria presente de acero y cemento, provocaron una pavorosa escasez de viviendas que habría de prolongarse por más de quince años. La flamante Dirección General de Regiones Devastadas, en un primer informe, indicó que habrían de reconstruirse 183 ciudades, pueblos y aldeas. El Banco de España carecía de reservas de oro. Dos terceras partes del material ferroviario había dejado de existir; lo que quedaba era anticuado, deficiente y, en ocasiones, imposible de reparar. La cabaña ganadera había sufrido pérdidas enormes, en especial en la zona republicana. La industria estaba en ruinas. Y, sobre todo, la mano de obra había experimentado pérdidas muy graves por fallecimientos, mutilaciones, prisión y destierro.
4.
Es necesario tener en cuenta estos aspectos negativos para poder comprender la dirección de los esfuerzos. No he de ocuparme aquí de análisis económicos, para lo que me considero completamente incapacitado, sino de indicar las etapas de una política. José Larraz, Ministro de Hacienda, conseguiría fundir las dos zonas monetarias existentes durante la guerra, pese a las grandes diferencias de cotización exterior entre la peseta nacional y la republicana y a las intrusiones internas provocadas por emisión de billetes fuera del Banco de España; y todo esto sin tener que soportar una presión inflacionista excesiva que hubiera desarticulado los precios y agravado la situación de los asalariados, mantenidos siempre en niveles de retribución escasos. Muchas de sus decisiones pueden ser consideradas heterodoxas cuando se juzgan con criterios de una producción expansiva y de mercado abierto, pero fueron sin la menor duda eficaces.
Los precios reales subieron inmediatamente después del fin de la guerra porque la abundancia alimenticia que caracterizaba a la zona llamada nacional desapareció cuando a ella se incorporaron las provincias regidas por los republicanos. La demanda presionó con mucha fuerza: no se trata de una contracción de la oferta sino de escasez, rigurosa y áspera.
Ni en moneda ni en presupuestos podía el Gobierno permitirse el lujo de operar en beneficio de una determinada política económica. Lo importante era que cada Departamento ministerial recibiese la dotación imprescindible para cumplir sus fines —ateniéndose a lo que constituía el gasto— y que se mantuviese una capacidad de venta en el exterior a fin de constituir una cuenta de disponibilidades en divisas.
No hubo política presupuestaria propiamente dicha. Los impuestos directos, víctimas de un fraude fiscal que era posible impedir, cedieron el paso a los indirectos. Para Fuentes Quintana las decisiones tomadas por Larraz y sus inmediatos sucesores «concluyeron en un raquitismo de la imposición personal directa, generalización de la imposición indirecta y en el éxito recaudatorio de la imposición sobre consumos».
Pero el historiador de la Contribución directa resulta necesario tener en cuenta que, si no resultaba en aquellos momentos justo que se pagase por el disfrute de los bienes y no por la producción, la experiencia demuestra que la presión fiscal directa suele gravar en los sueldos y rentas fijas, que son los que no escapan al control del Estado, y favorece en cambio a quienes tienen posibilidades de ocultamiento o especulación.
II. La represión militar
1.
La guerra civil española fue cruel y sangrienta. Este es un hecho comprobado en sus líneas generales y que se enrosca, como una soga de angustia, en el corazón de las generaciones que la vivieron. Pero conviene no exagerar: no fue más cruel ni muy diferente de lo que suelen ser todas las guerras civiles. Cuando historiadores profesionales con sentido de responsabilidad perfilan estadísticas fiables, liberan a los españoles del complejo de crueldad que, durante bastante tiempo, nos han inculcado autores extranjeros.
La represión fue una especie de prólogo para la que se instaló en Europa durante la Segunda Guerra mundial, que superó con mucho a la española, en número —las estadísticas se ocultan— y en detalles sangrientos. La actuación de los tribunales militares españoles es menos rigurosa, debe afirmarse, incluso que la que ejercieron los aliados occidentales en los países reconquistados o en Alemania y no puede remotamente compararse con lo sucedido en Polonia bajo la doble ocupación nazi y soviética o con las persecuciones hitlerianas a los judíos.
En España no hubo túnel de Fosas Ardeatinas, ni Katyn, ni Buchenwald; ya hemos visto como Badajoz es una leyenda exagerada sobre un número muy reducido, aunque vituperable. Después de los bombardeos de Coventry, Dresde o Tokio —prescindiendo de Hiroshima o Nagasaki—, en donde una sola acción superó los 100.000 muertos entre la población civil, los bombardeos en poblaciones españolas resultan modestos.
