Una vez establecido el volumen de las pérdidas causadas por la acción militar, entramos en el terreno más polémico, controvertido y desagradable. Resulta muy difícil todavía tratar este tema sin apasionamiento. Al hablar de él, no es fácil que españoles de mi generación nos veamos libres de la influencia que en nuestra carne y en nuestro espíritu dejaron heridas, tal vez mal cicatrizadas, que nos han marcado de forma indeleble. Los extranjeros, según sus preferencias, dirigen su mirada al espacio que desean iluminar, y dejan en penumbra, o en total oscuridad, lo que han decidido deliberadamente que quedara fuera de su punto de observación.
La única forma sensata de no caer en la tentación de dar una visión de los hechos acomodada a nuestras particularidades preferencias, es la de dejar éstos reducidos a su esqueleto, desposeyéndolos de todo ropaje adjetivo; de esta forma, sin el menor juicio de valor, evaluaremos lo que fue y significó el terror, la coacción moral y física o la violencia desatada.
En sendos cuadros recogemos todas las defunciones registradas hasta 1950 como ejecuciones, homicidios y muertes violentas de causa desconocida. con deducción. en estos dos últimos casos. del número de las que pudiéramos considerar como habituales si la cifra de éstas se hubiera mantenido idéntica a la de 1935. Los vencidos. los hombres del frente popular. redujeron forzosamente sus operaciones de acoso y hostigamiento de la población que les era hostil. a la fracción que habitaba en la parte del territorio que dominaron de forma más o menos durable; sus oponentes. por el contrario pudieron extender sus represalias a la totalidad del país. y sólo escaparon a sus iras aquellos de sus enemigos que eligieron el camino del exilio. Ello explica suficientemente el que fueran varias las provincias a cubierto de la vesania revolucionaria y ninguna las libres del furor o ansia del desquite de los vencedores.
La extensión del mal fue inundatoria, y su volumen, estremecedor, aunque muy inferior al que habitualmente se maneja con una contumacia rayana en la necedad. Los cuadros en los que desglosarnos por separado las víctimas de uno y otro bando son un reflejo de lo que sucedió en España. Madrid se destaca, ocupando, una vez más, un primer puesto, que sólo le fue arrebatado, en el índice ponderado de los caídos en operaciones, por Teruel, que también en esta ocasión figuró a su costado con un segundo puesto, que indica bien a las claras lo terrible que fue la guerra en las frías y dramáticas tierras turolenses.
La guerra incide en las conductas, obnubilando las mentes por el miedo; «en el grupo amenazado, en la ciudad sitiada, en la confusión del pavor, donde- quiera que se dé, y sea fundado o no, atemoriza el que está atemorizado, persigue el que se cree perseguido, mata el que teme morir». Este exacto diagnóstico de Jesús Pabón cuadra perfectamente tanto a Madrid como a Teruel, provincias ambas en las que el clima descrito como desencadenante de la dialéctica del terror se adueñó muy pronto del ambiente. El temor a lo que hicieran los demás, la obsesión de que necesariamente se comportarían de esta u otra manera, hace que «todos comiencen a darse muerte unos a otros». El caso de Madrid es particularmente ejemplar. Al miedo de los primeros días sucedió la ola de terror que se inició antes del asalto al cuartel de la Montaña. Al desasosiego que produjo la marcha fulminante de las tropas africanas por Extremadura respondieron las matanzas de agosto; a la caída de Talavera y Maqueda, la oleada de septiembre; a la pérdida de Illescas y Navalcarnero, las de octubre, y a la llegada de las columnas de Varela a los arrabales de Madrid, las terribles represalias de noviembre. El aumento es continuo, y las muertes, que se cuentan por centenares en julio, superan ampliamente el millar en agosto, alcanzan los dos millares en septiembre, se aproximan a los tres millares en octubre y es muy fácil que sobrepasaran los siete en noviembre. El total de los asesinatos en la capital de la nación osciló entre un mínimo de 16.449, que es el que aceptamos, y un máximo superior a los 18.000, lo que supone 1.189 personas por cada 100.000 habitantes, cifra total y porcentaje muy superiores a los alcanzados por cualquiera otra provincia de no importa qué zona.
