“Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario de octubre de 1934. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo…”
-Indalecio Prieto-
En 1934, la II República española llevaba ya cuatro años de vida. Proclamada el 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales ganadas por las fuerzas republicanas en las principales ciudades, pero no así en el resto del país, nada había sido como sus promotores habían supuesto. Desde el principio, su absurdo revanchismo histórico y su ceguera ideológica provocaron que lo que había nacido con una indeterminada ilusión, tan ingenua como casi infantil, chocase con la realidad contingente, y pronto desde las quemas de iglesias hasta las incendiarias manifestaciones izquierdistas, hicieron que el apoyo popular se fuera volviendo cada vez más tibio.
Ya el mismo día 14 en que se proclamó la Segunda República, los enfervorizados partidarios del nuevo régimen se afanaron en derribar las estatuas de la Monarquía que poblaban Madrid. Cayeron la de Felipe III en la Plaza Mayor y la de Isabel II en la de Ópera, y se intentó también, infructuosamente, tirar la gigantesca efigie ecuestre de Alfonso XIII frente al estanque del Retiro. La de Isabel II fue sustituida por un busto de la Libertad, al que acompañó enseguida una fotografía de los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández, los militares que habían encabezado el fallido golpe de estado contra la monarquía mediante la sublevación de Jaca y que habían sido fusilados tras juicio sumarísimo cuatro meses antes. Ambos convertidos en la mano armada del comité revolucionario creado por las fuerzas antimonárquicas adheridas al Pacto de San Sebastián, compuesto por las fuerzas políticas republicanas que habían decidido derribar violentamente el secular régimen monárquico.
Tiempo después a los cadáveres de estos dos militares sublevados, transfigurados en protomártires republicanos, el nuevo régimen decidió instalarlos en un mausoleo en el centro de Madrid, bajo la Puerta de Alcalá, para glorificar su memoria, demostrando la bondad de cualquier revuelta violenta contra el orden constitucional si está santificada por los benefactores designios de la corrección política. Desde el día 7 de septiembre, el arquitecto municipal, Bernardo Giner de los Ríos, acometió con celeridad los trabajos de preparación de las sepulturas, la fabricación e inscripción de las lápidas y la construcción de la cripta bajo el arco central del monumento donde iban a ser sepultados Galán y García Hernández. En pocos días, las tumbas ya estaban a cielo abierto bajo los arcos de la Puerta de Alcalá, para convertir la histórica construcción representativa de la monarquía de Carlos III, en un templo laico dedicado a la memoria de la verdad republicana. Lamentablemente para la liturgia de la República, las circunstancias históricas impidieron su conclusión y la creación del grandioso panteón de golpistas ilustres.
Así pues, tras el primer bienio izquierdista (1931-1933), la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña, tuvo que abandonar el poder presionada por la crisis económica que se agudizaba en las ciudades, el aumento general del paro y los sucesos de enfrentamiento en el campo con los campesinos azuzados por la CNT.
Los acontecimientos que provocaron las matanzas de Casas Viejas, Castilblanco y Arnedo,
Los hechos tuvieron lugar entre el 10 y el 12 de enero de 1933 en la pequeña localidad de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz. Provocaron una enorme crisis política en el primer bienio de la República y fueron el inicio de la pérdida de apoyos políticos y sociales que conduciría meses después a la caída del Gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña. En la madrugada del 11 de enero, un grupo de campesinos afiliados a la CNT iniciaron una insurrección en Casas Viejas proclamando el comunismo libertario. Por la mañana rodearon, armados con escopetas, el cuartel de la Guardia Civil, donde se encontraban tres guardias y un sargento. Se produjo un intercambio de disparos y el sargento y un guardia resultaron muertos. En una refriega al día siguiente murió un guardia de asalto. La represión posterior por parte de la Guardia Civil se llevó por delante a diecinueve hombres, dos mujeres y un niño.
En Castilblanco, Badajoz, el 31 de diciembre, fueron linchados, con gran ensañamiento, cuatro guardias civiles tras un enfrentamiento con jornaleros. En Arnedo, Logroño, cinco días después, en otro encontronazo durante una huelga, la Guardia Civil mató a once personas.
así como el levantamiento de los anarquistas en varias partes de España, que se rebelaron con el objetivo de instaurar el comunismo libertario, incendiando varios ayuntamientos de provincias con un resultado de 37 muertos y 300 heridos en tres días, El Sol, 11 de enero de 1933. dejaron herida de muerte la coalición republicano-socialista. De tal forma que el 9 de octubre de 1933 el presidente de la República disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones.
El 19 de noviembre de 1933 se celebraron las elecciones generales en las que las derechas de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), liderada por José María Gil-Robles, se convirtió en la primera fuerza parlamentaria con 161 diputados.
En segunda posición quedaron los radicales de Alejandro Lerroux (partido de centro), con 138.
Y los socialistas resultaron seriamente menoscabados por la voluntad electoral consiguiendo solo 63 diputados. La izquierda republicana se quedó con 13, los nacionalistas vascos y catalanes con 37 en total, y los monárquicos con 36.
Fueron las primeras elecciones en la historia de España en las que pudieron votar las mujeres, en contra del criterio de los socialistas.
Aunque excede el ámbito de este libro, no puedo dejar de mencionar la significativa polémica desarrollada en torno a la aprobación de este sufragio femenino, entre dos de las tres únicas mujeres presentes en el parlamento español durante el primer bienio republicano, Victoria Kent Siano y Clara Campoamor Rodríguez. La primera, perteneciente a la izquierda socialista, directora general de Prisiones, y la segunda al Partido Radical de Lerroux.
