INTRODUCCIÓN
Lejos de ser una conjura limitada a unos pocos cuarteles o a determinadas capitales, la conspiración contra la Segunda República se desplegó como una red compleja que abarcó prácticamente todo el territorio español. El general Emilio Mola concibió una estrategia flexible, basada en distintos modelos de conspiración adaptados a la realidad de cada provincia: desde aquellas con fuerte presencia militar hasta las que carecían de guarniciones y dependían de la Guardia Civil o de organizaciones civiles de derechas. Este capítulo analiza cómo esa arquitectura múltiple permitió integrar a militares, fuerzas de orden público y actores políticos en un proyecto común que, pese a sus tensiones internas, acabaría confluyendo en el golpe de julio de 1936.
LOS MODELOS DE LA CONSPIRACIÓN
La mayor parte de los estudios hablan de una conspiración desarrollada en unos lugares muy concretos, que contaban con unas provincias determinadas, especialmente aquellas donde había mayor presencia de fuerzas militares. El resto apenas eran tenidas en cuenta. A tenor de la documentación consultada, esto no parece ya sostenible. La conspiración afectó a todo el territorio español. Unas provincias jugaron un papel, otras, otro; pero todas participaron en la trama conspirativa. Con todas se contaba. Por supuesto que el protagonismo de unas y otras lo determinaba la presencia de regimientos o unidades militares, pero aquellas que no tenían ninguno también se sintieron protagonistas. Esta fue una de las claves de la parte de éxito de la conspiración: Mola supo ilusionar a todos, incluso a pequeños grupos de militares burócratas y falangistas exaltados, únicas fuerzas comprometidas en provincias sin ningún tipo de unidades militares, como Ciudad Real o Cuenca.
Mola no trazó un modelo de conspiración, sino varios. Unos y otros se contrapesaban, actuaban como poder compensador y evitaban dejar cabos sueltos. El general ideó una trama basada en cuatro modelos, con el fin de integrar a todas las provincias y al mayor número posible de fuerzas políticas implicadas.
El primer modelo, el militar, fue el más común y hasta ahora considerado único. Englobaba a todas aquellas provincias que tenían alguna unidad o guarnición militar y en las que la mayor parte de sus jefes y autoridades militares secundaron los planes conspirativos. Para desarrollar con mayor seguridad la conspiración, en la trama daban la cara, sobre todo, jefes de segunda fila u oficiales. El peso de la conspiración lo llevaron los militares, porque la sublevación que desembocó en la Guerra Civil fue, principalmente, una sublevación de militares que contó con el apoyo de contingentes civiles. La conspiración no fue, en su origen, una empresa de partidos políticos, de organizaciones civiles o de grupos de presión conjurados para un asalto al poder utilizando como instrumento a las fuerzas armadas.
«En principio, y sin que esto signifique ignorar la existencia de incitaciones civiles al golpe militar, el proceso parece haber sido exactamente el contrario: una empresa del Ejército como corporación que coincidía con y representaba los intereses de unos grupos sociales precisos, pero que se negó a identificarse con programas políticos concretos. El Ejército aceptaba una representación social, pero rechazaba todo proyecto que no tuviera a la corporación misma como aglutinante y protagonista»[52].
La primera Instrucción reservada dirigida a los conspiradores el 25 de abril por el general Mola estipulaba la creación de dos organizaciones, una civil y otra militar. La primera nunca llegó a ponerse en marcha, salvo raras excepciones, aunque en la conspiración participaron civiles, especialmente procedentes de Falange Española y de la Comunión Tradicionalista. De todas las provincias que contaban con unidades militares dispuestas a seguir el alzamiento, en una se ignoró a los falangistas (Segovia) y en otra fue impedida su colaboración tanto en la conspiración como en la sublevación (Málaga).
En Valencia, el comandante de Estado Mayor Bartolomé Barba, fundador de la UME, fue uno de los miembros de la Junta Militar. Según su testimonio, una de las primeras decisiones que tomó dicha junta fue la de establecer contacto con las entidades de derechas que pudieran y quisieran prestar apoyo al movimiento. A principios de junio se preparó una reunión en El Saler a la que asistieron representantes de Derecha Regional Valenciana, Tradicionalistas y Renovación Española. Falange también fue invitada, pero entonces rehusó asistir, aunque, a pesar de ello, mantuvo enlace con la Junta Militar, ofreciendo con posterioridad trescientos hombres.
