La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la sanción impuesta a Falange Española por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha trascendido el ámbito político y judicial español, alcanzando repercusión en medios y círculos intelectuales internacionales. El caso ha reabierto el debate sobre los límites entre las políticas de memoria histórica, la libertad ideológica y el derecho de manifestación en las democracias europeas contemporáneas.
El artículo analiza esta controversia desde una perspectiva abiertamente crítica con la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, presentándola como una herramienta de control ideológico y restricción de determinadas interpretaciones históricas. Asimismo, el texto enlaza esta situación con el contexto político de la Segunda República Española y con el tratamiento histórico y judicial que recibió Falange Española en los años previos a la Guerra Civil.
La resolución de la Audiencia Nacional, dictada el 7 de mayo de 2026, es interpretada en el texto como una victoria de las libertades civiles frente a lo que el autor considera una deriva represiva y una “policía del pensamiento” presente no solo en España, sino también en otras democracias occidentales. La repercusión internacional del fallo ha convertido el caso en un símbolo del actual enfrentamiento entre memoria oficial, libertad de expresión y pluralismo político.
España, gobernada por Pedro Sánchez, vivía bajo el yugo socialista-comunista de la memoria y las leyes históricas que buscaban promover una visión sesgada de la historia y criminalizar a quienes se atrevían a afirmar, por ejemplo, que la Segunda República Española (1931-1936) fue una larga sucesión de crímenes, asesinatos, grandes convulsiones políticas, fraude electoral y prácticas inconstitucionales. En uno de mis trabajos recientes, demostré este descenso a los infiernos que condujo directamente a la Guerra Civil (1). El historiador Pío Moa, con quien me reuní en numerosas ocasiones, siempre sostuvo que estas leyes eran de tipo soviético.
En 2022, dando continuidad a la labor de su predecesor, el socialista José Luis Zapatero, presidente del Gobierno español profundamente afín a las políticas castristas y chavistas, Pedro Sánchez añadió una nueva capa de legislación que vulnera las libertades civiles al promulgar la Ley de Memoria Histórica. Por ejemplo, un diputado de Vox en las Cortes fue sancionado por el presidente socialista por atreverse a afirmar que, bajo el régimen de Franco, España se había convertido en la novena economía más grande del mundo.
Los movimientos políticos que afirman continuar el pensamiento y la acción de José Antonio Primo de Rivera, quien fue fusilado por la injusta decisión de un tribunal revolucionario compuesto por anarquistas y comunistas, bajo las órdenes del gobierno del socialista bolchevique Largo Caballero, el 20 de noviembre de 1936, siempre han conmemorado esta fecha organizando manifestaciones pacíficas.
En 2022, como en años anteriores, la Falange Española, abreviada FE de las Jons, organizó conmemoraciones el 20 de noviembre. Fue procesada e investigada por la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática (sic), término que recuerda al de la novela 1984 de George Orwell , que alude a un Ministerio de la Verdad. Tras este procedimiento, el movimiento Falange fue multado con 10.001 €.
Para colmo de males, el comunicado de prensa de la Falange revela que el ministerio correspondiente, responsable de la acusación, había encargado un informe sesgado a un profesor de historia de Granada, y que, además, dicho departamento universitario empleaba a la hija del Ministro de Memoria Histórica. Es probable que el profesor en cuestión desconozca que, en febrero de 1936, el gobierno del Frente Popular anuló arbitrariamente las elecciones en la provincia de Granada —elecciones que la derecha había ganado por unanimidad— y que las nuevas elecciones de mayo de 1936 se celebraron en un clima de violencia y amenazas tal que los candidatos de derecha prácticamente no pudieron hacer campaña, y que todos los candidatos del Frente Popular resultaron elegidos, a pesar de haber sido derrotados en febrero, tres meses antes. Desde entonces, los historiadores han demostrado un fraude masivo que resultó en una victoria ilegal para el Frente Popular.
En cualquier caso, tras esta sanción económica, la Falange emprendió acciones legales. El 7 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, revocó la decisión del Ministerio de Memoria Democrática. Esto es justicia, pues, como indiqué en mi último libro (2), la Falange fue sometida en 1936 a considerables y escandalosas medidas coercitivas por parte de las autoridades del Frente Popular. José Antonio y su hermano Miguel fueron arrestados arbitrariamente y encarcelados en marzo de 1936. La sede de la Falange fue clausurada y su prensa prohibida. Aproximadamente 2000 activistas también fueron encarcelados. Los tribunales españoles de la época fallaron a favor de la Falange y revocaron la decisión gubernamental que la había prohibido. Sin embargo, el gobierno del Frente Popular se negó a publicar la sentencia y no liberó a José Antonio ni restituyó los derechos del movimiento, desafiando así el ordenamiento jurídico.
En resumen, el Tribunal Nacional, el 7 de mayo de 2026, dictaminó que las libertades de reunión y manifestación prevalecían sobre las disposiciones de la ley original, a menos que se despojara a dichas libertades de todo su significado real y concreto. Además, el tribunal sostuvo que las asociaciones que alegaban haber sufrido daños como consecuencia de estos hechos, en realidad, los habían sufrido a través de la cobertura mediática de los mismos, y no por las manifestaciones en sí. Finalmente, el tribunal concluyó que las autoridades no habían informado a los organizadores de las manifestaciones que preveían que sus acciones podrían ser contrarias a la ley original.
Hoy, si bien la Falange Española, en un comunicado de prensa, celebró la decisión del tribunal, sigue insatisfecha con la situación política resultante. Considera, con razón, que estas leyes represivas deben ser derogadas por completo, algo que el Partido Popular nunca se atrevió a hacer cuando gobernó España, sucediendo a José Luis Zapatero desde 2012 hasta finales de 2018, dado que las leyes iniciales se promulgaron en 2007 y 2012. En cualquier caso, este asunto demuestra que una policía del pensamiento, un Ministerio de la Verdad, impera en toda Europa, reprimiendo, castigando y condenando a quienes no se ajustan al molde de lo políticamente correcto. Ya no vivimos en una democracia plena y efectiva, ni en España, ni en Francia, ni en ningún otro lugar. Lo vemos a diario. Y no serán las instituciones europeas las que acudan al rescate de las libertades civiles.
(1) Michel Festivi, Las garras de Stalin sobre la España republicana 1936-1939 , prólogo de Pio Moa, Editions Dualpha, 2025 haga clic aquí
(2) Michel Festivi, Las Falanges Españolas, Cahiers d’histoire du nationalisme n°32, Synthèse nationale, 2026
CONCLUSIÓN
La victoria judicial de Falange Española frente a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha generado un importante impacto político y mediático, tanto dentro como fuera de España. La sentencia de la Audiencia Nacional ha servido para intensificar el debate sobre el alcance de las leyes memorialistas y sobre el equilibrio entre la preservación de la memoria histórica y el respeto a las libertades fundamentales.
El artículo presenta esta resolución como una corrección judicial frente a una actuación administrativa considerada ideológica y parcial, vinculando además el caso con episodios históricos de persecución política durante la Segunda República. Desde esta perspectiva, la decisión del tribunal supone una reivindicación de los derechos de reunión, expresión y manifestación frente a posibles excesos legislativos o interpretativos.
Más allá de las posiciones ideológicas enfrentadas, la controversia refleja la persistencia de profundas divisiones históricas y culturales en la sociedad española, así como la creciente discusión europea sobre los límites de la libertad política, el papel del Estado en la construcción de la memoria colectiva y el impacto de las leyes históricas sobre el debate público contemporáneo.
