INTRODUCCIÓN
Tras el levantamiento militar de julio de 1936, la provincia de Álava quedó mayoritariamente en manos del Ejército sublevado, con la excepción de algunos municipios del norte que permanecieron bajo control del Frente Popular. En esas zonas de retaguardia, lejos del frente de batalla, se produjeron episodios de violencia contra vecinos señalados por su adscripción política o por su vinculación con organizaciones consideradas “enemigas”.
Uno de los casos más estremecedores es el conocido como crimen de Amurrio, ocurrido en la noche del 25 al 26 de septiembre de 1936. El asesinato de José María Viguri y Berganza y de su hija de doce años, María Guadalupe, ejemplifica hasta qué punto la represión alcanzó a civiles indefensos, incluyendo menores, en un contexto de deshumanización alimentado por el clima de guerra y radicalización ideológica.
Tras el levantamiento militar del 18 de julio, la mayoría del territorio de Álava quedó en manos del Ejército sublevado, solamente algunos municipios del norte de la provincia, entre los que se encuentra Amurrio, quedó bajo control del Frente Popular.
En la zona se desarrollaron varias acciones de carácter militar que, en ocasiones, iban acompañadas de represión contra personas que no eran partidarias de los partidos frentepopulistas. Esto ocurrió la noche del 25 al 26 de septiembre de 1936.
Varios milicianos venidos de Bilbao habían volado puentes de la línea férrea para evitar el desplazamiento de tropas del bando nacional. Entre ellos se encontraban varios dinamiteros de Basauri.
Tras realizar las voladuras se desplazaron a Amurrio para pernoctar. Allí fueron informados de la presencia de un vecino, José María Viguri y Berganza, de 46 años. Su vinculación política era conocida por todos los vecinos y era socio del casino tradicionalista. Este vecino era labrador y tenía una hija de doce años, María Guadalupe.
Padre e hija se encontraban en su casa aquella noche cuando los milicianos se presentaron en el domicilio para llevarse detenido al padre. La hija se agarró a él para intentar que no se lo llevaran y los milicianos decidieron llevarse a los dos. Los vecinos testificaron que el llanto de la niña no logró ablandar a los milicianos, que llegaron a golpearla con sus armas para hacerla caminar.
Fueron sacados de su casa y llevados a una carretera próxima, la que se dirige a Larrimbe y Lezama y allí fueron fusilados. Padre e hija, sin ningún tipo de piedad hacia la niña. Los cuerpos fueron abandonados en aquel mismo lugar, junto a la huerta del Caserío Ugarte.
Muchos años después se erigió una cruz con una placa en recuerdo a estas dos víctimas y los sucesos que se conocen como el crimen de Amurrio. Hace unos años se retiró la placa y se vandalizó la cruz que había sobre ella. La Ley de Memoria Histórica ha decretado, con el apoyo de los partidos de izquierdas y la inacción y complejo del PP, que estas dos víctimas inocentes no tienen derecho a ser recordadas.
No fueron las únicas víctimas en esa zona de la retaguardia republicana. En Amurrio fueron asesinados otros seis vecinos. Un sacerdote de 28 años, Vicente Yabanes; el obrero de 28 años, Francisco Padura; Bruno Otaola, de 35 años y tratante de ganado; y tres labradores de 21, 29 y 23 años llamados Víctor Iturbe, Víctor Yomas y Evaristo Zuloaga.
CONCLUSIÓN
El crimen de Amurrio no fue un hecho aislado, sino parte de una dinámica de violencia en la retaguardia republicana que se cebó con vecinos identificados como adversarios políticos y, en ocasiones, con sus familiares. El asesinato de una niña de doce años junto a su padre representa uno de los episodios más duros de aquella etapa, por el grado de indefensión de las víctimas y por la ausencia total de piedad hacia una menor.
La retirada y vandalización posterior de los elementos conmemorativos plantea, además, un debate incómodo sobre cómo se construye la memoria pública del pasado y qué víctimas son consideradas dignas de recuerdo. Más allá de enfoques partidistas, la historia de Amurrio recuerda la necesidad de una memoria que reconozca a todas las víctimas de la violencia política y condene sin matices los crímenes cometidos contra civiles, especialmente cuando las víctimas son niños.