Derecha Regional ofreció a sus militantes más activos, a los que encuadrarían en milicias. Los tradicionalistas ofrecieron cinco mil requetés de la provincia. «Los indicados representantes presididos por mí quedaron constituyendo una Junta Civil que había de funcionar supeditada y en colaboración con la Militar», declararía Barba[53]. Es el único ejemplo conocido de haberse constituido una junta civil. También es una muestra de cómo los tradicionalistas participaron en la conspiración a nivel provincial incluso antes de que se cerrara el pacto general.
Entre los acuerdos que tomó esta Junta Civil en su primera reunión destacó el de que ningún partido u organización política podría tomar decisión alguna sin autorización u orden de la Junta Militar, así como el de proceder inmediatamente a la recaudación de fondos económicos necesarios para la sublevación.
En Málaga, el 18 de julio, cuando la situación empeoraba por momentos para los sublevados, el gobernador militar, general Patxot, se negó a permitirles intervenir y, por supuesto, a facilitarles armas, por ser un «movimiento puramente militar que no necesitaba para nada la intervención del elemento civil», según respondió a un jefe de la Guardia Civil ante sus requerimientos[54].
En Bilbao, Falange estuvo en relación con Renovación Española, Tradicionalistas y la CEDA. Sus contactos en el cuartel de Basurto eran los tenientes Ausín y Del Oso y el capitán Ramos, con quienes mantuvieron diversas reuniones. Al llegar el 18 de julio estuvieron esperando órdenes de los militares, que no llegaron[55]. Renovación Española, según su líder provincial[56], participó en numerosas reuniones organizativas desde el mes de marzo de 1936, tanto con otras fuerzas políticas como con el capitán Ramos, destinado en el Batallón de Montaña y principal organizador de la conspiración. Se consiguió la adquisición de más de ciento veinte armas largas y trescientas cortas.
En La Rioja los militares fueron los únicos protagonistas, y sobre todo los jefes de las unidades. La Junta Organizadora estuvo compuesta por el comandante de Aviación Roberto White, jefe del aeródromo de Agoncillo; el teniente coronel de Infantería Ricardo Marzo Pellicer, jefe accidental del Regimiento Bailén n.º 24; y el comandante de Artillería Juan Innerarity Cifuentes, pues se desconfiaba del coronel Santos Rodríguez Cerezo, del teniente coronel Julián Durán Salazar y del gobernador militar, general Víctor Carrasco. Posteriormente se incorporó el coronel Ricardo Moltó Moltó, que sustituyó en junio al coronel Rodríguez Cerezo al frente del Regimiento de Artillería Ligera n.º 12.
Dependiente de esta junta se organizó una comisión de enlace, presidida por Innerarity. El capitán Navarro fue designado para dirigir la conexión con los civiles, y una de sus misiones fue encargar al empresario Federico Pérez-Íñigo que recaudase fondos para la compra de armas. Ya no se contó más con ellos. Este capitán, a finales de mayo, trajo de Pamplona todo el plan del movimiento y la constitución de las columnas que tenían que marchar sobre Madrid[57].
En el norte de África los conspiradores fueron los altos mandos militares. El responsable fue el teniente coronel Juan Yagüe Blanco, jefe de la Segunda Bandera de la Legión, con destino en Ceuta. La relación con Mola era continua. En la gestación del plan de alzamiento colaboraron estrechamente un conjunto reducido de militares, tenientes coroneles y coroneles, encargados en cada plaza o servicio de organizar la estructura militar necesaria para que, en el momento señalado, el levantamiento fuera un éxito.
Gautier en Ceuta, Seguí en Melilla, Sáenz de Buruaga en Tetuán, Losas en Larache y Beigbeder en la Delegación de Asuntos Indígenas formaban el cuadro principal de la conspiración. A su vez, estos militares extendieron la red de la conjura en cada uno de los territorios o servicios a ellos asignados. Esta selección de mandos, siempre con prestigio entre los subordinados, facilitó en su momento la respuesta disciplinada de la guarnición militar[58].
En La Coruña los artífices principales de la conspiración eran militares, algo lógico en una provincia tan marcadamente dominada por su posición como sede del Departamento Marítimo del Cantábrico y de la Capitanía General de la VIII División Orgánica, pero también participaron elementos civiles (Falange, Bloque Nacional, JAP), aunque con un papel secundario.
