Más nombres y apellidos – En libertad para que le maten, fórmula jurídica nunca imaginada – La matanza sin límites La «Consejería de Orden Público» Paracuellos del Jarama
Nadie quiere ir a la Cárcel, ni entonces, ni ahora, ni nunca. Pero en aquel tiempo, a partir del 18 de julio de 1936, en la Zona roja se buscaban recomendaciones para que le encerraran a uno en una Cárcel oficial, porque se estaba en ella más seguro que andando por la calle o escondido en un piso particular. Parecía razonable suponer que en Madrid, capital de la República, el Gobierno y sus autoridades y agentes intentarían al menos el mantenimiento de un mínimo de seguridades personales para los ciudadanos.
No un periódico comunista, o socialista, o anarquista… No: un periódico de Izquierda Republicаna, «Política», en su número de 8 de agosto de 1936, llamaba la atención sobre los presos encerrados en la Cárcel Modelo. La intención no podía ser más clara: «… varios curas, castrenses o civiles, y como cumple a su oficio, gordos y lustrosos, salvo rara excepción… Sin afeitar la mayoría, no se diferencian gran cosa de los presos vulgares. El aire distinguido se lo daba la ropa o el uniforme… Hablan poco, meditan mucho y sollozan bastante… En otras galerías… (se) albergan más fascistas de los comprometidos en la rebelión y otros que fueron apresados antes de que aquella estallase, como los directores falangistas Ruiz de Alda y Sánchez Mazas. Y existen, por fin, los presos políticos. Antiguos y recientes. Los más notorios, de los últimos, son el doctor Albiñana, don Melquiades Alvarez y Martínez de Velasco. El tercero sólo ha pasado -con la de hoy- tres noches en el «abanico». ¡Lástima que Lerroux y Gil Robles no les puedan hacer compañía!…»>
Consta y se sabe perfectamente que hasta mediados de agosto la Cárcel Modelo siguió estando bajo la autoridad de funcionarios oficiales, sin intervención de milicias de ninguna clase. El régimen interior siguió siendo el mismo establecido en los reglamentos tradicionales, salvo el natural problema representado por el aumènto masivo de reclusos. La distribución en el recinto penitenciario era clásica: primera galería, militares; segunda y tercera, falangistas; cuarta, delincuentes comunes contra la propiedad; y quinta, expedientados de acuerdo con la Ley de Vagos y Maleantes, y presos comunes por delitos de sangre; estaban encerrados en el cuerpo central del edificio los llamados hasta entonces presos políticos, y en los sótanos, algunos otros de los sujetos a la Ley de Vagos y Maleantes.
Llegado que fue el día 15 de agosto (como diría un escritor acursilado ajeno al drama que estaba llegando) el Subdirector de la prisión anunció a los presos que por orden del Ministro de la Gobernación iban a entrar en la Cárcel unos grupos de milicianos, especialmente autorizados para el registro personal de los presos presuntos enemigos de la República y de la Revolución. En efecto, Elviro Ferret Obrador, distinguido elemento de la checa de Marqués de Cubas, con un nutrido grupo de agentes de la Dirección General de Seguridad, reforzados con milicianos socialistas y comunistas, entraron en la Cárcel y procedieron a un registro general.
El registro dio bastantes frutos, porque, por supuesto, a los reclusos les quitaron todo lo que tenían de algún valor. Algunas milicianas, vestidas como los varones, y también armadas, organizaron mitines, fomentando en los presos comunes un odio feroz por los políticos, y sobre todo, por aquellos señalados como falangistas. Cuando los agentes y los milicianos con las milicianas se marcharon, la Cárcel Modelo quedó saturada de gas mortífero, porque a partir de aquel momento la suerte de todos estaba echada, y para muchos esa suerte no sería otra que la muerte. Sobre todo cuando pocos días después, en la checa de Fomento, alguien decretó un nuevo registro en la prisión.
