Con motivo de la entrada en vigor de la infame ley de memoria histórica, en la provincia de Badajoz se produjeron varios hechos que contribuyeron a cambiar el curso de la historia, retirando placas históricas existentes en muchos pueblos, tanto de nombres de los pueblos, como de calles y edificios públicos en general.
El caso más significativo fue en Guadiana del Caudillo, donde se libró una batalla jurídica contra el presidente de la Diputación socialista, que fue el principal impulsor y promotor de todas las acciones que se llevaron a cabo en la provincia de Badajoz para intentar borrar la realidad de la historia de todos y cada uno de los pueblos.
Éste, arbitró unas medidas en la provincia que venían a decir: “Si no quitas los nombres que yo te diga de tu pueblo o de tus calles, no te doy subvenciones públicas”. Así metió miedo a la práctica totalidad de Alcaldes de la provincia, que corrieron ávidos para eliminar cualquier vestigio que fuera impuesto por el dictadorzuelo de la Diputación de Badajoz.
Se encontró de frente con dos Alcaldes, el de Badajoz, Fran Fragoso, y el de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo. El primero, para defender el nombre de una de sus pedanías, Villafranco del Guadiana, y el segundo, para defender el nombre de su pueblo, Guadiana del Caudillo.
Ambos libraron varios procesos judiciales contra el presidente de la Diputación, tanto en vía Contencioso Administrativa, como Penal. La justicia les dio la razón a los dos y los nombres de sus pueblos se mantuvieron. El resto de Alcaldes no dudaron en bajarse los pantalones y no complicarse la vida, con tal de cobrar las subvenciones.
El Alcalde de Guadiana del Caudillo, arropó la decisión de la defensa del nombre de su pueblo, con dos medidas. La primera, redactando un Catálogo de Vestigios de su pueblo donde se recogían todos y cada uno de ellos, concluyendo y justificando que ninguno incumplía con la ley de memoria histórica, y la segunda, realizando una Consulta popular, donde el 60 % de los votantes se posicionó en favor de que el nombre del pueblo siguiera siendo Guadiana del Caudillo. A partir de ahí ganó todas las batallas judiciales contra las medidas arbitrarias del presidente de la Diputación y mantuvo el Nombre del pueblo y la Placa conmemorativa de la inauguración de este. Por supuesto, cobró tarde, pero cobró todas las subvenciones que le correspondían como pueblo y que fueron retenidas de forma arbitraria por el presidente de la Diputación.
El nombre de Villafranco del Guadiana sigue todavía vigente. El de Guadiana del Caudillo y la Placa conmemorativa de la inauguración del mismo se mantuvieron hasta que en las elecciones municipales de 2.019 cambió el sentido del gobierno municipal. Entró el Psoe y lo primero que hizo fue quitar la Placa y borrar “Del Caudillo”, del nombre del pueblo, quedando solo “Guadiana” como nombre. En 2.023 volvió a ser elegido Alcalde Antonio Pozo, del PP, en Guadiana del Caudillo. Veremos qué ocurre en ésta legislatura.
Éstos fueron los hechos más significativos de la aplicación de la infame ley en la provincia de Badajoz, pues el resto de Alcaldes, desgraciadamente, accedieron rápidamente a las pretensiones del presidente de la Diputación, para no perder las subvenciones.