Martín Alonso, africanista cercano a Sanjurjo y primer jefe militar tras el golpe de julio, fue considerado el cerebro de la sublevación en La Coruña y en Galicia. A Garicano Goñi, el capitán general de la plaza, le permitió tomar permisos de viaje con excusas como, por ejemplo, el traslado a las fiestas de San Fermín en Pamplona, ocasión que aprovechó para reunirse con Mola. También se encargó de los contactos con los mandos de la Base Marítima de Ferrol.
Desde los primeros días de julio se intensificó la preparación del golpe. Contactos y circulares se multiplicaron, tanto entre los partidos políticos afines (JAP, Falange) como hacia los cuarteles, con órdenes de concentración y preparación de las tropas. Falange fue la organización con mayor actividad, enviando emisarios con cartas por toda Galicia. Incluso la semana anterior al alzamiento, alrededor de dos decenas de falangistas recibieron instrucción y realizaron prácticas de tiro en el cuartel de Santiago[59].
En Pontevedra, el hombre fuerte de la conspiración fue el teniente coronel Antonio Durán Salgado, al que se sumaron tres comandantes de la guarnición militar. En el comité militar conspirativo figuraban también el director del Polígono de Marín, Francisco Bastarreche, y el capitán de la Guardia Civil Manuel Bernal Hernández, que jugó un papel de atracción de los hombres destinados en las dos comandancias de la provincia, la 139 y la 206.
La Guardia Civil y el Cuerpo de Carabineros tenían presencia en setenta y una poblaciones de la provincia, por lo que resultaban fuerzas decisivas, como así se demostró con su actuación en el alzamiento. Días antes del golpe militar fueron concentradas en las diferentes sedes de las secciones.
Los primeros días del mes de junio resultaron las fechas clave de la conspiración en Pontevedra. Las guarniciones de Pontevedra, Marín y Vigo decidieron sumarse a ella, relegando de los preparativos tanto al gobernador militar como al jefe del Regimiento de Artillería n.º 15 de Pontevedra, el teniente coronel Mario Sánchez Sánchez, las dos máximas autoridades militares de la provincia.
El veterano gobernador militar, general José Luis Iglesias Martínez, se mostró remiso tanto a embarcarse en la conspiración como a sumarse al alzamiento, tal vez por estar ya cercano su retiro y no querer correr riesgos. Junto al comité militar actuó un comité civil de apoyo, compuesto por falangistas, carlistas y hombres de la CEDA y Renovación Española. Varias docenas de falangistas pontevedreses habían recibido instrucción militar y fueron armados gracias al tráfico ilegal que funcionaba a través de Portugal[60].
En Lugo, la iniciativa y dirección de la conspiración la llevaron a cabo los militares. La guarnición estaba constituida por fuerzas del Regimiento de Zaragoza n.º 30, ejerciendo de comandante militar el coronel Alberto Caso Agüero, protagonista principal de la sublevación. El comandante Fernando Álvarez Holguín era el responsable de la Guardia Civil, cuerpo que se sumó de pleno a la sublevación. La comandancia de Carabineros, que también se unió al Ejército en la sublevación, estaba a las órdenes del comandante Revuelta. Falange tuvo un destacado protagonismo, aunque subordinado a los militares. Del resto de fuerzas políticas conservadoras, parece ser que la CEDA y Renovación Española también conocían la conspiración, pero no intervinieron en ella[61].
En Orense, la conspiración fue lenta y tardía[62]. En el mes de junio, un oficial procedente de Melilla fue enviado para sondear el ambiente existente en la guarnición. Dirigió la conspiración en su última fase el coronel de Estado Mayor Luis Tovar Figueras, representante regional de la UME, que consiguió, junto al comandante del Batallón de Infantería José Ceano Vivas, el compromiso de la práctica totalidad de la oficialidad del cuartel, de algunos mandos de la Comandancia de la Guardia Civil y de relevantes personajes vinculados a la derecha monárquica, además de falangistas y carlistas, que proporcionaron apoyos económicos e información sobre dirigentes políticos considerados enemigos.