Naturalmente, el nuevo grupo fue encomendado a quien mejor podía realizar una tarea semejante: un atracador, «el Doctor Muñiz», cuyo verdadero nombre era Felipe Emilio Sandoval. Como es natural, Felipe conocía la Cárcel Modelo, porque había sido huésped de ella. Acababa de salir a la calle, después de haber sido ingresado antes del 18 de julio de 1936, por su intervención en el robo a mano armada de que fue objeto el conde de Ruidoms, a finales de junio anterior. El grupo quedó constituido por unos cuarenta milicianos adiestrados en la checa cenetista del Cine Europa. Había gente muy bien considerada, como el tristemente famoso Santiago Aliques Bermúdez, con un historial delictivo suficiente para hacer medía docena de personajes de la delincuencia repartiendo entre todos los delitos cometidos por él solo.
El 21 de agosto hicieron estos milicianos un tanteo de lo que habrían de hacer al día siguiente. Aquella noche se montó el servicio de los funcionarios de Prisiones de modo que cuando llegaran los milicianos cenetistas aquellos fueran todos de significación izquierdistas. Algunos habían doblado voluntariamente su turno para no dejar que le relevara otro de ideología diferente. En un patio encerraron a la mayoría de los presos políticos, y el resto, en sus celdas respectivas. Los presos comunes quedaron en libertad para ir y venir dónde y cómo quisieran por el interior de la Cárcel. Todo calculado, los comunes organizaron un gran escándalo, pidiendo que les pusieran en la calle inmediatamente, o de lo contrario prenderían fuego a la Prisión.
Dicho y hecho, a eso de las cuatro de la tarde, se inició el fuego: quinta galería, sótanos… Lo inmediato resultó fácil. Se lanzó la voz de alarma: «el incendio era obra de los presos fascistas, que querían escapar…» Para que no se escaparan, acudieron enseguida los milicianos, ahora sin distinción de ideologías políticas o sindicales, y ocupаron las azoteas inmediatas, para entrar luego en la Prisión. Fuera, la turba vociferaba y solicitaba vía libre para entrar con los milicianos y colaborar con ellos en la tarea de exterminar al enemigo. Aparte de esa muchedumbre vociferante y enfurecida, también estaban allí el Director General de Seguridad, el de Prisiones y el Ministro de la Gobernación, que lo era el general Sebastian Pozas.
Mirones, testigos entusiasmados, curiosos indiferentes, y cumpliendo con su deber, los bomberos atacando el fuego para acabar sofocándolo. Pero el mal estaba hecho. Un dirigente socialista, Enrique Puente, tomó el mando, aparentemente al menos, de la turba que ya estaba dentro de la Cárcel Modelo, se adueñaron del edificio, pusieron en libertad a los presos comunes, que se apresuraron, quizás por instinto, al asalto de los almacenes de víveres, el economato y las oficinas. Comenzó el tiroteo desde tejados y azoteas cercanos. Algunos presos empezaron a caer heridos o muertos por estos disparos, en los patios. Es verdad que no faltaron elementos destacados de ideología izquierdista que acudieron con intención de evitar la catástrofe. Pero el Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, que no era comunista, sino de Izquierda Republicana, no les hizo el menor caso ni movió un dedo para que la matanza no se consumara.
Por la tarde, alrededor de las siete, Enrique Puente y sus milicianos eran dueños absolutos de la Cárcel Modelo. Los funcionarios oficiales de la Prisión fueron obligados a abandonar el servicio у el recinto penitenciario. A partir de ese momento comenzó la selección de víctimas para inmediatos fusilamientos. Se saben hasta los menores detalles. Las amenazas de fusilarles en masa para provocarles el pánico. Y el cumplimiento de estas amenazas en la madrugada siguiente. Comprendo que para muchas generaciones que no tengan a mano material adecuado seguirá siendo evidente que la Guerra civil no ocasionó más víctimas intelectuales que dos o tres poetas alzados a la gloria sobre el pavés de la política. Pero los intelectuales víctimas de la Revolución fueron bastantes más, sólo que como los asesinados fueron los rojos, sobre su asesinato se ha querido correr un tupido velo.
