“Este hombre ha hablado por última vez…”
-Dolores Ibárruri-
Existen algunos libros que se refieren a este trágico suceso con detalle, por otra parte, perfectamente conocido y descrito con precisión por algunos de sus testigos directos. Pero se trata de un episodio absolutamente significativo para evaluar el carácter criminal de la izquierda de aquella época, de la cual, la presente izquierda española se considera orgullosa y autosatisfecha heredera. Ciertamente se trata de un asesinato político sin parangón en Europa, cuya mención debería servir para que cualquier miembro del PSOE palideciese de vergüenza y remordimiento. Pero, descuide el lector, porque eso sería como pedirle peras al olmo.
Es esencial, por tanto, profundizar en sus pormenores para comprender la magnitud de los hechos y la vileza de aquellas fuerzas que se complacían en llamarse representantes del pueblo o dirigentes políticos de la nación.
Tras el acceso al poder del Frente Popular, mediante el gran fraude electoral descrito, la situación del orden público se convirtió en desastrosa y el Parlamento en el epicentro de tan nefasto escenario. La censura del Gobierno intentó suprimir las noticias de huelgas y asesinatos, obligando a llevar a toda prisa una copia de los periódicos diarios al despacho oficial de prensa, para que allí fuera examinada y censurada oportunamente; las secciones eliminadas aparecían como espacios en blanco o con tipos rotos. El Temps parisino, que llegaba a Madrid unos días más tarde, era con frecuencia más informativo que los periódicos de la capital española. Frank E. Manuel. The Politics of Modern Spain. Read Books, Nueva York, 1938, pag.168. Tomado de Stanley Payne. El camino al 18 de julio.
Tanto las sesiones ordinarias como las plenarias de las Cortes asfixiaban al Gobierno y actuaban de caja de resonancia de la calle, devolviendo a la nación, multiplicada, su propia turbulencia. Los diputados se injuriaban y agredían de palabra y de obra; cada sesión era un tumulto continuo con gritos e incidentes constantes. En muchas ocasiones, los diputados se empujaban y golpeaban, y el presidente de la cámara Diego Martínez Barrio se veía impotente para frenar aquellos brotes de violencia incontrolada llegando incluso a amenazar con abandonar el hemiciclo a modo de protesta.
Teniendo en cuenta que casi todos los presentes, supuestamente cabales representantes de la nación, iban armados, podía temerse cualquier tarde una catástrofe. En vista de la frecuencia con que se exhibían o insinuaban las armas de fuego, se adoptó la denigrante precaución de cachear a los legisladores a la entrada. Antonio Ramos Oliveira, Historia de España. Compañía General de Ediciones. Méjico, D. F. Vol. 3. Pág. 244.
Dada la censura a que se veía sometida la prensa, la reproducción de los discursos de Calvo Sotelo sobre las perturbaciones del orden público era la única forma de que los periódicos de derechas dieran a conocer a sus lectores lo que ocurría en España.
José Calvo Sotelo era un personaje singular, nacido en Tuy, Pontevedra, hijo de un juez destinado en la plaza gallega, y licenciado de forma brillante en la Universidad de Zaragoza como abogado, con matrícula de honor y doctorado más tarde en la Universidad Central de Madrid, recibiendo el premio extraordinario. Con 23 años se convirtió en abogado del Estado con el número uno de su promoción, algo insólito.
A los 27 años había sido ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, durante la dictadura de Primo de Rivera. De forma irónica y coloquial entre sus compañeros de gabinete, era llamado “el bolchevique” por su ambicioso proyecto de reforma del régimen local, por sus duras críticas contra el caciquismo y por su preocupación por los problemas sociales. En su libro: Mis servicios al Estado, publicado en 1931, Calvo Sotelo explica la decisión de haber participado en el Gobierno de Primo de Rivera:
“Mis convicciones políticas son democráticas. Creía y creo en la necesidad del Parlamento; creía y creo en el sufragio, pero, precisamente por eso, abominaba del régimen político imperante. Régimen que representaba un escarnio del Parlamento, una prostitución del sufragio… Y cuando el general Primo de Rivera irrumpió en la vida pública española, vi en él un factor providencial de saneamiento. Este hombre -pensé- viene a hundir para siempre los viejos procedimientos.
¿Qué importa el medio? Ayudémosle”.
José Calvo Sotelo. Mis servicios al Estado, Madrid, imprenta clásica española. 1931. Pág. 7.
Su apoyo a los cuerpos técnicos y administrativos de Hacienda consiguió aumentar su eficacia. El 24 de diciembre de 1925 presentó ante el Consejo de Ministros tres proyectos de decreto destinados a perseguir el fraude fiscal, el más famoso de los cuales fue el que disponía que todos los propietarios debían declarar en tres meses el valor verdadero de sus fincas rústicas y urbanas.
El 18 de enero de 1927, Calvo Sotelo publicaba en La Gaceta de Madrid su proyecto de reforma fiscal. El Impuesto sobre Rentas y Ganancias, precedente directo del actual IRPF, que gravaba a todos los contribuyentes según sus ingresos, conforme a una escala progresiva, en busca de la igualdad del sacrificio que, para Calvo Sotelo, «es la verdadera esencia, la médula, la raíz, de la equidad y de la justicia tributaria». José Calvo Sotelo. Orientaciones económicas y tributarias, en Curso de Ciudadanía. Conferencias pronunciadas en el Alcázar de Toledo. Madrid, Junta de Propaganda Patriótica y Ciudadana, 1929, pp. 313-314.
Y también en 1927, mediante la Ley del Monopolio de Petróleo, fundó la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo, S.A. (CAMPSA), una empresa petrolífera española, cuya función era administrar la concesión del monopolio estatal de petróleo y que, como sabemos, ha llegado hasta nuestros días.
Era un hombre inquieto, íntegro y entregado al servicio público de la nación, con ideas coherentes y sobradamente capaz de argumentar con eficacia sus razones. De sólida formación y con un fervoroso patriotismo, conceptos muy alejados de la estructura mental izquierdista de aquella época (y de esta), para la cual cualquier atisbo de excelencia o de brillantez personal acompañada de un sano orgullo por la historia de la nación, era y sigue siendo, sospechosa de españolismo poco menos que inquisitorial.
Tras el fin de la dictadura de Primo De Rivera, en 1930, Calvo Sotelo, junto con otros ex-ministros, fundaron la Unión Monárquica Nacional, cuyo lema era: “Orden, trabajo y cultura”, y cuyo manifiesto fundacional decía entre otras cosas:
“Queremos, como Primo de Rivera, una España grande, gloriosa, culta, cristiana, tolerante, ordenada, trabajadora, progresista, respetada en el extranjero y con honda fe en sus altos destinos; estimamos, como él, consubstancial con la Patria el mantenimiento de la Monarquía…; compartimos el sentimiento religioso que late en la más íntimas entrañas de la sociedad española y mantiene vivas las energías morales de la raza; creemos, en fin, indispensable… la actuación de un Gobierno fuerte, encarnación suprema del principio de autoridad, con la eficiencia precisa para rechazar cualquier conato de violencia, venga de donde viniere”.
Y entre sus apelaciones a la responsabilidad individual, decía lo siguiente: “La vida es, sobre todo, y por encima de todo, voluntad. Y el que no tiene voluntad propia y no la sabe imponer, tendrá forzosamente que vivir de la voluntad ajena y será avasallado, tiranizado, maltratado”.
