INTRODUCCIÓN
El estallido de la Guerra Civil española en julio de 1936 no solo puso a prueba la fortaleza interna de la Segunda República, sino que reveló de forma dramática su debilidad en el escenario internacional. A pesar de ser un régimen legítimo, surgido de las urnas, la República se encontró rápidamente aislada, sin el respaldo efectivo de las principales democracias europeas. Francia y Gran Bretaña optaron por una política de no intervención que, lejos de contener el conflicto, favoreció de hecho a los sublevados, mientras Italia y Alemania brindaban apoyo directo a la rebelión. Este aislamiento diplomático y militar marcó desde el primer momento el desarrollo de la guerra y condicionó decisivamente las posibilidades de supervivencia del régimen republicano.
Los italianos fueron los primeros en saber que faltaban muy pocas horas para el alzamiento. El 16 de julio uno de los militares implicados se lo anunció al cónsul general en Tánger, Pier Filippo de Rossi del Lion Nero, quien rápidamente transmitió la información a Roma. Los servicios de inteligencia británicos descifraron su mensaje, en el que aparecía Franco como jefe del pronunciamiento que iba a iniciar la Legión Extranjera en Tetuán[36].
Durante las primeras semanas después del alzamiento la República solicitó ayuda militar a las principales potencias internacionales. Su llamamiento apenas obtuvo respuesta. El 25 de julio, Francia, con el apoyo de Gran Bretaña, tomó la decisión de aplicar una política de no intervención en la guerra de España. Este acuerdo intergubernamental, con débil base en el derecho internacional de la época y totalmente al margen de la Sociedad de Naciones, evitaría irradiar la guerra española a costa del sacrificio del régimen republicano, aunque no evitaría tres años después el estallido de la guerra mundial.
El Pacto de No Intervención se explica por algunos autores en el contexto difícil de las relaciones internacionales y de debilidad de las potencias europeas[37]. Francia y Gran Bretaña seguían confiando en la posibilidad de evitar un gran enfrentamiento armado y de lograr un reacomodo de las pretensiones italianas y alemanas dentro del concierto europeo, siguiendo el modelo del Appeasement Policy (política de apaciguamiento) impuesto por la diplomacia británica. En la base de dicha política estaba la convicción de que ambas democracias no tenían fuerza ni recursos económicos suficientes para librar un posible conflicto internacional ante enemigos de la talla de Alemania, Italia y Japón. La Gran Depresión pasaba factura. Tampoco podían contar con la ayuda de Estados Unidos, replegados en una posición de aislacionismo absoluto, en gran parte también por las dramáticas consecuencias de la crisis económica.
Pero a la vista de la documentación diplomática británica también hay un componente interno en la actitud ante España. Ya en los meses previos a la guerra la embajada en Madrid mostraba continuamente su inquietud ante la situación política, social y económica española. Se sentía especialmente preocupada por el extremismo de Largo Caballero, por la extensión del comunismo, por la cuestión territorial en el País Vasco y Cataluña y por los intereses de las empresas británicas. Para colmo, el 4 de julio fue asesinado el empresario escocés Joseph Mitchell en Barcelona, lo que provocó reiteradas protestas de la diplomacia británica[38]. Cuando comenzó la guerra la situación en la zona republicana siguió inquietando a la embajada británica. El nuevo ejecutivo de Giral fue visto con temor: «El tono del Gobierno es ahora más radical», calificaba el embajador en despacho del 20 de julio al ministro de Exteriores británico[39]. El 31 de julio elevó por escrito su protesta oficial, que ya había transmitido verbalmente, ante el presidente catalán Companys por la intervención y confiscación de empresas británicas[40].
La República se encontró «sola ante el peligro». Y eso que todas las potencias democráticas veían al fascismo como el principal enemigo internacional; por lo menos sobre el papel. En realidad se demostró que temían mucho más, si cabe, a la Unión Soviética y al comunismo, que proponía a través de una ideología universal un sistema social alternativo[41]. También las potencias democráticas extranjeras mostraron «miedo a la revolución».
El 21 de julio, el gobierno español cursó una petición al ejecutivo británico para que los buques de la flota republicana pudieran repostar víveres y carburante en Gibraltar y en la ciudad internacional de Tánger. Parece ser que el propio Franco habría presionado al cónsul británico para que no accediera a la solicitud, bajo la amenaza de bombardear Tánger. La actitud inglesa pudo resultar determinante para abortar el incipiente traslado por vía marítima de las tropas coloniales. Londres no solo no respondió a ninguno de los llamamientos del ejecutivo español, sino que asumía a toda velocidad una actitud de neutralidad, «neutralidad benévola» según la terminología del profesor Moradiellos[42], que favorecía a los golpistas. Para él, ello se debía a la doble creencia de que la República carecía de capacidad para frenar los conatos revolucionarios y de que el régimen no convenía a los intereses británicos.
