14 de Abril de 1931: Posicionamiento político de la Iglesia

INTRODUCCIÓN

La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 abrió una etapa de profunda transformación política y cultural en España, en la que la cuestión religiosa se convirtió de inmediato en uno de los ejes centrales del conflicto. Frente a la imagen simplificada de una Iglesia monolíticamente enfrentada al nuevo régimen, el posicionamiento inicial del episcopado fue, en realidad, de prudencia, acatamiento y voluntad de colaboración, siguiendo las directrices diplomáticas de la Santa Sede. La jerarquía eclesiástica optó por el posibilismo político con la esperanza de preservar la paz social y garantizar la supervivencia institucional de la Iglesia en un contexto incierto.

Sin embargo, esa actitud conciliadora chocó muy pronto con el avance de un laicismo militante, el resurgir del anticlericalismo jacobino y la presión de fuerzas políticas que concebían la República no sólo como un cambio de forma de Estado, sino como un proyecto de transformación ideológica radical. Los sucesos de mayo de 1931, la expulsión de obispos y el rumbo de las Cortes Constituyentes evidenciaron que la cuestión religiosa no sería un problema secundario, sino uno de los principales campos de batalla del nuevo régimen…

Debido a la confusión liberal que sume a la Iglesia contemporánea, comencemos por acotar los términos de la mano del filósofo del derecho Danilo Castellano: «La política católica es en buena medida natural, en el sentido de que procede de las exigencias de la naturaleza humana, que la razón alcanza y, la fe eleva reforzándola al mismo tiempo»[1]. El influjo político de los católicos era prácticamente nulo pues, el apoliticismo de la Iglesia al aceptar el régimen de la Restauración había sido cuidadosamente observado, siguiendo las directrices diplomáticas de la Santa Sede[2]. A diferencia del episcopado de los siglos XV-XVII, obediente y fidelísimo a Roma en materia de fe y costumbres, pero consciente de los límites de la dimensión teológica e histórica del papado y, por consiguiente, del alcance de sus decisiones disciplinares, será durante el siglo XIX, con el movimiento ultramontano, cuando se consolide una exaltada papolatría en el episcopado español, al igual que en la mayor parte de los obispos del mundo[3]. Antes de seguir avanzando, de forma breve puntualicemos teológicamente el error ultramontano.

Dicha herejía, denominada actualmente como «papolatría», en realidad no es otra cosa que la deificación del papado presente en el viejo ultramontanismo decimonónico. Las causas fueron el horror por la devastación de la Revolución francesa y las posteriores guerras revolucionarias de Napoleón (1789-1815), la admiración por la nobleza en el sufrimiento a manos de sus perseguidores por parte de los papas Pío VI y Pío VII.  Particularmente, el golpe mortal práctico que, sin pretenderlo, asestó Napoleón al galicanismo antiultramontano con motivo del Concordato de 1804, que restauró el episcopado en Francia exclusivamente bajo la base de la autoridad y aprobación del papa. Sin olvidar el resultado de la revolución de 1848 y sus repercusiones en el pontificado de Pío IX (1846-1878), unido a la agitación de los abanderados del movimiento romántico con su mentalidad exótica de la Edad Media.

El ultramontanismo es una concepción del gobierno de la Iglesia que insiste en la supremacía del magisterio y de la autoridad administrativa hiperpapalista, así como de la infalibilidad de las pretensiones papales en todos los ámbitos. Especialmente desde el Vaticano II ―cuando el ultramontanismo pasó de ser integrista a ser liberal-conservador con Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI―; pero, sobre todo con Bergoglio, cuando el ultramontanismo ha pasado a ser abiertamente modernista y revolucionario. El ultramontanismo actual considera que las palabras y acciones del papa son una continuación de la Revelación divina, por lo que ésta no se habría cerrado con la muerte del último apóstol. Lo que se materializa en creer que el papa es el dueño de la Iglesia, atribuyéndole extraordinarios superpoderes teológicos que le harían captar intuitivamente la Revelación. Y ello a pesar de que se encuentre en abierta contradicción con: i) la enseñanza de la Sagrada Escritura; ii) la Tradición Apostólica; iii) las definiciones dogmáticas de los concilios ecuménicos y los papas anteriores; iv) las antiguas instituciones y leyes eclesiásticas:

1. a) Un papa, con su máxima autoridad apostólica (plenitudo potestatis) podría: i) cambiar la constitución jerárquica de la Iglesia; ii) la sagrada liturgia y el sistema sacramental; iii) la Ley divina (ius divinum), tanto natural como positiva.
2. b) El Espíritu Santo transmitiría al papa una enseñanza completamente nueva (democracia, libertad religiosa, ecumenismo, sinodalidad) que los fieles deberían aceptar ciegamente so pena de no encontrarse en comunión con la Iglesia reducida al papa.

Sin embargo, la diferencia substancial entre el ultramontanismo integrista del siglo XIX y el posterior conservador y modernista reside en que los ultramontanos decimonónicos no querían meramente un incremento en el uso de las prerrogativas magisteriales y gubernativas papales y una implicación romana más habitual en el gobierno de las iglesias locales. En lo que insistían por encima de todo era en el derecho de la Iglesia a proclamar y aspirar a la aplicación de la plenitud de la verdad revelada. Todas las fuerzas identificadas como ultramontanas creían que era este el objetivo principal, lo que exigía el fortalecimiento del Romano Pontífice, lo cual, en correspondencia, favorecería la liberación de toda la Iglesia de las restricciones políticas impuestas por los Estados liberales sobre su libertad plena. En definitiva, se trataba de una reacción contrarrevolucionaria y, por ende, antiliberal. Esto es precisamente lo que se rompe con el Vaticano II, cuando la Iglesia se suma y subordina a los postulados del liberalismo democrático asentado tras la Segunda Guerra Mundial.

Retomando la perspectiva histórica, entre otros tantos aspectos, en los primeros años de la restauración de Fernando VII (1814-1820) el panorama de España es desolador[4]: i) una nación extenuada económicamente luego de una larga y extenuante guerra de independencia; ii) facciones políticas con ideas diametralmente opuestas y enfrentadas desde los tiempos de las Cortes de Cádiz en 1812; iii) el rey Fernando VII, un monarca imprudente manipulado por una insidiosa e ineficiente camarilla de sus propios partidarios, y a su vez amenazado por las conspiraciones urdidas tanto por sus seguidores absolutistas como por los liberales[5]; iv) la pasividad y hasta complicidad de una Iglesia sometida al regalismo borbónico desde Carlos III[6]; v) una Inquisición decadente, convertida en un organismo de control político estatal. Elementos que terminarían agravando una situación de por sí crítica.

Dado el resultado abrumadoramente favorable para los monárquicos en la primera vuelta de las elecciones el 5 de abril de 1931, para la segunda vuelta de las elecciones el 12 de abril, la Iglesia, lo mismo que la mayoría de los españoles, no esperaba que el resultado de unas simples elecciones administrativas produjera un cambio político tan sustancial en la vida de la nación: el cambio del modelo de Estado de la Monarquía a la República. Pese a la aversión que generaba el régimen republicano en las masas católicas, los obispos, siguiendo al Vaticano, optaron por el posibilismo, con un una diplomática y conciliadora aproximación frente a la República de cara a salvaguardar el porvenir de la Iglesia en España. Debido a ello, y a pesar de iniciales reservas puntuales, adoptó desde el primer momento de la proclamación de la República no sólo una actitud de neutralidad y acatamiento sincero, sino incluso el ofrecimiento de una abierta colaboración en defensa del bien común[7] y de los intereses superiores de la nación^[8]. Durante la campaña electoral el episcopado había mostrado una gran moderación, pero sin ocultar la realidad.

El obispo Mateo Múgica de Vitoria llamó la atención de los católicos para que no votasen a las candidaturas republicanas y socialistas, contrarias a la Iglesia. Al conocerse los resultados electorales, tanto los obispos y sacerdotes como la inmensa mayoría de los católicos no ocultaron sus inquietudes ante un cambio de régimen que no había sido sometido a la decisión popular. Se trataba de unas elecciones administrativas, no de carácter político. Reiteramos, se votaba exclusivamente para elegir alcaldes y concejales, no presidente y ministros. Menos todavía la configuración del modelo de Estado. Aun así, el episcopado mantuvo una actitud prudente de espera y se abstuvo de manifestaciones, declaraciones o juicios hostiles hacia la naciente República. La mayoría de los obispos recomendó sensatez y prudencia a los sacerdotes para que, a su vez, la transmitieran a los fieles, prohibiéndoles intervenir en asuntos políticos, aunque sin ocultar su nerviosismo por el paso tan brusco, ilegal e inesperado de la Monarquía a la República, y por ser traída ésta última por los elementos más anticlericales del país.