En Guadalajara, el gobernador civil Miguel de Benavides, según declaró ante la justicia republicana[63], conocía la desafección al régimen de varios jefes y oficiales de la guarnición de la localidad. Por ello, el 20 de abril de 1936 comunicó al Ministerio de la Gobernación la conveniencia de trasladarlos. Los conspiradores constituyeron una junta «que aunase esfuerzos y mantuviese contacto con otras guarniciones», quedando formada por Rafael Ortiz de Zárate, comandante de Ingenieros (presidente); José María Robles Núñez Arenas, capitán de Ingenieros (vocal); Luis Javaloyes (vocal); Luis Casillas Martínez, capitán de Infantería (vocal); y José Burgos Iglesias, teniente de Infantería (vocal)[64].
El capitán Casillas, junto al capitán Nombela, fue nombrado enlace del Regimiento de Aerostación con los falangistas y otras fuerzas civiles de derechas[65]. El jefe del Regimiento de Aerostación, coronel Delgado, respaldó firmemente la acción conspirativa de la junta, no así el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, teniente coronel Ferrari. El día 17 de julio, el gobernador dirigió una orden reservada al comisario de Vigilancia y al teniente coronel de la Guardia Civil Ricardo Ferrari para que extremaran la protección de lugares públicos y la vigilancia de «elementos fascistas».
En Córdoba, la conspiración fue protagonizada por muchos militares retirados, miembros de la oligarquía del latifundio, viejos políticos primorriveristas y algunos nobles (el conde de La Jarosa, el marqués de Sauceda, el conde de la Cortina, entre otros). A la cabeza figuraba Eduardo Quero Goldoni, teniente coronel de Caballería retirado, en estrecho contacto con el coronel Cascajo[66].
En Granada, la conspiración comenzó de la mano del general Eliseo Álvarez Arenas, comandante militar. Pero duró poco al frente de la Comandancia Militar por su actitud poco recatada, más bien provocadora. Durante los desórdenes sociales del 10 de marzo llegó a decirle al gobernador Aurelio Matilla: «Si usted es incapaz de resolver el conflicto, el Ejército lo hará»[67]. A finales de mes fue destituido. La conspiración sufrió un duro revés, pero el nuevo comandante militar, general Manuel Llanos Medina, continuó con los planes previstos y alentados por buena parte de jefes y oficiales.
Una nueva indiscreción puso en alerta a las autoridades y enfrió los ánimos de los conspiradores. A mediados de junio, un suboficial de Aviación declaró públicamente la implicación de su máximo jefe y sus actividades conspirativas, en cuya boca ponía además una amenaza lanzada en una reunión con suboficiales: «Cuando nosotros venzamos próximamente las cosas cambiarán». El gobernador civil mandó acuartelar a las fuerzas de seguridad, extremar la vigilancia en centros oficiales y cuarteles y detener al jefe de la Aviación y del aeródromo de Armilla, el capitán artillero Joaquín Pérez Martínez de Victoria. Este resultaba una pieza fundamental en la trama, por constituir el aeródromo una base imprescindible para la recepción de tropas marroquíes.
Días después, el gobierno decidió destituir al general Llanos, al conocerse su encuentro con Queipo de Llano. El 11 de julio tomó posesión como gobernador militar el general Miguel Campins Aura, que fue mal acogido por los conspiradores. Nada más llegar a la plaza se encargó públicamente de dar muestras de lealtad a la República. Incluso rechazó el ofrecimiento de su amigo Franco para encabezar la sublevación en Granada, alegando que el Ejército debía limitarse «a cumplir las órdenes republicanas, a respetar su legalidad».
En Granada, los jefes falangistas eran de cierta edad y poco adecuados para la acción. Los jóvenes, más preparados para actuar como fuerzas de choque, no sumaban más de cien en julio de 1936, siendo la mayoría estudiantes, por lo que estaban casi todos de vacaciones fuera de la ciudad. La Comunión Tradicionalista carecía de un jefe destacado. El 17 de julio les sorprendió en plenas tareas preparatorias del Requeté[68].
En Valladolid, la conspiración fue alentada por el comandante de Artillería Gabriel Moyano, y gracias a él se formó la Junta Militar, en la que participaba el coronel Serrador, implicado en la sublevación del 10 de agosto de 1932[69].
En Salamanca, en abril de 1936 se había establecido el comandante retirado Fortea, enlace del general Mola. Consiguió organizar un grupo conspirador conectado con el de Valladolid, del que el comandante de Infantería Francisco Jerez fue uno de los principales impulsores, junto al líder falangista Francisco Bravo[70].