Tras la llegada de la República en 1931, Calvo Sotelo tuvo que exiliarse primero en Lisboa y después en París. El nuevo régimen, sectario desde su nacimiento, no podía tolerar a personas que no lo apoyasen fervorosamente, o que simplemente sus puntos de vista fueran otros, aunque su valía política y su talla intelectual fuese sobresaliente. Para la nueva República y sus sans-culottes izquierdistas, toda la historia de España era un fracaso existencial, y ya ni la mera nostalgia de un pasado glorioso debería ser permitida.
Durante su exilio en Francia, por una inexistente culpabilidad basada exclusivamente en su colaboración como servidor del Estado con la dictadura de Primo de Rivera *Olvidando, con la habitual hipocresía izquierdista, que Largo Caballero -secretario general de UGT y miembro de la Ejecutiva del PSOE – también colaboró, por decisión del propio partido y del sindicato, como ministro de Trabajo, Comercio e Industria de la dictadura. Consejero de Estado se llamaba entonces. Calvo Sotelo mantuvo su actividad mediante la escritura de numerosos artículos periodísticos, y un continuo contacto con intelectuales franceses como Charles Maurras y su análisis teórico sobre la monarquía, así como con las nuevas ideas políticas que circulaban por el continente.
En 1933 regresó a España fruto de su elección como parlamentario, no sin antes tener que luchar contra los obstáculos legales que le opusieron las izquierdas, integrándose en el partido monárquico Renovación Española, donde fue ganando protagonismo hasta convertirse en el jefe del grupo parlamentario de la minoría monárquica durante el Gobierno del Frente Popular.
En esta fase final de la República, Gil Robles y Calvo Sotelo fueron acaparando el protagonismo de los debates con el Gobierno como contrincante, representado en la figura desabrida, enjuta y arrogante de su presidente, Casares Quiroga, un hombre enclenque y enfermizo, gallego como el propio Calvo Sotelo, que contrastaba con él por su corpulencia, y aspecto vigoroso y analítico a la vez, que por un gran control sobre sus emociones. Progresivamente, Calvo Sotelo fue arrogándose el peso del liderazgo y de la contestación política de las derechas, desplazando a Gil Robles y siendo cada vez más categórico e intransigente con el Gobierno en unas intervenciones que a nadie dejaban indiferente por la firmeza y claridad de sus planteamientos. Temible polemista y hábil parlamentario, en cada sesión mostraba un enorme coraje verbal envuelto en convicciones irreductibles, convirtiéndolo en un personaje especialmente odiado por los diputados del Frente Popular.
La sesión del 16 de junio fue una de las más dramáticas y de las más recordadas de la historia parlamentaria de la República. Primero intervino Gil Robles, que mencionó las cifras del desorden: Desde el 15 de febrero hasta el 15 de junio, 269 personas habían sido asesinadas, 1.287 habían resultado heridas en actos de violencia política, 160 iglesias con todo su patrimonio artístico e histórico habían sido destruidas, y otros 251 edificios religiosos e iglesias habían resultados seriamente dañadas. Incluso mencionó que el British Auto Club había comunicado oficialmente a sus socios que no resultaba seguro viajar por España, debido a la extorsión y a la violencia aleatoria e indiscriminada practicada en las carreteras españolas. De hecho, el Gobierno había emitido, en vano, el 11 de mayo, una orden a los gobernadores civiles para que pusieran fin a dichas extorsiones. Stanley Payne. El camino al 18 de julio. Tanto es así que el propio presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, fue víctima de una de ellas cuando viajaba a su finca particular en Extremadura durante una visita privada.
Luego le tocó el turno a Calvo Sotelo, declarando que esa era la cuarta vez en tres meses que se dirigía al Parlamento para tratar del problema del orden público. En ese momento, la sesión ya había pasado a ser tormentosa, con frecuentes interrupciones e insultos, y a punto de la agresión física. Calvo Sotelo comenzó ofreciendo su opinión sobre el desorden económico y el desorden militar que, a su juicio, imperaban en España.
El líder monárquico exclamó que “el desenfreno dura semanas y meses”, momento que la diputada socialista Margarita Nelken, le gritó: “¡Y lo que durará!”, en una clara demostración de la absurda irracionalidad de la mayoría izquierdista. Calvo Sotelo continuó denunciando los efectos negativos que el desorden y el vandalismo producían en la opinión pública extranjera y la repercusión en la cotización de la peseta, y en el consecuente gradual empobrecimiento del país. Luego manifestó su oposición a las huelgas, a los cierres patronales, a las “fórmulas financieras de capitalismo abusivo”, a la “libertad anárquica”, defendiendo que la “producción nacional” debía estar por encima de todas las clases sociales.
Su alegato continuó refiriéndose a la hipotética conveniencia de apelar al ejército como garantía de orden público contra “el desorden interminable” y de seguridad nacional si la situación continuaba deteriorándose. Insistiendo en su convicción de la utilidad de un Gobierno fuerte capaz de manejar la conflictividad social con criterios de firmeza y rectitud política, virtudes encarnadas en la naturaleza de la milicia. Y considerando, por tanto, legítimo al militar que ante el riesgo existencial de la nación decida levantarse contra ese nefasto estado de cosas.
Tras él, tomó la palabra el presidente del Gobierno Casares Quiroga para replicarle, declarando que consideraba muy graves sus afirmaciones y acusándole de simpatizar con los grupos que llamaban al golpe de Estado, para terminar con una velada amenaza: “Después de lo que ha dicho su señoría ante el Parlamento, de cualquier cosa que pudiera ocurrir, que no ocurrirá, haré responsable ante el país a su señoría”. Dada la situación imperante en España, un jefe de Gobierno constitucional anunciando lo que después se consideraría la sentencia de muerte de un miembro del Parlamento, constituyó un espectáculo sin precedentes. Stanley Payne. El camino al 18 de julio.
En la réplica a Casares Quiroga, Calvo Sotelo manifestó que la afirmación del presidente del Gobierno de hacerle “máximo responsable de una posible sublevación, eran “palabras de amenaza” en las que se le había convertido en sujeto no sólo activo, sino pasivo, de hechos que decía desconocer. Y luego pronunció las palabras que resultaron tristemente proféticas:
«Yo tengo, Sr. Casares Quiroga, anchas espaldas. Su señoría es hombre fácil y pronto para el gesto de reto y para las palabras de amenaza. Le he oído tres o cuatro discursos en mi vida, los tres o cuatro desde ese banco azul, y en todos ha habido siempre la nota amenazadora. Bien, Sr. Casares Quiroga. Me doy por notificado de la amenaza de su señoría. Me ha convertido su señoría en sujeto, y por tanto no sólo activo, sino pasivo, de las responsabilidades que puedan nacer de no sé qué hechos.
Bien, Sr. Casares Quiroga. Lo repito, mis espaldas son anchas; yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice, y las responsabilidades ajenas, si son para bien de mi patria (exclamaciones) y para gloria de mi España, las acepto también. ¡Pues no faltaba más! Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un rey castellano: “Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con gloria a vivir con vilipendio (Rumores.).” Extracto del Diario de Sesiones de las Cortes Españolas del 16 de junio de 1936.
En una entrevista años más tarde, Josep Tarradellas acusó a Dolores Ibárruri, La Pasionaria, dirigente del Partido Comunista, de exclamar en esa sesión, dirigiéndose al diputado monárquico: “Este hombre ha hablado por última vez”. Josep Tarradellas. El único camino. Barcelona, Bruguera, 1979, pág. 248. Época, núm. 33 (1985), p. 26. Según Salvador de Madariaga. España: ensayo de historia contemporánea. Undécima edición, revisada por el autor, 1979, p. 384. Josep Tarradellas. Presidente de la Generalidad de Cataluña en el exilio desde 1954 hasta 1977, y de la Generalidad provisional desde esta fecha hasta 1980.