 La heteróclita izquierda y la raza superior separatista

Aparte del PSOE, la izquierda incluía a republicanos y anarquistas, siendo éstos, a fin de cuentas, una simple escisión del movimiento socialista original. Los republicanos no pasaban de ser grupos muy reducidos de la clase burguesa que alimentaban, junto con el deseo del cambio en la forma de Estado, un acentuado anticlericalismo de carácter jacobino. El anticlericalismo surge en España a inicios del siglo XX como imitación tardía del fenómeno similar dado en Francia por la Tercera República[9]. Poco más se puede decir que uniera a los republicanos, ya que en sus filas lo mismo militaban federalistas que partidarios de una administración centralista, regionalistas y unitaristas, conservadores y reformistas. Su escaso peso social y su fragmentación arrojaron a los republicanos a una política antisistema, convencidos de que sólo así podrían alcanzar sus metas ―insistimos― nada unitarias, por otra parte. Por lo que se refiere a los anarquistas, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) a pesar de conservar todavía buena parte de sus efectivos en Andalucía, Aragón y especialmente Cataluña, numéricamente seguía menguando a favor de la Unión General de Trabajadores (UGT) socialista,^[10] promocionada por la dictadura de Primo de Rivera, precisamente para debilitar a las fuerzas del anarquismo. En cualquier caso, la CNT continuaba siendo la segunda fuerza sindical de la izquierda.

Tanto el separatismo vasco encarnado en el Partido Nacionalista Vasco (PNV), fundado por Sabino Arana, y el catalán encuadrado en Liga Regionalista de Francisco Cambó, ambos de ideología conservadora, aspiraban a acabar con el sistema político de la monarquía constitucional que se oponía a la consecución de sus metas. Éstas no eran otras que la ruptura de la unidad nacional.

El Comité revolucionario que proclamó la Segunda República en abril de 1931 ya había sido constituido en diciembre de 1930 con el secreto Pacto de san Sebastián, concitado para derrocar definitivamente la monarquía liberal del régimen de la Restauración[11] o liberalismo monárquico moderado. Así se había forzado la toma del poder por el general Miguel Primo de Rivera desde septiembre de 1923[12] hasta enero de 1930, a fin de restaurar el imperio de la ley y el orden social en medio del caos en el que se encontraba sumida la nación. Tanto el Pacto de san Sebastián en 1930 como el Comité revolucionario de 1931 se hallaban formados por la llamativa amalgama de las mismas fuerzas políticas: i) por la izquierda, socialistas, anarquistas y liberales exaltados o jacobinos; ii) por la derecha, unos pocos republicanos liberal-conservadores resentidos con Alfonso XIII.

Los hombres que proclamaron la Segunda República conseguirán el triunfo del laicismo legislativo, educativo y social porque actuaron con una inteligente coordinación de fuerzas desde el Parlamento, la prensa, la universidad y la escuela, hasta la incitación de las masas, responsables directas de revueltas callejeras, saqueos, destrucciones, incendios y asesinatos. No sorprende, pues, que, en este contexto, la Iglesia fuera el primer objetivo del ataque de los prepotentes gobernantes republicanos y de la ideologizada facción del pueblo que los seguía. El fin de la República consistía en la implantación de una ideología contraria a los principios que habían constituido el ser de España desde el siglo VI (589), con la conversión al catolicismo de las élites del reino visigodo de Recaredo[13]. Pero también a la sociedad española de aquel momento^[14]. Es decir, la sustitución de la España histórica y cultural: i) para los republicanos de izquierdas, por el modelo de la masónica Tercera República francesa de 1870; ii) para los socialistas, por el paraíso en la tierra de «la dictadura del proletariado» representado por la Unión Soviética.

Fueron significativas las primeras instrucciones que la Santa Sede impartió a los obispos a través del nuncio Tedeschini, pidiéndoles que mostraran el máximo respeto hacia el Gobierno republicano para asegurar la paz social^[15], así como las relaciones, no sólo correctas sino incluso cordiales, que el representante pontificio en Madrid mantuvo con los ministros de Estado y de Gracia y Justicia, además del mismo presidente Alcalá-Zamora. Los miembros del Gobierno provisional de la República procedían, muy pocos, del campo republicano histórico, capitaneado por Alejandro Lerroux y otros del socialista, dirigidos por Indalecio Prieto. Ambos eran notoriamente hostiles a la religión por principio y por las luchas antecedentes^[16]. Los católicos contemplaban en ellos a los enemigos naturales de la fe católica y de la Monarquía, luego, por consiguiente, de España.

Con todo, el sector republicano conservador, cuya figura intelectual se encuentra en el filósofo José Ortega y Gasset, era menos virulento en las formas y más respetuoso con la Iglesia. No por convicción, sino por cálculo político y, por ello, deseaban evitar a todo trance los errores del rancio anticlericalismo decimonónico. En concreto, los que habían provocado el fracaso de la primera y efímera República en 1873, pues querían consolidar la segunda atrayendo a los enemigos de la misma, sin exceptuar a la misma Iglesia.

En el primer gabinete republicano se encontraban dos ministros católicos: el presidente, Niceto Alcalá-Zamora, y el titular de la gobernación, Miguel Maura. Ambos, aunque liberales conservadores, constituían la única garantía inicial para los católicos, ya que los restantes miembros del Gobierno, aunque de diversas tendencias, según Claudio Sánchez-Albornoz, posterior presidente de una fantasmal Segunda República en el exilio[17], «eran masones y rabiosamente anticlericales»^[18]. Los radicales republicanos de Lerroux, ministro de Estado y Martínez Barrio, maestro del Gran Oriente de la masonería española, adoptaron actitudes diversas, pues mientras el primero fue siempre moderado hacia la Iglesia, el segundo fue más extremo en sus planteamientos[19]. Lo mismo puede decirse de los tres ministros socialistas: de la marcada violencia de Indalecio Prieto, titular de Hacienda, se pasaba al sectarismo de Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, que mostraba formas aparentes de respeto hacia el nuncio y algunos obispos, pero que fue incisivo y sistemático en la ejecución de un plan legislativo laicista. Otro tanto puede decirse de Francisco Largo Caballero, sucesor de Pablo Iglesias, ministro de Trabajo y antiguo colaborador de la dictadura de Primo de Rivera, que encaminaría al PSOE y después a la UGT, hacia un proceso ascendente de bolchevización y guerracivilismo.

El sectarismo jacobino[20] estuvo representado por Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, ministros de Fomento e Instrucción Pública, respectivamente. Muy próximos a ellos, aunque aparentaban en algunas circunstancias muy mal disimulada moderación, se encontraban el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, y el de Marina, Santiago Casares Quiroga. De este modo, se unían los intereses pragmáticos de los ministros anticlericales con las aspiraciones de la mayor parte de los católicos y de los moderados de no enfrentarse a la Iglesia y lograr una convivencia pacífica. No obstante, poco podía hacer este Gobierno, pues a su carácter provisional unía la incógnita del resultado electoral en los próximos comicios de junio, de los cuales saldrían los representantes para la formación de las Cortes Constituyentes que elaborarían la nueva Constitución republicana.

La quema de conventos y bibliotecas: 11 de mayo de 1931

Cuando aún no había transcurrido un mes desde la proclamación de la Segunda República, durante los días 11, 12 y 13 de mayo, en más de diez ciudades se produjeron las primeras manifestaciones violentas de desenfrenado anticlericalismo con asaltos, saqueos e incendios no sólo de iglesias, monasterios y conventos. También de colegios de la Iglesia para los hijos de los obreros, archivos y bibliotecas con miles de valiosos y antiguos volúmenes, dispensarios médicos para pobres, residencias para ancianos y huérfanos. Este detalle de que las destrucciones no se limitaron exclusivamente a los edificios de culto, sino también a muchos otros a través de los cuales la Iglesia desarrollaba su ingente labor social y cultural, es silenciado sistemáticamente por la hegemónica historiografía izquierdista. Pero también por la minoritaria de derecha que sigue los dictados de la anterior o intenta repartir culpas equitativas y, por lo tanto, injustamente.