Por ejemplo: don Melquiades Alvarez, decano del Colegio de Abogados de Madrid, jurista famoso, diputado muchas veces y Jefe del Partido Republicano Liberal Demócrata; don José Martínez de Velasco, Jefe del Partido Agrario, ex-ministro de la República; don Julio Ruiz de Alda, aviador militar, héroe del vuelo del «Plus Ultra», fundador de Falange Española, colaborador íntimo de José Antonio Primo de Rivera; don Fernando Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, médico, militar, hermano de José Antonio; don Rafael Esparza, dipиtado a Cortes; don Manuel Rico Avello, ex-ministro y ex-Alto Comisario de España en Marruecos de la República, diputado a Cortes; don Francisco Javier Jiménez de la Puente, político liberal monárquico; don Ramón Alvarez Valdés y Castañón, ex-ministro de Justicia de la República, del Partido Republicano Liberal Demócrata, diputado a Cortes; don José María Albiñana, abogado, médico, diputado a Cortes; don Oswaldo Fernando Capaz, general del Ejército, colonizador de Ifni con la República; don Rafael Villegas Montesinos, general del Ejército; don Santiago Martín Báguenas, Comisario de Policía; don Enrique Matorras Páez, falangista, procedente de las filas comunistas… Y así hasta que usted quiera, señor mío.
La Cárcel Modelo quedó desde aquel momento a cargo de las milicias. 1.ª galería, la CNT; 2.a, los socialistas; 3.a, los republicanos; 4.a, las milicias ferroviarias; 5.a, el 5.° Regimiento de Milicias Populares, comunista. En el exterior del edificio montaban guardia las fuerzas del Cuerpo de Asalto. El día 25 de agosto regresaron al servicio los funcionarios de Prisiones. Todavía pudieron ver las manchas de sangre en los sótanos. Como las milicias tuvieron el mando interior de la Cárcel hasta su evacuación en 16 de noviembre de 1936, la saca de presos para ser asesinados tuvo toda clase de facilidades. De una parte, la complicidad de las autoridades, y de otra, la de los responsables de la guardia y vigilancia interior. Este quiero y éste no quiero, cada preso era un posible cadáver en cualquier madrugada.
Si usted es curioso, puede ver en el periódico «Ahora» de Madrid, en su número de 23 de agosto de 1936, una fotografía y un pie: «Ayer tarde se declaró un incendio en la Cárcel Modelo que fue prontamente extinguido. La puerta principal del edificio, guardada por los milicianos». En el diario «Política»> de Madrid, día 23 de agosto de 1936, puede usted leer un artículo titulado «Los fascistas provocan un incendio en la Cárcel Modelo». Es largo y no me atrevo a reproducirlo porque exigiría mucho espacio. Puede leerlo despacio. Le instruirá mucho sobre procedimientos que son repetibles. «El Liberal» de Madrid, 27 de agosto de 1936, le enseñará que tras una intervención como la que hemos repasado antes, el gobierno felicitó a las milicias del Frente Popular, «y muy especialmente a las milicias de Izquierda Republicana, CNT, соmunistas y socialistas, por su disciplina y valor probado».
Lo acaecido en la Cárcel Modelo fue el ejemplo para sucesos semejantes, que se producirían casi automáticamente. No hay espacio para un repaso exhaustivo, aunque sí existen los datos suficientes para hacerlo, si yo quisiera. Sospecho que el Cuerpo de funcionarios de Prisiones tendra archivados los viejos escalafones. Bastará tomar el que estaba vigente en 1936, y comprobar cuantos fueron los tachados porque la Revolución se los llevó por delante. Los delincuentes comunes que habían sido reclusos se transformaron enseguida en milicianos, y una de las primeras medidas que tomaron fue ir a buscar a los oficiales de Prisiones que habían sido sus guardianes, sacarles fuera y asesinarles. Hay nombres concretos: Gregorio José San Martin, Ramón Donallo, Luis Santigosa…
El procedimiento a seguir estaba perfectamente establecido. En cada prisión se constituyó un Comité, en el que estaban representados todos los partidos y entidades sindicales del Frente Popular. Todos, no éste sí, aquél no: todos. En virtud de este Comité, la disciplina interior de las prisiones pasó íntegramente a estar sometida a los milicianos. Desde un punto de vista legal, las cárceles seguían dependiendo del Gobierno, con su director y sus oficiales, pero en la práctica no sólo eran los del Comité los amos, sino que más de una vez algunos presos allí ingresados no estaban a disposición de las autoridades competentes, sino que disponían de ellos una serie de organismos políticos, «que legalmente carecían de facultades» para semejantes atribuciones.