Violencias y represalias indiscriminadas se dieron en ambos bandos. Franco hizo intervenir a las Auditorías de guerra y consiguió frenar las acciones de los espontáneos aplicadores de la justicia por su mano. Cada uno de los sectores en pugna recurrió luego al procedimiento de acusar únicamente a los enemigos, rebajando o negando los desmanes que cometieron los de su propio bando; de ahí ha nacido la confusión que se arrastra hasta hoy. No debe olvidarse que tales violencias se tradujeron en muchas ocasiones en espantosos crímenes que ninguna justicia podía dejar impunes. Los historiadores del exilio han negado con frecuencia este hecho mezclando las causas puramente políticas con las promovidas por delitos de sangre acreedores de la misma pena ante cualquier tribunal civil.
Aunque no forma parte de nuestro trabajo hacer ninguna averiguación de cifras ni formular tampoco juicios de valor, conviene dar una señal de alarma ante los números que, con absoluta desaprensión, se han lanzado al mercado, sin otro fundamento que la escandalosa noticia de un corresponsal extranjero que se informa de oídas o los sospechosos comentarios del Diario de Ciano que, en cuanto a noticias de guerra, demuestra ampliamente su ignorancia.
2.
Intentaremos explicar conductas, aceptando, en cuanto a cifras, las que ofrece Ramón Salas Larrazábal, únicas que se presentan con garantías de una concienzuda investigación en archivos. Es posible que nuevas indagaciones permitan corregir o enriquecer algunos datos, pero puede asegurarse que no habrá modificaciones sustanciales.
Estamos, en todo caso, muy lejos del «millón de muertos» que no es sino eufonía literaria difundida a partir de una novela famosa. España, perdida en la guerra civil y en las acciones guerrilleras posteriores que se prolongaron hasta 1952, incluyendo los fallecidos en acción, las víctimas y las ejecuciones capitales de asesinatos, tuvo más de 300.000 personas.
No debe olvidarse que, en el recrudecimiento de sus actividades, después de 1943, los guerrilleros cometieron numerosos asesinatos, aparte de los de las fuerzas de policía que cayeron combatiendo contra ellos. Asesinatos y ejecuciones en la zona del Frente Popular, sólo hasta 1939, se produjeron por encima de 72.500, mientras que en la zona nacional, en toda la península hasta 1952, 58.500.
Convengamos en que son cifras elevadas de muertos, las cuales causan profundo sentimiento de repulsa, no tanto por el número cuanto por la irreparable decisión de arrancar una vida humana. Pero los historiadores, a quienes no incumbe la misión de juzgar, sino la de explicar, tienen que establecer términos de comparación: no existe proporción entre la guerra española, que contó con el agravante de su largo tiempo de vigencia, y las otras revoluciones del siglo XX, soviética, hitleriana, china o castrista.
La responsabilidad moral —justificada con el argumento de impedir la prórroga de la guerra— por el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, resulta especialmente grave; pues se trataba de ahorrar vidas de soldados propios a cambio de población civil japonesa.
3.
A la hora de computar las pérdidas hay ciertos aspectos que no pueden recoger las estadísticas, tales como el azar o los terribles errores humanos y, sobre todo, el ambiente de sospecha contra los posibles enemigos. Los «puros» del Régimen se inclinaban con suma facilidad a matizar de sospechas a quienes no podían exhibir su misma limpieza de origen.
Falange Española había crecido con excesiva conciencia investiga-tiva en archivos. Es posible que nuevas indagaciones permitan corregir o enriquecer algunos datos, pero puede asegurarse que no habrá modificaciones sustanciales. Estamos, en todo caso, muy lejos del «millón de muertos» que no es sino eufonía literaria difundida a partir de una novela famosa.
España, perdida en la guerra civil y en las acciones guerrilleras posteriores que se prolongan hasta 1952, incluyendo los fallecidos en acción, las víctimas de asesinatos y las ejecuciones capitales, algo más de 300.000 personas. No debe olvidarse que, en el recrudecimiento de sus actividades, después de 1943, los guerrilleros cometieron numerosos asesinatos, aparte de las fuerzas de policía que cayeron combatiendo contra ellos. Asesinatos y ejecuciones en la zona del Frente Popular, sólo hasta 1939, se produjeron por encima de 72.500, mientras que en la zona nacional, en toda la península hasta 1952, 58.500.