El promedio de muertes causadas por los nacionales fue de 245; y el del frente popular, de 307, que se eleva a 523 si limitamos la referencia al territorio sobre el que ejercieron jurisdicción. Los asesinatos de Madrid suponen, por tanto, una intensidad en la acción represiva superior al doble del promedio de la zona gubernamental, ya de por sí muy elevado, y ponen de manifiesto la extensión y alcance de la persecución. Hugh Thomas cree que esta sistemática, metódica y estudiada eliminación de la oposición se debió a las «imprudentes palabras que constituyeron la justificación de innumerables asesinatos en la capital», refiriéndose a la frase del general Mola de que contaba con una quinta columna para ocuparla, pero la realidad es que se trató de una operación de exterminio sin precedentes ni consecuentes en la guerra española. Koltsov, en su Diario de la guerra de España, ya apunta las razones que llevaron a esta decisión comunista, que no llegó hasta sus últimas consecuencias gracias a la valiente intervención de Melchor Rodríguez, que con e1 grave riesgo de su vida impidió su consumación. Ocupaba Melchor Rodríguez, desde el día 9 de noviembre, ti el puesto de inspector general de Prisiones y, alarmado por lo que ocurría en Madrid, lo puso en conocimiento de Juan Antonio Carnero, que tenía a su cargo la Dirección General, y de García Oliver, que era ministro de Justicia. Melchor Rodríguez se dirigió a Madrid para intentar poner fin a la matanza, pero en Madrid no le permitieron actuar, pues consideraban que era un territorio exento en el que no había otra autoridad que la de la Junta de Defensa. Melchor Rodríguez regresó a Valencia y consiguió ser nombrado delegado especial de la Dirección General de Prisiones para el territorio de Madrid, y ya con este nombramiento, que recibió el día l de diciembre, pudo impedir el previsto asesinato de los presos de Alcalá de Henares, aunque no el que las cárceles de Guadalajara se vaciaran cinco días después.
Eran los días en que García Oliver intentaba poner en práctica un nuevo concepto de la justicia partiendo de la liquidación del Registro de Antecedentes Penales. aunque esta medida. que todos le adjudican, no fue tomada por él. sino por su predecesor. el señor Ruiz Funes, por decreto del 2 de noviembre, anterior en tres fechas a la toma de posesión del dirigente anarquista, que no hizo otra cosa que poner en práctica esa medida, a la vez que dejaba en suspenso el derecho de los ciudadanos a recurrir contra los actos administrativos o judiciales posteriores al 17 de febrero de 1936. fecha de posesión del gobierno Azaña del triunfante Frente Popular.
En todas partes, los adversarios políticos, enemigos en potencia, fueron eliminados sin piedad, y las operaciones de limpieza se intensificaban cuando las tropas enemigas se iban acercando. Los ejecutores, en general, fueron los miembros de las fuerzas parapoliciales organizadas por partidos y sindicales con el nombre de Milicias de Retaguardia o Patrullas de Vigilancia o Control, fuerzas que fueron reconocidas como oficia- les en octubre del 36, tal vez con ánimo de someterlas a control, y más tarde integradas en la policía oficial como «premio a sus méritos».
A las partidas responsables de la limpieza en nombre de partidos y sindicales. sustituyeron, «con carácter transitorio», las milicias de vigilancia de retaguardia, que no eran otra cosa que aquellas legalizadas por decreto del 16 de octubre (G. M. del 19 de octubre). en el que se decía: «Con el deseo de colaborar en la labor de retaguardia. uno de cuyos principales problemas es el de descubrir a las personas desafectas al régimen, han surgido en Madrid y provincias grupos de leales ciudadanos que. llenos de entusiasmo. colaboran al indicado fin.» Estas milicias fueron disueltas en Madrid a mediados de diciembre. y en toda España poco después, al crearse el nuevo Cuerpo de Seguridad, en el que se integraron.
Los hechos parecen desmentir el que la responsabilidad cayera preferentemente, como se ha dicho, del lado de los libertarios. El cuadro demuestra que las zonas en que predominaron no fueron aquellas en que los excesos fueron mayores. En Madrid, que aporta el 22,71 por 100 de todos los asesinatos cometidos en zona republicana, la influencia anarquista fue la que moderó la violencia marxista. Sin la presencia de Melchor Rodríguez, las matanzas hubieran alcanzado niveles insospechados.
Las dos Españas
Si éste fue el panorama que presentó la zona gobernada sucesivamente por Giral, Largo Caballero y Negrín, las cosas no fueron demasiado distintas en la que dirigieron Cabanellas y Franco. En la zona nacional fue, según frase certera de Jesús Pabón, el maniqueísmo, «que se cree obligado o autorizado a la radical extirpación del mal encarnado», el causante de una represión que aspiraba a cortar de raíz las «malas hierbas» que amenazaban asfixiar a España. Los dirigentes radicalizados de la derecha española no habían leído, al parecer, el evangelio del hombre a quien sus enemigos echaron cizaña en sus tierras, y que al proponerle su criado que la arrancase, contestó: «i No! No sea que al recoger la cizaña, arranquéis con ella el trigo.»