Aunque la controvertida frase no aparece en el diario de sesiones e Ibárruri siempre negó haberla pronunciado, el historiador y parlamentario en aquella época, Salvador de Madariaga, sostiene la veracidad de dicha cita, aunque modificada según su recuerdo. En la página 384 de su libro: España. Ensayo de historia contemporánea, 11.ª edición revisada por el autor en 1978. dice: “Dolores Ibárruri, Pasionaria, del partido comunista, le gritó: “Este es tu último discurso”.
Al día siguiente, 17 de junio, la sentencia de muerte parecía dictada por el diario comunista “Mundo Obrero”: “La destrucción de todo esto es tarea inmediata del Frente Popular. Con el miserable de Calvo Sotelo a la cabeza”.
Y así fue, al líder monárquico le quedaba menos de un mes de vida…
Pero aún hubo otra sesión, la del 1 de julio de 1936, en la que el socialista Ángel Galarza contestó a Calvo Sotelo con un comentario ad hominem, recordando las antiguas palabras de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, ya mencionadas al comienzo de este libro: “Pensando en su señoría, encuentro justificado, incluso, el atentado personal”. Estas palabras, la segunda amenaza de muerte dirigida al jefe monárquico en aquellas Cortes, se suprimieron en las actas por orden de Martínez Barrio, pero las recogieron varios periodistas Luis Romero. Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo. Págs. 165-166. Tomado de Stanley Payne. El camino al 18 de julio. Además, las palabras de Galarza predijeron su futuro papel personal, ya que tan solo unos meses más tarde, como ministro de Gobernación en la República revolucionaria en guerra civil, presidiría las masivas ejecuciones en Madrid, las más brutales y numerosas de la historia del país. La acción de Galarza fue un buen ejemplo de cómo las amenazas verbales y la violencia criminal aislada de las izquierdas en la República se transformarían en asesinatos masivos durante la contienda civil. Julius Ruiz. Paracuellos. Una verdad incómoda. Espasa libros. 2015.
La nación había entrado en un rumbo de colisión por la ceguera sectaria izquierdista, que era mirada con espanto por los intelectuales más lúcidos de la época. Un republicano convencido como Salvador de Madariaga escribía con perfección descriptiva, lo siguiente:
“El país había entrado en una fase claramente revolucionaria. Ni la vida ni la propiedad estaban a salvo en ninguna parte. Es un prejuicio absoluto explicar aquel estado de cosas con chillidos de loro en variaciones de la palabra feudal. No se trataba ya de que al propietario de miles de hectáreas otorgadas a sus antepasados por el rey Fulano de Tal le invadieran la residencia y le dejaran el ganado sangrando con las patas rotas en los humeantes campos de su propiedad. Era el modesto médico o abogado madrileño, que tenía un chalé con cuatro habitaciones y baño y un huerto del tamaño de un pañuelo, que veía como le ocupaban la casa unos trabajadores de la tierra que en absoluto carecían de casa ni pasaban hambre, y acudían a recoger la cosecha: llegaban diez hombres a hacer el trabajo de uno y se le quedaban en casa hasta que terminaban. Era el secretario del sindicato local de jardineros que iba a decirle con amenazas a la chica que regaba las rosas que todo riego tenían que hacerlo los del sindicato; era un movimiento encaminado a prohibir la conducción del propio coche e imponer la aceptación de un chófer del sindicato”. Salvador de Madariaga. España. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1965. Págs. 452-453. Por su parte, Juan Ventosa y Calvell, catalanista y fundador de la Lliga Regionalista, definía la situación con clarividencia premonitoria:
“Solo con asistir a este debate, solo con escuchar las manifestaciones de ayer y de hoy, insultos reiterados, incitaciones al atentado personal, invocaciones a aquella forma bárbara y primitiva de la justicia que se llama ley del talión, petición insólita y absurda del desarme solo de las derechas, pero no de todos, solo con presenciar y observar el espíritu de persecución y opresión que se manifiesta en algunos sectores de la cámara, claramente se ve la génesis de todas las violencias que se están desarrollando en el país”.
Aunque este clima fratricida e infernal explica por sí solo los acontecimientos posteriores, para comprender con coherencia los sucesos que llevaron finalmente al asesinato de Calvo Sotelo por las izquierdas, conviene retroceder hasta unos meses antes, el 14 de abril de 1936.
Ese día a las 10 de la mañana de un soleado día, se celebraba en el paseo de la Castellana de Madrid el 5º aniversario de la instauración de la Segunda República. A la altura de la calle de Fernando III el Santo se alzaba la tribuna presidencial, ante la que iban a desfilar fuerzas del Ejército, de la Guardia Civil y de Carabineros. La Guardia de Asalto no tenía previsto desfilar, parece ser que por tener sus efectivos desplegados para evitar incidentes. En el palco se encontraban el presidente de la República en funciones, Diego Martínez Barrio, y el presidente del Gobierno, Manuel Azaña, entre otras autoridades.
Primero desfilaron los regimientos del Ejército, Wad-Ras, León y Covadonga, luego los carabineros, y después cuatro compañías de la Guardia Civil en traje de gala.
Ante la aparición de la Guardia Civil, el público asistente cambió su actitud hasta entonces relativamente tranquila. Los gritos hostiles de un grupo de espectadores contra la Guardia Civil provocaron la reacción de otros grupos en su contra. Pronto se multiplicó el número de insultos e improperios, así como el de los aplausos y las aclamaciones a favor y en contra de la Benemérita. De repente se oyeron varios disparos de pistola detrás de la tribuna presidencial y el pánico se apoderó de los asistentes.
Tras la tribuna, el alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes, de 54 años, que se encontraba de paisano presenciando el desfile, acompañado de cuatro compañeros también vestidos de civil, al oír los insultos a la Guardia Civil, reprochó al grupo izquierdista que los profería su actitud. La respuesta de los individuos fue disparar sin más contemplaciones contra el alférez y sus acompañantes (una afición por el asesinato de guardias civiles, que la extrema izquierda nunca ha abandonado, como bien sabemos). Anastasio de los Reyes cayó muerto en el instante atravesado por dos balas, y sus compañeros, Emeterio Moreno y Antonio García, también fueron alcanzados por los proyectiles. Además, murieron también accidentalmente como consecuencia de los disparos una mujer con su hijo pequeño y un espectador llamado Benedicto Montes.
Los asesinos huyeron rápidamente sin ser alcanzados. Con la muerte de aquellos, la cifra de guardias civiles asesinados desde la proclamación de la República superaba los cien. Alberto Rico Sánchez. Bullón de Mendoza. La Otra Memoria. Editorial Actas. Madrid. 2011.
La autoridad gubernativa ordenó llevar el cadáver inicialmente hasta el Instituto de Medicina Legal de la calle Santa Isabel, y desde allí trasladar directamente el féretro con sus restos mortales al cementerio de la Almudena durante la noche, para un entierro sin ceremonial alguno, en una decisión de carácter político, intentando evitar al máximo la publicidad del hecho. Tanto es así, que se prohibió que en la esquela mortuoria se indicará el lugar y la hora del entierro, e incluso lo que es más indignante todavía, la condición de guardia civil del fallecido. Una decisión que evidentemente no agradó a la familia (a la que no le fue comunicada la muerte, y que tuvo que enterarse por su ausencia al no llegar a su casa a la hora de la comida) ni a sus compañeros de armas.