En ocasiones el drama acababa en sangre. Había un sistema que acarreó dolor y muerte a muchas familias. En el expediente de determinados presos se intercalaba una nota: «Al ser puesto en libertad, avisar al Puesto de Vigilancia número 15, teléfono 51998. Responsable, Del Moral». Datos para la pequeña historia: este Puesto dependía de la Inspección General de Milicias Populares, estaba instalado en la Carretera del Este, número 25, y era predominantemente comunista, como casi todos; el «responsable, del Moral», se llamaba Antonio del Moral Labajo, más conocido por su nombre de guerra, «Perra Chica»; su historial estaba saturado de actividades criminales, no sólo sacando presos a pasear, sino sacándolos de sus casas en las Ventas por su cuenta y riesgo. Este sistema de poner en libertad a los detenidos, avisar con tiempo a los Puestos de Vigilancia y dar oportunidades a cualquier «Perra Chica» de asesinarlos tuvo triste éxito.
Hay todos los datos que usted quiera, nombres y apellidos, fechas y lugares del asesinato. En Colmenar Viejo estarán los familiares de aquel grupo de presos en las Ventas, oriundos del pueblo, que fueron sacados una madrugada, entregados a los milicianos de Colmenar y asesinados inmediatamente sin mayores problemas. A veces los detenidos eran ejecutados sin formación de causa alguna, en la propia cárcel. Un ejemplo: los diputados republicanos Abad Conde y Rey Mora con el fraile Arce Urrutia, en la Cárcel de Porlier. Madrid era la pauta, y en provincias se aplicaron sistemas y enseñanzas, con aprovechamiento digno de mejores destinos. La noche del 30 al 31 de julio, los milicianos sacaron de la cárcel de Ubeda a los casi cincuenta presos y les mataron. En la del 28 al 29, las milicias subieron a bordo del barco prisión «Isla de Menorca, atracado en el Grao de Castellón de la Plana, sacaron a tierra a los presos y les asesinaron: eran 56.»
La riada de sangre se extendió en el tiempo y en el espacio. Sería interminable la mera mención de todos y cada uno de los sucesos en que la voluntad de las milicias, sin sentencia alguna por medio, ni siquiera de los Tribunales Populares, decidió por vía ejecutiva -nunca más a punto la palabra- de la vida y la muerte de los presos. Por su mayor trascendencia, a título de ejemplo, es preciso recordar que el 25 de septiembre de 1936, cuando las sirenas de la ciudad anunciaban en Bilbao la presencia de la Aviación nacional, una muchedumbre en la que había muchas mujeres se dirigió a los muelles, se pusieron de acuerdo con los guardianes de los presos, decidieron matar a éstos en masa, y en gabarras se trasladaron a los buques «AltunaMendi» y «Cabo Quilates», que estaban fondeados allí cerca.
Con la noche empezó la matanza en el «Cabo Quilates»: a unos les mataron en la cubierta, y a otros en la bodega: total 41 muertos. En el «AltunaMendi», por el mismo procedimiento, 29. El 2 de octubre inmediato, unos marineros del acorazado «Jaime I» subieron a bordo del «Cabo Quilates» у con la anuencia de los guardianes mataron a 38 presos, que previamente habían sido despojados de sus pertenencias… ¿Para qué va a servirle a un muerto el reloj de pulsera? Y así hasta el infinito: el 4 de enero de 1937, de todas las cárceles, fuerzas del Ejército rojo mataron en Bilbao 209 presos. No hubo dudas sobre la identidad de estos ejecutores, porque además de ir uniformados, armados militarmente y al mando de sus jefes, se saben los títulos de las unidades a que pertenecían los piquetes: batallones «Fulgencio Matos», «Asturias» y «Malatesta». Uno de los comandantes, el del <Malatesta», replicó al Presidente del Gobierno vasco, que le había pedido un informe sobre la matanza, que éstas no cesarían hasta que no quedara en la calle ni un solo fascista… Difícil defensa podría hacerse de la actitud del presidente Aguirre, que cuando quiso, cuatro horas después de iniciada la matanza, pudo detenerla.
