INTRODUCCIÓN
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado un paso decisivo al anunciar la solicitud “inminente” de extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). La iniciativa, impulsada por el ministro de Cultura Ernest Urtasun, se basa en la Ley de Memoria Democrática y en la normativa vigente sobre fundaciones, tras completar el proceso administrativo correspondiente.
El Ejecutivo sostiene que la entidad no cumple fines de interés general y que sus actividades suponen una humillación a las víctimas del franquismo. Por su parte, la Fundación rechaza estas acusaciones y defiende su derecho a la libertad de expresión, anticipando una batalla judicial que trasladará la decisión final a los tribunales.
El Gobierno va a solicitar de forma «inminente» la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) , al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones y tras poner fin al proceso administrativo, según dio a conocer hoyel ministro de Cultura, Ernest Urtasun. «Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas. Y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura», dijo Urtasun (Sumar) en una rueda de prensa.
El anuncio, en una fecha significativa como el aniversario de la proclamación de la Segunda República, era tan deseado por Moncloa que casi se ha hecho «de forma exprés», con un recurso contencioso-administrativo sin resolver y con las quejas de la Fundación Franco por la premura en dirimir sus últimas alegaciones.
Aunque una de las primeras declaraciones de Pedro Sánchez al poco de llegar a presidente del Gobierno apuntaban a la ilegalización de la FNFF, los trámites para solicitar la extinción comenzaron en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones. Tras finalizar el proceso administrativo, en el que la Fundación ha presentado alegaciones que han sido rechazadas por Cultura, el Gobierno da un paso más al reclamar la extinción judicial y deja el asunto ahora en manos de la Justicia.
Así, será un juez el que tenga la última palabra sobre el destino de la entidad nacida en 1976 para preservar el legado de Francisco Franco, y que durante los últimos años se ha mantenido firme pese a las reiteradas manifestaciones hacia su puesta en fuera de juego. «No cumple fines de interés general y desarrolla actividades y mensajes que suponen un desprecio y una humillación a las víctimas», dijo hoy Urtasun.
El ministro firmó la resolución que servirá de fundamento para que inste a la extinción la Abogacía del Estado, que es el órgano competente para hacerlo y el que acaba de dar el visto bueno con un informe «sólido, riguroso y bien fundamentado jurídicamente» en el que asegura que el cese que reclama el Gobierno es conforme a derecho.
Urtasun augura una batalla judicial de la Fundación, que siempre ha mostrado su disposición a defenderse «hasta el final», en palabras de su presidente ejecutivo, Juan Chicharro, que recibió, poco después de la intervención de Ernest Urtasun, la resolución de 72 páginas donde consta la acusación recurrente hacia la Fundación Franco: «El menosprecio o humillación de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra y del franquismo».
Extremo que la FNFF se ha cuidado de matizar en sus estatutos, modificados en dos ocasiones para que no hubiera señalamiento en ese sentido. En sus alegaciones ha defendido que la permanencia de la entidad y su libertad de expresión y opinión está amparada por la Constitución.
Pero el paso de hoy no ha sorprendido. «Nada que nos extrañe ni coja desprevenidos», apunta Chicharro. «El Gobierno liberticida que ampara y subvenciona fundaciones separatistas y marxistas no pierde el tiempo en perseguir la libertad de opinión y expresión de los que no piensan como ellos. Es lo normal en dictaduras socialistas». «Eso sí: mientras se hable de la Fundación Franco no se hablará al menos de todos los casos de corrupción que le rodean y a los que estamos asistiendo», concluye el presidente de la FNFF.
Por su parte, el ministro explicó que será un juzgado de primera instancia el que se ocupe del expediente, pero evitó pronunciarse sobre posibles plazos y se limitó a decir que su deseo es que el proceso judicial sea «lo más rápido posible». Justo lo contrario de lo que prevé la Fundación Franco, que «agotará todas las vías legales a su alcance», extremo del que Urtasun es plenamente consciente, aunque se muestra optimista.
Por último, el ministro destacó que, en paralelo, el ministerio ha instado a la Abogacía del Estado para iniciar la reclamación judicial del archivo de la entidad. «Nosotros tenemos un informe que acredita que esos documentos que tenemos digitalizados son de dominio público», zanjó.
CONCLUSIÓN
La solicitud de extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco abre un nuevo frente político y jurídico en España. Mientras el Gobierno defiende la medida como un acto de protección de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas, la Fundación plantea el caso como una cuestión de libertades fundamentales.
El desenlace dependerá ahora de la Justicia, que deberá determinar si la actividad de la entidad vulnera el interés general o si, por el contrario, queda amparada por los derechos constitucionales. En cualquier caso, el proceso refleja la persistente tensión en torno al pasado histórico y su encaje en la España actual.