En Burgos participaron activamente en la conspiración tanto civiles como militares. Al frente de la misma se encontraba el general jefe de la I Brigada de Infantería, González de Lara. Estaban implicados el resto de jefes militares: el coronel Gistau, jefe del Regimiento de Infantería San Marcial; el teniente coronel de Caballería Marcelino Gavilán; y el comandante de Intendencia Fernando Pastrana. Además, participaban numerosos oficiales. El comandante de Infantería Luis Porto servía de enlace con Mola. Honorato Martín Cobos actuaba como enlace de las fuerzas falangistas y carlistas, de las que Fidel Dávila era responsable dentro de la trama.
El gobierno conocía el enorme calado de la conspiración en las fuerzas militares de Burgos y decidió relevar a la máxima autoridad militar. El 13 de junio nombró jefe de la VI División Orgánica al general Domingo Batet, en sustitución de Pedro de la Cerda, comprometido con los conspiradores.
«Batet mandó espiar los pasos conspirativos de Mola en Pamplona y sus alrededores, así como a sus secuaces en Burgos, pero más bien el vigilado era él mismo, pues casi todos sus subordinados estaban en el complot y conocían sus averiguaciones, ya que el personal de la telefónica escuchaba todas sus conversaciones y daba cuenta de ellas a los conspiradores»[71].
En Segovia, los militares que integraban la conspiración formaron una junta compuesta por dos representantes del 13.º Regimiento Ligero, dos de la Academia de Artillería y dos de la Escuela de Automovilismo. El 29 de junio se celebró una reunión de la Junta en la que se dio entrada, con especial protagonismo, a la Guardia Civil, comprometida a través del comandante Joaquín España Cantos[72]. Falange no participó en ninguna reunión con los militares para la preparación del movimiento militar. Ni siquiera se les informó de los planes de acción[73].
En Zamora, desde el mes de abril un grupo reducido pero selecto del Regimiento Toledo diseñaba la conspiración en contacto con los oficiales comprometidos de Valladolid. Se formó un comité militar presidido por el teniente coronel Carmona, que contó con la participación activa de civiles, como Agustín Martín, presidente de Acción Popular[74].
En el segundo modelo se incluían las provincias donde la presencia de unidades militares era importante, pero la trama conspirativa no calaba por distintas razones. En algunos casos, como Madrid, Mola perdió todas las esperanzas casi desde el principio. Allí se concentraban la mayor parte de los mandos militares, por lo que el general era consciente de que la República controlaba bien la situación en la capital.
En parecida situación parecía encontrarse Asturias, tal vez por el peso del movimiento minero y la importancia que tuvo allí la revolución de 1934. Según el general Aranda, líder de la resistencia durante el cerco de Oviedo, Asturias estaba al margen, no existiendo planes concretos para el alzamiento, por estimarla «totalmente perdida para los fines del mismo la provincia de Asturias, pensando en recuperarla después una vez hubiese triunfado el Movimiento en otras provincias de España». Por parte de los responsables de la conspiración, solo se habían realizado tentativas aisladas «sin llegar en ningún caso declaradamente al jefe que suscribe ni concretar nunca los fines de su acción ni la personalidad de los dirigentes»[75].
Esta versión contrasta con la de Falange. Según su informe para la Causa General, fechado en 1942, el comandante Caballero, iniciador de la conspiración en Asturias, trató de visitar al coronel en varias ocasiones sin conseguirlo. Ello causó un gran recelo entre los conspiradores, que finalizó al negarse el coronel a entregar las armas a las organizaciones obreras el 19 de julio, mediante una maniobra «de audacia y valentía»[76].
En otros casos, como Barcelona y Sevilla, Mola siguió intentándolo hasta el último momento, consciente de que la única oportunidad era hacerse con el favor de los jefes de las unidades y de las autoridades militares.
Sevilla había protagonizado la Sanjurjada de 1932 y, tal vez por las represalias sufridas entonces, los ánimos entre los jefes militares no estaban muy decididos a involucrarse en otra intentona. Mola ordenó a Queipo de Llano actuar in situ desde unos días antes y a la desesperada. La conspiración fue preparada por el comandante del Cuerpo de Estado Mayor José Cuesta Monereo, uno de los principales protagonistas del golpe de Sanjurjo en 1932. Le acompañaban en la Junta Militar siete personas: el general Queipo de Llano y su ayudante, otro comandante y cuatro capitanes.