Convengamos en que son cifras elevadas de muertos, las cuales causan profundo sentimiento de repulsa, no tanto por el número cuanto por la irreparable decisión de arrancar una vida humana. Pero los historiadores, a quienes no incumbe la misión de juzgar, sino la de explicar, tienen que establecer términos de comparación: no existe proporción entre la guerra española, que contó con el agravante de su largo tiempo de vigencia, y las otras revoluciones del siglo XX, soviética, hitleriana, china o castrista.
La responsabilidad moral —justificada con el argumento de impedir la prórroga de la guerra— por el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, resulta especialmente grave: pues se trataba de ahorrar vidas de soldados propios a cambio de población civil japonesa.
A la hora de computar las pérdidas hay ciertos aspectos que no pueden recoger las estadísticas, tales como el azar o los terribles errores humanos y, sobre todo, el ambiente de sospecha contra los posibles enemigos. Los «puros» del Régimen se inclinaban con suma facilidad a matizar de sospechas a quienes no podían exhibir su misma limpieza de origen.
Falange Española había crecido con excesiva conciencia de los aspectos que no podían computar las estadísticas como el azar o los terribles errores humanos y, sobre todo, el ambiente de sospecha contra los posibles enemigos. Los «puros» del Régimen se inclinaban con suma facilidad a matizar de sospechas a quienes no podían exhibir su misma limpieza de origen.
Falange Española había crecido con excesiva conciencia de los aspectos que no podían computar las estadísticas como el azar o los terribles errores humanos y, sobre todo, el ambiente de sospecha contra los posibles enemigos. Los «puros» del Régimen se inclinaban con suma facilidad a matizar de sospechas a quienes no podían exhibir su misma limpieza de origen.
Los militares que regresaban del frente, con estela de heroísmo, se sentían incómodos cuando averiguaban algunas de estas circunstancias y transmitían al propio Franco dicha incomodidad.
Esto nos conduce a una cuestión distinta, que es muy importante, la de la responsabilidad en que pudieron incurrir las autoridades políticas. No me refiero a la que genéricamente corresponde a los políticos por haber conducido al país hasta una situación sin otra salida que la de tolerar que media España devorase a la otra media, la cual se remite al juicio de Dios. No digo de la Historia porque es bien sabido que ésta la escriben los vencedores. Comenzada la guerra los poderes establecidos quedaron desbordados e inermes: a nadie, en su sano juicio, se ocurría hoy presentar a Azaña o a Indalecio Prieto como sanguinarios asesinos. Pues con mucha menos razón se puede acusar a Franco, que había buscado medios para evitar la tragedia y no poseía ninguna autoridad previa que pudiese perder. Llegó a la cumbre del Estado cuando habían transcurrido dos meses y medio de guerra y se habían cometido muchas violencias. Él, que demostró con sus enemigos personales, aquellos que le traicionaron, una serenidad completa, dejándolos sin castigo, se situó en el centro de la represión no para estimularla, sino para frenarla. Jamás dispuso que se revisase una sentencia porque le parecía suave; ejerció el derecho de indulto con toda la profusión posible y dispuso, acabada la guerra, la revisión de todos los procesos militares para ver si era posible hallar circunstancias atenuantes.
La violencia española es un fenómeno que, en ambos bandos, procede de abajo. Se hicieron amplias gestiones, dentro y, sobre todo, fuera de España, para conseguir que no se ejecutase la sentencia de muerte dictada contra José Antonio Primo de Rivera: al final encontraron una decepcionante respuesta de Largo Caballero que informaba de que el Gobierno no había podido pronunciarse en esta cuestión porque el gobernador de Alicante dispuso por su cuenta el cumplimiento. En aquellos momentos no había Gobierno que pudiese frenar a sus partidarios. Lo único que podía ser intentado era reconducir toda la vindicta hacia tribunales de justicia que operasen conforme a proceso. Franco estuvo
siempre convencido de que, al menos a partir de 1939, lo había conseguido, y que esta era la causa de que, a pesar de los numerosos y espantosos crímenes que había tenido que castigar, las víctimas en la zona nacional fuesen mucho menores, según las cifras reflejan.
4.