Este es un brevísimo elenco de los edificios de la Iglesia más importantes afectados por los incendios. En Madrid fueron quemados 90.000 volúmenes incunables españoles, ediciones príncipes de diversos autores castellanos del siglo XVI, conservados en la biblioteca del convento de los jesuitas de la calle de la Flor; 20.000 volúmenes del colegio de los jesuitas de la calle de Areneros y otros 25.000 volúmenes más del colegio de Maravillas. También en Madrid ardieron a Escuela de Artes y Oficios, el colegio (obrero) de los Hermanos de la Doctrina Cristiana en Cuatro Caminos y el colegio de los Salesianos de Atocha. En Cádiz, el convento de santo Domingo (estilo barroco, siglo XVII); en Sevilla, la capilla de San José (monumento nacional, siglo XVII); en Málaga, la iglesia de San Pablo (estilo gótico, siglo XVI). En Valencia ardió el archivo del colegio de Santo Tomás de Villanueva, fundado en 1550, junto a los 10.000 volúmenes de su biblioteca. Perecieron numerosas obras de arte de Zurbarán, Coello, Mena, Gregorio Montañés, Alonso Cano, Van Dyck, Valdés Leal, Pacheco. Templos monumentales fueron arrasados por el vandalismo jacobino y las llamas.

La fuerza pública no impidió dichos incendios porque tanto la Guardia Civil como los bomberos habían recibido órdenes de permanecer al margen. Más de un centenar de edificios religiosos quedaron total o parcialmente destruidos con la consiguiente pérdida de tesoros artísticos de valor incalculable^[21]. «La ausencia formal de intervención de la autoridad judicial denuncia de por sí que el Gobierno rehuía aclaraciones de lo ocurrido»^[22]. No se conservan actas judiciales de los procesos, que nunca se llevaron a cabo, contra los autores de tales desmanes. Ya esta ausencia formal de intervención de la autoridad judicial denuncia por sí misma que el Gobierno rehuía ofrecer aclaraciones acerca de lo ocurrido. Insistimos. Las autoridades del Gobierno republicano-socialista, con mayoría masónica, dejaron impunes estos graves delitos de vandalismo. Ahora bien, algunos miembros del Gobierno tuvieron conocimiento de los hechos con cierta anticipación. «Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil yo dimito»^[23], había dicho el ministro Azaña. Alcalá-Zamora afirma que Miguel Maura, ministro de Gobernación (Interior), «permitió o favoreció con su actitud la propagación de los incendios»^[24].

Estos hechos recuerdan los acaecidos en 1834, cuando una epidemia de cólera se propagó por España al inicio de la primera guerra carlista (1833-1839) y elementos revolucionarios difundieron la calumnia de que habían sido los religiosos partidarios del carlismo quienes envenenaban las aguas. Así se provocó por primera vez el episodio de las matanzas de frailes y la quema de conventos. Estos hechos permanecieron impunes y el conocimiento de sus autores es hoy una cuestión indescifrable. El gobierno de Martínez de la Rosa^[25] no hizo nada por impedirlo, temeroso de que las autoridades liberales fueran tachadas de reaccionarias o realistas.

El máximo responsable de los incendios de mayo de 1931 fue Manuel Azaña, presidente del Gobierno. Justificó su actitud pasiva porque el Gobierno, en Consejo de Ministros, se opuso a la intervención de la fuerza pública para reprimir los incendios y sancionar a los responsables en virtud de la siguiente argumentación: si la República era un régimen surgido de la voluntad popular, debía tolerarse que grupos de exaltados desahogaran la furia de su fanatismo antirreligioso contra la Iglesia y sus símbolos cometiendo actos impunes de vandalismo. Resulta evidente que la noción de democracia que posee Azaña rebosa de sectarismo jacobino. La quema de los edificios religiosos demostró empíricamente lo que muchos católicos ya temían desde el inicio de la República, quedando confirmados con cientos de hechos violentos semejantes que se repetirían a lo largo de todo el período republicano. Para estimular el ardor de las masas revolucionarias, la quema de conventos y edificios religiosos del 11 mayo de 1931 supuso el trágico preludio de lo que ocurriría primero en octubre de 1934 con el golpe de Estado del PSOE y la Esquerra Republicana, en Asturias y Cataluña y, luego, a partir del 18 de julio de 1936 en la zona frentepopulista.

Montero comenta: «Apenas nacida la nueva etapa se sintieron en su propia casa demagogos extremistas y ateos rabiosos. La lectura de la prensa y de la oratoria política de aquellas calendas convence de inmediato al lector más neutral de los propósitos terroristas y de la incapacidad de convivencia con la extrema izquierda»^[26]. El Socialista, periódico oficial del PSOE, glosaba los sucesos en estos términos: «La reacción ha visto que el pueblo está dispuesto a no tolerar. Han ardido los conventos, esta es la respuesta de la demagogia popular a la demagogia derechista»^[27].

Otros diarios incidían en el significado profundo de estos hechos reflejando las pulsiones violentas que dominaban a los partidos de izquierda. Así el periódico El Pueblo: «Como represalia contra los criminales manejos urdidos por los clericales y monárquicos, son incendiados varios conventos. La lección debe servir de ejemplo para futuros planes. Al conocerse en toda España lo ocurrido, se producen indescriptibles manifestaciones de entusiasmo republicano»^[28]. En la misma línea continua Luis Bello, miembro de Acción Republicana, en el periódico Crisol: «El pueblo no puede esperar que la revolución se haga paso a paso, y los hombres que el 11 de mayo quemaron iglesias prestaron un servicio muy estimable a los que mañana hayan de gestionar la renovación del concordato»^[29].

«La censura oficial impidió a los periódicos de orientación católica ofrecer la versión justa de los hechos, mientras la prensa opuesta ofrecía a su clientela las más pintorescas interpretaciones»^[30]. De este modo, El heraldo de Madrid, afirmaba que los incendios habían sido maquinados por los mismos católicos con la finalidad de desprestigiar el régimen republicano, para, a continuación, decir que los frailes habían disparado contra los obreros y que en los conventos se encontraban arsenales de armas y polvorines. Por supuesto, sin aducir prueba alguna^[31].

Los católicos en general no reaccionaron ante tales hechos de vandalismo sacrílego intentando impedirlos, poniendo de manifiesto nuevamente su completa desorganización, reduciéndose ésta a procesiones solemnes como acto de reparación. La polémica sobre las responsabilidades del Gobierno por estos sucesos sigue abierta, aunque el historiador no puede entrar en ella. Reiteramos, porque «no quedan actas judiciales del proceso que no llegó a iniciarse, contra los autores de tales desmanes. Ya esta ausencia formal de intervención de la autoridad judicial denuncia de por sí que el Gobierno rehuía las aclaraciones de lo sucedido»^[32]. No obstante, cada vez son mayores las pruebas reunidas por la investigación histórica que apuntan la autoría de los incendios a los republicanos jacobinos, en este caso no de los socialistas, anarquistas y comunistas.

Las contundentes palabras del entonces obispo de Tarazona y futuro cardenal de Toledo y primado de España, Isidro Gomá, no ofrecen lugar a duda, desde la proclamación de la República, «España había entrado en el vórtice de la tormenta»^[33]. Mientras que para el cardenal Segura: «nuestra patria ha sufrido un duro golpe con los sucesos de estos días»^[34].

Desde este episodio, las relaciones entre el Gobierno de la República y la Iglesia quedaron enturbiadas como reconocieron los más cualificados exponentes políticos del momento. El presidente del Gobierno provisional, Alcalá Zamora, declaró que las consecuencias de los incendios de iglesias y conventos «fueron desastrosas para la República, le crearon enemigos que no tenía, mancharon un crédito hasta entonces diáfano e ilimitado; quebrantaron la solidez compacta de su asiento; motivaron reclamaciones de países tan laicos como Francia o violentas censuras de los que, como Holanda, tras haber execrado nuestra intolerancia antiprotestante, se escandalizaban de la anticatólica»^[35]. Lerroux, líder del Partido Radical, afirmó que los incidentes de mayo habían sido «un crimen impune de demagogia»^[36]. Maura reconocía frívolamente que se trató de un «bache», que podía haber sido definitivo para el nuevo régimen^[37]. Según Indalecio Prieto, estos sucesos desbarataron, por sus repercusiones en el extranjero, sus planes como ministro de Hacienda^[38].

Para Maura, «se había tratado de quemar iglesias y conventos, no por espíritu revolucionario, sino como simple manifestación sectaria de un puñado de falsos intelectuales del Ateneo, y como diversión o entretenimiento de una turba de verdaderos golfos a quienes se aseguraba la más absoluta impunidad»^[39].

