INTRODUCCIÓN
El decreto de expulsión de la Compañía de Jesús, firmado por Manuel Azaña el 23 de enero de 1932, constituyó uno de los actos más significativos de la política religiosa de la Segunda República. Amparada en el artículo 26 de la Constitución de 1931, la disolución de la orden y la nacionalización de sus bienes no respondieron a hechos concretos de deslealtad al nuevo régimen, sino a un planteamiento ideológico que identificaba a los jesuitas como un obstáculo intelectual y cultural para el proyecto laicista del Estado republicano.
La medida se inscribía en una larga tradición liberal de hostilidad hacia la Compañía de Jesús, percibida como un baluarte de la tradición católica y de la formación de élites intelectuales. En el clima de polarización política y cultural de los primeros años republicanos, la expulsión de los jesuitas fue presentada como una necesidad de “higiene política”, pese a que la propia orden había adoptado una actitud de acatamiento legal y de abstención de toda intervención partidista.
Siguiendo la estela liberal de expulsión[1] de una orden que era la única que oponía intelectualmente argumentos sólidos a las corrientes destructoras de la tradición católica de España, Azaña firma un decreto de expulsión el 23 de enero de 1932. En él se ordena la salida del país de todos los miembros de la Compañía de Jesús en un plazo de diez días y la confiscación de sus bienes. El decreto cumplía lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de 1931: «Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado [es decir, el Papa]. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes».
Aunque acusada de integrismo por la izquierda debido a sus muestras públicas de apoyo a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera[2], la Compañía de Jesús no dio pretexto alguno para que se la considerase incompatible con el nuevo régimen republicano. Los provinciales de la orden acataron el nuevo régimen político y se abstuvieron de intervenir en política. Asimismo, carecía de fundamento en la realidad la especie de que los jesuitas desatendiesen a las clases populares, sin que por ello privilegiasen en su atención a las favorecidas. Una medida en modo alguno condenable, puesto que la pérdida de las elites intelectuales, económicas y políticas para el catolicismo tiene mucho que ver con el crecimiento y profundidad del proceso secularizador.
Basta una serie de datos para redimir a los jesuitas de las calumnias que se lanzaban contra ellos en este punto. La Compañía de Jesús, directa o indirectamente, a través de sus congregaciones o patronatos habían creado toda una serie de obras populares de instrucción y beneficencia claves en varias poblaciones. También dirigían ejercicios espirituales gratuitos dirigidos a obreros de las fábricas de Durango, así como la prestigiosa actividad de sus centros técnicos de capacitación para obreros en Gijón y Madrid. Se formaron en este último centro, y de manera gratuita, más de 6.000 peritos mecánicos electricistas, siendo grande el prestigio de estos obreros en los talleres dedicados a la construcción de automóviles. Todos los años eran centenares los obreros que quedaban sin ingresar en estos centros por la falta de plazas.
Los provinciales jesuitas llegaron a publicar un folleto de 174 páginas titulado Los jesuitas en España. Sus obras actuales, donde hacían una extensa relación de sus obras benéficas, sociales y culturales. De nada sirvió cualquier acción emprendida.
CONCLUSIÓN
La expulsión de los jesuitas en 1932 no fue el resultado de una conducta incompatible de la Compañía de Jesús con el régimen republicano, sino la culminación de un prejuicio ideológico profundamente arraigado en determinados sectores del poder. La aplicación del artículo 26 de la Constitución permitió al Gobierno actuar con una lógica de excepción que, más que proteger la neutralidad del Estado, sancionó una discriminación jurídica contra una institución concreta por su vinculación religiosa y por su influencia intelectual.
El alcance de la medida fue especialmente significativo si se tiene en cuenta la amplia labor educativa, social y técnica desarrollada por los jesuitas en beneficio de sectores populares y obreros. La disolución de la orden y la confiscación de sus bienes no sólo afectaron a la libertad de asociación y a la libertad religiosa, sino que empobrecieron el tejido cultural y formativo del país. Este episodio, lejos de contribuir a la pacificación del espacio público, reforzó la percepción de un laicismo militante que convertía a la Iglesia y a sus instituciones en objetivo preferente de una política de confrontación.
[1] Ya habían sido expulsados en 1767 por el ilustrado Carlos III, en 1820 al iniciarse el Trienio Liberal, en 1835 tras la matanza de religiosos en Madrid y bajo el gobierno del desamortizador Mendizábal, y en 1868 tras la Revolución.
[2] El apoyo inicial a la dictadura fue casi completo por todos los segmentos de la población, hasta el punto de que los socialistas de Largo Caballero colaboraron con ella. Además de que el general puso fin a la situación de completo caos del país, no debe olvidarse que los jesuitas eran entonces todavía una orden religiosa fiel al espíritu de su fundador, que era un militar y que concebía la vida religiosa como una milicia. Por no hablar del alto porcentaje de jesuitas provenientes de familias de militares. Considerando todo ello, no puede sorprender que un gran número de jesuitas encontraran muy conveniente el gobierno sobre España de un experimentado general, cf. Cárcel Ortí, Vicente, Caídos, víctimas y mártires. La Iglesia y la hecatombe de 1936, Espasa, Madrid 2008, p. 189.
