Fue un protagonista pasivo y damnificado de la política de acoso a los periódicos que intentaban ensanchar los cauces de la información al amparo de la nueva ley Fraga. La reacción del régimen contra los medios para que no se le fuera de las manos el control de la información, tras la desaparición de la censura previa, acabó con algunos periódicos, como Madrid y El Alcázar.
El caso de este diario vespertino de la capital de España es muy revelador de los métodos del poder. No fue suspendido por rebasar los límites impuestos en el artículo 2 de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, sino porque la Administración dio la razón a la empresa propietaria —la Hermandad de Nuestra Señora Santa María del Alcázar (de Toledo)— para romper unilateralmente el contrato de arrendamiento que tenía firmado con la empresa editora —Prensa y Ediciones, Sociedad Anónima (PESA)—.
El periódico, nacido en Toledo durante la guerra civil, había sido editado por la Hermandad en Madrid con escaso éxito, razón por la cual arrendó la cabecera a otra empresa, PESA, en 1949. El contrato fue prorrogado en 1959 por 35 años, es decir, hasta 1994, pero en 1968 la Hermandad se quejó a la Dirección General de Prensa aduciendo que PESA no cumplía una de las condiciones del pacto —la fidelidad a Franco— y pidió que el ministerio no admitiera más ejemplares de El Alcázar a depósito previo, trámite diario imprescindible para la distribución de periódicos.
El Ministerio utilizó otra vía: inscribió a la Hermandad en el Registro de Empresas Periodísticas, a pesar de que no cumplía el requisito impuesto por la ley de tener por objeto social la edición de periódicos, y poco después resolvió dando la razón a la Hermandad en su decisión de que PESA dejara de editar el periódico. Así, de un manotazo, arrebató el diario a una empresa que se esforzaba por ofrecer información y, por lo tanto, era incómoda, y se lo dio a otra que pertenecía al núcleo duro, falangista y ultramontano del franquismo.
El Alcázar de PESA había alcanzado una difusión notable bajo la dirección de José Luis Cebrián y disputaba el dominio de la tarde al diario Pueblo, propiedad de los sindicatos franquistas y dirigido por Emilio Romero, que hacía tiempo había decidido atacar a su competidor. Había otra razón para el expolio: que Manuel Fraga, ministro de Información, y otros ministros, notablemente José Solís, secretario general del Movimiento, creían que el Opus Dei estaba operando contra ellos y en defensa del también ministro Laureano López Rodó, y se daba la circunstancia de que tanto Madrid como El Alcázar estaban dirigidos por periodistas pertenecientes a esa organización —Antonio Fontán y Cebrián, respectivamente— y contaban con otros miembros de la misma en su redacción y en su empresa.
La misma causa estaba detrás del ataque dirigido contra Europa Press y que estuvo a punto de acabar con la agencia.
Conseguido el cierre de El Alcázar de PESA —lo que llevaría también a la crisis posterior de Nuevo Diario, periódico que había lanzado la misma empresa con los beneficios de El Alcázar—, el periódico fue perdiendo rápidamente el terreno ganado. Se produjo además un hecho turbio, que el Gobierno contempló con complacencia: aceptó la dirección del periódico Lucio del Álamo, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones, cuyo deber era defender y amparar a los periodistas que se quedaban en la calle. El periódico, recuperada su ideología ultra, perdió lectores e influencia a marchas forzadas, pero ya no molestó al poder, naturalmente; sólo acaso a los aperturistas unos años después, cuando José Antonio Girón y el general Jaime Milans del Bosch tomaron el control sobre el medio.