La situación no estaba nada clara pocos días antes de la fecha prevista para el alzamiento, por lo que el propio Queipo se trasladó a Sevilla para agilizar las gestiones ante los jefes militares. Llegó el día 11 de julio y solicitó la adhesión del jefe del Regimiento de Granada n.º 6, coronel Manuel Allanegui Lusarreta, quien se opuso. Tampoco se adhirieron el coronel Santiago Mateo Fernández, jefe del Regimiento de Caballería Taxdir n.º 7; el coronel Santos Rodríguez Cerezo, del Regimiento de Artillería Ligera n.º 3; ni el comandante jefe del aeródromo de Tablada, Rafael Martínez Esteve. El Batallón de Zapadores, al mando del teniente coronel Eduardo Marqueríe y Ruiz-Delgado, era el más definido. La Guardia Civil parecía proclive, aunque no se pudo contactar con el coronel Arturo Blanco Horrillo, de baja esos días por enfermedad. Falange aportaba cinco escuadras de choque compuestas cada una por un jefe, un enlace y nueve elementos divididos en tres grupos. Con la Guardia de Seguridad y de Asalto no se podía contar[77].
Queipo fue expresamente a Huelva para hablar con el general José Fernández de Villa-Abrille. El comandante Cuesta le comunicó el deseo del general Queipo, pero Villa-Abrille se negó a charlar con él:
«Dile que se vaya enseguida; que no quiero verle, porque tendría que dar cuenta al Gobierno de las gestiones que viene realizando».
Volvieron a Sevilla con el temor de que el Ejecutivo tuviera noticias de la trama sevillana, lo que hubiera desbaratado todos los planes. Pero «nada de esto ocurrió y por ello se hizo merecedor de nuestro agradecimiento», según Queipo[78]. Era una de las pocas noticias buenas para el general jefe de Carabineros, consciente de la dificultad de su misión ante la falta de compromiso de los jefes de las unidades militares sevillanas.
En Almería y Santander las fuerzas civiles, sobre todo falangistas, intentaron tomar el protagonismo dejado por los responsables militares, pareciendo la situación acercarse al cuarto de los modelos, aunque sin llegar plenamente al mismo por la confianza de los jefes falangistas en lograr tarde o temprano el apoyo de los militares.
En Almería las autoridades militares no se adhirieron a la conspiración. Uno de los últimos intentos por conseguirlo se realizó pocos días después del asesinato de Calvo Sotelo. Algunos jefes falangistas visitaron al gobernador militar y jefe del Batallón de Ametralladoras n.º 2, teniente coronel Juan Huerta Topete. «Se mostró bastante frío», según los falangistas. Les comentó que ya serían avisados si fueran necesarios. Horas antes del «17 a las 17» rehusó el ofrecimiento de hacer pernoctar a todas las milicias en el cuartel para recibir instrucción y estar dispuestas a la acción.
Falange había conseguido formar cinco centurias a pesar de las dificultades internas del partido en la primavera de 1936, que motivaron el envío desde Madrid del falangista Mario López Rodríguez. Venía con órdenes expresas de realizar una activa agitación, de conseguir armas y de preparar todos los detalles de la conspiración[79].
En Santander, la inseguridad de apoyos militares, especialmente del jefe de la guarnición de la capital, hizo que la trama civil, dirigida por el exconcejal primorriverista del Ayuntamiento de Santander y exfalangista Emilio Pino Patiño, tomara una destacada importancia. Pino actuaba como coordinador de los distintos grupos civiles involucrados. Junto a Pino, de la Agrupación Regional Independiente, secundando su labor, se encontraban los también exfalangistas capitanes retirados Monteoliva y Esteve, encargados por el Bloque Nacional de cooperar en la conspiración en Santander, y Luis Quevedo.
Los falangistas desarrollaron una mayor actividad y conexión con los militares. A finales de febrero tuvieron lugar los primeros contactos, a través de Manuel Hedilla, jefe provincial, con el comandante Ubiña, que les ofreció ochocientos fusiles del cuartel si estallaba una rebelión contra la República.
«A finales de abril se recibieron nuevas órdenes de Madrid en las que se disponía el recuento de afiliados y simpatizantes dispuestos a secundar la sublevación, tanto en la capital como en la provincia, así como su organización en escuadras, falanges y centurias de choque. A partir de este momento se procedió a dividir la capital en tres distritos: Miranda, Cuatro Caminos y Santa Lucía, asignando a cada uno una serie de fuerzas que les habrían de cubrir»[80].