La indignación de estos y la voluntad del hijo del fallecido, también guardia civil, y llamado David de los Reyes Torrubias, decidido a enterrar con dignidad a su padre, hizo que varios guardias civiles se trasladasen al Instituto Forense de Santa Isabel y se llevasen el cadáver, sin más miramientos, al cuartel de la Guardia Civil de Bellas Artes, para formalizar un digno velatorio y proceder a su entierro el día siguiente.
La comitiva fúnebre partió del cuartel hacia el cementerio el 16 de abril a las tres de la tarde. La asistencia fue masiva a pesar de lo inusual de la hora. Al circular por el paseo de la Castellana a la altura de la antaño Escuela de Sordomudos, varios grupos de pistoleros izquierdistas apostados a distancia tirotearon a la comitiva, y fueron respondidos por los guardias civiles presentes. El entierro, a pesar de todo, continuó su marcha como pudo hasta que más adelante, al pasar bajo un edificio en obras, se repitió el tiroteo y se produjeron los primeros muertos y heridos entre los acompañantes del sepelio, muchos de ellos arrollados por el pánico que provocaron los disparos. Las ambulancias tuvieron que hacer su aparición para trasladarlos.
Dada la situación, se decidió desviar la comitiva por calles secundarias para eludir a los nuevos posibles francotiradores que pudiesen estar acechantes a lo largo del itinerario que aún quedaba por recorrer hasta el cementerio del Este.
En la plaza de Manuel Becerra el cortejo fue detenido por una sección de los guardias de asalto al mando del teniente José Castillo y Sainz de Tejada, un militar socialista, sobradamente conocido por su actividad como instructor de las fuerzas paramilitares del PSOE, conocidas como La Motorizada.
Ante los incidentes planteados por la negativa de los asistentes a disolverse disponiéndose a continuar con el entierro, Castillo sacó su pistola y disparó contra el numeroso grupo que se encontraba ante él. Hirió a varias personas, una de las cuales falleció. Luego siguió casi una batalla campal, en la que el propio Castillo fue desarmado, pero pudo salvar su vida.
Tras este suceso la comitiva consiguió llegar finalmente al cementerio del Este, donde el alférez Anastasio de los Reyes pudo ser enterrado y descansar en paz.
El resultado final de semejante esperpento fue la muerte de seis personas y de treinta y seis heridos. Reflexione el lector un instante: ¡¡seis muertos y treinta y seis heridos, en un entierro por el centro de la capital de España!! ¡¡Una comitiva fúnebre tiroteada desde la distancia por pistoleros izquierdistas, sin otra provocación que el hecho mismo del entierro, consecuencia a su vez de un crimen político efectuado por pistoleros izquierdistas!!
¡Ciertamente es auténtica la historia criminal de la izquierda!
El Gobierno pudo haber evitado los incidentes si hubiese organizado todo con un mínimo de dignidad y orden, pero sin embargo optó por echarle la culpa a los guardias civiles que trasladaron el féretro de su compañero, aplicándoles severas medidas disciplinarias. Y nada se hizo contra los asesinatos ocurridos y contra la negligente actuación de la Guardia de Asalto y de su teniente José del Castillo.
José del Castillo y Sainz de Tejada acababa de cumplir 35 años, natural de Alcalá la Real (Jaén), era un hombre de ciegas convicciones socialistas y republicanas, para el que la aceptación del régimen republicano era una cuestión de fe y su rechazo de herejía. Ex-oficial del ejército, había conspirado primero contra la monarquía y luego estuvo implicado en el golpe de estado de octubre del 34 en Madrid, donde participó en el plan para la toma del Ministerio de Gobernación, y que tras el fracaso de la intentona había sido detenido, condenado y enviado a la cárcel. Pero con la llegada al poder del Frente Popular fue inmediatamente restituido en sus atribuciones, ascendido en sus funciones y reincorporado “con honores”, El crimen que desató la Guerra Civil. Alfredo Semprún. como jefe en la Guardia de Asalto, la policía creada por la República constituida en un cuerpo de confianza ideológica. La consigna era estimular la politización de las funciones policiales incluyendo entre sus filas a activistas ideologizados provenientes de las filas socialistas y comunistas, que serían los que se encargarían de aplicar la ley, al margen de su previa vulneración por esos mismos durante los sucesos de octubre.
Militante de la UMRA (Asociación de Militares Republicanos Antifascistas), era uno de los jefes de la fuerza paramilitar de las Juventudes Socialistas, conocida como La Motorizada, a la que había organizado e instruía permanentemente para su continua actividad de exterminio expeditivo contra las juventudes derechistas, que para él eran simples ratas fascistas, como cualquier persona que simplemente no estuviera de acuerdo con la política del Frente Popular… Es decir, como media España.
En ese sentido, el teniente Castillo siempre había destacado durante su actividad profesional en la Guardia de Asalto por su exceso de celo y su mano dura a la hora de reprimir a los derechistas, que culminó disparando contra los asistentes al entierro de Anastasio del Río. Para la derecha, su nombre era sinónimo de violencia y sectarismo policial. Un represor fanático y entregado a la causa socialista, implicado en sucesos turbios de carácter parapolicial por su vinculación a los milicianos socialistas y comunistas.
Y era esa relevancia en el activismo antiderechista la que le había puesto en el punto de mira de los miembros violentos de la derecha, algo de lo que el teniente era claramente conocedor al haber recibido amenazas de muerte, por lo que solía hacerse acompañar con frecuencia por milicianos socialistas como escolta de protección.
Castillo estaba destinado en el grupo de asalto (comisaría) de Pontejos, en el centro de Madrid, cerca de la Puerta del Sol, que pasaba por ser el más ortodoxamente izquierdista y fiable para el Gobierno.
El 3 de julio, un grupo de falangistas que se encontraba en la terraza de un café en la calle Torrijos de Madrid fue ametrallado por un grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas desde un coche en marcha. Murieron dos, y cinco fueron heridos. Al día siguiente, como represalia, unos falangistas ametrallaron en la puerta de una sede del PSOE en la calle Gravina a unos militantes socialistas, hubo dos muertos y siete heridos.
Siguiendo la política habitual de comportamiento policial de doble rasero, este segundo atentado fue respondido con redadas, registros domiciliarios e incautación de publicaciones derechistas. Más de doscientas personas de derechas acabaron en los calabozos de las comisarías de Madrid y en las de la Dirección General de Seguridad.
Para complicar las cosas, solo dos días después, aparecieron dos cadáveres en las afueras de Madrid. El primero fue identificado como el de José María Sánchez Gallego, un estudiante de 18 años falangista, hijo de un empresario del Circo Price. Todo indicaba que había estado prisionero y había sido torturado antes de asesinarlo. El segundo correspondía a un oficial de infantería, Justo Serna Enamorado, miembro de Falange que también había sido secuestrado previamente. En su cuerpo maniatado se determinaron treinta y tres puñaladas, un ensañamiento sin precedentes. Con este último iban 61 muertos de Falange desde las elecciones del 16 de febrero. Antes del 18 de julio aún morirían asesinados otros siete falangistas más. Alfredo Semprún. El crimen que desató la Guerra Civil.
La respuesta del Gobierno fue detener a más falangistas en una absurda reacción, como si estos hubiesen sido los responsables de la muerte de sus propios compañeros. Y como casi siempre no se detuvo ni a un solo socialista. Stanley Payne. El camino al 18 de julio.