Ángel Viñas va más allá al analizar la influencia de Gran Bretaña en el alzamiento, calificando la postura británica de «hostilidad encubierta»[43], según se desprende del análisis de los documentos interceptados por los servicios de inteligencia junto con el de las estimaciones militares del Air Intelligence Service. Mantiene que el Reino Unido fue la potencia que más daño hizo a la República. El temor irracional a un posible triunfo comunista en España motivó el abandono británico al régimen democrático español, aun a sabiendas del apoyo de Italia y Alemania a los sublevados. El 30 de julio, el embajador británico en España, sir Henry Chilton, informaba a Londres de que en las regiones donde no había triunfado la rebelión el control «está en manos de los comunistas» y que se estaban reproduciendo «muy fielmente» las condiciones de la «revolución (rusa) de 1917»[44].
La postura de Francia estuvo ampliamente condicionada por la decisión británica. La primera medida de cara al exterior que adoptó el gobierno Giral fue la de pedir armas y material al gobierno amigo de Léon Blum. Hubo un primer momento de apoyo, con el suministro de material bélico en escasas cantidades, pero no llegó a consolidarse. Las autoridades galas, fuertemente divididas, tuvieron miedo a las protestas internas, al contagio del conflicto y, sobre todo, a los británicos, a los que no querían molestar. La postura oficial del país vecino constituyó para el gobierno español un varapalo tremendo, porque era su más firme aliado en las complicadas relaciones internacionales de la época, con el que además compartía frontera y línea ideológica. «Las primeras noticias del pacto de no intervención me dejaron estupefacto; sobre todo, su inmediata aplicación provisional por Francia», diría un Azaña desconsolado[45].
El abandono de las democracias, «la soledad de la República», en palabras de Viñas, provocó el viraje del gobierno español hacia la Unión Soviética, aunque esta tardaría unos meses en reaccionar. La noticia del alzamiento provocó cierta sorpresa en la URSS. Los dirigentes soviéticos no solo se mostraron vacilantes al recibirla, sino que reaccionaron con lentitud y de forma relativamente incoherente[46]. Los días posteriores al golpe los soviéticos jugaron a esperar a ver qué pasaba, permitiendo que los acontecimientos se desarrollaran plenamente antes de emprender ninguna acción decisiva. El 25 de julio, el presidente Giral pidió al embajador soviético en París que solicitara a su gobierno el suministro de armas y pertrechos militares de todas clases. El telegrama no obtuvo respuesta.
Apenas una semana después de que se declarara la guerra, el Kremlin distaba mucho de comprometerse a prestar una ayuda militar directa. Varios días después, el 29 de julio, el embajador británico en Moscú comunicaba que los soviéticos mostraban un interés grande por la guerra española, pero «sin comprometerse a nada». El 5 de agosto la URSS comunicó que suscribiría el pacto de no intervención si Portugal —que por entonces ayudaba claramente a los sublevados— también firmaba. El 23 de agosto los soviéticos proclamaron formalmente su adhesión al acuerdo. Diez días antes, el agregado militar francés en Moscú comunicaba que Stalin prefería evitar cualquier intervención por temor a provocar una reacción de Alemania e Italia. Pero alemanes e italianos no estaban quietos, como se podrá apreciar más adelante.
Dos meses después del alzamiento, las autoridades soviéticas decidieron ayudar con armas a la República española. Sin duda alguna resultaba demasiado tarde; aunque bien es cierto que la ayuda resultó decisiva para que el Ejército republicano aguantara en varios frentes estratégicos, sobre todo en Madrid.
CONCLUSIÓN
La llamada «soledad internacional de la República» no fue una simple circunstancia coyuntural, sino el resultado de una combinación de factores estructurales: el miedo de las democracias occidentales al comunismo, el temor a una revolución social en España, la debilidad económica y militar de Francia y Gran Bretaña, y la apuesta por una política de apaciguamiento frente a las potencias fascistas. La negativa a auxiliar de forma decidida al gobierno legítimo español contrastó con la intervención activa de Alemania e Italia en favor de los sublevados, desequilibrando el conflicto desde sus primeras semanas. La tardía ayuda soviética, aunque relevante en momentos clave como la defensa de Madrid, llegó cuando la correlación de fuerzas ya había sido alterada.