No sólo se trataba de exterminar al enemigo en la 1. ersona de éste o aquel «fascista», sino que dada la condición humana de una inmensa mayoría de jefes, responsables y milicianos de fila, era urgente y necesario que no quedaran rastros de antecedentes no siempre ejemplares. Por eso, el 2 de octubre de 1936, por la noche, las milicias anarquistas de CNT y FAI, bajo el título de «Columna de Hierro», dueñas y señoras de la región levantina, ocuparon prácticamente la ciudad de Castellón de la Plana, con armas y personal entrenado, y asaltaron y luego incendiaron los archivos de la Audiencia, Juzgado y Registro de la Propiedad, así como la documentación archivada en la Delegación de Hacienda. El propio Gobernador civil no sólo toleró semejante disparate, sino que lo autorizó de manera expresa. Luego, las milicias fueron a la Cárcel, libertaron a los presos comunes, que eran unos diez, y asesinaron sin contemplaciones al resto, que eran 53, identificados, y seis que no hubo manera de identificar. Acabados los asaltos, los robos, los incendios y los asesinatos, los milicianos se reunieron en el Café Suizo, y celebraron una comida que premiara tan bien ordenada hazaña.
Esto de quemar los archivos y matar a los presos sin formarles ningún juicio se repitió una y cien veces en todas las ciudades de la Zona roja. Tales cotas alcanzaron los crímenes, que las representaciones diplomáticas en Madrid informaron a sus gobiernos de que la alarma llegaba ya a situaciones límites de dramatismo. El Gobierno inglés hizo presente por vía diplomática al español su preocupación, y el ministro de Estado, Alvarez del Vayo, respondió que no había fundamento alguno para preocuparse y que «los presos se encontraban totalmente seguros y en espera de ser juzgados por los tribunales competentes». Esto ocurría el 25 y 26 de octubre de 1936, y no había terminado todavía el mes cuando la propia Dirección General de Seguridad ordenó el asesinato colectivo de los presos de la Cárcel de Ventas, sin que hubiesen sido juzgados por tribunal alguno.
Se saben, como no, los nombres de los asesinados. Entre los muertos, nombres gloriosos: Ramiro de Maeztu, Ramiro Ledesma Ramos… Se sabe también el procedimiento: Manuel Muñoz, Director General de Seguridad, ordenó que estos presos fueran entregados al Comité Provincial de Investigación Pública, o sea, la checa de Fomento, con el pretexto de que serían trasladados a Chinchilla, pero con la orden verbal de que fueran asesinados. Uno de ellos que se resistió a salir, Gallego Sáenz, fue muerto allí mismo. Yo comprendo que estas historias son desagradables y que a más de uno les estarán molestando, pero la verdad es la verdad, y ahora no se puede intentar la maniobra de borrarlo todo para sustituir la verdad por otra amañada. Lo de noviembre de 1936 vale la pena contarlo, para aviso de navegantes. Está probado hasta la saciedad, y no es novela de terror o de ciencia-ficción, aunque en algunos detalles pueda parecerlo.
