Escrito el 10 de septiembre de 1950
EL triunfo obtenido por la masonería en nuestra nación al ser expulsada la Compañía de Jesús de nuestros territorios y perseguidos sus miembros hasta el extremo de serles negado el derecho a vivir sobre el suelo de su Patria, no hizo decaer su fobia contra la Orden, sino todo lo contrario, ya que, envalentonada con el triunfo, aspiraron los masones a bazas mayores; su malicia y maldad iban mucho más lejos de lo que toda conciencia honrada podría imaginar; lo que habían logrado en España no era más que una parte del plan general que la masonería había cuidadosamente preparado, y que los ministros masones imponían a los príncipes en los distintos Estados.
La presencia en varios de los Tronos del occidente europeo de príncipes de la dinastía borbónica facilitó al duque de Choiseul, primer ministro francés y gran dignatario de la orden masónica, la firma del Pacto de Familia, que, sellando la amistad de Francia, España, Sicilia y Parma, había de facilitar a la masonería el desarrollo de su conspiración.
No bastaba a las ambiciones de la secta el que la Compañía de Jesús fuese expulsada de dos o varios Estados, y dada la resistencia que ofrecían Austria, Prusia y Rusia a llevarlo a cabo, se hacía indispensable el lograr del propio Pontífice la extinción completa de la Orden.
El cerebro de esta conspiración encarnaba en don Sebastián José de Carvalho, conde de Ocyras y marqués de Pombal, primer ministro de la nación portuguesa, que había iniciado en el año 1759 la expulsión de la Compañía de Jesús de los territorios portugueses peninsulares y ultramarinos, acompañando esta medida con campañas de descrédito que se difundieron por Europa.
Si el duque de Choiseul y el conde de Aranda formaban parte del núcleo dirigente de esta estrategia política, Pombal destacó por su iniciativa, tenacidad y capacidad de actuación.
El origen del enfrentamiento con la Compañía de Jesús se sitúa también en su papel como defensora de la doctrina católica frente a las corrientes protestantes, así como en su actividad educativa y misionera, que le granjeó influencia social y prestigio entre fieles y gobernantes.
En este contexto, la Orden fue percibida como un obstáculo por quienes aspiraban a modificar el equilibrio político y religioso de la época.
Desde la extensión de la masonería por Europa occidental, y la incorporación de miembros afines en los círculos de poder, se desarrolló una estrategia basada en la influencia sobre los monarcas. Esta incluía fomentar el distanciamiento entre el rey y el gobierno directo, delegando funciones en ministros, así como moldear el entorno cortesano para favorecer determinadas decisiones políticas.
En España, la educación del futuro monarca estuvo influida por este ambiente europeo, especialmente durante su estancia en Italia, lo que condicionó sus relaciones con determinadas órdenes religiosas, entre ellas la Compañía de Jesús.
El caso portugués bajo el gobierno del marqués de Pombal constituye un ejemplo destacado. Tras consolidar su posición política, ejerció una fuerte influencia sobre el rey José I, impulsando reformas y decisiones de gran alcance, entre ellas la expulsión de los jesuitas.
Durante este proceso, acontecimientos como el terremoto de Lisboa de 1755 retrasaron temporalmente ciertas medidas, al ponerse de manifiesto la labor asistencial de los jesuitas en momentos de crisis. Sin embargo, la política del gobierno continuó orientada hacia su progresiva marginación.
La difusión de obras críticas con la Compañía, como la “Relación sucinta acerca de la república de los jesuitas del Paraguay”, contribuyó a crear una imagen negativa de la Orden en distintos países europeos.
En España, durante el reinado de Fernando VI, estas iniciativas no prosperaron plenamente, siendo rechazadas por parte del Consejo de Castilla. No obstante, en otros territorios europeos sí tuvieron mayor repercusión.
Un acontecimiento clave fue el atentado contra el rey de Portugal en 1758. Tras el suceso, se iniciaron procesos judiciales que implicaron a diversos miembros de la nobleza y, de forma indirecta, a algunos jesuitas.
Las investigaciones y condenas posteriores, impulsadas desde el poder político, culminaron en medidas severas contra la Compañía, incluyendo la expulsión general de sus miembros de los territorios portugueses en 1759.
Estas decisiones se acompañaron de campañas de descrédito y de medidas administrativas dirigidas a limitar su influencia social y religiosa.
Posteriormente, revisiones históricas del proceso cuestionaron la culpabilidad de los acusados, declarando su inocencia años después.
En el plano internacional, estas actuaciones tuvieron un notable impacto, influyendo en el debate sobre el papel de la Compañía de Jesús en distintos Estados europeos.
En España, la reacción inicial fue distinta, en parte debido a la influencia de la reina Isabel de Farnesio. El decreto de 19 de febrero de 1761, firmado por Carlos III, condenó la expulsión de los jesuitas de Portugal, si bien años más tarde el propio monarca adoptaría medidas similares en territorio español.