Un interesante debate en el que los argumentos de Victoria Kent, partidaria de no conceder el derecho al sufragio de las mujeres en las cercanas elecciones, representan el cinismo inveterado de la izquierda, atribuyéndose la representación de la legitimidad moral en la política. Basaba su argumentación en que la mujer española carecía en aquel momento de la suficiente preparación social y política y que, debido a la influencia de la Iglesia, su voto sería conservador, beneficiaría a la derecha católica y, por tanto, perjudicaría a la República. Era, por tanto, necesario adoctrinarla primero. Sus palabras no tienen desperdicio:
“En este momento es preciso que las personas que sienten el fervor republicano, el fervor democrático y liberal republicano, nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto femenino… Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo la capacidad de la mujer; no, Sres. Diputados, no es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad para la República… Es por esto por lo que claramente me levanto a decir a la Cámara: o la condicionalidad del voto o su aplazamiento; creo que su aplazamiento sería más beneficioso, porque lo juzgo más justo, como asimismo que, después de unos años de estar con la República, de convivir con la República, de luchar por la República y de apreciar los beneficios de la República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Por hoy, Sres. Diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer”. Diario de Sesiones. Serie histórica. app.congreso.es. El subrayado es mío.
Es decir, el voto solo siempre y cuando sirva a los intereses de la izquierda, o cuando la persona esté convenientemente aleccionada para votarla. De lo contrario, es mejor aplazarlo o eliminarlo definitivamente hasta que se haga la luz en las tinieblas de su mente. El mismo argumento podría aplicarse a las propias elecciones o a cualquier otra acción política. En esa idea han persistido desde entonces.
Pero siguiendo con las referidas elecciones, la CNT desplegó una furibunda campaña a favor de la abstención, con insultos incluidos al “animal elector” y a derecha e izquierda: “Buitres, rojo y amarillo, y buitres tricolores. Todos buitres. Todos, aves de rapiña. Todos, canalla inmunda que el pueblo productor barrerá con la escoba de la revolución”. Su alternativa era la insurrección para instaurar el comunismo libertario si ganaban las elecciones “las tendencias fascistas”. Casanova, Julián (2007). República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. pp. 107-108.
En cualquier caso, la victoria de la derecha fue aplastante… pero la consigna era que la CEDA no podía entrar en el Gobierno, aunque hubiese ganado las elecciones. ¿Le suena eso al lector, en relación con nuestros días?
Y por tanto aquí comienza, una vez más, la manifestación del puro carácter izquierdista de los sans-culottes revolucionarios, dispuestos a no aceptar ningún resultado emanado de las urnas si este no les favorece. Casi un principio axiomático que se manifestará de forma constante en el futuro llegando hasta nuestros días.
La primera muestra de semejante actitud vino de los principales dirigentes de los republicanos de izquierda, encabezados por Manuel Azaña, nada más conocerse los resultados electorales, que presionaron al presidente de la República, Alcalá-Zamora, para que convocase nuevas elecciones antes de que se constituyeran las Cortes recién elegidas. Casanova, Julián. 2007. República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. Pág. 114. Los socialistas del PSOE y UGT fueron aún más lejos y acordaron que desencadenarían una insurrección si la CEDA entraba en el Gobierno. Juliá, Santos. 1999. Un siglo de España. Política y sociedad. Madrid: Marcial Pons. ISBN 84-9537903-1. Pág. 101. Sin embargo, la sesión de apertura de las nuevas Cortes se celebró con normalidad el 8 de diciembre de 1933, presidida por Alcalá Zamora.
Por su parte, los anarquistas desencadenaron el 8 de diciembre, solo un mes más tarde de la formación del nuevo parlamento, una nueva rebelión. Se trató de una revolución, golpe de estado o como quiera llamarse, que tuvo por epicentro la ciudad de Zaragoza, extendiéndose por numerosas localidades de Aragón, La Rioja y puntos aislados de Extremadura, Andalucía, Cataluña y la cuenca minera de León, donde se proclamó el comunismo libertario. Siguiendo en todos ellos un esquema similar: intento de apoderarse del cuartel de la Guardia Civil, detención de las autoridades y de las personas “pudientes”, quema de los archivos de la propiedad y de documentos oficiales, y abastecimiento de productos “de acuerdo con las normas del comunismo libertario”. Casanova, Julián. 2007. República y Guerra Civil. Vol. 8 de la Historia de España, dirigida por Josep Fontana y Ramón Villares. pp. 116-117.
Durante la insurrección se registraron violentos choques con la fuerza pública, descarrilamientos de trenes, voladuras, destrucción de archivos, incendio de iglesias, sabotajes de vías férreas y puentes, así como de líneas telegráficas y telefónicas, junto a numerosos tiroteos y escaramuzas. Diecinueve muertos se produjeron a causa del descarrilamiento del rápido Barcelona-Sevilla, en Puzol (Valencia). Thomas, Hugh (2011) [1976]. La Guerra Civil española. Edición de bolsillo. Barcelona: Grijalbo. p. 149. ISBN 978-84-9908-087-1.
El balance final de los siete días de la insurrección anarquista de diciembre de 1933 fue de 75 muertos y 101 heridos, entre los insurrectos, y 11 guardias civiles y 3 guardias de asalto muertos.
Esta actitud de la izquierda, dispuesta a no aceptar un resultado electoral desfavorable, la podemos comprobar de forma explícita en nuestros tiempos…
El 2 de diciembre de 2018, nada más conocerse los resultados de las elecciones andaluzas, en las que el partido VOX había alcanzado unos buenos resultados, logrando casi el 11% de los votos y 12 escaños en el parlamento andaluz, y como consecuencia, por primera vez en 40 años, las izquierdas iban a ser desalojadas del poder en Andalucía, el máximo dirigente de Podemos, Pablo Manuel Iglesias Turrión, se presentó ante las cámaras de los medios de comunicación que cubrían la noche electoral, serio y cariacontecido rodeado por la no menos desconsolada cara del dirigente de Izquierda Unida Alberto Garzón Espinosa, para “decretar” con voz grave y pretenciosa, lo que él mismo denominó textualmente: Una “alerta antifascista”, sea lo que sea que signifique eso. Europa Press, lo recogió con exactitud:
“Pablo Iglesias decreta «alerta antifascista» y llama a la movilización contra los «postfranquistas» de Vox.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha llamado este domingo a los antifascistas a que se pongan en “alerta” ante la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas, y se movilicen para frenar a una fuerza de “extrema derecha, postfranquista sin complejos, neoliberal y machista”, porque la justicia social y la democracia española están “en riesgo”.