Miembros de la checa de Fomento y militares marxistas acudieron a las cárceles de Ventas, San Antón y Porlier, en las que había detenidos muchos militares. Se trataba de convencerles de que si se incorporaban al Ejército rojo salvarían la vida, y en caso contrario serían asesinados sin más avisos. Quiénes se negaron a aceptar, muchos, fueron relacionados con sus nombres y apellidos, se entregaron las listas a la Dirección General de Seguridad, y ésta decretó el asesinato de todos. Del 1 al 7 de noviembre no cesaron las sacas de presos camino de su muerte. El Director General de Seguridad, Manuel Muñoz, se cubrió aquí también de gloria. Como todo era uno y lo mismo, y las razones no variaban, ni los responsables tampoco, el día 6 de ese mismo noviembre aparecieron en la Cárcel Modelo de Madrid una serie de policías y milicianos, al mando del Inspector General, Federico Manzano Govantes, con una orden en blanco para llevarse todos los presos que quisieran…
Una columna macabra de autobuses de la Sociedad Madrileña de Tranvías fue el medio de transporte. Los presos fueron sacados de la prisión atados codo con codo, y cuando la comitiva llegó al sitio elegido, campos de Torrejón de Ardoz y de Paracuellos del Jarama, todos fueron asesinados. Al día siguiente, la película se repitió punto por punto. Mucho tuvo que ver en esta actitud criminal del Director General de Seguridad, la diputado socialista, Margarita Nelken. En aquel momento, con el Ejército nacional cerca, el Gobierno decidió marcharse de Madrid, y se constituyó la Junta de Defensa, presidida por el general Miaja. Un miembro de esa Junta se denominaría Consejero de Orden Público, a cuya disposición pasaron todos los detenidos que lo estaban por sus ideas políticas y no por la comisión de crímenes o delitos de cualquier tipo… Esta Consejería de Orden Público fue encomendada a un hombre que luego sería y es más que famoso: Santiago Carrillo, de las JSU; a su lado, un Delegado de Orden Público, algo así como un Director General de Seguridad, si Carrillo era como un ministro de la Gobernación: Segundo Serrano Poncela, periodista, redactor de «Claridad», socialista…
No daré los hombres de los consejeros. A lo mejor, alguno anda todavía por ahí. Eso sí, diré que «todos ellos fueron de actuación muy destaсаda en distintas checas (de) Madrid». Naturalmente, creado el Consejo era necesario reunir a los consejeros y acordar una serie de normas de trabajo. La reunión clave fue el 10 de noviembre de 1936. ¿Qué acuerdos se tomaron con carácter de urgencia? Lo sabemos: «… las normas que había de seguir para seleccionar a los presos de Madrid que debían ser asesinados en masa». Si, en masa: ha leído usted bien. «A propuesta del presidente (Serrano Poncela), se estableció el siguiente turno: primero, militares con graduación superior a la de capitán; segundo, falangistas; y tercero, todos aquellos que hubieran tenido actividades políticas contrarias al Frente Popular». La cosa quedó clara, y unos comisarios especiales fueron de cárcel en cárcel interrogando a los detenidos y decidiendo sobre su suerte.
Para que todo fuese más macabro, sabemos que el Consejo designó un delegado suyo en cada cárcel. Su tarea consistía en llevar a la prisión la lista de los presos que iban a ser puestos en libertado trasladados a otras cárceles, pero en realidad, las instrucciones reservadas que llevaba le decían quiénes, cuándo y dónde debían ser asesinados. ¿Quiere usted saber quiénes fueron estos delegados? Lo sabe todo el mundo. Para Porlier, Andrés Urrésola, comunista; para las Ventas, Marasa Barasa, y para San Antón, Sainz de Pedro. Jefe superior de todos ellos, Alvarez Santiago, comunista. La decisión de asesinar a éste sí y a aquél no, se la reservó Serrano Poncela. A sus órdenes inmediatas, el Parque Móvil de la Dirección General de Seguridad, que facilitaría los vehículos necesarios, y el Inspector general de Milicias de Vigilancia de Retaguardia, para contar en cada momento con los piquetes de ejecución que fueren necesarios. Todo muy frío… Dice el informe: «El plan fue tan meditado, y preparado con tanta frialdad, que incluso se dispuso de antemano el lugar de ejecución y el de enterramiento de las víctimas».