Las sospechas de la connivencia entre los milicianos paramilitares del PSOE y las fuerzas policiales fueron tomando cada vez más fuerza en las filas derechistas. Y todas las miradas se dirigían hacia el teniente Castillo como principal artífice de la situación.
Sobre las diez de la noche del domingo 12 de julio, cerca de la calle Fuencarral, en el centro de Madrid, cuando José del Castillo se dirigía hacia la comisaría de Pontejos donde tenía turno esa noche, unos pistoleros le pegaron tres tiros, uno de ellos, mortal de necesidad, le alcanzó el corazón. Castillo murió en el acto.
De inmediato sus compañeros en la comisaría de Pontejos entraron en ebullición. Pronto la venganza tomó cuerpo en la voluntad de los agentes encargados legalmente de reprimirla. En las horas posteriores, Pontejos se convirtió en el epicentro de una conspiración auspiciada por la ausencia de legalidad y de disciplina, fruto de una concepción casi religiosa de la política, donde cualquier idea disidente era excluida y condenada por los sicarios del Frente Popular, amparándose en la complicidad, por acción u omisión, de sus jefes políticos.
Las Juventudes Socialistas clamaban venganza por la muerte de su instructor. Uno de los tenientes más exaltados, Alfonso Barbeta, según refiere Alfredo Semprún en su libro El crimen que desató la Guerra Civil, hizo formar a sus hombres de la 2ª compañía, y después de acusar a la canalla fascista del asesinato del teniente, los arengó con las siguientes palabras: “No tenemos cojones si esta noche no nos cargamos a veinte señoritos chulos, que son los culpables de la muerte del teniente Castillo”. Alfredo Semprún. El crimen que desató la Guerra Civil.
Sobre las 12 de la noche, dos horas después de la muerte de Castillo, tres capitanes y un teniente de la Guardia de Asalto (el mencionado teniente Alfonso Barbeta), consiguieron ser recibidos por el ministro de Gobernación, Juan Moles Ormella, para exigirle que les permitiera llevar a cabo una “redada general de fascistas”. El ministro aceptó, y dio órdenes para que les facilitasen listas de sospechosos de pertenecer a la Falange y a otras organizaciones derechistas, elaboradas por la Brigada de Información, de tal forma que pronto entre las distintas compañías de Asalto fueron distribuyéndose las listas de domicilios a registrar y de personas a detener. De inmediato se repartieron las camionetas disponibles y los guardias acompañados de algunos milicianos salieron a la captura de facciosos. Cualquier atisbo de legalidad era una burla macabra. Alfredo Semprún. El crimen que desató la Guerra Civil. Tomado de Ian Gibson: El día que mataron a Calvo Sotelo.
Como consecuencia de aquella acción completamente arbitraria y fuera de cualquier noción de orden democrático, fueron detenidas aquella misma noche más de doscientas personas. La mayor parte continuaron ingresadas en prisión y morirían asesinadas unos meses más tarde en las sacas de Paracuellos.
Con total desfachatez, Manuel Tagüeña Lacorte, dirigente de las Juventudes Socialistas, reconoce en sus memorias Manuel Tagüeña. Testimonio de dos guerras. Planeta. Barcelona. 1978. Págs. 99-100. que se instaló en una oficina con el capitán de los guardias de asalto, Fontán, para expurgar los ficheros y hacer la selección de los detenidos. Alfredo Semprún. El crimen que desató la Guerra Civil. Tagüeña lo refiere con sus propias palabras: “No conocíamos a nadie y escogimos aquellos que figuraban anotados con cuotas mensuales más altas o a los que aparecían como obreros, que podían ser gente a sueldo”. Para los socialistas era imposible creer que un obrero pudiese pertenecer a la Falange, tal era (y es) su concepción dogmática de la realidad. El hecho era que Falange tenía a muchos obreros afiliados entre sus filas.
Tanto es así que, en un alarde de ilegalidad manifiesta, en el cuartel de Pontejos existía un despacho con el rótulo “Milicias” escrito en la puerta. La más clara demostración de que las fuerzas paramilitares del PSOE tenían su asiento en las dependencias del Estado como policía política paralela. Una grosera demostración de la exclusión que la izquierda efectúa con el resto de la población no creyente en la bondad de su ideología, una vez que se siente impune en el poder y cree manejarlo a su antojo.
Mientras tanto, en el exterior del cuartel de Pontejos, en la plaza del mismo nombre al lado de la Puerta del Sol, justo detrás del Ministerio de Gobernación (actual sede de la Comunidad de Madrid), se iban acumulando miembros de las Juventudes Socialistas, guardias de asalto fuera de servicio y todo tipo de activistas izquierdistas, que en un maremágnum descontrolado entraban y salían del cuartel en una incitación colectiva a la acción y al escarmiento.
Pronto las camionetas fueron llegando con los primeros detenidos de las listas elaboradas al azar, que habían sido levantados de la cama sin tener ni idea de qué se les acusaba. Poco después, una camioneta, la número 17, salió del cuartel mandada en una flagrante irregularidad más, por un capitán de la Guardia Civil de paisano, Fernando Condés Romero, y constituida por una mezcla absolutamente carente de ley y de moralidad, utilizando medios públicos y del Gobierno.
En realidad, los oficiales más radicales, insatisfechos con las listas de falangistas y derechistas suministradas por la Dirección General de Seguridad, habían decidido añadir otros nombres más importantes y eliminar de un plumazo a los líderes políticos derechistas, en una escalada irracional, sectaria y enloquecida, al mismo tiempo que en un colapso total de todos los procedimientos policiales propios de un estado democrático. Los nombres de Gil Robles, Calvo Sotelo y Antonio Goicoechea salieron a relucir, y el operativo se puso en marcha.
Contrastando con la algarabía reinante a su alrededor, en la furgoneta Hispano-Suiza número 17, una plataforma móvil abierta con cuatro puertas a cada lado y seis bancos de tres plazas, probablemente existiese tanta calma como rencor y decisión.
El objetivo era asesinar a Calvo Sotelo. Desde donde se encontraban no tardarían más de diez minutos en llegar a su domicilio.
Otros dos vehículos policiales salieron con las mismas intenciones hacia la residencia de Gil Robles y Antonio Goicoechea, el líder monárquico, pero como sabemos ahora, ambos habían tomado la sabia precaución de no dormir en su domicilio habitual (de hecho, Gil Robles se encontraba ese fin de semana en el sur de Francia).
La camioneta iba mandada por el mencionado capitán Fernando Condés. Amigo y protegido de la diputada socialista Margarita Nelken, a través de la cual conoció a Largo Caballero, del que era hombre de total confianza, Alfredo Semprún. El crimen que desató la Guerra Civil. Condés era un individuo *Nacido en el barrio vigués de Lavadores el 14 de octubre de 1906, hijo de un teniente de Infantería con un perfil similar al del asesinado Castillo. Izquierdista furibundo, militante del PSOE y amigo íntimo del fallecido teniente de Asalto, también como él instructor de las milicias socialistas de La Motorizada y, como él, participante en la rebelión de 1934 e igualmente condenado a cadena perpetua. Indultado tras la victoria del Frente Popular y reintegrado al servicio activo, ascendió a capitán como recompensa por su sublevación contra el orden legal republicano.