https://www.europapress.es/nacional/noticia-pablo-iglesias-decreta-alerta-antifascista-llama-movilizacion-contra-postfranquistas-vox-20181202233123.html
Es evidente que el personaje intentaba diluir su responsabilidad en los malos resultados obtenidos por la coalición de izquierda que dirigía, ocultándose con la tinta de calamar de una maniobra de dispersión mediática, pero efectivamente aún en esa tesitura, se veía asomar la patita del sectarismo guerracivilista y violento de la izquierda de siempre.
Pero volvamos a la España de 1934, y al segundo bienio republicano que, lógicamente tras el resultado electoral, se preveía con un Gobierno conservador.
Muy pronto la izquierda comenzó a conspirar, en la línea que 82 años después el líder de Podemos manifestaría con su alarma antifascista. Es decir, el PSOE y los demás partidos de izquierda, no estaban dispuestos a admitir que la derecha y su concepción ideológica se hiciesen con el control del poder, como correspondía a la supuesta voluntad popular reflejada en el resultado de las elecciones recién celebradas.
Entonces comenzó la preparación del golpe de estado que debería llevar en volandas al PSOE al poder de la República, como si por voluntad divina este debiera corresponderle, al margen de cualquier decisión democrática.
Excuso referir al lector las peculiaridades de los acontecimientos políticos que desencadenaron los hechos. En última instancia se trata de maniobras que están perfectamente analizadas por numerosos historiadores. No es el objeto de este libro, y desde luego no justifican en absoluto lo que ocurrió, qué fue ni más ni menos la organización por parte del PSOE de una rebelión contra el Gobierno republicano legalmente constituido.
Los historiadores hablan de “radicalización” del PSOE, de abandono de la “vía parlamentaria” o de “revolución social”, podridos eufemismos para denominar exculpatoriamente la intolerancia izquierdista cuya manifestación violenta comenzó con la llamada Rebelión de 1934 contra la República Española, alcanzando su paroxismo criminal dos años después durante la Guerra Civil.
Baste decir que la comunicación oficial, el 4 de octubre, de la composición del nuevo Gobierno de Alejandro Lerroux con tres ministros de la CEDA, el regionalista navarro Rafael Aizpún, para la cartera de Justicia; el sevillano Manuel Giménez Fernández que se había declarado expresamente republicano y que defendía la puesta en marcha de la reforma agraria, para la de Agricultura; y el antiguo catalanista José Anguera de Sojo, en Trabajo, puso en marcha la expresa amenaza del PSOE de dar comienzo a la rebelión.
Una rebelión, un golpe de estado, anunciado como una “huelga general revolucionaria” que durante el mes de septiembre había sido insinuada por el órgano de expresión del PSOE, el periódico El Socialista, que anunciaba el 25 de septiembre: “Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía; bendita la guerra”, y que solo dos días después remachaba en su editorial: “El mes próximo puede ser nuestro octubre. Nos aguardan días de prueba, jornadas duras. La responsabilidad del proletariado español y sus cabezas directoras es enorme. Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado”.
Su comienzo tuvo lugar el día 5 de octubre de 1934 en toda España y fue seguida prácticamente en casi todas las ciudades incluyendo Madrid. Pero la insurrección armada quedó reducida, salvo en Asturias, a tiroteos, enfrentamientos con las fuerzas de orden público, asaltos a instituciones, algunos asesinatos de empresarios y quema de iglesias, pero ninguna población importante quedó en poder de los revolucionarios.
En Madrid, los focos subversivos fueron dominados rápidamente por las Fuerzas de Seguridad y el Ejército, aunque las escaramuzas y disparos de francotiradores desde azoteas, portales u otros parapetos, se prolongaron hasta el día nueve.
En cambio, en la cornisa cantábrica, los brotes revolucionarios alcanzaron niveles de máximo dramatismo. Así ocurrió en Guipúzcoa, con dos puntos destacados: Eibar y Mondragón. En el primero, los socialistas se hicieron dueños de la población, asaltaron las fábricas de armas y mataron en plena calle al presidente del Círculo Tradicionalista, Carlos Larrañaga. Los duros enfrentamientos con las fuerzas del orden ocasionaron un guardia de asalto y nueve insurrectos muertos, aparte de numerosos heridos. En Mondragón, los huelguistas asesinaron al exdiputado tradicionalista y gerente de la Unión Cerrajera, Marcelino Oreja Elósegui; también asesinaron al consejero de la misma empresa, Dagoberto Resusta. Asimismo, Bilbao, y en especial su zona industrial y minera, sufrió los efectos revolucionarios, pero las fuerzas del Gobierno lograron imponerse pronto y sofocar la situación. Sólo en la parte minera los sediciosos ofrecieron mayor resistencia, pero el día 12 quedaba toda Vizcaya bajo control.