En los preparativos golpistas participó activamente también la Comunión Tradicionalista, a través de José Luis Zamanillo, que formaba parte de su Junta Militar o Junta de Conspiración, participando además como emisario cerca del general Mola; y de Alejandro Velarde González, comandante retirado de Artillería y jefe del Requeté en Cantabria.
En el tercer y cuarto modelo se englobaban las provincias que no tenían regimientos o unidades militares, aunque podían contar con algún pequeño destacamento militar. En total había nueve: Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Jaén, Huelva, Albacete, Teruel, Ávila y Soria.
La conspiración en unas y en otras fue diferente según la implicación de las fuerzas de seguridad y orden público, que constituían una fuerza muy importante, sobre todo desde el punto de vista cuantitativo, por estar repartidas en la mayor parte de municipios del país y por su preparación. En 1936, la Guardia Civil estaba organizada en 24 tercios además de Baleares y Marruecos, 59 comandancias, 205 compañías, 8 escuadrones, 198 cabeceras, 747 líneas y 3.199 puestos.
Las fuerzas de Carabineros estaban distribuidas en 10 zonas, 20 comandancias, 110 compañías y cabeceras y 1.658 puestos[81].
En conjunto, las fuerzas de seguridad y orden público estaban compuestas por 8 generales, 2.642 jefes y oficiales, 3.785 suboficiales y 60.865 guardias y carabineros[82].
El tercer modelo estaba conformado por aquellas provincias donde no había unidades militares y el liderazgo de la conspiración recayó en la institución militar de la Guardia Civil, con la inestimable colaboración de civiles, especialmente falangistas. La Benemérita llegaba prácticamente a todos los pueblos, con puestos fijos o servicios móviles. En este modelo se incluirían Albacete, Toledo, Cuenca, Soria y Ávila.
En Albacete, el artífice de la sublevación y responsable de la conspiración fue el segundo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, el malagueño Ángel Molina Galano, compañero de promoción de Franco, que tuvo una actuación destacada en los sucesos de mayo de 1936 en Yeste. En todo momento fue apoyado por su superior, el teniente coronel Chápuli[83]. Los falangistas pusieron a su disposición ciento cincuenta hombres[84].
En Toledo, el núcleo conspirador radicó en la Comandancia de la Guardia Civil, a través de su propio jefe, el teniente coronel Pedro Romero Basart, personaje implicado en la Sanjurjada. Todos los comandantes de puesto de los cuarteles de la provincia habían recibido un sobre lacrado que solo deberían abrir cuando, por el conducto reglamentario, recibieran la consigna: Siempre fiel a su deber. Los sobres contenían las instrucciones precisas (medios de transporte, de las familias, de las armas y bagajes) para replegarse sobre las cabeceras de línea y, a continuación, marchar hasta Toledo[85].
En Cuenca, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco García de Ángela San Román, no era proclive a la conspiración, pero no pudo controlar una situación interna dentro del cuerpo que abogaba por ella. Los dos oficiales encargados de llevar adelante la conspiración dentro de la Guardia Civil fueron el teniente Benítez González y el capitán Carmelo Martínez, quienes llegaron a establecer el plan de actuación[86].
En él colaboraban activamente los falangistas, que realizaron numerosas reuniones preparatorias por toda la provincia, a las que asistieron enlaces de la Jefatura Nacional del partido. Llegó a visitarla José Sainz, jefe territorial de Castilla la Nueva, «quien mantuvo reuniones con los mandos conquenses y elaboró un dispositivo para el instante en el que se recibiese la orden de levantamiento. Los objetivos eran hacerse con el poder en la ciudad, controlar el Gobierno Civil y desplegar todas las unidades por la provincia»[87].
En Soria la conspiración la protagonizó la Guardia Civil y las fuerzas foráneas. No tenía fuerzas militares, pero tampoco falangistas. El 17 de julio de 1936 había en Soria siete falangistas, todos ellos afiliados en Madrid. Y de los siete, cinco estaban encarcelados[88].
El cuarto de los modelos estaba integrado por las provincias donde no había unidades militares. Los responsables de la Guardia Civil tampoco apoyaron los planes golpistas. En ellas, los civiles fueron protagonistas y líderes de la conspiración. Como ejemplos se pueden incluir las provincias de Jaén, Ciudad Real y Huelva.
