INTRODUCCIÓN
En las horas decisivas de julio de 1936, el Gobierno de la República se enfrentó a una crisis sin precedentes: un golpe militar que no triunfó de inmediato, pero que desbordó la capacidad de respuesta del Estado. Frente a la vacilación inicial del ejecutivo y la dimisión de Casares Quiroga, las organizaciones obreras —UGT, CNT, PSOE y PCE— reaccionaron con rapidez, llamando a la movilización, a la huelga general y, finalmente, a la lucha armada. Este episodio marca el tránsito del fracaso del pronunciamiento militar a la conversión del conflicto en una guerra civil abierta, con el pueblo armado como protagonista y con profundas consecuencias políticas y sociales.
Parecía una paradoja, pero en julio de 1936 estaban los mismos protagonistas que en agosto de 1932. En este año Azaña era presidente del Consejo y ministro de la Guerra y Casares ministro de la Gobernación. Sanjurjo el líder de la sublevación. Las mismas caras pero en circunstancias muy distintas.
El Consejo de Ministros de la tarde del 18 de julio, reunido en el Ministerio de la Guerra a partir de las 16.30 horas, decidió el cese, entre otros, del general de división Francisco Franco Bahamonde en el mando de la Comandancia Militar de Canarias, y que quedara en suspenso en el cargo de inspector general de Carabineros y general de división Gonzalo Queipo de Llano. Además acordó la anulación del estado de guerra declarado en las plazas de Marruecos, Península, Baleares y Canarias, «relevando de la obediencia a esta disposición a las fuerzas militares de dichas plazas», licenciar las tropas y los cuadros de mando que se han colocado frente a la legalidad republicana y disolver «todas las unidades del Ejército que han tomado parte en el movimiento insurreccional», decía el decreto oficial.
Estas medidas no eran ya suficientes, y el nerviosismo empezó a cundir en todas las esferas del poder político y sindical.
A diferencia de la pasividad mostrada por los partidos y organizaciones sindicales de izquierda ante el golpe de Primo de Rivera en 1923, en julio de 1936 se produjo una movilización obrera rápida, aunque desigual desde el punto de vista territorial. Las organizaciones políticas y sindicales republicanas ya eran conscientes de que iba a ser necesario algo más que comunicados que apelaran a la unidad de la patria y a la legalidad del régimen y del gobierno del Frente Popular. Los comités nacionales del Partido Socialista y del Partido Comunista lanzaron a la opinión pública en general, con la autorización del gobierno, una nota en la que le mostraban su lealtad y su disposición a luchar en todos los frentes, incluso en el de batalla:
Los momentos son difíciles, pero de ningún modo apurados. El Gobierno tiene la seguridad de contar con recursos suficientes para acogotar el intento criminal a que han osado los enemigos del régimen y de la clase trabajadora.
Ahora bien; para el caso de que los recursos no sean suficientes, la República dispone de la promesa solemne del Frente Popular que encuadra bajo su disciplina a todo el proletariado español, resuelto serena y apasionadamente a intervenir en la contienda entablada tan pronto como su intervención se juzgue decisiva. Estamos deseando demostrar que nuestro ofrecimiento al Gobierno es algo de valor más decisivo y sincero que una promesa protocolaria de los días tranquilos. El Gobierno manda y el Frente Popular obedece. Para que esta obediencia alcance a tomar toda la efectividad necesaria, es indispensable que la clase trabajadora se prepare desde ahora mismo, sin pérdida de tiempo, para todas las contingencias de una lucha en la calle. No habrá después de estas más palabras de aviso. Cada militante obrero debe concentrarse en el local de la organización más inmediata y quedar a la espera de la orden de actuar, que le será dada tan pronto como esa consigna sea necesaria. Nadie pida palabras inútiles ni por su parte haga gestos innecesarios. La lucha puede ser a muerte, y hay que acumular la energía de todos para lanzarse como un alud sobre el adversario. El Frente Popular necesita revalidar con las armas la victoria que alcanzó en las urnas[23].
Demasiado tarde. ¡Qué bien le hubiera venido al ejecutivo ese espíritu colaboracionista unos meses antes! La UGT, mientras, declaraba la huelga general en todas las localidades en las que se hubiera declarado el estado de guerra por parte de los facciosos, según su propia terminología. La CNT prevenía a sus afiliados para que estuvieran atentos al primer aviso, aunque días después publicaba su postura oficial por medio de una nota:
El Congreso reunido en representación de los trabajadores de la Península, se dirige a todos ellos recomendándoles que de una manera eficaz y absoluta cumplan con el deber que tienen de coadyuvar con todas sus fuerzas y por todos los medios a la defensa de la libertad que elementos infames al servicio de la plutocracia y del militarismo fascista quieren destruir.