Junto a Condés se acomodaban en el vehículo policial cuatro paisanos afiliados socialistas:
Luis Cuenca Estevas, también gallego de La Coruña, apodado “el pistolero”. Afiliado a las Juventudes Socialistas, formaba parte de La Motorizada, y era escolta de Indalecio Prieto. Sus compañeros le atribuían los asesinatos de Matías Montero (el primer falangista asesinado) y de Juan de Dios Rodríguez. Ibíd.
Federico Coello, sevillano de 30 años. Médico afiliado a las Juventudes Socialistas, novio de la hija de Largo Caballero, para el que había actuado de escolta, y según el relato de Tagüeña, hombre de gatillo fácil. Ibíd.
Francisco Ordóñez, amigo de Coello, afiliado a las Juventudes Socialistas en 1934, antes perteneciente a la junta directiva de la Federación Universitaria de Estudiantes (FUE) y activo organizador de las milicias socialistas. Ibíd.
Santiago Garcés Arroyo, hombre de acción de La Motorizada, también escolta ocasional de Indalecio Prieto. Durante la futura guerra llegaría a ser jefe del temido SIM (Servicio de Información Militar). Ibíd.
Y por último, José del Rey Hernández, miembro de las Juventudes Socialistas desde 1931, también condenado y amnistiado por los sucesos del 34 y escolta personal de la diputada socialista, Margarita Nelken. Ibíd.
Junto a estos individuos civiles, simples matones izquierdistas, iban los guardias de asalto Tomás Pérez, Aniceto Castro Delgado, Antonio San Miguel Fernández, Bienvenido Pérez Rojo, Ricardo Cruz Cousillos y Orencio Bayo Cambronero, que era el conductor. Ibíd.
Salvo este último, que era el conductor de servicio asignado al vehículo oficial, y Aniceto Castro Delgado, persona de derechas que se vio arrastrado involuntariamente por los acontecimientos, todos los demás participantes lo eran de forma voluntaria.
A esa misma hora —las dos y cuarto de la mañana— en el número 89 de la calle Velázquez, en pleno centro de Madrid, José Calvo Sotelo ignorante de todo lo que estaba sucediendo, incluida la muerte del teniente Castillo, ya se encontraba en cama tras haber atendido sus obligaciones familiares ajeno a cualquier peligro.
Solo unos días antes, de forma inexplicable, el Gobierno le había cambiado los dos escoltas que legalmente le correspondían, y con los que había desarrollado una especial confianza, por otros completamente desconocidos. Calvo era hombre valiente y confiado, quizás demasiado confiado, como se demostró.
No obstante, había revelado a algunos amigos los temores que inevitablemente le asaltaban. Tras su última intervención parlamentaria, después de ser amenazado subrepticiamente por el presidente Casares Quiroga, Calvo Sotelo se sinceró con Luis de Galinsoga, director de ABC:
“Ya comprenderás que después de lo que ha dicho Casares esta tarde en el Congreso, mi vida está pendiente del menor incidente callejero, auténtico o provocado por ellos mismos, y yo quisiera que tú, que estás en el periódico hasta el amanecer, me advirtieras inmediatamente de cualquier suceso de esta especie para que no me sorprendan desprevenido las represalias, aunque creo que todo será inútil porque me considero sentenciado a muerte”. Referido por Luis de Galinsoga. Tomado de Alfredo Semprún. El crimen que desató la Guerra Civil. Es evidente, tanto la lúcida premonición de Calvo Sotelo, como que el director de ABC no cumplió con la encomienda.
El característico vehículo Hispano-Suiza gris de la Guardia de Asalto, bien conocido por cualquier madrileño, con la figura bien legible en grandes letras sobre la primera de las portezuelas que designaba su origen estatal: Dirección General de Seguridad – Compañías de Asalto y el número 17 logotipado, llegó al portal de la casa de Calvo Sotelo a las dos y media de la mañana.
A partir de aquí, creo que nada mejor que acudir a la insuperable descripción de los hechos que hace Luis Romero en su magnífico libro: Por qué y cómo mataron a Calvo Sotelo, ganador del Premio Espejo de España en 1982, avalada por los testimonios de las personas presentes aquel funesto día:
“Son poco más de las dos y media; en el domicilio de Calvo Sotelo todos duermen hasta que llaman al timbre de la puerta con apremiante energía. Martina, la doncella, que es la primera en despertarse, avisa a su compañera Margarita Martín; ambas son jóvenes y se espantan al no adivinar quién pueda llamar a hora tan intempestiva. Los timbrazos arrecian y las dos, que se han vestido con prisas, preguntan sin abrir, qué quieren y quién llama. Les responden voces masculinas que mandan que abran a la autoridad, que son policías y traen órdenes de hacer un registro. Como Martina responde que ella no abre, le gritan que si no les dejan pasar, derribarán la puerta.
Corren horrorizadas por el pasillo a despertar al dueño de la casa; Calvo Sotelo se echa encima del pijama una bata y se asoma a uno de los balcones que dan a la calle de Velázquez. En voz alta pregunta a los guardias que custodian el portal si son policías los que llaman a su puerta; los guardias le responden afirmativamente. Comprueba además que, estacionada frente al portal, hay una de las camionetas de Asalto, lo cual acaba de decidirle a abrir la puerta. Con cierta precipitación entran mezclados guardias y paisanos y se distribuyen por la vivienda observando a las personas que, atemorizadas, van apareciendo; todos los de la casa, salvo los hijos que continúan durmiendo.
Pregunta Calvo Sotelo qué desean y responden que la Dirección General de Seguridad ha dado orden de practicar un registro. Calvo Sotelo expone su extrañeza por la hora y la forma de presentarse, pero Condés reitera que ese es el mandato que llevan.
Cuando Calvo Sotelo se dirige a la alcoba para tranquilizar a su esposa, que ha quedado muy inquieta después de despertar con aquel sobresalto, le sigue uno de los guardias sin perderle de vista. Los demás recorren salas, pasillos y habitaciones mirando y registrando por encima, de manera formularia, pues poco les interesa lo que puedan encontrar. Cuenca da un fuerte tirón del hilo telefónico y deja inutilizado el aparato del despacho. Como en el pasillo hay un segundo teléfono, se coloca para vigilarlo un guardia de plantón. Cuando advierten los intrusos que, aparte del dueño en la casa no hay más varón que Francisco, el criado, se sosiegan un tanto.
El capitán Condés, pretextando que la casa es demasiado grande, da por terminado el registro y, dirigiéndose a Calvo Sotelo le comunica que tiene orden de conducirle detenido a la Dirección General de Seguridad. El tono que emplea es frío y correcto, pero deja entrever una gran firmeza. Protesta Calvo Sotelo, a quien todo aquello le parece irregular e ilegal; alega su derecho a la inmunidad dada su condición de parlamentario, y alega igualmente que la inviolabilidad del domicilio está reconocida por las leyes vigentes; se muestra indignado y califica de atropello cuanto están haciendo. No deja de observar con inquietud la terca resolución que demuestran los que han ocupado su hogar, y que no disimulan las armas. Con machacona obstinación, Condés y los dos paisanos que parecen dirigir la patrulla insisten en la necesidad de conducirle a la Dirección de Seguridad. Cada momento le resulta más sospechoso e inquietante lo que está sucediendo, y les responde que si han de conducirle, como dicen, a la Dirección de Seguridad, él exige comunicar antes con el director; ellos le niegan ese derecho.
Están ahora en la habitación conyugal; su mujer Enriqueta Grondona se angustia, no comprende cómo a aquellas horas, sin escrito del juez ni otra formalidad, pueda ser detenido un diputado de la nación. La desconfianza crece, vuelve a exigir que le dejen en casa hasta que amanezca, y vuelve a insistir en que necesita telefonear. Reiterando que la manera que tienen de conducirse es un atropello, Calvo Sotelo les expone con resolución que, sin confirmación del director general, no conseguirán que él abandone la casa.