Fundándose en la pasividad observada por la fuerza pública, fue opinión general entre los católicos que el Gobierno había promovido los incendios de los edificios religiosos. Lo cierto era que algunos exponentes de la izquierda, valiéndose de su influjo en diversas instancias del Estado y haciendo palpable la debilidad del Gobierno, que no respondía a los imperativos de la revolución que ellos deseaban, se lanzaron a los asaltos, contando con la impunidad del mismo Gobierno. Por consiguiente, sentencia Pío Moa: «el Gobierno, con su pasividad, alentó de hecho, la quema»^[40].

Se sentó así un peligroso precedente para otros casos semejantes, ya que los incendiarios y depredadores de iglesias continuaron con mayor tenacidad en sus sacrílegas empresas sabiendo que eran inmunes a cualquier condena, como demostraron los nuevos incendios de octubre de 1932 en diversas ciudades. Los incendios no fueron provocados por «indignadas masas populares», sino por grupos de izquierdistas amparados por la impunidad, ante la indiferencia o pasividad de los católicos, que demostraron que no eran capaces de arriesgarse para defender el propio patrimonio espiritual.

Habida cuenta de la frecuencia con que se repitieron estos atentados, dejaron de convertirse en noticia extraordinaria y muchos periódicos ni siquiera informaron de tales sucesos. Mientras los gobernantes se mostraban tan sensibles hacia el arte cuando se trataba de dictar disposiciones legales lesivas de los derechos de propiedad de la Iglesia, no se preocupaban en absoluto de tomar medidas enérgicas para salvar los edificios sagrados de la destrucción y permitían que la justicia absolviera a los autores de los desmanes^[41].

La expulsión del obispo Múgica y del cardenal primado: mayo-junio de 1931

Ha de insistirse en que la jerarquía española, a pesar de que la mirara con prudente recelo, había acatado la República públicamente. En la Carta colectiva del episcopado español del 1 de julio de 1937, los prelados, sin la menor necesidad de justificación ni de guardar ya las formas diplomáticas, cuando se llevaba combatiendo un año entero llevando el bando nacional siempre la iniciativa y se contaban por millares los martirios causados por el Frente Popular^[42], siguieron manifestando que no recibieron con hostilidad el nuevo régimen:

«Conste que, ya que la guerra pudo preverse desde que se atacó ruda e inconsideradamente al espíritu nacional, el episcopado español ha dado, desde al año 1931, altísimos ejemplos de prudencia apostólica y ciudadanía. Ajustándose a la Tradición de la Iglesia y siguiendo las normas de la Santa Sede, se puso resueltamente al lado de los poderes constituidos, con quienes se esforzó en colaborar para el bien común. Y, a pesar de los repetidos agravios a personas, cosas y derechos de la Iglesia, no rompió su propósito de no alterar el régimen de concordia de tiempo atrás establecido. A los vejámenes respondimos siempre con el ejemplo de la sumisión leal en lo que podíamos, con la protesta grave, razonada y apostólica cuando debíamos; con la exhortación sincera que hicimos reiteradamente a nuestro pueblo católico a la sumisión legítima, a la oración, la paciencia y la paz. Y el pueblo católico nos secundó, siendo nuestra intervención valioso factor de concordia nacional en momentos de honda conmoción social y política»^[43].

Porque no fue la Iglesia quien se enfrentó a la República, sino que fue la República la que declaró la guerra a la Iglesia desde el inicio, y reiteradamente la atacó, legal y extralegalmente, sin que la jerarquía defendiera a los fieles ni a los templos más allá de unas débiles y dispersas condenas.

Posteriormente, con la designación de Isidro Gomá como arzobispo primado de Toledo, cardenal y cabeza de la jerarquía española, en sustitución del cardenal Segura, la jerarquía cambiará de posición plantando cara más decididamente a los desmanes de la Segunda República contra la Iglesia^[44]. Pero en los años 1931-1933, con el primado Segura expulsado, será el cardenal Vidal y Barraquer, arzobispo de Tarragona, quien guie un infructuoso diálogo contemporizador con las autoridades a fin de lograr un entendimiento para solucionar el contencioso República-Iglesia^[45]. Era la orden transmitida por Pío XI, no obstante, esta postura estaba muy mal considerada por el clero pues, en mayor contacto con la realidad cotidiana de la calle que los obispos en sus palacios, vislumbraban el peligro de mostrar debilidad ante las fuerzas anticatólicas instaladas en el poder.

La expulsión de los dos prelados fue obra personal del ministro Maura^[46]. El 17 de mayo fue exiliado el obispo de Vitoria, cuya hostilidad a la República se había manifestado abiertamente ya antes de las elecciones del 12 de abril. La expulsión del obispo Mateo Múgica planteaba la cuestión del carlismo como fuerza política antirrepublicana[47] y su fuerte incidencia entre el clero y el pueblo, tanto en Navarra como en las tres provincias Vascongadas y la montaña de Cataluña^[48]. No cabe la menor duda de que la gran parte de los eclesiásticos vasco-navarros defendieron abiertamente los principios carlistas, mientras que unos pocos eran partidarios del nacionalismo separatista del PNV, de tendencia republicana^[49]. De esta forma, atacando directamente al obispo de Vitoria, el Gobierno pretendía atajar la oposición carlista.

Aunque, evidentemente, como después se comprobó durante la guerra, las decenas de miles de voluntarios del Requeté mostraron que el tradicionalismo hispánico legitimista estaba mucho más vivo y operativo de lo que imaginaban los líderes republicanos. El general e historiador Salas Larrazábal en una obra de síntesis, cifra en cuarenta y tres mil los voluntarios navarros en julio de 1936 y Julio Aróstegui en un volumen extraordinariamente erudito, aporta unos datos bastante aproximados^[50]. El alto número de bajas que se produjeron entre sus filas avala su alto valor combativo, por lo que fueron empleados como fuerzas de choque en primera línea durante numerosos combates.

Los principios del carlismo estaban dotados de un gran rigor intelectual y solidez, debido a los notables pensadores que lo habían desarrollado, como Juan Vázquez de Mella o Nocedal. Además, después de perder las tres guerras carlistas durante el siglo XIX, eran desinteresados en alto grado y todavía encontraban un gran arraigo popular. Mientras que la mayor parte de los monárquicos alfonsinos, encuadrados en el partido Renovación Española, sólo se guiaban por la estrategia del simple posibilismo político, muy centrado en la defensa de sus intereses patrimoniales.

Pedro Segura era el arzobispo de Toledo, lo que conllevaba la primacía de la Iglesia en España, que se materializaba en la presidencia vitalicia de los obispos españoles en la Conferencia de Metropolitanos. Es decir, ser la cabeza visible e indiscutible de la Iglesia en la nación. El prelado escribió una carta pastoral publicada el 1 de mayo^[51] de la cual se hicieron eco inmediatamente todos los periódicos. En ella había insertado un párrafo de agradecimiento al rey fugado, «que supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores». Sus sentimientos monárquicos unidos a su amistad y admiración personal por Alfonso XIII no eran desconocidos por nadie, pues era uno de los consejeros más escuchados por la Casa Real. Por ello, el cardenal no desconocía el especial recelo que existía contra él en los ambientes republicanos.

Las palabras laudatorias de Segura no eran más que un homenaje póstumo, por cierto, con no demasiado fundamento histórico^[52]. La monarquía borbónica española, mucho menos todavía la francesa, nunca fue el adalid de la religión católica que los aduladores obispos de la monarquía liberal de la Restauración se empeñaban en presentar^[53]. No desempeñaron el papel de punta de lanza del catolicismo contra el enemigo turco-protestante, como sí que llevó a cabo la casa de Austria desde Carlos V a Felipe IV, con un enorme desgaste por su parte ya que se antepuso el servicio y defensa de la fe católica a los propios intereses nacionales^[54].

El Gobierno reaccionó desproporcionadamente con una reclamación del ministro de Justicia al nuncio para que expulsara al cardenal primado de su sede toledana por considerarlo un obstáculo para la consolidación del régimen republicano. Entre tanto, los periódicos de la izquierda y los exponentes más exaltados de la política republicana, que pedían la destitución del arzobispo a consecuencia de la carta pastoral, hicieron llegar al pueblo la idea de que Segura retaba a la República a un enfrentamiento. De este modo, en ocho días de agitación, cada vez más intensa porque el Gobierno no tomó resolución alguna, se preparó en toda España un golpe audaz, que por su violencia obligó a adoptar medidas drásticas contra el cardenal y atemorizar así a los católicos.