Al defender nuestra libertad evitamos que nuestros hijos caigan en la más abyecta esclavitud y no hacemos más que zanjar un pleito en el que nos lo jugamos todo. No hay sacrificio, incluso el de la vida, que no deba emplearse en este momento en bien del pueblo español. No se deben regatear cuantos esfuerzos sean necesarios ni poner obstáculo alguno hasta nuestro completo triunfo, que no tardará en llegar[24].
Para la CNT, la respuesta popular a la sublevación militar era «el pronunciamiento de la libertad», según destacaba en nota del Comité Nacional dirigida a todos los combatientes antifascistas, a los que pedía unidad para vencer al fascismo en un momento único e importantísimo de la historia de la humanidad:
En defensa de nuestras libertades nos hemos erguido con las armas en la mano en todas partes. Ha sido el nuestro el pronunciamiento de la libertad. A este se han sumado todos los hombres que, sin estar encuadrados dentro de nuestra ideología, aman con la misma intensidad que nosotros los principios de humanidad y justicia. Y el mundo entero ha contemplado con asombro, como a un movimiento militar de caracteres vastísimos, las clases populares han respondido unánimemente.
La Historia, rica en enseñanzas de esta índole, no nos ofrece hechos análogos al que hoy vive la España productora. Ha habido epopeyas populares que asombraron a la Humanidad, mas ninguna guarda similitud con la que hoy se desarrolla en el suelo ibérico. Cuando fría y concienzudamente los hechos se trasladen al horario de la Historia, el mundo, repetimos, quedará asombrado del valor y la decisión del proletariado español[25].
En cuestión de horas, además, lanzaban un comunicado dirigido «A todo el pueblo Español»:
En esta hora de júbilo popular la CNT declara mostrarse orgullosa del acto realizado. Repetidas veces habíamos dicho que si el fascio asomaba su cabeza la aplastaríamos inexorablemente. Y ahí está la prueba; el pueblo español poseído de un ardor combativo que desearíamos fuera compartido por todo el proletariado mundial, ha derrotado a los que desde hace mucho tiempo venían, desde las sombras, fraguando el complot.
Por la libertad y la justicia la CNT ha luchado y luchará, hasta gastar si es preciso, el último hombre así como también el último cartucho.
¡Viva la Alianza revolucionaria de todos los combatientes contra el fascio!
¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo![26]
El Comité Nacional de la CNT nada más tener conocimiento del golpe militar envió un delegado a cada Regional. Días después comunicó a todas las regionales la necesidad urgente de enviar un delegado a Madrid. El día 20 el secretario del Comité Nacional de la CNT, David Antona, habló por los micrófonos de Unión Radio advirtiendo de la gravedad del momento, haciendo un llamamiento hacia la lucha: «Había que ir al total exterminio de aquellos que sólo pensando en exterminarnos se habían levantado en armas»[27].
Llamamiento del gobierno
Trabajadores: como un solo hombre, en defensa del Frente Popular y de la revolución democrática. Movilizaos inmediatamente y, bajo la disciplina de vuestras organizaciones, marchad, con paso firme, a reforzar los elementos de que el Gobierno dispone para aplastar a los criminales que se han alzado en armas contra el régimen. Contra el fascismo, camaradas. ¡Victoria o muerte!
¡En pie: al combate!
Fuente: Claridad, 18 de julio de 1936, p. 12.
Pero fue la joven e impulsiva diputada comunista Dolores Ibárruri, «La Pasionaria», la que encendió los ánimos a buena parte de los trabajadores, pegados a los aparatos de radio ansiosos de noticias. A las diez y media de la noche del 18 de julio dirigió a través de la radio una acalorada alocución, que tuvo una gran repercusión social: «¡Todos en pie dispuestos a defender la República, las libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo!», decía al comienzo[28]. Llamaba a la lucha, al grito de combate «¡El fascismo no pasará!», «no pasarán los verdugos de octubre».
El entusiasmo popular comenzó a desbordarse. Ya no había marcha atrás. El pueblo quería armas. El golpe de Estado había fracasado, pero este fracaso iba dando paso día a día, minuto a minuto, a una guerra civil.
El gobierno dirigido por Santiago Casares Quiroga presentó su dimisión al presidente Azaña en la noche del día 18. Parecía el resultado lógico a la vista de su fracaso en prever y controlar la situación y, sobre todo, ante su negativa a entregar armas al pueblo, a dar paso a la revolución. Pensaba que, si lo hacía, entregaba el poder a las organizaciones obreras, con lo que sumaría a la sublevación a muchos indecisos, sobre todo militares.
