INTRODUCCIÓN
El fracaso del alzamiento militar en Santander constituye uno de los episodios más reveladores de los primeros compases de la Guerra Civil española. Pese a que la provincia presentaba una mayoría electoral de derechas y contaba con una parte significativa de mandos y fuerzas predispuestas a sumarse al golpe, la sublevación no llegó a materializarse. La combinación de una conspiración mal coordinada, la indecisión de algunos mandos clave y la rápida reacción de las organizaciones políticas y sindicales leales a la República impidió que Cantabria se incorporara al territorio sublevado en julio de 1936.
En un principio puede parecer difícil entender cómo en una provincia donde las opciones políticas derechistas eran mayoritarias (en las elecciones de febrero de 1936 venció la candidatura contrarrevolucionaria con el 51,1 por 100 de los votos), donde la mayor parte de las fuerzas militares eran proclives a participar en el alzamiento y donde su jefe superior era la cabeza de la conspiración, esta fracasara. Los efectivos armados se limitaban al Regimiento de Infantería n.º 21 (con un batallón en la capital y otro en Santoña, encargado fundamentalmente de vigilar el Centro Penitenciario de El Dueso), la Columna Móvil de Municiones a Lomo y la Sección Móvil de Evacuación Veterinaria, ambas en Santoña, así como los escasos efectivos de la Caja de Recluta n.º 42, la Caja de Ingenieros y las fuerzas encuadradas en la Comandancia de Marina. La Guardia Civil tenía quinientos ochenta efectivos, cien de ellos en la capital.
Para los conservadores, la indecisión del coronel Pérez y García Argüelles fue determinante. «Esta percepción, carente del mínimo rigor histórico, aún pervive en nuestros días porque sirve para ocultar las deficiencias de los planes conspiratorios, la dispersión de esfuerzos, la escasa coordinación entre los distintos grupos y, en último término, la incapacidad de la derecha regional para ofrecer una respuesta de conjunto ante la actuación, más monolítica y decidida, de sus oponentes políticos»[1]
Para Miguel Ángel Solla, el movimiento subversivo contra la República estuvo en Cantabria mal planificado y peor ejecutado; se dejaron muchos cabos sueltos, fiándose mucho en el albedrío y voluntad de ciertas personas, especialmente militares. Confiaban en un triunfo fácil y que bastaría la material declaración de guerra, un simple papelito pegado en cuatro esquinas, para que toda La Montaña quedara incorporada al movimiento, sin dispararse un tiro. La trama golpista militar no era clara y única, sino que se desdoblaba en varias: la de los militares santanderinos, la de los oficiales de la guarnición de Santoña y la de, al menos sobre el papel, la Guardia Civil. Unos y otros andaban por su lado. Los únicos que aparecían coordinados directamente con los planes golpistas del general Mola eran los oficiales de la guarnición de Santoña, que lograron la adhesión de la Guardia Civil de la localidad, de los falangistas y de doscientos miembros de otros partidos, a los que pensaban organizar como fuerza armada auxiliar.
En la capital faltaron contactos con otras fuerzas que decían comprometidas (Guardia Civil, Carabineros, Asalto), pensando que estaban aseguradas. Además, la actitud del coronel José Pérez y García Argüelles, jefe de la guarnición de la capital, no era clara. Por lo menos, así lo veía el general Varela, que unos días antes del inicio del alzamiento envió a Santander al diputado cedista por Valladolid Luciano de la Calzada, para conocer cómo se encontraban los preparativos del golpe y, sobre todo, la actitud del coronel. En gran parte, los recelos de Varela se retrotraían a la Sanjurjada, en la que Argüelles pudo haber estado implicado y en la que finalmente no se decidió a tomar parte.