Condés, lo mismo que Victoriano Cuenca, se dan cuenta de que para lograr su propósito de sacar al líder monárquico de su domicilio van a tropezar con obstáculos difíciles de salvar. Emplear la fuerza complicaría la situación y Condés decide cambiar de actitud. Entonces le muestra a Calvo Sotelo su carnet, que es auténtico, de oficial de la Guardia Civil, con su correspondiente fotografía, al tiempo que le manifiesta que espera que será suficiente para que confíe en que cumple una misión oficial y disipe cualquier duda que le hubiese podido asaltar. Comprobar que quien manda el grupo es un capitán de la Guardia Civil, tranquiliza un tanto a Calvo Sotelo, quien recuerda ahora que los encargados de la custodia del portal han asegurado que se trataba de guardias y policías, y que el vehículo es oficial.
En la decisión que va a tomar pesa algo más, de manera decisiva; está acorralado y no le queda más salida que seguirlos. Una actitud de violencia física dentro de la casa, en presencia de la mujer, a quien enterarse de que se trata de un oficial de la Guardia Civil ha tranquilizado, y pared por medio de los cuatro hijos, va a resultar para él y para la familia mucho más penoso. Cualquier postura o palabra, que ellos se empeñen en interpretar como agresiva o irrespetuosa contra la autoridad, puede desencadenar acciones vejatorias que hay que recelar que, a lo peor, alcanzarían a la familia.
Pide a su esposa que le prepare un maletín con lo más indispensable para el aseo personal.
Escoltado en todo momento, entra en el cuarto de los niños y los besa sin que se despierten. Lo mismo hace con las chicas, y si Enriqueta, aletargada por la fiebre, no se espabila, a Conchita la sobresalta ver la silueta de un guardia destacándose en la puerta de la alcoba; el padre procura sosegarla sin ocultar que le llevan detenido.
Se dirige con decisión hacia la puerta; hay que poner fin a esta situación insostenible y afrontar lo que venga. Pide a la institutriz un vaso de agua, y lo hace en francés, idioma en el cual acostumbra a hablarle. Mientras le abraza, Enriqueta Grondona le interroga sobre cuándo va a tener noticias suyas. Con el único fin de calmarla, puesto que él lo ignora, responde que cinco minutos después la llamará por teléfono desde la Dirección de Seguridad. Hace una pequeña pausa y, mirando a los que le rodean, añade, mientras inicia el descenso de las escaleras: “Si es que estos señores no me llevan a pegarme cuatro tiros”.
La calle permanece vigilada y desierta; de nuevo comprueba que se trata de una de las camionetas de la Dirección General de Seguridad que utilizan los de Asalto. Los asientos son dobles; le indican que ocupe el tercero de estos asientos de cara a la marcha. Paisanos y guardias van subiendo y sentándose; no puede prestarles atención, preocupado como está por enterarse de lo que hace el capitán de la Guardia Civil. A ambos lados de él se sitúan guardias uniformados. Como todos han ocupado ya sus puestos, interroga a Condés sobre si va a venir en la camioneta, y este le tranquiliza y toma asiento entre el chófer y uno de los paisanos que es muy alto. Queda desocupado el asiento situado frente a él.
Detrás mismo de Calvo Sotelo se coloca Victoriano Cuenca. La camioneta arranca.
Al subir el capitán Fernando Condés, la camioneta ha arrancado y marcha por la calle de Velázquez en dirección Alcalá. Al ponerse en movimiento, un aire fresco alivia el bochorno de la noche. Las calles transversales pasan aprisa: Juan Bravo con su bulevar, Padilla, Don Ramón de la Cruz… Colocado detrás mismo del detenido, Victoriano Cuenca saca un Astra del 9 largo, apoya una rodilla sobre el asiento que tiene respaldo común con el que ocupa Calvo Sotelo y, en el momento que cruzan Ayala, aproxima la boca del cañón a la nuca y dispara dos veces, con tal rapidez que los que van en el camión creen oír un solo tiro. La víctima hace un movimiento convulsivo y se derrumba hacia adelante, inclinándose a la derecha”.
Lo que viene después es la consumación degradante del crimen. El abandono del cadáver como un perro a las puertas del cementerio de la Almudena. El regreso al cuartel, la limpieza de las manchas de sangre en el vehículo policial, y la ocultación cómplice de los hechos por los jefes de los participantes. Haría falta un capítulo completo para relatar la infamia de las autoridades del cuartel de Pontejos y de sus jefes políticos convertidos todos ellos en simples rufianes encubridores del crimen, pero alargaría demasiado esta resumida relación de la historia criminal de la izquierda.
Baste mencionar la absoluta falta de interés y la completa inhibición por parte de las autoridades políticas y policiales para resolver el crimen de un diputado del Parlamento, jefe además del Bloque Nacional, y figura de indiscutible relevancia social.
La actuación del juez de guardia al que le correspondió el caso, Ursicinio Gómez Carbajo, titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3, fue boicoteada y obstaculizada para evitar el esclarecimiento de los hechos y la consecución de resultados penales, en una asquerosa maniobra sin parangón en las democracias parlamentarias occidentales, como sin parangón en la historia de la violencia política europea había sido el crimen en sí, efectuado por agentes de la autoridad y elementos parapoliciales del PSOE, uno de los partidos del Gobierno.
Ciertamente los actores principales del crimen eran socialistas y de igual manera sus encubridores lo fueron. Condés, el jefe de todo aquello, fue cobijado y escondido en la casa de la diputada socialista Margarita Nelken Prieto, Convulsiones de España. Vol. 1. Pág. 162; y Vidarte, Todos fuimos culpables, Vol.1. Págs. 213-217.
Antes de continuar considero pertinente efectuar una breve digresión sobre Margarita Nelken, de la que el propio Manuel Azaña comentó en 1932: “Es la indiscreción en persona. Ha salido con los votos socialistas. Se necesita vanidad y ambición para pasar por todo lo que ha pasado la Nelken hasta conseguir sentarse en el Congreso”.
A esta mujer que señalaba a sus víctimas para ser asesinadas se le rinde pleitesía en la moderna amalgama de ideas políticas que pretenden ver en ella una representante de la lucha feminista, cuando la realidad es la de una simple chequista ejecutora de disidentes ideológicos, que se paseaba por Madrid acompañada por un grupo de milicianos a sus órdenes. Una actividad criminal que alcanza su culmen con la matanza de la cárcel de Almendralejo, en Badajoz, donde Nelken fue la responsable.
El relato de los periodistas portugueses, Leopoldo Nunes y José Augusto, que acompañaron a las tropas de Yagüe tras la toma de la localidad, no deja lugar a dudas sobre los sucesos allí ocurridos, antes de la entrada de los nacionales:
“Almendralejo, lo supimos después, era un feudo político de Margarita Nelken, que fue diputada en España. Al regresar de su último viaje a Moscú, estuvo aquí largo tiempo. Sembró el odio y la gran sementera fue ésa, que dio largas mieses. En ese monstruo de perversidad no cabe la clasificación de mujer”
“Acompañados por el teniente coronel del Tercio, Tella, visitamos, dos compañeros portugueses y un periodista francés, la cárcel de Almendralejo.