En las localidades industriales santanderinas de Torrelavega y Reinosa hubo víctimas, sin embargo, la revuelta fue rápidamente reducida. De igual modo se registraron enfrentamientos violentos en los cotos mineros de Guardo y Barruelo, provincia de Palencia; en esta última localidad fue asesinado el hermano Bernardo, director de las Escuelas Cristianas, y el teniente coronel de la Guardia Civil, Ángel Sáez de Esquerra, cuando intentaba parlamentar con los revoltosos, aparte de incendiar la iglesia parroquial y el ayuntamiento. Otro punto caliente se localizó en las minas de Sabero (León), donde se organizó un simulacro de “Ejército Rojo” bajo el mando del maestro de escuela Santiago Riesgo, alias Pelines; se incendió la iglesia y el ayuntamiento, y cayó asesinado el industrial Ricardo Tascón con un cartucho de dinamita que le ataron a la cintura. Miguel Ángel Olmedo y Luz Trujillo 1934: Conspiración, alzamiento y guerra (II).
http://xn--historiadeespaa-crb.net/1934-conspiracion-alzamiento-y-guerra-ii/
En Cataluña, el 6 de octubre sobre las ocho de la tarde, el presidente de la Generalidad Lluís Companys, asomado al balcón en la Plaza de San Jaime, proclamó “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española” (como sabemos por experiencia propia, los nacionalistas catalanes son tan expertos en eufemismos como en hacer pompas de jabón que solo duran unos segundos) justificándolo como una medida contra “las fuerzas monárquicas y fascistas (…) que habían asaltado el poder”. Al día siguiente, creando la efímera tradición de sus proclamas independentistas, la rebelión fue rápidamente dominada mediante la intervención del ejército encabezado por el general Domingo Batet. Un estado catalán de menos de 24 horas en 1934, una ópera bufa tan grotesca como ridícula en sus detalles Pero que, a pesar de sus limitadas proporciones y su rápido sofocamiento, produjo sólo en Barcelona capital 46 muertos y 117 heridos, de ellos 18 muertos y 75 heridos pertenecientes a la fuerza pública. En el aspecto material las pérdidas fueron muy elevadas, entre otras razones porque la huelga afectó a 400.000 trabajadores que pararon del 5 al 9 de octubre, además del daño producido a los transportes públicos y a las infraestructuras viarias, que sería superado en brevedad por la proclamación de una fantasmagórica república catalana de unos pocos segundos de duración en 2017. Todo un récord mundial.
Pero en Asturias, a diferencia del resto de España, se produjo un auténtico estallido de revolución social: el “Octubre Rojo”. Las razones hay que buscarlas en que allí la CNT sí se sumó a la Alianza Obrera propuesta por el PSOE, a la que más tarde se incorporó el Partido Comunista, y en que la insurrección fue preparada minuciosamente, con convocatorias de huelgas generales previas, y sobre todo con el aprovisionamiento de armas suministradas por el PSOE y con el acopio de dinamita obtenida mediante robos en las fábricas y en las minas, además del adiestramiento de grupos de milicias en las semanas previas.
Durante cerca de dos semanas las milicias obreras integradas por más de 25.000 obreros, en su mayoría mineros, pertrechados con dinamita de las minas, con las armas suministradas por mediación del PSOE y por el asalto de las fábricas de armamento de Trubia y Oviedo, se hicieron con el control de las cuencas del Nalón y del Caudal, merced a su gran superioridad sobre unas fuerzas del orden cifradas en unos 2.500 hombres entre soldados y Guardia Civil.
A continuación, se apoderaron de Gijón y de Avilés, y entraron en la capital, Oviedo, ocupándola casi completamente. Un “comité revolucionario”, bajo la dirección de los miembros del PSOE Ramón González Peña, Belarmino Tomás y Teodomiro Menéndez, coordinó los comités locales que surgieron en todos los pueblos y dirigió el “orden revolucionario”, que incluyó la ola de violencia que se desató contra propietarios, personas de derechas y religiosos. De estos últimos fueron asesinados 34, además de ser incendiadas 58 iglesias y conventos.
La sublevación adquirió caracteres de guerra civil, con todas las cuencas mineras alzadas en armas. Se formó un comité de Alianza Obrera (convertido luego en Comité Revolucionario Provincial, instalado en el ayuntamiento de Mieres) para dirigir la revolución. Lo integraron representantes de todas las fuerzas obreras: socialistas, comunistas, anarquistas –que como ya he mencionado, en Asturias sí se incorporaron a la revuelta, a diferencia de otros lugares de España- y el minúsculo BOC (Bloque Obrero y Campesino), todos ellos bajo el mando supremo del diputado socialista Ramón González Peña, antiguo gobernador civil de Huelva durante el primer bienio republicano, en ese momento Presidente de la Diputación de Oviedo, y el hombre fuerte del PSOE asturiano. Ibíd.
Estratégicamente sus objetivos inmediatos eran los de dominar hacia el sur el puerto de Pajares para llevar la revolución hasta las cuencas mineras de León, y desde allí, con la complicidad del sindicato ferroviario de la UGT, al resto de España.
La concatenación del intento revolucionario en Asturias, Cataluña y Madrid pretendía asegurarse el triunfo. Fracasado en Madrid por las previsiones del Gobierno, estrangulado en Barcelona por la rapidez y decisión con que obraron varios jefes del ejército al tomar por asalto la Generalidad, que se encontraba el mando de la rebelión en Barcelona, esta quedó reducida al reducto montañoso de Asturias, donde la revolución había sido concienzudamente preparada por el PSOE.
La devastación en la capital asturiana fue enorme. La ciudad sufrió la destrucción del palacio episcopal, del Seminario Diocesano, del convento de Santo Domingo y de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, que fue dinamitada. Asimismo, fueron incendiados edificios tan emblemáticos como el de la Universidad, donde ardieron los cien mil volúmenes de su biblioteca con numerosos incunables, una pérdida cultural irreparable; la delegación de Hacienda; el Banco Asturiano; el hotel Covadonga; los almacenes Simeón; el colegio de Santa Catalina y el teatro Campoamor, que quedó completamente destruido. La calle Uría, una de las principales arterias de la ciudad, quedó reducida a escombros en gran parte.