También el gobernador civil mostró cierta tibieza al estallar el alzamiento, aunque fue compensada por la resolución firme del presidente de la Diputación Provincial y del Frente Popular Provincial, el socialista Juan Ruiz Olazarán, quien aunó todos los esfuerzos de las izquierdas. La misma noche del 17 de julio convocó a los representantes del Frente Popular, de la UGT y de la Federación Local de Sindicatos (CNT) a una reunión en la sede del Frente Popular, en la que decidieron constituirse en sesión permanente. La decisión de la central anarquista de unirse a las fuerzas del Frente Popular se tomó esa misma noche, dándose a conocer en un comunicado radiado y poniendo su firma en un manifiesto conjunto de todas las fuerzas izquierdistas, que se publicó al día siguiente en la prensa local.
Posteriormente, Olazarán se dirigió al Congreso de las JSU, donde consiguió organizar varios grupos de jóvenes que se dirigieron a vigilar el cuartel de Infantería y sus alrededores. Los jóvenes socialistas se vieron reforzados por grupos de obreros del muelle de Santander, que se apostaron rápidamente en las cercanías del cuartel del Alta. Después visitó al jefe de la Guardia de Asalto, capitán César Puig García, que puso sus fuerzas de forma incondicional al servicio del régimen republicano. Finalmente, fue al encuentro del gobernador civil, Enrique Balmaseda Vélez, al que encontró en el Teatro Coliseum; allí «brevemente le informé de lo que ocurría y me contestó que a consecuencia de la visita que por la tarde habíamos hecho al Jaime I estaba bajo los efectos de una fuerte insolación, que se encontraba indispuesto y que se iba a acostar»[2].
Después de su encuentro con el gobernador decidió seguir adelante en la defensa de la República. Mandó emisarios a todos los municipios de la provincia para informar a las autoridades locales y directivos políticos y sindicales, pidiéndoles que adoptaran medidas de vigilancia como las que se implantaban en la capital, donde se dispuso la organización de grupos de vigilancia y defensa de los centros obreros, de los oficiales y de los servicios públicos. La sensación de unidad entre las fuerzas del Frente Popular se reforzó ante la opinión pública con la lectura en la radio y la aparición en prensa de manifiestos donde todas ellas anunciaban su decidida intención de apoyar a la República y de oponerse a cualquier intento involucionista.
Para cortar cualquier tipo de comunicación que les pudiera llegar a los militares santanderinos, Olazarán se desplazó a la Central de Correos y Telégrafos, donde designó al ugetista José Martín del Castillo interventor de todas las comunicaciones, ordenándole que cualquier telegrama o conferencia para las autoridades militares se le enviase antes a él. Así lograron interceptar varios telegramas llegados de Burgos con órdenes de Mola para declarar el estado de guerra y para incorporar a todos los oficiales y tropa que se encontraran disfrutando de permiso. El coronel José Pérez y García Argüelles hizo varios intentos por hacerse con ellos, mandando a subordinados al Gobierno Civil bajo el pretexto de ser telegramas de tipo familiar. También fueron interceptadas dos llamadas telefónicas procedentes de Burgos y Oviedo.
A pesar de los controles establecidos, Argüelles mantuvo contacto telefónico con el general Batet, jefe de la VI División, y con el propio Mola. Pero las medidas adoptadas por el Frente Popular sirvieron para interceptar las claves para el levantamiento, aislando a los conspiradores del resto de la sublevación e impidiendo a Argüelles estar al tanto de los hechos, lo que le obligó a servirse de canales poco fiables para tomar sus decisiones, como las charlas radiofónicas del general Queipo de Llano.
El coronel Argüelles reunió a sus jefes y oficiales la misma noche del 17 para darles la noticia pero sin adoptar ninguna medida concreta, quizás pendiente de la orden de Burgos para alzarse. El día 18 aceleró los preparativos defensivos en el cuartel del Alta. Mandó colocar ametralladoras en varios puntos y sacos terreros en las partes más altas. Fueron a verle civiles y militares para requerirle la urgencia de declarar el estado de guerra, pero se opuso alegando no haber recibido órdenes de sus superiores jerárquicos. A otros, como el alcalde de Santander, el republicano Ernesto del Castillo, les manifestaba mientras tanto su apoyo a la legalidad y su decisión de no sublevar sus tropas. También, parece ser, repitió este compromiso al capitán Puig, al que manifestó «no tener pensamiento de sublevarse»[3].