El 14 de junio fue detenido por la Guardia Civil en Guadalajara, donde se hallaba de visita pastoral, e internado esa misma noche en la residencia de los padres paúles de la localidad^[55].  Al esparcirse la noticia por la entonces pequeña población, comenzaron a reunirse grupos de izquierdistas lanzando gritos amenazadores contra su persona, por lo que el gobernador tuvo que solicitar la fuerza militar para que lo protegiera^[56] de un linchamiento. El 16 por la mañana, el Gobierno exigió a Segura que abandonase inmediatamente el territorio nacional^[57]. La impresión general producida por la expulsión del cardenal, con la intervención de la fuerza pública, fue tremendamente negativa en los ambientes católicos y provocó numerosas protestas en toda España. Significaba una violencia injustificada y un agravio inaudito a la fe de un pueblo en la persona que ostentaba la representación más alta de la jerarquía nacional^[58].

Las Cortes Constituyentes: 14 julio de 1931

La proclamación de la República el 14 de abril suscitó dudas fundadas sobre su legitimidad democrática de origen, porque, según el especialista en derecho, Gil Robles, «la votación popular favorable a la conjunción republicano-socialista, masiva en casi todas las capitales de provincia, pero muy reducida en los medios rurales y en todo caso minoritaria en el conjunto del país, se había producido además en unas simples elecciones municipales. No en la designación de diputados para Cortes Constituyentes. Por eso, hasta que la segunda consulta popular se produjo con la tendencia inequívoca ―aunque en el clima de presión moral de los vencedores de abril y de temerosa apatía de los adversarios―, la República pudo lícitamente ser considerada un régimen de hecho, más que de derecho»^[59].

Proclamada la República, el Gobierno provisional comenzó inmediatamente la preparación de elecciones para las futuras Cortes Constituyentes con el fin de despejar dudas sobre la legitimidad del nuevo régimen. Los comicios se celebraron con normalidad, sin altercados ni desórdenes, lo cual no quiere decir que las elecciones fueran completamente libres. Los gobernadores civiles recién nombrados, pertenecientes en su mayoría a los republicanos, socialistas, radicales e incluso algún partido extremista, hicieron honor a sus convicciones sirviéndose de todos los medios que el cargo les ponía a disposición para engrosar el número de sus propios correligionarios en la misma Cámara^[60]. Los republicanos, junto con los socialistas y radicales, presentaron en todos los colegios listas mayoritarias, los sindicalistas se unieron con los comunistas. Era, pues, natural que una vez confirmada la coalición, que en las elecciones municipales del 12 de abril habían estipulado los socialistas y republicanos, éstos tuvieran prevalencia y dejaran muy atrás a los otros partidos.

La distribución de fuerzas políticas en el primer Parlamento favoreció a las izquierdas, encabezadas por el PSOE, que con sus 117 diputados tenía la mayoría relativa[61]. Frente a ellos poco podían hacer los partidos moderados, independientes o de derechas. Los destinos inmediatos de España quedaron en manos de las Cortes Constituyentes, caracterizadas por su izquierdismo radical y compuestas en su mayoría por políticos rurales sin preparación, imbuidos de un notable sectarismo, sin conciencia de las graves responsabilidades de gobierno que sobre ellos pesaban y, por consiguiente, muy capaces de tomar todo tipo de decisiones dañosas para España, con tal de satisfacer sus aspiraciones personales, intereses locales o dar rienda suelta a revanchas. El nivel cultural de los diputados era en conjunto muy bajo, si se exceptúa la presencia de algunos intelectuales de reconocido prestigio, y mucho menor era su formación moral y religiosa. De los 468 diputados, casi 370 eran como los descritos^[62].

Sobre esta asamblea sólo el Gobierno podía ejercer un influjo eficaz. El anticlericalismo parlamentario podía ser de alguna manera controlado desde el poder ejecutivo, ya que el Gobierno no quería una lucha abierta contra la Iglesia y deseaba limpiar el proyecto constitucional de los artículos más sectarios. Las razones por las que el Gobierno mostró tanta moderación fueron principalmente dos:

1. Porque la situación política estaba lejos de ser consolidada, lo mismo que la económica y social; y con la hostilidad declarada de los católicos, difícilmente podría consolidarse.
2. No todos los ministros eran furibundos anticatólicos.

Los ministros más sectarios eran también astutos y comprendían que la conciencia nacional no estaba preparada para desencadenar una persecución a fondo, al estilo de los cristeros en México (1926-1929)^[63]. Por todo ello, creían más seguro, factible y a la larga eficaz, realizar una política laicizadora, primero en la enseñanza, durante unos años, antes de continuar con avances más decisivos. El modelo para imitar lo constituía la Tercera República francesa, muy imbuida por las logias masónicas. Recordemos que el ministro anticatólico Jules Ferry impulsó legislativamente la escuela laica en 1878-1879, violentando la libertad de enseñanza a fin de profundizar aún más la secularización de la sociedad en la dirección de la Revolución de 1789. No faltando masas de católicos que creyeron ingenuamente en la neutralidad de un materialismo que les traería mayor paz, seguridad y enriquecimiento.

Además, no olvidaban que el sector neutro de la nación, que era extensísimo como en todas partes, aunque, como también ocurre en todas partes, poco activo, vería con disgusto una persecución religiosa[64] promovida desde las más altas instancias del poder. Con todo, la postura del Gobierno no era ni mucho menos unitaria y se fue adaptando a las exigencias de las Cortes, inclinadas cada vez más a la izquierda virulenta y favorable a soluciones radicales ante el problema religioso, sin excluir incluso una eventual ruptura de relaciones con la Santa Sede. Las Cortes Constituyentes no constituían una representación auténtica del pensamiento del pueblo español en absoluto. La ley era favorable a la formación mayoritaria, por tanto, a la hora de repartirse los escaños, los partidos mayores alcanzaron en el Parlamento una representación muy por encima de los votos populares que realmente habían conseguido. Mientras que los partidos menores, por esta misma distribución proporcional injusta, consiguieron menos representación a nivel de diputados. Por ello, la composición del Parlamento no respondió a las fuerzas auténticas del país.

Después de que el Rey dejara caer la dictadura del general Primo de Rivera[65], la inmensa mayoría del pueblo español reaccionó contra Alfonso XIII (pero no contra la Monarquía como institución), y apoyó cualquier candidatura republicana, prescindiendo del programa religioso que pudieran tener los distintos partidos. La consecuencia de las elecciones de junio con dicha ley electoral fue una rotunda victoria de los socialistas, furiosamente anticlericales. Según su distorsionada ideología, veían en la Iglesia una poderosa organización, perfectamente instalada en las áreas del poder, que durante siglos habría apoyado, directa o indirectamente, a los explotadores de la clase proletaria^[66]. Pero se trataba de un anticlericalismo diverso del burgués, de corte decimonónico, de salón y tertulia de café, reservado a las clases económicamente privilegiadas. Este anticlericalismo era anacrónico, pero existía todavía en 1931, mientras que el del PSOE no era, ni podía ser tan refinado, sino más elemental, rudo y de un populismo chabacano de efectos perniciosos. Ingredientes proporcionados por una ideología con un importante componente mesiánico como es el marxismo[67].

Otro partido importante era el Republicano Radical, que había cambiado muy poco, aunque su principal exponente, el republicano histórico Alejandro Lerroux, había evolucionado enormemente hacia el moderantismo y la defensa de la burguesía. Él se había moderado mucho, pero su partido no. Tan anticlericales eran los radicales como los socialistas. Por eso hay que tener en cuenta la actitud personal de Lerroux y distinguirla de su partido, que se le había escapado de las manos.

Sorprendía en este conjunto el reducidísimo número de diputados de la Acción Nacional, organización católica que se presentó con sesenta candidatos y que había contado con el apoyo de personas del antiguo régimen monárquico y con la propaganda de los periódicos conservadores. Existían, sin embargo, diputados de sentimientos católicos en otros partidos, comenzando por los vasco-navarros, que formaron la coalición más segura para los intereses de la Iglesia. También se podía contar con el apoyo de algunos independientes a fin de evitar excesos en las leyes o ataques frontales a la institución eclesiástica. Dejando aparte un máximo de un centenar entre ausentes, enfermos y los que se abstenían en las votaciones, quedaba una mayoría aplastante de cerca de trescientos diputados hostiles a la Iglesia, por principio, frente al apoyo teórico inicial de unos sesenta que podrían socorrerla.