A pesar de todo, las vastas operaciones de «limpieza» llevadas a cabo en la retaguardia nacional no alcanzaron la intensidad de las realizadas por sus adversarios. Su actividad represiva, más selectiva, se quedó en cifras inferiores, salvo en Andalucía -donde se quebró esta norma y aparecieron fenómenos de persecución indiscriminada, del estilo de .los que se originaron al otro lado de las barricadas, a los que, en esta región, ganaron en magnitud- y en aquellas regiones donde su presencia fue mayor en el tiempo y en el espacio. Esto es algo que chocará a quienes han bebido en las fuentes de Jackson, Tamames, Vidarte, Cabanellas, etcétera, los cuales afirman que lo que en zona nacional supuso la ejecución de un plan perfectamente programado, en la otra fue explosión espontánea e incontrolada de furor popular. Los cuadros y mapas no permiten en modo alguno esa interpretación de los hechos. La extensión y homogeneidad del furor revolucionario fue algo absolutamente incompatible con la espontaneidad. La geografía del terror frentepopulista no puede ser más racional. Todas las provincias presentan índices muy homogéneos, acusándose, eso sí, .la diferente tensión a que estuvieron sometidas. El lejano sudeste presenta las tasas más bajas por ser la región más alejada de la presión enemiga. Estas suben a medida que aumenta el acoso enemigo, y llegan a cimas insospechadas en el Madrid semisitiado, donde el miedo impide cualquier limitación a las prácticas represivas y el paroxismo alcanza cotas muy altas; en tono menor, sucede lo mismo en la amplia zona catalano-aragonesa que por el Maestrazgo se extiende hacia Levante.
En zona nacional, las cosas sucedieron de forma similar, pero menos uniforme, aunque el mando militar controlaba absolutamente la situación y no se toleraban actividades por libre. En esta zona, donde la autoridad militar fue cruel, la extensión de la represión resulta mayor; donde tendió a la benignidad, disminuyó notablemente. La geografía de la represión es mucho menos homogénea, lo que delata un menor dirigismo. Contra lo que podía preverse, en el anárquico y cantonal régimen republicano las consignas de comités, partidos y sindicatos eran obedecidas a rajatabla a todos los niveles, y en el centralizado y disciplinado sistema impuesto por los militares sublevados, las atribuciones de las autoridades locales eran mucho más amplias. Estas actuaban con gran autonomía, y ello explica que en Zamora se matara seis veces más que en el vecino Orense, y en Segovia cinco menos que en el inmediato Valladolid.
La sistemática destrucción de los enemigos potenciales aparece mucho más clara en el territorio gubernamental que en el nacional, y no sólo porque allí se matara más, lo que no aportaría prueba suficiente, sino porque se mató más metódicamente, de modo más ordenado.
En una y otra zona, a la gente le repugnaba lo que veía u oía, y en ambas se castigó, en ocasiones con el beneplácito general, a los que se pasaron de una raya, que ya era muy permisiva. En mi Historia del ejército popular escribí: «El gobierno se creía justificado lamentando los hechos. Sus contrarios con negarlos. Sin lugar a dudas, la responsabilidad de lo que sucedía en uno y otro campo era colectiva, recaía y recae sobre todos los españoles, y se compendia en los dirigentes de ambos bandos, bien por acción o bien por omisión, pues la omisión era consentimiento, cuando no complacencia. La vida humana había dejado de ser respetable y respetada.» Comparativamente, la represión nacionalista fue muy cruenta en Andalucía, donde los nacionales mataron a 15.710 personas, superando a los republicanos, que dieron muerte a 11.789. También en Aragón los nacionales aventajaron a sus enemigos, con 4.720 ejecuciones frente a las 3.372 de sus contrarios, aunque es digno de señalar que tanto en una como en otra región los republicanos sólo ejercieron su autoridad en una fracción del territorio.
La represión nacionalista fue igualmente despiadada en las provincias de Logroño, Zamora y Valladolid, y no tan dura en el resto de las tierras del Duero. En s esta vasta área fueron 7.474 las víctimas que ocasionaron, reduciéndose a 766 las de sus adversarios, que apenas hollaron su suelo en algunos pequeños rincones.