Al gobernador civil le indicó «que llevaba cuarenta y tres años de servicio y no se había sublevado nunca ni pensaba sublevarse»[4].
El día 18, Olazarán junto a Bruno Alonso, recién llegado de Madrid, y Ramón Ruiz Rebollo acordaron, vista la situación y especialmente la actitud pasiva del gobernador civil, trasladarse a su despacho y exigirle su renuncia al cargo. Parece ser que no opuso ningún tipo de resistencia, levantándose un acta en la que se asentaba que en virtud de encontrarse enfermo resignaba el mando civil en el presidente de la Diputación. A la actitud firme de Olazarán y de los diputados Alonso y Ruiz Rebollo hay que sumar la de las fuerzas de orden público. «Tanto los Guardias de Asalto como los Carabineros se pusieron incondicionalmente al lado de la República mientras que la Guardia Civil actuó, en la mayoría de los lugares, como un espectador pasivo en espera de una llamada a la sublevación que no llegó a producirse»[5].
Olazarán ordenó reunir la máxima cantidad posible de armas para ofrecerlas a las organizaciones obreras. Las consiguieron de la Guardia de Asalto, de la Guardia Municipal, de las armerías de la ciudad, de casas particulares de derechistas y de Santoña, tras el fracaso de la sublevación allí. El día 19, en reunión mantenida a las once de la noche en el Gobierno Civil, consiguió que el coronel aceptara firmar una nota que se publicó al día siguiente en La Hoja Oficial del Lunes, en la que manifestaba la lealtad de la guarnición militar y su compromiso para defender a la autoridad civil, representación legítima de la nación. Esta terminó de desmoralizar a los conspiradores.
El día 21 de julio varios hechos debilitaron de forma definitiva la posición y el ánimo de los conspiradores. Ese día se sucedieron la rendición del destacamento de la Guardia Civil de Torrelavega, que permanecía acantonada, la toma de Potes por milicianos santanderinos y asturianos y los trágicos sucesos de Reinosa, donde fueron asesinados diecinueve guardias civiles, el alcalde de la localidad y uno de sus ayudantes. A estas circunstancias pueden sumarse las del fracaso de la sublevación en Asturias y Vizcaya. «En esta coyuntura, no es de extrañar que los civiles concentrados en la capital procedieran a dispersarse en busca de tiempos mejores»[6].
El día 24 llegaron a Santander dos emisarios carlistas enviados desde Burgos por Pedro Sainz Rodríguez que hicieron entrega al coronel Argüelles de una carta en la que se le urgía a que se levantara en armas contra la República. Al día siguiente envió un recado a Pino con la clave previamente convenida: «Mándame al médico»; posteriormente, un emisario le llevó otro mensaje: «Envíame la gente al cuartel con distintivos los que tengan y los que no, con un volante ya que de acuerdo con el coronel de la Guardia Civil, estamos dispuestos a salir a la calle. Tenemos noticias de que hacia Santander viene una columna de Burgos». Se fueron cursando estas órdenes a los implicados. «Cuando, por fin, el dispositivo parecía estar a punto, con Pino y cien voluntarios apostados en las inmediaciones del Cuartel dispuestos a entrar en el mismo, les llegó la inesperada noticia de que el coronel José Pérez y García Argüelles había cedido el mando, dándose, de esta manera, por terminada cualquier esperanza de sublevación en Santander»[7].
Olazarán desconfiaba de la actitud del coronel, de modo que decidió, de acuerdo con Bruno Alonso y Ramón Ruiz Rebollo, efectuar un golpe de mano, consiguiendo el nombramiento como jefe militar de Santander del comandante José García Vayas, responsable de las fuerzas en Santoña como jefe del segundo batallón del Regimiento Valencia n.º 23. El coronel pidió que le dieran la orden por escrito, lo que consiguieron las autoridades civiles de Madrid. La situación quedó definitivamente controlada por el Frente Popular. La sublevación fracasó de forma estrepitosa, produciéndose una de las mayores sorpresas que la Guerra Civil conoció en sus comienzos.