En 1931 no podía hablarse, propiamente, de la existencia de fuerzas católicas organizadas políticamente a nivel nacional. Entre otras cosas porque, a pesar de que el grueso de los católicos practicantes fuese votante de los partidos de derechas o conservadores, un reducido porcentaje, pretendidamente moderno o progresista, votaba a los partidos republicanos. Los dirigentes más destacados entre estos segundos eran Niceto Alcalá Zamora y Antonio Maura, que representaban lo poco que quedaba del movimiento de los católicos liberales del siglo XIX y principios del XX^[68]. Así, los grupos católicos homogéneos en las Cortes Constituyentes eran solamente dos:

1. Los agrarios de Castilla, que contaban con una base popular fuerte.
2. Los vasco-navarros, muchos de ellos carlistas, defensores de la Iglesia.

Pero, mientras en la defensa de los intereses de la Iglesia se mostraban unidos, políticamente eran muy distintos, y llegaron a tener postulados e intereses opuestos.  No obstante, el sistema republicano se desacreditaba por días a medida que crecía el caos social y económico, tanto en el campo como en la ciudad.

En el primer Gobierno republicano, una abrumadora mayoría de los ministros estaban adscritos a la masonería^[69]. Con dicho Gobierno y con los diputados que componían la asamblea era fundamentalmente previsible, antes de la apertura de la misma, que cualquier extremismo anticatólico no sólo sería benévolamente aceptado sino incluso acogido con el mayor favor y entusiasmo. A todo esto, debía añadirse que las masas electorales de los partidos más rabiosamente anticlericales como eran el Radical Socialista, el PSOE y la Acción Republicana de Azaña, pedían medidas drásticas contra la Iglesia para acabar definitivamente con el supuesto poder económico y el influjo social. Tesis que la prensa anticlerical había sabido inocular en el imaginario colectivo sirviéndose de exageraciones, falsedades y calumnias sin tasa.

Esta prensa tiraba casi un millón de ejemplares sólo en la ciudad de Madrid, mientras que los periódicos católicos o de orientación conservadora apenas llegaban a los doscientos mil ejemplares Qué podía esperar la Iglesia de una prensa tendenciosa y sectaria, de un pueblo envenenado por el anticlericalismo más zafio e indigente intelectualmente de un puñado de fanáticos muy activos, de un Parlamento antirreligioso[70] en su mayoría y de un Gobierno apoyado por dichas masas formadas por sectarios anticlericales, masones y católicos liberales acomplejados

La cuestión religiosa fue el primero y casi el único asunto que, desde la proclamación de la República, acaparó la atención no sólo de las fuerzas políticas sino también de la opinión pública. Mucho más que otros graves problemas con los que muy pronto se enfrentaría la República, como fueron la reforma agraria y la militar, junto con la autonomía regional. Jesús Linz afirma: «La historia de la II República demuestra que los partidos políticos que promovieron el laicismo no fueron puramente pacifistas y democráticos, sino que se caracterizaron por su talante ofensivo y beligerante frente a la Iglesia»^[71]. Cuando se aproximaba la apertura de las Cortes creció la agitación anticlerical. Durante octubre su produjeron los acalorados debates sobre el artículo 26 relativo a la cuestión religiosa^[72].

El anticlericalismo tenía raíces diversas y se manifestó de modo distinto entre los intelectuales, las clases medias y los obreros. El primer sector estuvo representado en las Cortes por la Acción Republicana y la Agrupación al Servicio de la República donde figuraban los llamados «padres espirituales» de la República: Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. La clase media estaba controlada en buena medida por el Partido Radical Socialista, que parecía «haberse impuesto a sí mismo la tarea de desmontar a la Iglesia de la vida española», porque constituiría el «principal obstáculo, para consolidar la República»^[73]. Fue uno de los partidos más anticlericales puesto que la práctica totalidad de sus miembros se declaraban enemigos declarados de la Iglesia. En los debates parlamentarios, sus diputados se caracterizaban por «el arrebato temperamental, la falta de formas y el extremismo»^[74] y por promover tumultos que hicieron época, aunque formaran una minoría. Con respecto al tercer sector, fue el PSOE el partido más representativo del anticlericalismo clásico. Era aún más violento que el anterior y se imponía en la Cámara a fuerza de amenazas y gritos. También los partidos separatistas de izquierda demostraron su anticlericalismo agresivo en sus actuaciones parlamentarias, como Esquerra Republicana de Cataluña, que ulteriormente materializó su programa político anticatólico a partir del inicio de la guerra en 1936^[75].

Todos los partidos fueron más allá de la teoría liberal clásica de la separación Iglesia-Estado optando por un laicismo militante similar al de la Tercera República francesa, modelo que pretendían copiar. En la mentalidad de la mayor parte del arco parlamentario se encuentra el oculto anticlericalismo destilado por las logias masónicas desde hacía más de un siglo.

León XIII había condenado solemnemente a la masonería en la encíclica Humanum genus^[76] y en 1930 Pio XI publicó la encíclica Divini illius Magistri, sobre la educación cristiana de la juventud y contra el laicismo estatalista en materia educativa. Para los masones, con la llegada de la Segunda República comenzaba el momento deseado para poner en práctica el programa laicista en todos los ámbitos del Estado, pero fundamentalmente en el de la enseñanza[77]. Al presentar a las Cortes el proyecto de Constitución, elaborado por la comisión parlamentaria presidida por Jiménez de Asúa, no sólo se separaba la Iglesia del Estado, sino que se la consideraba como una mera asociación más, quedando sometida a la autoridad superior del Estado.

Además, quedarían disueltas todas la órdenes religiosas y nacionalizados sus bienes y el culto solamente podría ser ejercido en el interior de los templos. Por consiguiente, quedada prohibido cualquier tipo de manifestación externa como la tradicional procesión del Viático llevado a los enfermos o cualquier tipo de piedad popular como romerías y procesiones. Esto significaba, sencillamente, el empeño en ignorar la realidad sociológica de la nación, ya que la inmensa mayoría de los ciudadanos era católica, en gran medida practicante y, sobre todo, el fuerte influjo que la Iglesia seguía conservando en amplios sectores sociales^[78]. Con todo, este proyecto fue empeorado por la presión de los socialistas.

Era evidente que en las Cortes Constituyentes existía una mayoría aplastante dispuesta a aprobar las propuestas más radicales, ya que las fuerzas políticas dominantes rechazaron cualquier tipo de proyecto moderado y tolerante con la Iglesia. La aprobación del texto de Jiménez de Asúa hubiera sido fatal para la Iglesia española, pues en la práctica significaba su total desaparición. Azaña consiguió evitarlo con una maniobra: el tristemente famoso artículo 26 de la Constitución era un texto menos malo. Así afirma Claudio Sánchez-Albornoz: «El magnífico discurso de Azaña pronunciado en las Cortes consiguió evitar la disolución de las órdenes religiosas, entregando sólo a los jesuitas al paladeo de los masones»^[79]. Con todo, el impacto producido en la opinión pública fue tremendo, porque el artículo 26, pese a las modificaciones que consiguió introducir Azaña, fue, decididamente, un ataque abierto contra la Iglesia^[80].

Cedemos la palabra a los destacados republicanos que fueron testigos del sectarismo en aquel momento histórico. Sánchez-Albornoz afirma que prevaleció: «el sañudo anticlericalismo, cuando la República tenía mil problemas mucho más graves y mucho más urgentes»^[81]. El presidente de la República, Alcalá Zamora dice que «Se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil»^[82]. Para Lerroux, «La Iglesia no había recibido con hostilidad la República. Su influencia en un país tradicionalmente católico era evidente. Provocarla a luchar apenas nacido el nuevo régimen era impolítico e injusto; por consiguiente, insensato»^[83]. Y el filósofo Ortega y Gasset: «El artículo donde la Constitución legisla sobre la Iglesia me parece de gran improcedencia»^[84].

CONCLUSIÓN

El posicionamiento político de la Iglesia en 1931 se caracterizó, en sus inicios, por la prudencia, el acatamiento formal del nuevo régimen y la voluntad de evitar un enfrentamiento abierto con la República. Lejos de promover una oposición frontal inmediata, la jerarquía optó por una estrategia diplomática inspirada por la Santa Sede, confiando en que la moderación permitiría encauzar una convivencia mínima en un contexto político extremadamente volátil. Esta actitud, sin embargo, fue interpretada por amplios sectores del poder republicano como un signo de debilidad.