La pérdida de vidas humanas no era el único mal, aunque fuese el más doloroso por su condición de irreparable. Los exiliados que habían permanecido fuera, así como los encarcelados, constituían un quebranto para la economía nacional. El 1 de enero de 1940, momento en el que se alcanza un máximo de detenidos, éstos sumaban 270.719, en su inmensa mayoría pendientes de sentencia, entre los que deben incluirse también los presos que se llamaban comunes. Franco estaba muy preocupado por este número y se hacía enviar frecuentes informes para comprobar de qué modo disminuían. El 19 de febrero de 1939 realizó una de sus maniobras más características: mediante un decreto dispuso que los funcionarios que hubiesen servido al enemigo fuesen depurados; se les podía imponer sanciones económicas o traslado forzoso, pero en ningún caso se consideraría tal servicio como causa para la pérdida de la libertad. Moneda de dos caras, establecía un límite a la represión.
El 8 de mayo de 1940 el Director General de Prisiones, saltándose el trámite del Ministro de Justicia, envió a Franco un informe confidencial, por medio del secretario Felipe Polo. Es un documento importante: de las personas detenidas (que en este momento rondaban las 260.000) tan sólo 103.000 se encontraban cumpliendo sentencias firmes. El ritmo de la justicia era lentísimo, pues desde el fin de la guerra, más de un año antes, sólo se habían sustanciado 40.000 procesos con sentencia y un número mucho más elevado de sobreseimientos y absoluciones.
Había además 9.000 condenados a muerte, la mayor parte de cuyas sentencias estaban pendientes de revisión, produciéndose por esta causa, motines y actos desesperados. Lo que el Director General de Prisiones pedía a Franco era que se activase la labor de los tribunales: no era lógico ni humano, encomendar a los directores y personal de las cárceles, funcionarios públicos, que se hiciesen cargo de otros presos que aquellos que estaban cumpliendo sentencia, a los cuales se podía ayudar con la esperanza de las revisiones, los indultos y la redención por el trabajo. De hecho, Franco dispuso que se incorporasen a las Auditorías más oficiales jurídicos de reciente promoción, a los cuales además se orientaba a que actuasen como jueces o fiscales ordinarios, teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos y no de los delincuentes.
5.
Es indudable que Franco quería reducir rápidamente la población penal. Insistió en ello en sus declaraciones del 1 de enero de 1939 y en el memorandum económico que lleva la fecha del 20 de diciembre del mismo año. Algún tiempo después se jactaría de que su Régimen había conseguido reducir la población penal española a mínimos absolutos. Pero también explicó repetidas veces que no daría amnistía, porque esto hubiera significado el desconocimiento de los delitos. La justicia, militar o civil, debía actuar con plena independencia, sustanciando las causas y dictando las sentencias que el Estado debía cuidar que se cumpliesen, a menos que encontrase motivos que justificasen, por humanitarismo, la conmutación. Los indultos se hicieron sistemáticos, como si obedeciesen a un plan previamente trazado y que conviene explicar.
El Generalísimo se sintió especialmente atraído por los estudios penales de un jesuita, el P. Julián Pereda que, poco antes de la guerra —sin que pudiera prevenir el problema que en 1939 llegaría a plantearse— cobró cierta fama al proponer una modificación del sistema penal a partir de tres principios morales admitidos por la doctrina católica: a) todo delincuente responsable de un delito grave debe ser considerado como persona que tiene disminuido el sentido de la responsabilidad —no se trata de considerarle como enfermo mental sino como enfermo moral— y el régimen penitenciario debe orientarse precisamente a devolvérsela; b) el encarcelamiento, en las condiciones promiscuas reinantes en los penales, resulta al mismo tiempo anticristiano y antisocial: todo preso ya sentenciado debe tener la oportunidad de reinsertarse en un trabajo, pues el trabajo es dimensión esencial e inseparable de la persona; c) la pena impuesta por el delito es el modo que la sociedad tiene previsto para que el delincuente pague su deuda, pero esto no puede ser obstáculo para que, con un trabajo voluntariamente asumido, gane dinero para mejorar sus condiciones de vida y para atender a su familia, víctima inocente.
Esta doctrina encontró eco en el Ministerio de Justicia, a cuyo frente situaría, al término de la guerra, a otro militante del tradicionalismo, Esteban Bilbao Eguía. Franco le instó a que pusiera en marcha el programa. Una parte de la remuneración ofrecida podía ser retenida como ahorro para el momento de abandonar la prisión, otra puesta a disposición del reo, otra en fin destinada a presentarse con tiempo de conseguir trabajo. Se hizo abundante propaganda para conseguir que los condenados escogiesen el régimen que se llamó de «redención de penas por el trabajo»; era condición indispensable la voluntariedad.