González Peña, el socialista jefe de la rebelión, ordenó forzar las cámaras acorazadas del Banco de España en Oviedo, de las que los dirigentes revolucionarios sustrajeron 14.425.000 pesetas que nunca volvieron a recuperarse, una parte de las cuales serían utilizadas para financiar la campaña de la coalición del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 y para sufragar los gastos del Gobierno republicano en la Guerra Civil. Ruiz, David. 1988. Insurrección defensiva y revolución obrera. El octubre español de 1934. Barcelona: Labor. ISBN 84-335-9406-0. Antes del abandono definitivo de la ciudad también intentaron volar la caja fuerte del Banco Herrero sin conseguirlo.
Para dominar la “Comuna Asturiana” el Gobierno tuvo que recurrir a los legionarios y regulares procedentes del ejército de África, al mando del coronel Yagüe, mientras que desde Galicia avanzó hacia Oviedo una columna al mando del general Eduardo López Ochoa. Toda la operación fue dirigida desde Madrid por el general Franco, por encargo expreso del ministro de la guerra Diego Hidalgo, plenamente consciente de la dificultad de solucionar aquella rebelión con las fuerzas bisoñas del ejército regular sin exponerlas a una probable masacre, al enfrentarlas con mineros experimentados conocedores del terreno y bien armados con dinamita.
El día 18 de octubre los insurrectos se rendían. La rebelión socialista-anarquista-comunista para acabar con el Gobierno republicano y asaltar el poder había terminado. Tras ella quedaba un reguero de sangre y destrucción. En realidad, la coalición rebelde era un ensayo del futuro Frente Popular que se haría con el control de la República sólo dos años más tarde. El balance de víctimas fue aterrador: unos 1.600 muertos y 2.000 heridos, aparte de los innumerables destrozos en Oviedo y numerosas ciudades de la región.
Pero, yendo al meollo de la cuestión, a los actos específicos que posibilitaron la revolución armada contra el Gobierno de la República, es imprescindible referir la participación del PSOE y de sus dirigentes, encabezada por Largo Caballero e Indalecio Prieto, como organizadores de una insurrección que perseguía instaurar un régimen de tipo soviético. Por tanto, conviene tener memoria histórica de los hechos, y recordar los pormenores de aquel proceso conspirador ideado y desarrollado por un partido que presume de integridad moral y de pasado irreprochable.
Quizás lo mejor sea referirse a las propias memorias de Indalecio Prieto, redactadas por su puño y letra, para conocer de primera mano los detalles de aquella operación de alzamiento contra el orden constitucional republicano:
“En 1931, a poco de instaurarse la República española, varios revolucionarios portugueses que vivían en París se trasladaron a Madrid, donde antes los Gobiernos monárquicos no les permitían permanecer. Ya en España, se pusieron a conspirar contra la dictadura de su país y se las arreglaron para comprar una partida de armas cortas y comprometer la adquisición de otra, mucho más importante, de armas largas con sus correspondientes municiones. Para este compromiso les sirvió de intermediario cierto industrial que figuró como comprador ante el servicio de Industrias Militares, dependiente del Ministerio de la Guerra, fingiendo que dicho material bélico se destinaba a Etiopía. Las pistolas las tenían ocultas los lusitanos en Madrid, pero los fusiles no llegaron a poseerlos a causa de que el industrial aludido no pudo pagarlos, por lo cual quedaron almacenados en Cádiz, dentro de cajas señaladas con el supuesto destino: Djibuti.
En 1934, los organizadores del movimiento revolucionario, que tuvo por eje al Partido Socialista Obrero Español, para anular el hecho insólito de que se abriera paso hasta el Gobierno a personas que, por ser adversas a los principios fundamentales de la República, se abstuvieron de dar su voto a la Constitución, entramos en negociaciones con los portugueses. Se hallaban éstos persuadidos de no poder liberar el cargamento estancado en Cádiz, y como con las pistolas de Madrid no podían hacer nada de provecho, nos lo cedieron todo. Se les pagaron en el acto las armas cortas y en cuanto a las largas fue transferido el contrato a un francés amigo nuestro, quien, presentándose en Cádiz y previo pago concertado, se hizo cargo de ellas. Lo divertido de este caso fue que el Gobierno de entonces, ávido de deshacer aquel lío administrativo de una venta de armas a Abisinia, metía prisa para entregar cuanto antes fusiles que habían de utilizarse contra él”. Memorias de Prieto. Convulsiones en España. Ediciones Oasis, México, 1967. El subrayado es mío.
La descarnada sinceridad de estas palabras solo es equiparable a su cinismo.
Los hechos indiscutibles son que el 11 de septiembre de 1934, casi un mes antes de la rebelión, se descubrió un alijo de armas en Asturias en el que estaban implicados Indalecio Prieto, varios diputados y concejales socialistas, y otras autoridades del mismo partido. Las armas procedían del Consorcio de Industrias Militares, y se habían adquirido, como menciona el propio Prieto en sus memorias, tres años antes para entregárselas a los conspiradores portugueses que planeaban un golpe contra Oliveira Salazar. Pero en esos días de 1934, parte del uso de esas armas estaba previsto para las llamadas excursiones de prácticas militares dominicales de las milicias socialistas, y el resto para armar a las milicias obreras que estaban a punto de rebelarse contra el Gobierno.
A primeras horas de la mañana del 11 de septiembre de 1934, se supo en Oviedo que en el puerto de San Esteban de Pravia había sido sorprendido un importante alijo de armas y municiones desembarcadas de un buque llamado Turquesa.
El alcalde de Muros de Nalón telegrafió al gobernador civil comunicándole que en el puerto de San Esteban de Pravia se observaba gran movimiento de automóviles y camionetas. El alcalde indicó que las sospechas fueron infundidas a los carabineros y a los guardias nocturnos por los vecinos de la zona. Poco después, con la ayuda de la Guardia Civil, eran detenidos varios individuos que transportaban en lanchas hacia el muelle unas cajas, cuyo contenido era sospechoso. Pronto se supo que se trataba de un importante alijo de armas, compuesto por 73 cajas de cartuchos de Máuser y fusiles, varias pistolas, tres revólveres, dos escopetas, 82 cartuchos de escopeta y 94 cartuchos de pistola.