Tras la dimisión de Casares, tampoco Azaña quería entregar armas a las milicias populares, convencido de que no tardarían en suplantar al gobierno. Trató de buscar una solución de compromiso, llamando a Miguel Maura, moderado y católico, pero este se negó. La misma noche dramática, del 18 al 19 de julio, tanteó Azaña otra salida, que pasaba por Martínez Barrio, político sevillano, centrista y negociador, gran oriente de la masonería y, por ello, con buenas conexiones políticas y militares.
A las cuatro de la madrugada se hizo pública la constitución del nuevo gobierno presidido por Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y jefe de Unión Republicana, con la exclusión de Casares Quiroga, aunque en la práctica apenas llegó a tomar posesión por las discrepancias surgidas en el seno del Frente Popular. Lo formaban miembros de Izquierda Republicana, Unión Republicana y Partido Nacional Republicano. Los socialistas se negaron a entrar.
Martínez Barrio intentó negociar la paz. Se puso en comunicación telefónica con el general Mola y le propuso la titularidad del Ministerio de Guerra y el de Gobernación para otro militar que él designara. La suerte estaba echada y no podía retroceder; así se lo comunicó Mola. «Es tarde, muy tarde…», le contestó el general.
Socialistas, anarquistas y comunistas convocaron para la misma mañana del domingo 19 una manifestación por las calles de Madrid en protesta por la negociación. «¡Abajo el gobierno!» y «¡Armas para el pueblo!» fueron algunas de las consignas de los manifestantes, que aturdieron al nuevo ejecutivo. A ellas se sumaron las calificaciones de traidor de algunos correligionarios de Azaña. «Tampoco las organizaciones obreras podían ni querían retroceder. En cuanto se propaló que Martínez Barrio intentaba incluir en el gobierno a Felipe Sánchez Román, ilustre jurista cuyo partido no se integró en el Frente Popular, y que realizaba gestiones cerca de jefes militares, comenzaron a agitarse socialistas, anarcosindicalistas y comunistas, sin faltar republicanos disconformes; todos ellos protestaron pública y tumultuosamente en manifestaciones amenazadoras que recorrieron las calles más céntricas de Madrid»[29].
Largo Caballero presionaba para impedir las negociaciones con los militares rebeldes; en su lugar, el dirigente sindical proponía un gobierno republicano que entregara armas a los sindicatos para vencer la rebelión, algo a lo que se habían negado tanto Casares como Martínez Barrio.
El nuevo presidente del Consejo de Ministros tardó poco más de seis horas en presentar su dimisión. El fracaso de las negociaciones y la protesta obrera y popular hacían inviable su proyecto. Ni en estos dramáticos momentos se ponían de acuerdo las fuerzas del Frente Popular.
Azaña convocó a los principales dirigentes de los partidos políticos con el objeto de resolver la crisis. Largo Caballero rechazó una vez más la participación socialista, aunque ofreció la colaboración con un gobierno de los partidos republicanos si procedía a entregar armas a los sindicatos. Azaña aceptó. No veía otra solución, aunque la adoptada era la más temida por él porque se abrían las puertas a la revolución. «Mientras mantengamos contra los rebeldes la República legal —escribiría años después—, todos los yerros estarían de su parte. Si nos empeñásemos en mantener contra ellos y hacerles acatar ahora una revolución, su culpa original subsistiría, agravada por el estallido revolucionario que han provocado, pero tendrían derecho a desconocerla y no servirla»[30].
El mismo domingo 19, Azaña encargó la formación del nuevo gobierno a José Giral Pereira, catedrático universitario del mismo partido que él. Según la información divulgada por el propio Ministerio de Gobernación, se trataba de un mero retoque, al ser sustituidos solamente el presidente dimisionario y el ministro de Gobernación Juan Molés. Confesaba el fracaso político al no haber sido posible una remodelación más amplia, con un gobierno donde estuvieran representadas todas las fuerzas políticas y sindicales de izquierdas, verdadera «solución de concordia que permitiese el rápido acabamiento del grave conflicto planteado por quienes se rebelan contra el régimen republicano»[31].