Con un criterio castrense muy estricto se lograba de este modo reducir a la mitad o a la tercera parte, según los casos, el tiempo de permanencia en la cárcel.
6.
Esto era sólo una parte del plan. La otra se puso en marcha el 24 de enero de 1940 cuando se crearon comisiones especiales que se encargaron de revisar todos los procesos sustanciados por tribunales militares, con objeto de apreciar nuevas circunstancias; las sentencias confirmadas o disminuidas nunca aumentadas. El Ministerio del Ejército intervino para limitar los beneficios del plan advirtiendo a las comisiones, en una orden comunicada de 17 de febrero, que reiteró el mismo año, que no tenían potestad para modificar penas de muerte ni tampoco las penas de prisión.
Franco siguió adelante, ello no obstante: el 4 de junio de 1940 firmó un decreto que concedía libertad condicional a todos cuantos estuviesen condenados a penas inferiores a seis años. El 1 de abril este beneficio se extendió a las penas de doce años: 40.000 presos recuperaron de golpe la libertad. Sólo los delitos considerados como graves seguían comportando reclusión.
El 28 de septiembre de 1942 el Ministerio del Ejército revocó su orden anterior autorizando a las comisiones a que revisasen también las penas de muerte y las de prisión perpetua resultado de éstas. El 16 de octubre la libertad alcanzó a otros 20.000 reclusos, condenados a penas de doce años y un día hasta catorce.
El 25 de diciembre 7.526 presos, el 16 de enero 29.353, el 11 de febrero 7.476, y el 26 de marzo de 1943, 6.945 fueron liberados por la combinación de los indultos y de la redención de penas. Dos disposiciones, la de 30 de marzo y la de 17 de diciembre de 1943 extendieron el beneficio de la libertad condicional también a los condenados a 20 años y un día. Además de los arriba mencionados, en ese momento rondaban las 260.000 personas. Con ellos y un día, salieron de las cárceles 48.705 personas. Con ellos la población penal subsistente se había reducido a
proporciones normales. La lucha guerrillera y el despliegue de oposición al régimen provocaría después nuevos incrementos.
Mediante estos dos procedimientos, Franco cumplió lo que era su propósito: «sin pasar la esponja» la población recluida a causa de la guerra se había disipado. Cuando en 1945 Esteban Bilbao abandone el Ministerio de Justicia su programa estará cumplido. Los estadillos de la Dirección General de Prisiones indicaron que el 1 de enero de 1946 había sólo 32.380 presos, un número que puede considerarse como normal.
Es indudable que este razonamiento, en el que el Generalísimo creía, no fue aceptado por las izquierdas; no podía serlo, de ningún modo. Un número considerable de detenidos puestos en libertad volvió a conspirar. Nunca ha habido plena reconciliación y los sucesos más recientes han venido a demostrarlo. Ello no obsta para que deba asegurarse que el Régimen permitió a los vencidos y a sus descendientes incorporarse de modo pleno a la vida del país y nunca estableció barreras.
II. El caso singular de Julián Besteiro
1.
La resistencia de las partidas de guerrilleros y los intentos de reorganización en la clandestinidad de una red que no se sabía bien si era socialista, comunista o de ambas clases, en los meses que siguieron inmediatamente a la guerra, han podido influir en el ánimo de los vencedores y los inspiradores de oposición al régimen provocaría después nuevos incrementos.
Sucesor de Pablo Iglesias en la cumbre del Partido, el paso de los años impulsó en Besteiro el creciente moderantismo, alejándose del marxismo radical para iniciar la marcha hacia ese estilo de socialdemocracia que aún mucho tiempo tardaría en concretarse en España. Esta actitud le había valido ser desplazado por Indalecio Prieto y después por Francisco Largo Caballero. Durante la guerra civil, sus intervenciones fueron prácticamente nulas. Permaneció en Madrid, en su chalet de Viso, y conservó relaciones con colegas de la Universidad, sin embargo que pertenecían a la Quinta Columna.