El coronel Argüelles permaneció recluido en casa del diputado Ramón Ruiz Rebollo, pasando a continuación al barco-prisión Alfonso Pérez y, posteriormente, por problemas de salud, fue trasladado al Hospital Valdecilla, permaneciendo en el mismo hasta la entrada de las tropas franquistas en Santander. Fue fusilado, tras juicio sumarísimo, el 18 de noviembre de 1937. La justicia republicana también le había juzgado, en enero de 1937, por el delito de rebelión militar.
Como regla general, y salvo escasas excepciones, la provincia se mantuvo a la expectativa de lo que ocurría en la capital, esperando que del triunfo de los militares santanderinos se derivase el suyo. En Santoña hubo varios intentos sediciosos, que fueron abortados con rapidez. El día 18, el comandante García Vayas se encontró a los oficiales del cuartel reunidos en la sala de banderas junto con los oficiales de Artillería, Sanidad y el capitán de la Guardia Civil en actitud desafiante, mientras emisarios habían ido a Burgos a recibir órdenes directas. Vayas les arengó, recordándoles su juramento prestado de defender la República, y ordenó que todos los oficiales y clases que no estuvieran de servicio debían marchar a sus respectivos domicilios. Al día siguiente, Vayas y sus compañeros decidieron, en previsión de nuevos movimientos, proceder al reparto de armas a los milicianos republicanos.
El día 19 volvió de Burgos con el bando de Mola dispuesto a levantar a las tropas. Vicente Herrería se dirigió al cuartel de Infantería, donde observó que en su explanada se hallaban más de un centenar de izquierdistas. Se fue hacia el cuartel de Artillería, donde el teniente Ulibarri le relató que los políticos republicanos y el comandante García Vayas se habían adelantado a los planes conspirativos en Infantería, siendo preciso buscar hombres para asaltar el cuartel. «En media hora Herrería consiguió hacerse con los servicios de unos cuarenta voluntarios, que, sin embargo, al teniente le parecieron insuficientes; poco después, cuando había conseguido otros veinte, vio cómo llevaban detenidos a los capitanes Medialdea y Guerra, y, además, cómo frente al recinto de Infantería se disponían formados unos 300 marineros al mando de Leoncio Villarías y Leoncio Alonso, motivos que le hicieron comprender la inutilidad de sus esfuerzos, dando por perdida la situación»[8].
Por la noche todavía hubo un nuevo intento golpista de varios oficiales del cuartel de Artillería, que formaron retenes armados. Los oficiales fueron depuestos por Vayas. El último intento lo protagonizaron los oficiales del Centro Penitenciario de El Dueso, el día 20. García Vayas ordenó el arresto domiciliario del capitán jefe y un teniente, nombrando jefe de la unidad al alférez Joaquín Barba.
En Reinosa los hechos no están claros, pero parece ser que el alcalde, enterado de que una columna de guardias civiles enviados a Corconte se pasó a zona nacionalista, llamó al teniente de la Guardia Civil al Ayuntamiento. El alcalde le ordenó que entregara las armas. El oficial se negó, comenzó una discusión y, en el fragor de la misma, disparó sobre el alcalde y su acompañante. Los milicianos acribillaron al teniente y a dieciséis guardias. A continuación, grupos de ciudadanos rodearon el cuartel de la Guardia Civil, que se rindió sin oponer resistencia.
CONCLUSIÓN
El caso de Santander demuestra que el triunfo o el fracaso del alzamiento no dependió únicamente del peso social o electoral de las derechas, ni siquiera de la existencia de militares comprometidos con la conspiración. La falta de coordinación entre los distintos núcleos golpistas, las vacilaciones del coronel Pérez y García Argüelles, el aislamiento informativo de los conspiradores y, sobre todo, la acción decidida del Frente Popular y de las fuerzas de orden público leales a la República fueron factores determinantes. En Cantabria, la rapidez organizativa de las izquierdas, la neutralización de las comunicaciones y el control efectivo del territorio impidieron que la sublevación cuajara, convirtiendo el fracaso de Santander en una de las grandes sorpresas estratégicas de los primeros días de la Guerra Civil española.