En Extremadura, región en la que los republicanos sólo retuvieron la provincia de Badajoz, y en gran parte por pocos días, los nacionales superaron, una vez más, a los republicanos, con un balance de 3.782 frente a 1.515. En el país vasco-navarro, por contra, los frentepopulistas aliados de los seguidores de Sabino Arana dieron muerte a 1.913 de sus paisanos, frente a las 1.780 víctimas causadas por los nacionales, yeso a pesar de que sólo quedó bajo su órbita de acción poco más de la mitad de su población.
En Baleares fueron 745 los ejecutados por los nacionales, y 367 las víctimas de los gubernamentales, que sólo ejercieron autoridad en Menorca y, esporádicamente, en Ibiza.
En Galicia y Canarias, con 3.254 y 400 ejecuciones, respectivamente, se señalan cifras bastante más bajas que en el resto del país, salvo en algunas provincias castellanas. Los frentepopulistas, en las escasas localidades que retuvieron durante los primeros días, eliminaron a 122 de sus contrarios.
En la Mancha-Albacete, los republicanos, que habían dado muerte a 8.567 personas, lo pagaron con 5.708 ejecuciones, y en Cataluña, las 14.486 víctimas del terror revolucionario fueron respondidas con 3.946 ejecuciones. La Montaña pagó con 710 vidas las 530 que previamente hicieron los republicanos, y Asturias también saldó con pérdidas su deuda con los vencedores, que se cobraron con 2.037 muertes las de 1.766 de sus amigos.
En la región valenciana, las ejecuciones fueron 3.973, frente a los 8.928 homicidios cometidos por los frentepopulistas, y en Murcia, 855 sentencias cumplidas saldaron la muerte de los 1.,812 asesinados en la provincia. Por último, en Madrid fueron fusiladas 2.488 personas, frente a las 16.449 víctimas que produjo el plan de exterminio de la quinta columna.
El balance general se establece en 57.883 homicidios o ejecuciones en zona nacional, que llegó a identificarse con la totalidad del territorio español, y 72.337 en zona republicana, sin contar los 958 civiles asesinados por los guerrilleros.
Larga posguerra
Buena parte de las muertes que hemos adjudicado a los nacionales viene representada por las víctimas de la represión en la posguerra. Después de su victoria, los vencedores, ocupantes de la totalidad del suelo nacional, ya no tenían por qué temer a sus humillados enemigos, pero se disponían a pedirles cuenta de sus actos y a castigarlos como únicos responsables de los males que habían asolado al país durante tres años. Las conductas fueron sometidas ajuicio, y todos cuantos habían servido a los derrotados fueron objeto de depuración. A los que no se apreció culpa, que fueron los más, se les puso en libertad; a los restantes se les sometió a proceso y se les condenó a penas de mayor o menor gravedad, pero siempre muy severas. Las penas de muerte fueron muchas más que las ejecuciones, y éstas alcanzaron la elevada cifra de 22.716, todas las cuales están incluidas, salvo las 75 inscritas entre 1951 y 1961, en las 57.662 en que hemos cifrado las víctimas de los nacionales. Estamos muy lejos de los centenares de miles que con tanta insistencia como fruición repiten machaconamente los portavoces de unos irreconciliables y paranoicos obsesos anclados en el odio y en el resentimiento, pero la cifra es realmente espeluznante. Dura y rencorosa fue la justicia de unos vencedores a los que faltó la grandeza de la generosidad y la indulgencia.
En este punto surgió pronto una «leyenda» paralela a la del famoso «millón»; en este caso, la cifra mítica fue la de 200.000. La primera vez que la he visto citada es en las Obras completas de Manuel Azaña, tomo IV, pág. 901. Era el 26 de noviembre de 1938; todavía no se había acabado la guerra, y ya Trifón Gómez, entonces intendente general del Ejército Popular, le auguró a Azaña que los «facciosos» sacrificarían 200.000 vidas. Luego, se trataba simplemente de certificar la capacidad profética del dirigente socialista. De ello se encargarían, aunque sin citarle, multitud de autores españoles y foráneos.