El nuevo Consejo de Ministros estaba formado por ministros de Izquierda Republicana y Unión Republicana, más dos militares. Los socialistas no quisieron participar, aunque sí lo apoyaron explícitamente. Las diferencias entre los partidos y organizaciones republicanas fue un rasgo característico no solo de estos momentos trágicos, sino de toda la guerra. La propuesta de revolución social planteada por algunas organizaciones en estas primeras horas asustaba a muchos, especialmente al republicanismo burgués, que ya había decidido ceder a dar armas al pueblo, cuestión sobre la que se había mostrado inflexible Casares Quiroga.
La lucha política fue feroz entre los republicanos hasta el mismo final del conflicto bélico, en marzo de 1939, llegando en varias ocasiones a convertirse en una declarada lucha armada[32].
El gabinete Giral tomó la decisión más esperada por las organizaciones obreras: la entrega de armas a las organizaciones políticas y sindicales que disponían de masas para hacerse cargo de ellas. «Debido gravedad situación presente procederá V. E. a armar pueblo»[33], era la orden recibida en los gobiernos civiles de todas las provincias. También fue la decisión más importante de estas primeras horas, más que las remodelaciones ministeriales y los comunicados, porque significaba el comienzo de la guerra, con dos bandos armados, y en el territorio republicano, además, de la revolución.
La sublevación no había triunfado, pero el gobierno tampoco la había logrado reducir. Una vez armadas las organizaciones obreras, todos los grupos políticos y sindicales afirmaron que era el pueblo el que se batía contra el enemigo. Las organizaciones obreras se arrogaron su representación, actuando «en el nombre del pueblo», como bien ha significado el profesor Cruz[34].
A las nueve de la mañana del lunes 20 de julio, el nuevo jefe del gobierno, José Giral, se dirigió por radio al pueblo español. Su mensaje esperaba tranquilizar a los republicanos, dando sensación de dominar la situación después de muchas horas de silencio oficial:
Españoles: sin jactancia alguna, con toda sencillez, pero también con entera serenidad, el Gobierno de la República cumple con su deber y está en su puesto; porque lo está desde el primer momento de su constitución en la mañana de ayer, y atento a sus deberes más urgentes, no ha tenido tiempo hasta ahora ninguno de sus ministros de ponerse en contacto directo con la opinión, aunque ha procurado siempre tenerla al corriente de cuantos sucesos ocurren por medio de informaciones radiadas oportunamente y que han sido fiel reflejo de la verdad.
Ahora, cuando la situación ya mejora notablemente y estamos un poco aliviados de muchas preocupaciones, quiero que estas palabras mías sean para deciros a todos los españoles que los enemigos de la República no pasarán. Frente a ellos está el Gobierno, asistido por la razón y la ley, con todas las fuerzas del Estado y con el apoyo firme del pueblo español.
Una criminal maniobra que ha prendido en una minoría de los militares y que España contempla con enorme estupor, indignación y asombro —asombro, indignación y estupor que aumentan al ver que no ha dudado siquiera en intentar, aunque sea con fracaso, la invasión del solar de la patria por soldados moros y mercenarios— nos ha traído en estas horas perturbación y dolor; pero no consiguieron ni conseguirán vencer la firmeza del Gobierno ni el entusiasmo republicano del pueblo español, ni tampoco detener la marcha de la República por los caminos de la justicia y el progreso.
Españoles: confiad en el Gobierno. El Gobierno también confía en el pueblo y agradece calurosamente el concurso eficaz de las fuerzas leales del Ejército, Marina y Aviación, Guardia Civil, Seguridad y Asalto, así como el de las entusiastas milicias populares, a todas las cuales felicita por su abnegado comportamiento[35].
No solo los discursos y las notas oficiales querían dar sensación de normalidad y control de la situación. La prensa, además, recogía anuncios publicitarios que hacían prever el pronto final del conflicto: «40 plazas de Agentes de Juzgados», «Oposiciones a Jurídico Militar», «Delegados de Trabajo, Inspectores y Auxiliares: inmediatas convocatorias para dichos Cuerpos»… Todo era un espejismo, porque la guerra ya estaba en marcha.
CONCLUSIÓN
La respuesta del Gobierno republicano y de las organizaciones obreras ante la sublevación de julio de 1936 revela la profundidad de la crisis del Estado y la fractura política que atravesaba la España del Frente Popular. La incapacidad inicial para frenar el golpe por vías institucionales, unida a la presión popular para armar al pueblo, condujo a una decisión irreversible: la militarización del conflicto y el inicio de la guerra civil. Desde ese momento, el poder dejó de residir exclusivamente en las instituciones republicanas y pasó a compartirse, de facto, con las organizaciones obreras armadas, abriendo una dinámica revolucionaria que marcaría el desarrollo del conflicto y condicionaría el futuro político de la España republicana.