A medida que pasaban las horas se fueron conociendo más detalles de cómo fue intervenido el alijo. En la madrugada, entre la una y las dos, fueron los carabineros de servicio en el puerto los que vieron algún movimiento de lanchas, que estaban pintadas de colores plomizos para confundirlas con el agua. Los carabineros se dirigieron al puente de Muros y allí encontraron a un grupo de individuos que estaban rodeando una camioneta. Cuando vieron que los carabineros se acercaban, parecieron disponerse a defender la camioneta, pero ante la actitud decidida de los carabineros abandonaron el vehículo, echando a correr. Fue entonces cuando se encontró dentro de la camioneta las 73 cajas de municiones, que contenían un total de 116.000 cartuchos Mauser de fabricación española. Las cajas llevaban en la tapa superior la inscripción: “Cartuchos fabricados en 1932 y embalados en 1933. Proceden de la fábrica Nacional de Toledo”. La camioneta con matrícula de Oviedo 7.959, era propiedad de la Diputación provincial.
Ahora conocemos toda la historia… En el año 1932, siendo Manuel Azaña el titular de la cartera en el ministerio de la Guerra, se hizo al consorcio de fábricas militares una propuesta de compra de armas y municiones destinadas a Etiopía. La imprescindible orden del presidente del Consorcio y ministro del ramo fue dada y el pedido se fabricó en poco tiempo.
El peticionario era un financiero y empresario bilbaíno, Horacio Echevarrieta, amigo de Indalecio Prieto. Cuando llegó el momento de abonar el importe de la compra, se notaron ciertas vacilaciones en el adquiriente, y el general encargado del Consorcio se negó a entregar el armamento y las municiones, sin su previo pago. El bilbaíno puso en juego su influencia y consiguió la orden del Gobierno para que le fueran entregados los fusiles, las ametralladoras, los cartuchos y los demás elementos de combate, siempre que abonara de momento 100.000 pesetas, y el resto al embarcar la mercancía. Abonó las 100.00 pesetas requeridas, y el cargamento fue trasladado a Cádiz. En este puerto permaneció la mercancía bastante tiempo, sin que el comprador entregase el total de lo que adeudaba. Entonces, el gobernador militar dispuso que la mercancía fuera depositada en el castillo de San Sebastián, ubicado en uno de los extremos de la playa de La Caleta de Cádiz, sobre un pequeño islote.
A principios del mes de junio de 1934, Horacio Echevarrieta, por medio de un representante, gestionó la entrega del cargamento, aportando como saldo del pago de este, una letra avalada por un Banco. La mercancía fue embarcada, y nada se supo hasta que apareció en San Esteban de Pravia. Según el agente de Aduanas, Adolfo Navarrete, las operaciones de aduanas se efectuaron con toda normalidad, en la forma legal establecida. En los documentos constaba que a bordo del “Turquesa” iban 18.200 kilos de armas, municiones y ametralladoras, procedentes de las Fábricas Militares, consignadas a Burdeos (Francia), para cuyo puerto fue despachada la embarcación.
Indalecio Prieto era el encargado de procurar armas para la revolución. Trató con agentes checos en París, que suministraron pequeñas partidas (600 pistolas, 80.000 cartuchos), pero hacía falta una gran compra de armas, de miles de armas largas con su munición, y hacerlas llegar a las milicias. Entonces entró en contacto con Horacio Echevarrieta, antiguo amigo, industrial bilbaíno, banquero, negociante, traficante de armas y de todo lo que pudiera dar dinero, mal pagador y en general, personaje turbio donde los hubiera. *Por cierto, su padre había sido protector y financiador de Jose Nakens en su momento. Como se puede ver, la telaraña de intereses ideológicos se retroalimenta sin cesar. Se realizó por fin una complicada operación comercial, donde intervinieron, en mayor o menor medida, y con mayor o menor conocimiento, Juan Negrín, Indalecio Prieto, González Peña y Amador Fernández.
En julio de 1934, Manuel Atejada, capitán de la marina mercante, se trasladó a Cádiz. Allí se hizo cargo del barco Mamelena II, que había sido comprado por el célebre huelguista de las minas de Riotinto, Eladio Echegoyechea, por 70.000 pesetas el al ex-contralmirante, armador y diputado monárquico andaluz José León de Carranza, para dedicarlo supuestamente al “abastecimiento de aceite”. Atejada lo rebautizó como Turquesa y se trajo a la tripulación directamente de Gijón.
Una vez que Amador Fernández Montes, “Amadorín”, socialista presidente del Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias y diputado por Oviedo, hizo llegar a Echevarrieta el medio millón de pesetas pendiente y este satisfizo al Gobierno la cantidad pendiente de abono, el cargamento de armas, consistente en trescientas veintinueve cajas con un peso de 18.200 kg. fue trasladado, en lo que fue un cúmulo de despropósitos, en vehículos militares y cargado por soldados en el Turquesa, que las transportaría también supuestamente hasta la costa occidental francesa.
El barco partió rumbo a Burdeos. En la noche del 10 de septiembre fondeó frente a San Esteban de Pravia, en Asturias. Tres motoras grandes (Edelmira, María Posada y Fermín Galán) se acercaron y cargaron 80 cajas. En la playa un centenar de militantes del SOMA-UGT-PSOE armados hasta los dientes esperaban para cargar los 500 fusiles Mauser y las 50 ametralladoras con su correspondiente munición. Un poco más arriba, furgonetas y camiones esperaban para el transporte hasta los escondrijos de almacenamiento preparados al efecto. Algunos de ellos llevaban matrícula de la Diputación Provincial.
El propio Indalecio Prieto, González Peña (que sería el jefe de la rebelión y en aquel momento era presidente de la Diputación de Oviedo y había suministrado los camiones de la propia diputación para el transporte de las armas) y toda la plana mayor socialista de Asturias estaban también en la orilla, señal de la importancia del alijo y prueba irrefutable de su implicación en el asunto.