De todas mis cifras, a las que hemos llenado de salvedades, éstas son las más rigurosas. En las restantes partidas hemos tenido serias vacilaciones al adjudicarles esta o aquella cantidad parcial, o en cuanto a la valoración exacta que debiéramos haber dado a alguno de sus sumandos, supuestos la incertidumbre en que nos dejan determinadas inscripciones y el desconocimiento del número exacto de las muertes violentas no debidas a la guerra que se produjeron entre 1936 y 1950. Sin embargo, estas de la represión de la posguerra no ofrecen duda. La casi totalidad se debe a la ejecución de sentencias firmes dictadas por tribunales competentes. Fueron presenciadas por los jueces instructores de las respectivas causas, y éstos ordenaron puntualmente su inscripción en el Registro Civil. En este caso, no hay «cadáveres de hombres desconocidos», ni «desaparecidos», ni presunciones de muerte, ni fallecimientos violentos por causa indeterminada, y mucho menos ausencia de inscripción ni demoras regístrales. Los números son prácticamente exactos. Subsiste una incertidumbre. El estudio minucioso y detallado de los cuadros provinciales nos suscita ciertas dudas sobre el carácter o no de diferidas de algunas inscripciones; así, 1.084 de las que se registran en Toledo, 428 de Córdoba, 103 de Ciudad Real, e incluso 16 de Granada, 7 de Almería y 17 de Badajoz, con un total de 1.616 defunciones, que sí hemos contabilizado como víctimas del terror blanco, pero en años anteriores. Si estuviéramos equivocados y la totalidad o parte de estas muertes se hubieran producido con posterioridad al final de la guerra, el número íntegro de las víctimas de los nacionalistas no variaría, aunque sí el de las debidas a la represión de la posguerra, cuyo total máximo absoluto pudiera llegar a ser el de 24.332 en el muy improbable supuesto de que todas las 1.616 dudosas correspondieran a muertes irregulares producidas a partir del final de la guerra. Como compensación, algunas de las ejecuciones realizadas a partir del 1 de enero de 1939 corresponden a individuos fusilados en zona republicana, principalmente en Cataluña, antes de que terminara la guerra. La cifra real la podemos establecer en las proximidades de los 23.000.
Consideraciones finales
Establecido el balance definitivo de lo que supuso la guerra civil y su difícil y larga posguerra para la demografía del país, sólo queda subrayar, una vez más, el carácter provisional y aproximado de las cifras que hemos aventurado. Los totales son altamente fiables, y los errores, estadísticamente despreciables. En los balances provinciales, éstos pueden ser de mayor consideración, pero nunca demasiado elevados. A pesar de ello, nuestras cifras chocan tanto con las que de modo habitual vienen barajándose desde hace cuarenta años, que a las gentes les resultan muy difíciles de aceptar, y no son pocos los que, sólo porque no les gusta, las impugnan airadamente. En general, se trata de personas que no han estudiado en absoluto el tema, que no se han acercado jamás por el Instituto Nacional de Estadística, que no han visitado, ni por curiosidad, un registro civil, que ni tan siquiera se han tomado la molestia de leer mi libro. Toda discusión con ellas resulta imposible, aunque yo haya sido tan ingenuo como para intentarlo. Poco hay de constructivo en cuanto se ha escrito en tomo a este tema, y lo que he dicho sobre Jackson, Tamames o Elena de la Souchere sirve para todos ellos. Sin embargo, se me han hecho dos objeciones importantes que merecen ser consideradas: Alcofar Nassaes me ha aclarado que en Barcelona las víctimas de los bombardeos fueron superiores a las estimadas por mí, y este mismo autor y Alberto Reig han llamado mi atención sobre el echo, innegable, de las muchas defunciones sin inscribir que se han puesto de manifiesto a la hora de otorgar pensiones a los familiares de las víctimas de la guerra civil.
La primera objeción está suficientemente aclarada en mi texto, en el que repetidas veces hago hincapié en los posibles defectos de mis estimaciones provinciales. Concretamente en Barcelona, bastaría que en los años de la guerra el número de los accidentados casuales fuera bastante inferior al de los producidos el año 1935 para que mis cifras resultaran claramente erróneas, pero si hubiera sucedido así en aquella provincia, en otras se habría producido el efecto contrario, y las cifras finales seguirían siendo válidas.
En 1934 se registraron en Barcelona y provincia 565 muertes violentas por accidentes o traumatismos, cifra que descendió a 394 en 1935, elevándose en los años siguientes a 860 en 1936; 977 en 1937; 1.369 en 1938 y 1.107 en 1939 y bajando a 596 en 1940. ¿Cuántas de las registradas entre 1936 y 1940 se debieron a la guerra? De haberse mantenido durante esos cinco años las cifras de 1935, 2.939. De haberse elevado el promedio de las muertes violentas por causas no bélicas al de 1934, 2.084. Y estas cifras descenderían a 1.890 y 1.377 respectivamente si consideramos solamente los años 38, 39 y 40. Por supuesto nada se opone a que la cifra real de estas muertes accidentales no debidas a la guerra se mantuviera en un promedio anual intermedio e incluso menor que el registrado en 1935, pero en este caso es de advertir que necesariamente este tipo de fluctuaciones se compensarían entre unas y otras provincias, siendo la cifra total nacional, con toda certeza, muy similar a la de los años anteriores, aunque muy probablemente mayor.