En Jaén la conspiración la alentaron el capitán de la Guardia Civil José Rodríguez de Cueto, acaudalado propietario y activo dirigente de la Federación Provincial de Labradores, y José Cos Serrano, presidente de la mencionada organización patronal agraria. Ambos mantuvieron un permanente entendimiento con el capitán de Infantería Eduardo Gallo, delegado en Jaén de la UME. Ante la falta de compromiso de los jefes de la Guardia Civil, se dedicaron sobre todo a organizar las milicias de Acción Ciudadana, integradas por patronos agrícolas, falangistas, requetés y otros individuos de filiación ultraconservadora. En el mes de junio se constituyó la Junta del Alzamiento, donde eran mayoría los representantes de Falange y los oficiales retirados por la Ley Azaña. Su principal esfuerzo se dirigió a intentar conseguir el apoyo de los responsables de la Guardia Civil, quienes permanecían informados pero indecisos[89].
En la provincia de Ciudad Real, la preparación de la sublevación se llevó a cabo desde la capital bajo la dirección de Falange, al no contar con el apoyo del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. Amadeo Mayor Macías era su máximo representante a nivel provincial. Según declaración de su hermano político y también militante falangista, Juan José Miguel López, «por la fecha de mayo o junio de 1936 vino a esta capital el camarada Fernando Aguinaco Blanco, enviado por la Jefatura Nacional de Falange, siendo portador como elemento de enlace con la Nacional de instrucciones para cooperar al alzamiento»[90]. Aparte, tenía que realizar una misión proselitista y preparar a las escuadras falangistas. Para la justicia republicana, el máximo responsable y cerebro de la conspiración fue el industrial militante de Falange Juan Antonio Solís Huescar, quien además se encargó de repartir armas en diversos pueblos por medio de los autobuses de sus líneas de transporte de viajeros que recorrían casi toda la provincia[91].
En el mes de julio se sumaron a la conspiración la Comunión Tradicionalista y Renovación Española. Por parte de los primeros, Daniel Burgos, jefe del Requeté, realizó diversos viajes a pueblos de la provincia llevando órdenes para el inicio del levantamiento armado. Respecto a la agrupación monárquica, su responsable local, Manuel Navas Aguirre, se encargó de buscar apoyos al alzamiento tras el asesinato de Calvo Sotelo, especialmente de la Guardia Civil[92].
El general Primo de Rivera puede que hiciera un gran favor a la República al privar a Ciudad Real de un regimiento militar tras la sublevación del Primer Regimiento Ligero de Artillería el 29 de enero de 1929. De los pocos militares que había destinados en los centros burocráticos de la capital, algunos apoyaron la sublevación y participaron en la conspiración, como los capitanes del Centro de Movilización Ricardo Escribano Aguado y Jesús Calero Escobar. También el sargento Sánchez, destinado en el Gobierno Militar, que cumplió una función fundamental en la conspiración al conseguir aumentar los apoyos civiles, especialmente con unos diez afiliados a Unión Republicana, entre ellos el del presidente local, el farmacéutico Manuel Romero, reconocido por él mismo[93].
La ambigüedad de esta formación política no debía ser exclusiva de la capital. En un pueblo de su provincia, Villarrubia de los Ojos, el Partido Socialista y el Partido de Izquierda Republicana, únicos que integraban el Frente Popular, hicieron un comunicado conjunto de los comités locales, de fecha 25 de junio de 1936, solicitando la desautorización del Comité Local de Unión Republicana, cuyos componentes eran «todos ellos de lo más rancio del caciquismo local fascista monarquizante de la peor especie»[94].
CONCLUSIÓN
El estudio de los distintos modelos de conspiración desmonta la idea de un alzamiento improvisado o circunscrito a unos pocos focos militares. La planificación diseñada por Mola combinó estructuras militares formales, redes de enlaces, la implicación decisiva de la Guardia Civil en determinadas provincias y la movilización —a veces subordinada, a veces protagonista— de organizaciones civiles como Falange o el carlismo. Esta diversidad de fórmulas permitió que la trama se adaptara a realidades locales muy distintas, desde grandes guarniciones hasta territorios sin presencia militar relevante. Precisamente esa capacidad de adaptación explica en buena medida la extensión territorial del golpe y ayuda a comprender por qué la conspiración logró articularse como un movimiento nacional, con apoyos desiguales pero coordinados, en vísperas del estallido de la Guerra Civil.