Pero el movimiento de gente y vehículos despertó las sospechas de los vecinos, llamando a los Carabineros y a la Guardia Civil, que se presentaron en la zona en la creencia de que estaban ante una operación “normal” de contrabando. Una furgoneta cargada se averió. Los carabineros la descubrieron con su cargamento. Se produjeron detenciones, con tiroteos, tanto allí como en carreteras próximas. El barco alarmado levó anclas hacia Francia, con doscientas cajas en las bodegas que no pudo llegar a desembarcar. Pero sesenta y dos cajas estaban todavía en la playa, con 116.000 cartuchos. Las dieciocho aproximadamente que se habían llevado y no pudieron ser requisadas por la fuerza pública contenían fusiles. Eduardo Palomar Baró. Indalecio Prieto, un socialista de armas tomar. Unas fueron ocultadas en la iglesia de la localidad próxima de Valduno (lugar natal de González Peña), quedando como depositario el sacristán, un hermano del concejal del PSOE en el ayuntamiento de Las Regueras, Cornelio Fernández, uno de los amigos y hombre de plena confianza de Ramón González Peña. Y otras, en cuevas de Ribera de Arriba y en el cementerio de San Esteban de las Cruces de Oviedo.
Antón Saavedra. https://antonsaavedra.wordpress.com/2010/09/23/el-turquesa-%C2%A1armas-para-la-guerra-v/
Después de varias peripecias, el Turquesa aparecía atracado el día 29 de septiembre en el puerto francés de Burdeos. Allí, los servicios portuarios comprobaron con sus propios ojos el arsenal apilado en su interior, siendo incautado por la policía francesa y detenida su tripulación, según publicaba la prensa francesa del día siguiente: “El Turquesa, descubierto en Burdeos”. La otra parte del mismo, que permanecía escondida en Valduño y otros pueblos de las cuencas mineras, sería utilizado en la rebelión que se iniciaría en la madrugada del día 5 de octubre de 1934 contra el Gobierno legítimo de la República.
Tras el alijo de armas del Turquesa, tres importantes depósitos de armas, almacenados en la Casa del Pueblo de Madrid, en la Ciudad Universitaria y en Cuatro Caminos, también en la capital, fueron descubiertos por la policía a mediados de septiembre de 1934.
El 18 de septiembre la policía localizó en las proximidades de la Ciudad Universitaria de Madrid una camioneta cargada de armas y explosivos. En la operación se produjo un intenso intercambio de disparos y las fuerzas del orden sólo pudieron detener a Francisco Ordóñez, estudiante de derecho y director de la Sección de Propaganda de la FUE, la Federación Universitaria Escolar (sindicato estudiantil de izquierdas).
https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1002498919
Al día siguiente, la policía practicó un registro en el domicilio de Fulgencio Ayala, chófer adscrito al PSOE, en la calle Jaime Vera de Madrid. Según la policía, aparecieron 24 granadas de fusil, 2 granadas de mortero, una ametralladora, una caja de caretas antigás, 2 fusiles Mauser, dos cajas de cargadores, una caja de balas y numerosos paquetes con dinamita. https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1002498919
También fue detenido el súbdito portugués Félix da Silva, al que se le intervinieron una decena de fusiles y un diario donde aparecía apuntado detalladamente el armamento entregado a las fuerzas sindicales y políticas socialistas.
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Igualmente, por esa fecha tuvo un amplio eco en la prensa el hallazgo de armas en la Casa del Pueblo de Madrid. (Casa del Pueblo es el nombre que se le dio en España a las sedes del PSOE). Entre las armas incautadas había “seis fusiles de la Fábrica de Armas de Oviedo”.
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Ya en el exilio, Indalecio escribió un artículo publicado en Argentina en la revista España Republicana, en el que relataba su intervención durante el desembarco de las armas en la playa de Aguilar. Nada más clarificador que su propio relato:
“Cuando llegamos a la orilla del Nalón, cerca del puente por el que lo cruza la carretera, habían sido ya cargados varios camiones que, a máxima velocidad, iban hacia hórreos y trojes, donde quedarían escondidos fusiles y cartuchos. Aún quedaban muchas cajas sin transportar, cuando uno de los centinelas, descendiendo presuroso, avisó: “¡Viene la Guardia Civil!” Oí descorrerse el cerrojo de no sé cuántas pistolas. Mi autoridad se impuso a quienes querían resistir. “No vale la pena –les expliqué – verter sangre por salvar esta mercancía que, en cualquier forma, se perderá irremisiblemente, porque el tiroteo atraerá a más fuerzas, impidiendo mover las cajas de aquí. Retírense ustedes”. Como advirtiera que nadie se iba, reiteré mi orden: “¡Retírense ustedes!” Y para robustecerla añadí varias interjecciones. Al fin fui obedecido. Nos quedamos solos el bilbaíno, el portugués y yo.