Para colaborar no faltó gente. Los Comités rojos de San Fernando de Henares, Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz se ocuparían de buscar los hombres necesarios para abrir las fosas y proceder cada mañana al enterrar a los asesinados el día anterior. Estos mismos hombres y miles más leyeron en los periódicos madrileños del 14 de noviembre de 1936 una nota de la Junta de Defensa de Madrid, titulada «Saliendo al paso de una infamia». El texto afirma que <… ni los presos son víctimas de malos tratos, ni menos deben temer por su vida. Todos serán juzgados dentro de la legalidad de cada caso. La Junta de Defensa no ha de tomar ninguna otra medida, y no sólo no permitirá que nadie lo haga, sino que, en este aspecto, los que en ella intervienen y han intervenido lo ejecutarán dentro del orden de las normas establecidas». Simultáneamente, empezaron los asesinatos colectivos. Y no se crea que lo hacían a escondidas: «los acuerdos los tomaba el Consejo en pleno, y las órdenes para los asesinatos eran firmadas por el Delegado de Orden Público y entregadas al Responsable de la Cárcel respectiva». Cuando era preciso, se sacaban los presos hoy sin documentación oficial alguna, se les mataba, y dos o tres dias más tarde se llevaba la orden que ponía en situación reglamentaria el papeleo carcelario.
Para los amantes de la cultura, que están justamente horrorizados por el procesamiento o la muerte violenta, o el exilio y la cárcel, de escritores y poetas de primera línea, es prudente recordar aquí como mataron, a título de ejemplo, porque hay muchos en la lista, a un hombre como don Pedro Muñoz Seca. Estaba preso en la Cárcel de San Antón, y en la madrugada del 28 de noviembre de 1936 le sacaron para asesinarle los milicianos de turno, esta vez al mando del llamado «Dinamita», por verdadero nombre Gonzalo Montes Estéban-Sierra. No era una broma, ni una comedia, el espectáculo. Llegaban las Milicias de Vigilancia de Retaguardia, encargadas de los «рaseos», у dicho sea en honor de la verdad, con vocabulario poco escogido, a no ser que lo escogieran entre lo peorcito del idioma, registraban a los condenados para aquella madrugada, le quitaban lo que tenían, le ataban las manos a la espalda, les subían a los camiones, y ¡hala!, a ajusticiar a los enemigos del pueblo.
El traslado de presos al lugar de la ejecución estaba muy reglamentado. Todo había de hacerse con las máximas garantías. Por eso, y siguiendo instrucciones del Inspector general de las Milicias de Retaguardia, Federico Manzano Govantes. acompañaban a cada expedición un representante de la Dirección de Seguridad, algunos policías de esa Dirección, milicianos de la Cárcel de donde habían sido sacados los condenados a muerte, y no faltaban testigos voluntarios que representaban а los Ateneos Libertarios, a los Radios Comunistas… De manera, señor mío, que estos crímenes en masa no fueron cometidos por grupos de incontrolados, sino ordenados por quienes en aquel momento tenían poder bastante para mandarlo desde sus despachos oficiales. Entre noviembre y primera semana de diciembre de aquel trágico año de 1936, fueron asesinados así, sólo en Madrid, millares de presos, y tuvo que ser un anarquista, nombrado Director General de Prisioneros, quien parara aquel torrente de sangre. Otros millares de detenidos deben su vida a aquel mismo hombre, Melchor Rodríguez.
Y así podríamos contar centenares de asesinatos colectivos, probados hasta la saciedad, como aquella fosa de Torrejón de Ardoz de la que fueron extraídos en diciembre de 1939 nada menos que 414 cadáveres, o las de Paracuellos del Jarama, que sumaron varios millares; o el asesinato en Guadalajara de 290 presos, sacados de la cárcel con el benaplácito de Cañada, su Gobernador civil; y de acuerdo con el Gobernador también, los 173 presos ejecutados en 1937, una mañana, sin formación de causa alguna; y ya se sabe como el Consejero de Orden Público de la Junta de Defensa que presidía en Madrid el general Miaja, un tal Cazorla Maure, dio orden de liquidar a todos los presos por delitos políticos, que habían sido puestos en libertad por los tribunales, pero que a él les parecían enemigos peligrosos… Cazorla inventó algo diabólico, que probaba su capacidad de imaginación. Los presos libertados eran destinados a unidades militares determinadas, que estaban avisadas de antemano, y que conforme iban llegando aquellos hombres les iban asesinando, y aquí paz… No es un invento mío: «estos crímenes, públicamente conocidos, provocaron una ruidosa polémica entre el Partido Comunista, que apoyaba a Cazorla, y los anarquistas, que le combatían violentamente, de la que se hizo eco la Prensa madrileña».