Abandonó momentáneamente la oscuridad, como dijimos, para asumir la ingrata tarea de poner fin a la guerra apoyando a Segismundo Casado. Estaba ya enfermo y esperaba sin duda que huyese de España lo mismo que otros miembros de la Junta de Defensa. Besteiro se quedó en Madrid, pero los acontecimientos se precipitaron. El 30 de marzo de 1939 fue detenido en los locales que ocupaba la Junta, en los sótanos del Ministerio de Hacienda. En el fuero de su conciencia no cabe duda de que Besteiro tenía razón: la huida hubiera significado reconocimiento de culpa en el error y horror de la guerra. La presencia, en cambio, podía tener el valor de un testimonio. Por otra parte, su enfermedad le aseguraba, en el exilio, rápido y fatal desenlace, como ha sucedido con otros muchos personajes de su tiempo.
2. Nunca un tribunal militar se ha encontrado en posición más incómoda. El fiscal acusador, Felipe Acedo Colunga, había sido alumno de Besteiro. Los jueces eran todos generales como correspondía a la importancia de la persona. En sus intervenciones, el acusador demostró el desasosiego íntimo que reinaba en la sala. Dijo, entre otras cosas, refiriéndose a don Julián que esta «persona honrada, caballero en el régimen de vida, y por tanto simpático a la multitud y a nosotros mismos desde el punto de vista político español, es nefasto, terriblemente nefasto, en la política española; lo es para la Patria». El defensor, Ignacio Arenillas, marqués de Gracia Real, tradicionalista, se extendió ampliamente sobre las virtudes humanas del acusado y sobre su comportamiento en los últimos días de la guerra, que evitara grandes males. Besteiro le dio las gracias.
En aquella sala estaba presente el verdadero drama de la guerra civil. En la mente de los generales jueces no cabía duda de que el socialismo era uno de los males que había provocado primero la destrucción de la legitimidad intrínseca, monárquica, de la nación española e instaurado en su lugar una república que acabó rompiendo la unidad y provocando dos revoluciones cuyo sometimiento había costado ríos de sangre. Ahora, en el banquillo, ese mismo socialismo estaba representado por una persona merecedora de aplauso y no de castigo. Pero ¿no es absolverle dar legitimidad a su partido? ¿Qué es lo que importa más, la ideología o el hombre que la encarna? Faltó sin duda valor para decidirse por la segunda.
En un determinado momento, Besteiro pidió venia para hablar y dijo lo siguiente: «Hay un rasgo en mi conducta que quiero subrayar aquí. Yo he sido, además de diáfano en mi conducta, absolutamente leal para todos. He sido leal con mi Partido, en el cual he militado desde el año 12; he sido leal para los partidos que legítimamente se consideraban así; he sido leal, hasta la exageración, con algún partido que llamándose afín, era el mayor enemigo del Partido en que yo militaba y de mí personalmente; he sido leal para el Gobierno que combatió a la República, para los que tenéis esa ideología aquí y, en este momento, creo que soy leal con el Tribunal». Fue, sin la menor duda, la lección de un gran maestro en la meta final. El Tribunal le declaró culpable pero de las dos penas posibles escogió la menor, prisión perpetua, y recomendó que se aplicase en este caso toda la clemencia posible. La pena fue inmediatamente conmutada por la de 30 años e introducida en la cadena sucesiva de indultos y de revisiones.
3. Pero Besteiro fue, como Sócrates, una víctima del sistema que se había querido establecer. Seguramente los militares pensaban que no podían declarar su inocencia sin admitir al mismo tiempo la legitimidad de un Partido al que de ningún modo estaba dispuesto a renunciar. Se trató entonces de escapar a la dureza del propio Código recurriendo al monasterio de San Isidoro de Dueñas, cerca de Palencia, lo que hubiera significado una forma de reclusión moderada; pero al cabo de muy poco tiempo los monjes solicitaron que se le trasladara porque no estaban en condiciones de atenderle. Fue enviado a la prisión hospital de Carmona en donde falleció al poco tiempo, el 17 de setiembre de 1939. En sus últimos días se ocupaba en la traducción de un libro admirable, Jesus Christus, de Karl Adams: en el primer capítulo de esta obra su autor desarrolla un tema inquietante, el de la dificultad que los hombres tienen en comprender la naturaleza humana de Jesús.
La muerte de Julián Besteiro fue, para Franco y su prestigio personal, una desdicha. Impidió que, como en otros casos, pudiera hacer uso de su parsimoniosa generosidad permitiendo al ilustre catedrático retornar a su domicilio. El caso de Besteiro quedó inscrito en la cuenta dura de la represión porque en este caso la sentencia nominal quedó cumplida.