La quema de conventos, la pasividad de las autoridades ante la violencia anticlerical, la expulsión de prelados y el giro laicista de las Cortes Constituyentes marcaron el progresivo deterioro de las relaciones entre la Iglesia y el Estado republicano. El debate constitucional en torno al artículo 26 evidenció que el conflicto no se limitaba a la separación Iglesia-Estado, sino que derivaba hacia un laicismo militante que aspiraba a relegar a la Iglesia al ámbito privado y despojarla de su presencia social y cultural. En este clima, la cuestión religiosa pasó a convertirse en uno de los principales factores de polarización política, contribuyendo decisivamente al enrarecimiento del ambiente que caracterizó los primeros años de la Segunda República.

[1] Castellano, Danilo, Política. Claves de lectura, Dykinson, Madrid 2020, p. 43.

[2] Cf. Martí Gilabert, Francisco, Política religiosa de la Restauración (1875-1931), Rialp, Madrid 1991, pp. 45 y 50. El autor es especialista en la historia de la Iglesia española de los siglos XVIII-XIX.

[3] Lo cual ha desembocado en el constante ejercicio de fanatismo contemporáneo que observamos respecto a las palabras y decisiones del papa o los obispos, donde se reduce toda crítica razonada y constructiva a la acusación de «calumnia». Precisamente cuando la crítica, con las debidas condiciones requeridas, es tanto un derecho de justicia como un deber de caridad, por lo que se encuentra recogida en el ordenamiento jurídico de la propia Iglesia, cf. CIC, can. 212 §3.

[4] Cf. Suárez Verdeguer, Federico, La crisis política del Antiguo Régimen en España (1800-1840), Rialp, Madrid 1988, p. 21. Genera gran admiración toda la formidable labor investigadora desplegada a lo largo de la rica y dilatada carrera del autor, un sacerdote e historiador a la altura del P. Mariana. Desempolvando todo tipo de manuscritos olvidados en los archivos en orden a descorrer el tupido velo de los misterios que rodean los acontecimientos sociopolíticos que marcan, en la historia española, las cruciales décadas del reinado de Fernando VII. Téngase en cuenta que toda esa gigantesca tarea tenía por finalidad principal sacar a la luz la verdad de los hechos frente a la mitificación o versión desfigurada de la historiografía liberal imperante.

[5] De la Lama, Enrique, Cartas sobre España: Giustiniani Consalvi, 1817-1823, Eunsa, Pamplona 2020, p. 342-344. Son los despachos del Nuncio en Madrid al cardenal Consalvi, Secretario de Estado pontificio.

[6] Cf. Martí Gilabert, Francisco, Carlos III y la política religiosa, Rialp, Madrid 2004, p. 72.

[7] Bien entendido, esto es, en todo lugar, con una amplitud de horizontes y con una profundidad transtemporal, cf. Ayuso Miguel, (Ed.), El bien común. Cuestiones actuales e implicaciones político-jurídicas, Itinerarios, Madrid 2013, p. 255. El bien común es el bien del hombre en cuanto hombre, según su naturaleza política.

^[8] Cf. Arbeloa, Víctor Manuel, La Iglesia que buscó la concordia, Encuentro, Madrid 2008, pp. 27-30.

[9] Cf. Caro Baroja, Julio, Historia del anticlericalismo español, Editorial Caro Raggio, Madrid 2008, p. 176.

^[10] Cf. Moa, Pío, Por qué el Frente Popular perdió la Guerra Civil. Causas y consecuencias históricas, Actas, Madrid 2019, p. 290. Ensayo de gran capacidad crítica y analítica en la consideración de los distintos aspectos.

[11] Dándose la paradoja de un rey que se proclama católico, pero que preside un gobierno anticlerical. Como en el caso de las medidas del conde de Romanones, ministro masón, contrarias a la enseñanza del catecismo en los colegios. Resultado de la presión de la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos que ha influido considerablemente en el ambiente político y cultural de España, cf. Martí Gilabert, Francisco, Política religiosa de la Restauración (1875-1931), Rialp, Madrid 1991, p. 126. Giner de los Ríos se limitó a copiar el «panteísmo» de Krause sin desarrollos originales, y que a su vez mitigaba el panteísmo de Hegel.

[12] Cf. Villa García, Roberto, 1923. El golpe de Estado que cambió la historia de España. Primo de Rivera y la quiebra de la monarquía liberal, Espasa, Madrid 2023, p. 611.

[13] Cf. Orlandis, José, Rialp, Historia de reino visigodo español, Madrid 2011, p. 80.

^[14] Cf. Petit Sullá, José María, La República del 14 de abril. Palabras, personajes, hechos, en Obras Completas, Tradere, Barcelona 2011, vol. I/2, pp. 806-808.

^[15] Cf. Cárcel Ortí Vicente, (ed.), La II República y la Guerra Civil en el Archivo Secreto Vaticano, BAC, Madrid 2011, vol. I, t. 1, p. 200.

^[16] Cf. Guijarro, José Francisco, Persecución religiosa y Guerra Civil, La Esfera de los Libros, Madrid 2005, p. 35.

[17] La supuesta excepcional de la extraterritorialidad de las Cortes era indebida jurídicamente, cf. Romero, José, La hidra roja y España, Polis, México 1947, p. 358.

^[18] Sánchez-albornoz, Claudio, Mi testamento histórico-político, Planeta, Barcelona 1975, p. 38.

[19] Cf. Vaca de Osma, José Antonio, La masonería y el poder, Planeta, Barcelona 1992, p. 228.

[20] Para la comprensión del laicismo revolucionario que los políticos españoles querían copiar de la Revolución francesa véase, Álvarez Perea, Javier, La religión de la sociedad secular, Thémata, Sevilla 2017, p. 308.

^[21] Arrarás, Joaquín, Historia de la Cruzada Española, Ediciones Españolas, Madrid 1939, vol. I, tomo III, pp. 304-360. En esta colección puede verse la descripción de estos sucesos, con fotografías de los edificios destruidos por las llamas, constituyendo todo un arsenal de información gráfica.

^[22] Montero Moreno, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, BAC, Madrid 1960, p. 25; cf. Bayle, Constantino, «Sin Dios y contra Dios», en Razón y Fe, 1935, pp. 157-158.

^[23] Tusquets, Juan, Orígenes de la revolución española, Vilamala, Barcelona 1932, pp. 105-109; cf. Azaña, Manuel, Memorias políticas y de guerra, Crítica, Barcelona 1978, vol. I, p. 160.

^[24] Alcalá-Zamora, Niceto, Memorias, Planeta, Barcelona 1977, p. 185.

^[25] Cf. Comellas, José Luis, Historia de España Contemporánea, Rialp, Madrid 2008, p. 145.

^[26] Montero Moreno, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, BAC, Madrid 1961, p. 25.

^[27] El Socialista, 12-5-1931.

^[28] El Pueblo, 12-5-1931.

^[29] Crisol, 14-5-1931.

^[30] Montero Moreno, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, BAC, Madrid 1961, p. 25.

^[31] Cf. Cárcel Ortí, Vicente, La gran persecución. Historia de cómo intentaron aniquilar a la Iglesia Católica, Planeta, Barcelona, 2000, p. 46.

^[32] Montero Moreno, Antonio, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, BAC, Madrid 1961, p. 25.

^[33] Arbeloa, Víctor Manuel (ed.), Archivo Vidal y Barraquer, Monasterio de Monserrat, 1971, vol. I, p. 22.

^[34] Ibíd., p. 24.

^[35] Niceto, Alcalá Zamora, Memorias, Planeta, Barcelona 1977, p. 185.

^[36] Alejandro Lerroux, La pequeña historia, Buenos Aires 1945, p. 33.

^[37] Miguel, Maura, Así cayó Alfonso XIII…Ariel, Barcelona 1968, p. 264.

^[38] Prieto, Indalecio, Palabras al viento, Oasis, México 1969, p. 220.

^[39] Maura, Miguel, Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona 1968, 264.

^[40] Moa, Pío, Los orígenes de la guerra civil española, Encuentro, Madrid 1999, p. 159.

^[41] Cf. Cárcel Ortí, Vicente, La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), Rialp, Madrid 1990, p. 112.

^[42] Cf. Bennassar, Bartolomé, El infierno fuimos nosotros, Taurus, Madrid 2005, p. 116; Vidal, César, La guerra que ganó Franco. Historia militar de la guerra civil española, Planeta, Barcelona 2006, p. 275.