…Acababan de echar agua con creolina y otros desinfectantes sobre el empedrado, negro y aceitoso. Un olor pestilente me dio náuseas hasta vomitar. Me cuentan que habían matado a los presos de derechas antes de la llegada del ejército.
– ¡Estaban muertos, y qué muerte….!
Apiñados, casi sin poder moverse, los detenidos sufrieron insultos, humillaciones y malos tratos. En cierto momento. Algunos verdugos entraron en el patio y escogieron entre los detenidos a aquellos a quien querían distinguir especialmente. Entonces los arrimaron a la pared y los levantaron un poco, algunos pies, por encima de ellos. Los abrieron de brazos y piernas y los crucificaron. A uno o dos los pusieron cabeza abajo. Después mojaron a todos con gasolina. Y, para acabar, les dieron fuego. No escapó ni uno.
En los muros puede verse, aún, para vergüenza de la especie humana, la silueta de los cuerpos crucificados. La sangre y el fuego hicieron una mezcla con las paredes y quedaron marcadas. Se reconocen los brazos y, en otro, la cabeza, que debía haber estado pegada a la pared…”. Diario de Noticias, 17-agosto-36, transcrito en La Matanza de Badajoz. Pág. 68-69.
Relato que corrobora el también periodista portugués, Félix Correia, que menciona a testigos que puedan confirmar su relato:
“Estábamos asombrados e indignados… Asistían a esto, tan horrorizados como nosotros, nuestros compañeros Leopoldo Nunes, José Augusto y el periodista francés que escribe para Le Matin, Guillaume de Brassy… Pero lo que parece imposible, es que haya naciones que, por acción u omisión, estén ayudando a estos bárbaros que avergüenzan a la especie humana, y a sus cómplices de Madrid”. Diario de Lisboa. 18 de agosto de 1936. Recogido en La Matanza de Badajoz. Pág. 69.
Sobre Nelken, las palabras de Edgar Neville son demoledoras: “Margarita Nelken es un tipo representativo, azuzadora del odio, promotora de la Muerte, merece nuestro encono eterno, nuestro castigo inexorable”.
Por cierto, que en la localidad de Coslada existe un centro cultural que lleva el nombre de Margarita Nelken, de igual manera que en Avilés, Getafe, Granada, Madrid, Miguelturra, Teide, Zaragoza y la propia Coslada se han dedicado calles a su memoria.
Pero volviendo de nuevo al asesinato de Calvo Sotelo, ninguno de los demás participantes fue detenido ni molestado, máxime teniendo en cuenta lo sencillo de la investigación de un acto ejecutado a la vista de numerosos testigos y por oficiales gubernativos. Semanas más tarde, Condés y Cuenca, el asesino, fueron premiados con puestos de rango superior en las milicias, de igual forma que Ordoñez y Garcés. Stanley Payne. El camino al 18 de julio.
Por lo demás, el Gobierno actuó de la misma manera de siempre: censura y detenciones. Ese mismo día los periódicos Ya y La Época publicaron la escasa información disponible, por lo que fueron inmediatamente suspendidos por las autoridades. Se impuso una rígida censura sobre toda la prensa respecto a la participación de agentes del orden en los hechos, intentando acallarla y encubrirla, y luego se inició otra ronda de detenciones de falangistas y derechistas en una absurda espiral de rencor partidista que siguió llenando las cárceles de futuras víctimas para la masacre de Paracuellos.
La primera respuesta política institucional fue la del Partido Comunista, publicada en las páginas de Mundo Obrero, en las que hacía saber al resto de partidos del Frente Popular las medidas a tomar según el criterio de los propios comunistas para hacer frente a la situación. Basta leerlas, para que cualquier persona que se aventure en el conocimiento de aquellos hechos se haga cargo del grado de odio revanchista y de miserable estructura moral de aquella izquierda homicida:
Artículo 1º: Serán disueltas todas las organizaciones de carácter reaccionario o fascista, tales como Falange Española, CEDA, Derecha Regional Valenciana y las que, por sus características, sean afines a éstas, y confiscados los bienes muebles e inmuebles de tales organizaciones, de sus dirigentes e inspiradores.
Artículo 2º: Serán encarcelados y procesados sin fianza todas aquellas personas conocidas por sus actividades reaccionarias, fascistas y anti-republicanas.
Artículo 3º: Serán confiscados por el Gobierno los diarios El Debate, Ya, Informaciones y ABC, y toda la prensa reaccionaria de las provincias.
El Gobierno respondió a su vez culpando al entorno político de la víctima, y el día 15 el director general de seguridad anunció que en los días anteriores se había detenido a otros 185 derechistas, que se añadían a los ya encarcelados, así como clausurando todas las sedes derechistas en Barcelona. Stanley Payne. El camino al 18 de julio.
Indudablemente la guerra civil estaba llamando a la puerta…
Stanley Payne, con su característica claridad expositiva, es taxativo al respecto: “Con el rechazo de la aplicación de la ley y la Constitución. Se alentó a llevar a cabo toda clase de atropellos de la ley y el orden, actos revolucionarios, toda la violencia política, las ocupaciones de propiedades, de tierras… en esos cinco meses anteriores a la Guerra Civil. Ante esto, mucha gente semimoderada se dio por vencida. Una parte considerable de los demócratas acabó en contra de la revolución y más o menos al lado de Franco en la Guerra Civil. Esto es algo que se ha escondido, pero que es una realidad. Lerroux, Ortega y Gasset, Marañón… tuvieron que cambiar de posición política durante el curso de estos sucesos. La lista, la serie de atropellos cometidos durante esos cinco meses, no tuvo parangón en otro país fuera de la Rusia de 1917. España batió todos sus récords. El subrayado es mío.
https://www.elespanol.com/cultura/historia/20190320/stanley-payne-no-golpe/384462840_0.html
Y aún continúa el historiador americano: “En cuanto se conocieron los hechos, toda la derecha y muchos elementos moderados quedaron convencidos de que constituía la prueba más decisiva y alucinante de todas las acusaciones hechas sobre el partidismo político de la administración del orden público. En toda la historia de los regímenes parlamentarios no se había dado jamás el caso de que un jefe de la oposición parlamentaria hubiese sido asesinado por un destacamento de la policía nacional”. Stanley Payne. La primera democracia española. Tomado de El magnicidio que ocultó el Frente Popular. Pedro Fernández Barbadillo. Libertad Digital. 11/7/2016.
Conviene añadir, finalmente, la consigna que la propaganda de izquierdas, asumida sin rechistar por sus paniaguados sicarios de los medios de comunicación y por la bien pagada “intelectualidad” académica, ha esparcido a los vientos de la opinión pública y de la historiografía interesada: Se trata de considerar el crimen de Calvo Sotelo como una simple represalia más, a la altura del resto de crímenes callejeros de la época, y consecuencia inevitable de la lógica respuesta al crimen del teniente Castillo. Así ha quedado reflejado en la historia escrita de numerosos “escribidores” de aquellos hechos.
Olvidan, intencionadamente, la esencial diferencia cualitativa entre un crimen perpetrado por fuerzas de seguridad del Estado y milicias armadas de un partido del Gobierno, contra uno de los principales líderes del parlamento asaltándolo en su casa amparados en su supuesta autoridad, y los asesinatos callejeros fruto de la dinámica de acción-reacción, propia de los conflictos político-sociales de aquel tiempo histórico.
La idea es transmitir una equidistancia equivalente para diluir la responsabilidad del Gobierno y de las fuerzas políticas de izquierda que lo sostenían en el poder.
El objetivo es ocultar la historia criminal de la izquierda española.