Los tres, saliendo a la carretera, seguimos con lentitud cuesta arriba. Frente a nosotros, cada vez más cerca, sonaban recios pasos. Pero la noche, muy cerrada, no nos consentía ver a nadie. “¡Alto!”, gritó una voz; “¡Alto está!”, respondí yo. Entonces vi cómo dos hombres que venían en pareja se separaban, quedando uno tras otro, y cómo se echaban sendos fusiles a la cara apuntándonos con ellos: “¡Arriba las manos!”, gritó la voz imperativa de antes. Levantamos los brazos y continuamos inmóviles. El hombre de vanguardia avanzó hacia nosotros sin bajar el arma. “¿Quiénes son ustedes?”, preguntó. “Soy el diputado Indalecio Prieto”, contesté. “¿Indalecio Prieto, el exministro?”, volvió a interrogar. “Sí señor, el mismo”, afirmé. Mi interrogador, bajando el fusil, se acercó para reconocerme. No se trataba de una pareja de guardias civiles, sino de carabineros, y entre estos gozaba yo de mucho afecto. Apenas hacía dos años que el general Sanjurjo, siendo director de dicho Instituto de resguardo, me había hecho entrega de una magnífica placa expresiva de toda la corporación por los beneficios que les dispensé desde el Ministerio de Hacienda, y mucho tiempo antes, allá por 1919, siendo yo diputado, recibí un voluminoso álbum con las firmas de los once mil soldados y clases de dicho cuerpo, agradeciéndome que en el Congreso les hubiera conseguido un aumento de sueldo… El cabo, pues cabo era el jefe de pareja, me tendió cariñosamente su diestra, mientras exclamaba: “¡Qué sorpresa encontrarle y qué alegría saludarle!” A seguida del saludo vino una pregunta inevitable: “¿Pero qué hace usted por ahí a estas horas?” Hube de improvisar una historia: “Estamos entre hombres cabales”, le dije, “y no procede hablar con remilgos. Estos dos amigos y yo vamos de excursión con tres muchachas, y como yo, por mi significación política, estimé escandaloso llegar los seis en pandilla al hotel de Avilés, donde debemos pernoctar, acordamos que el automóvil con las mujeres fuese por delante, y que luego de dejarlas en la villa retrocediera, a fin de recogernos a nosotros que, mientras tanto, paseamos para estirar las piernas”. Consideró el cabo acertadísima la decisión, y a su vez explicó: “Pues nosotros dormíamos tranquilamente en nuestro cuartel cuando un vecino ha venido a avisarnos de que ahí se está haciendo un alijo. Nos pusimos el uniforme y vamos a ver qué hay de cierto en la referencia”. El diálogo procuraba yo mantenerlo en voz alta, para que percibieran su tono cordial cuantos por no haber podido alejarse aún, y bien armados, estuviesen escondidos entre los setos próximos”. España Republicana fue el órgano de prensa del Centro Republicano Español de Buenos Aires que, entre 1918 y 1964, resultó un medio esencial para la comunicación de las noticias de España en materia política, cultural, económica y social. Además de constituir un ámbito de información, dio lugar al diálogo entre entidades españolas de la Argentina y sirvió como vehículo a la hora de reunir material de ayuda en los momentos más duros de la Guerra Civil y de la posguerra. En sus páginas, las personalidades más destacadas de la II República aparecen como protagonistas, con sus alocuciones citadas en discurso directo, en plena toma de decisiones y, muchas veces, como firmantes de colaboraciones dedicadas en exclusiva a ser publicadas en el periódico.
Tras todo lo referido, es indiscutible, salvo para alguna mente incapaz de comprensión lectora, la participación del PSOE en la génesis, la inducción, la preparación, y la dirección del golpe de estado-rebelión-revolución de 1934, que tuvo su más sangrienta expresión en Asturias. La realidad se impone ante los intentos de silenciarla con la mentira y la falsificación.
Me pregunto qué pensará un lector sin anteojeras sectarias, si un partido en la actualidad hiciese acopio de armas, fletase un buque para transportarlas, las trasladase para armar milicias partidarias y se encargara de estimular la rebelión contra el orden democráticamente establecido, causando cientos de muertos en todo el proceso. Y, además, teniendo como organizador fáctico a un ex-ministro de Hacienda, Obras Públicas, Marina, Aire y Defensa y miembro de su ejecutiva, cuya estatua se levanta en una importante zona de la capital de España y al que numerosas ciudades han dedicado calles en su memoria.
Probablemente pensase cualquier cosa menos que dicho partido pueda ser considerado un ejemplo de tolerancia, legalidad y honestidad política: Es el caso del PSOE.
Es significativo que el propio Indalecio Prieto, con su hipocresía habitual, reconozca casi al final de sus días:
“Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario de octubre de 1934. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo…”
Indalecio Prieto en el Círculo Pablo Iglesias de México, el 1 de mayo de 1942.
Prieto, Indalecio (1991). Discursos en América. Confesiones y rectificaciones. Barcelona: Editorial Planeta.
Sin embargo, como no podía ser de otra manera en el universo izquierdista, pronto comenzó la transformación de las víctimas que pasaron a ser convertidas en verdugos y de los victimarios de pronto transformados en mártires de la causa izquierdista y héroes de la revolución social. El mismo procedimiento que ya hemos visto en los atentados anarquistas de Barcelona… y que veremos en adelante una y otra vez con el habitual cinismo de la izquierda.
Solo queda decir que todos los encarcelados por aquellos hechos, después del correspondiente juicio, fueron inmediatamente liberados tras el “triunfo” del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. Incluso el propio Ramón González Peña, el líder máximo de la rebelión, acabó como ministro de Justicia en el Gobierno republicano de Juan Negrín y como presidente del PSOE desde 1936 hasta 1944.
Resulta repugnante y vomitivo leer las crónicas sobre aquellos acontecimientos, secretados por la actual izquierda montaraz o enmoquetada, por sus órganos de propaganda en los periódicos de tirada nacional o por los “respetables” historiadores de pacotilla a través de sus publicitados ensayos rellenos de palabrería hueca y de hojarasca exculpatoria para el PSOE y sus correligionarios. Esforzados todos ellos en presentarnos la revuelta como una inevitable reacción casi espontánea de unas masas populares cuya justa indignación por el resultado electoral adverso, les empujó a evitar la toma del poder por unas fuerzas fascistas que querían destruir las conquistas sociales conseguidas por el pueblo en el primer bienio republicano… Todo ello muy democrático, eso sí. Pero una democracia que no aceptaría ningún resultado electoral, salvo que le fuera favorable.
Esa es la basura histórica convertida en propaganda para consumo y digestión de afiliados, correligionarios, fanáticos, e idiotas en general, que se sirve fría para alimentar los estómagos agradecidos del sectarismo izquierdista.