La segunda objeción es más seria, pero tampoco produce una incidencia importante en mis cifras, que, por supuesto, es nula cuando se trata de la represión en la posguerra. Reconozco que a mí me ha asombrado que el número de los negligentes sea tan alto. Todos los españoles contaban con el instrumento jurídico adecuado para conseguir la inscripción legal de sus muertos y desaparecidos. Todos sus familiares, hasta los de cuarto grado, podían solicitar las inscripciones de defunción, desaparición o declaración de ausencia de sus deudos, y de ahí que yo partiera del supuesto de que todos habían ejercitado ese derecho para regularizar su situación jurídica; pero, al parecer, no fue así, aunque la cifra relativa de los que no cumplieron estos trámites no fue tan importante como pudiera creerse, y en los expedientes de tramitación de pensiones no pasa de una fracción muy minoritaria de los solicitantes, y no siempre con la certeza de que no exista la inscripción. Si todos nuestros registros civiles dispusieran de ordenador, sería posible comprobar la inscripción o no inscripción de cualquier difunto, pero en la situación actual esto no resulta fácil y cabe la posibilidad de que la familia no logre enterarse nunca de dónde se registró el fallecimiento de su deudo. Normalmente, ésta se hacía o bien en el registro del municipio en que se produjo el fallecimiento, o en el del domicilio habitual del mismo, pero no son escasas las que se efectuaron en el municipio en que radicaba la plana mayor de su unidad militar, en el de la localidad en que se produjo el enterramiento, en el de naturaleza, en el que estaba establecida la Jefatura de Sanidad de su brigada, etc. En otras ocasiones, el cadáver no fue identificado, y se registró la defunción de un hombre desconocido.
El conjunto de todas estas inscripciones, más las de extranjeros registrados en España en vez de en sus consulados respectivos, equilibra ampliamente el número de los no inscritos, y el total por mí indicado, calculado con amplio exceso, cubre perfectamente estas lagunas.
En los registros civiles, las inscripciones se hacían de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 75 y siguientes de la ley Provisional del Registro Civil del 17 de junio de 1870, especialmente los artículos 82, 86, 90 y 91, y reglamento del 13 de diciembre de 1970, agilizados por el decreto número 67 de la Jefatura del Estado, dado en Salamanca el 8 de noviembre de 1936 para la «inscripción de ausencias, desapariciones o fallecimientos» de «personas, combatientes o no, víctimas de bombardeos, incendios u otras causas con la lucha relacionadas». Este decreto se desarrolló por orden de noviembre del mismo año, y se simplificaron los trámites por sucesivas órdenes del 28 de enero de 1938, 17 de mayo de 1939, 26 de julio del mismo año y 29 de abril de 1940.
Por último, no quiero dejar de señalar, aunque el mal de muchos sea remedio de tontos, que lo sucedido en España no fue nada anormal ni excepcional en el contexto europeo y mundial en que se encuadró nuestra guerra civil. En Francia no fueron menos de 85.000 los represaliados por los vencedores a partir de 1944, y de ellos 826 ejecutados judicialmente; en Italia éstos se elevaron a 2.675, y los partisanos asesinaron a no menos de 67.000 personas. A esto es a lo que me refería cuando terminaba mi libro diciendo que «todos tenemos mucho de qué avergonzarnos y muy poco que echarnos en cara».
En definitiva, la guerra ocasionó la muerte violenta de 275.000 españoles, en números redondos, lo que no resultó un impacto excesivo para nuestra demografía, que lo encajó perfectamente. Por el contrario, la fuerte caída de la natalidad, que se tradujo en 557.185 niños menos en relación a los esperados y la muerte de 138.030 por encima de lo que era de prever, supuso un tremendo golpe cuyas repercusiones se sufren todavía. En nuestras pirámides de población, donde las muertes violentas no dejaron apenas huella perceptible, aún es profunda la muesca que denuncia la fuerte pérdida que sufrieron las generaciones nacidas entre 1934 y 1942.