^[43] Gomá, Cardenal, Por Dios y por España, Casulleras, Barcelona 1940, pp. 563-566.

^[44] Cf. Granados, Anastasio, El cardenal Gomá. Primado de España, Espasa, Madrid 1969, p. 87.

^[45] Cf. Robles Muñoz, Cristóbal, La Santa Sede y la II República. De la conciliación al conflicto, Visión libros, Madrid 2013, p. 608.

^[46] Maura, Miguel, Así cayó Alfonso XIII, Ariel, Barcelona 1968, p. 307.

[47] No puede pasarse por alto la obra del benemérito carlista De Santa Cruz, Manuel Apuntes y documentos para la historia del Tradicionalismo español, gran estudio histórico, documentadísimo, en 32 volúmenes para dejar constancia fidedigna de lo que ha sido y es el verdadero carlismo en su historia y ejecutoria. El carlismo tiene una extensísima historia de honor y dolor por la fidelidad a la Monarquía Católica o Hispánica.

^[48] Cf. Barraycoa, Javier, Esto no estaba en mi libro de Historia del carlismo, Almuzara, Madrid 2019, p. 146. Una obra que persuade y transforma al lector liberándole de estereotipos perniciosos.

^[49] García de Cortázar, Fernando, Socialismo, nacionalismo, cristianismo, Descleé de Brouwer, Bilbao 1979, pp. 33-97. El orgullo del autor no podía sufrir los argumentos tumbativos con los que el gran Miguel Ayuso demolía sus clichés en un programa tras otro del legendario espacio Lágrimas en la lluvia.

^[50] Cf. Salas Larrazábal, Ramón, Cómo ganó Navarra la cruz laureada, Fuerza Nueva Editorial, Madrid 1980, p. 29; Aróstegui, Julio, Combatientes requetés en la Guerra Civil española (1936-1939), La Esfera de los Libros, Madrid 2013, p. 144

^[51] Boletín Oficial Arzobispado de Toledo, 1931, 87, 37-145

^[52] Cf. Gómez de Liaño, Ignacio, El reino de las luces, Alianza, Madrid 2015, p. 383; Roberto Fernández, Carlos III. Un monarca reformista, Espasa, Madrid 2016, p. 171.

^[53] Cf. Álvarez Junco, José, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Taurus, Madrid 2016, p. 383.

^[54] Cf. Rivero Rodríguez, Manuel, La monarquía de los Austrias. Historia del imperio español, Alianza, Madrid 2017, p. 138; Rady, Martyn, Los Habsburgo, Taurus, Madrid 2020, p. 122

^[55] Entonces diversos territorios de dicha provincia pertenecían a la archidiócesis de Toledo ya que, históricamente, al haber sido la más importante de España, junto con la de Sevilla, era la más extensa geográficamente. El posterior concordato de 1953 redujo considerablemente el territorio diocesano a fin de que la archidiócesis primada se ajustara más con los límites provinciales.

^[56] Cf. Garriga, Ramón, El cardenal Segura y el nacional-catolicismo, Planeta, Barcelona 1977, p. 198.

^[57] Cf. Ros, Carlos, Pedro Segura. Semblanza de un cardenal selvático, Letras de autor, Sevilla 2016, p. 313.

^[58] Cf. López Teulón, Jorge, Cardenal Pedro Segura, Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo 2018, p. 164.

^[59] Gil Robles, José María, Una revolución fallida, la II República y la Guerra civil, en «Historia social de España siglo XX», Guadiana, Madrid 1976, pp. 137-138.

^[60] Cf. Albertí, Jordi, La Iglesia en llamas. La persecución religiosa en España durante la Guerra Civil, Destino, Barcelona 2008, p. 85. Nada digno de resaltar en esta publicación bastante monótona.

[61] Cf. Payne, Stanley, La revolución española 1936-1939. Un estudio sobre la singularidad de la Guerra Civil, Espasa, Madrid 2029, p. 40. Recopilación y síntesis de tres obras anteriores del autor.

^[62] Cf. Petit Sullá, José Mª, La república del 14 de abril. Palabras, personajes y hechos, en Obras Completas. Al servicio del reinado de Cristo, Tradere, Barcelona 2011, vol. II/1, pp. 806-808.

^[63] Cf. Azkue, Andrés, La Cristiada. Los cristeros mexicanos (1926-1941), Scire, Barcelona 2000, p. 27; Iraburu, José Mª, Hechos de los apóstoles de América, Gratis date, Pamplona; Sáenz, Alfredo, La gesta de los cristeros, Gladius, Buenos Aires, 2018, p. 311.

[64] Cf. Gassiot Magret, José, Apuntes para el estudio de la persecución religiosa en España, Gráficas Salesianas, Barcelona 1961, p. 82.

[65] Cf. Seco Serrano, Carlos, Alfonso XIII y la crisis de la Restauración, Madrid 1974, p. 209.

^[66] Cf. Payne, Stanley, El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), La Esfera de los Libros, Madrid 2005, p. 37.

[67] Cf. Ricart Torrens, José, Catecismo social, Ave María, Barcelona 1979, pp. 251-254.

^[68] Cf. Canals, Francisco, Cristianismo y revolución. Los orígenes románticos del cristianismo de izquierdas, Speriro, Madrid 1986, p. 183.

^[69] Cf. Vidal, César, Los masones. La sociedad secreta más influyente de la historia, Planeta, Barcelona 2005, pp. 245-260. Son interesantes los retratos de los personajes exóticos fundadores de las sectas protestantes.

[70] Cf. Calvo Alfaro, Julio, El Parlamento. Su historia, constitución y práctica, Labor, Barcelona 1926, p. 128. No es una lectura estimulante ni actualizada, pero condensa suficientemente los aspectos del tema.

^[71] Cf. Linz, Jesús, El sistema de partidos en España, Narcea, Madrid 1976, p. 121 y ss.

^[72] Cf. Víctor Manuel, Arbeloa, La semana trágica de la Iglesia en España (8-14 octubre 1931), Encuentro, Madrid 2006, p. 286.

^[73] Varela, Santiago, Partidos y Parlamento en la Segunda República, Fundación March-Ariel, Madrid 1978, p. 187.

^[74] Gómez Molleda, Mª Dolores, La masonería en la crisis española del siglo XX, Taurus, Madrid 1986, p. 293. La masonería busca mejorar al hombre y a la humanidad porque la forma en que Dios los creó es desacertada. Es la masonería quien crea el mito del Estado secular, así como también el mito de la Ilustración contrapuesta a la oscuridad de la Edad Media. Por el contrario, la Cristiandad medieval fue la madre de la ciencia y la tecnología, precisamente, gracias al cristianismo.

^[75] Cf. Barraycoa, Javier, Los (des)controlados de Companys. El genocidio catalán, julio 1936-mayo 1937, Libros libres, Madrid 2016, p. 183. Compendio y refutación de numerosas falsedades historiográficas.

^[76]  Gutiérrez García, José Luis, Doctrina Pontificia. Documentos políticos, BAC, Madrid 1958, vol. II, pp. 155 y ss.

[77] Sobre la estrecha relación entre el protestantismo y la masonería en España véase, Bastian, Jean- Pierre, «Los dirigentes protestantes españoles y su vínculo masónico, 1868-1939: hacia la elaboración de un corpus», en Anales de Historia Contemporánea, Madrid 2005, n. 21, p. 412.

^[78] Pérez Serrano, Norberto, La constitución de 1931, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 1932, n. 1, p. 13. Una constitución que no constituía nada, sino que subvertía el orden natural y cristiano de la sociedad para sustituirlo por el desorden y la anomía, fruto de la autonomía-capricho de la «voluntad popular».

^[79] Sánchez-Albornoz, Claudio, Mi testamento histórico-político, Planeta, Barcelona 1975, p. 39.

^[80] Arbeloa, Víctor Manuel, La semana trágica de la Iglesia en España (8-14 octubre 1931), Encuentro, Madrid 2006, pp. 286 y ss. Una síntesis sugerente.

^[81] Sánchez-Albornoz, Claudio, Mi testamento histórico-político, Planeta, Barcelona 1975, p. 39.

^[82] Alcalá Zamora, Niceto, Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid 1936, p. 50

^[83] Palacio Atard, Vicente, Cinco historias de la República y la Guerra, Editorial Nacional, Madrid 1973, p. 49.

^[84] Ortega y Gasset, José, Obras Completas, Alianza, Madrid 1998, vol. XI, p. 48.